Los establecimientos, ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, fueron catalogados como de “alto riesgo financiero” y listados como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que sean utilizados por presuntos grupos del crimen organizado.

De acuerdo con el comunicado oficial, algunos de estos casinos realizaron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. Además, se identificó el uso de plataformas digitales que facilitaban la dispersión y ocultamiento de recursos ilícitos, reintegrándolos al sistema financiero mexicano e internacional.

La investigación también reveló que dichas plataformas utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con los montos recibidos —amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados—, quienes transferían los fondos a los verdaderos dueños a cambio de un porcentaje, legitimando ingresos aparentemente obtenidos en juegos de azar.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Los posibles delitos incluyen operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.

La SHCP subrayó que estas medidas forman parte del compromiso de cooperación internacional con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, además de cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para combatir el lavado de dinero.

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La demanda original había sido motivada por las sanciones iniciales de FinCEN, las cuales CIBanco calificó como arbitrarias, argumentando que ponían en riesgo su solvencia institucional y miles de empleos.

¿Por qué desistió CIBanco de su demanda?

La nueva orden emitida el 19 de agosto por FinCEN modificó la prohibición de transferencias de 25 de junio y extendió su entrada en vigor del 4 de septiembre al 20 de octubre de 2025. Este plazo adicional permitió que CIBanco optara por un retiro voluntario del litigio sin perjuicio de su derecho a demandar en el futuro.

El desistimiento fue presentado sin que los demandados hubieran respondido aún formalmente, según establece la Regla 41 federal, lo que mantiene abierta la posibilidad de nuevas acciones legales.

Impacto de las sanciones

En junio de 2025, FinCEN señalizó a CIBanco —junto a Intercam y Vector— como instituciones preocupantes por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico. La acción prohibía transferencias desde y hacia esas entidades, amenazando su acceso al sistema financiero estadounidense.

Las autoridades mexicanas respondieron interviniendo temporalmente las instituciones y trasladando sus fideicomisos a la banca de desarrollo. La CNBV también impuso multas por más de 185 millones de pesos tras detectarse fallas en sus controles antilavado.

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La demanda, de 37 páginas, sostiene que la medida equivale a una “pena de muerte institucional”, ya que prohíbe cualquier transferencia con bancos de EE.UU. sin previo aviso ni oportunidad de defensa. La firma argumenta que se violaron sus derechos conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos y la Constitución estadounidense.

Acusan violación al debido proceso

En el documento legal, CIBanco afirma que las sanciones impuestas por FinCEN carecen de fundamentos específicos y son tan generales que imposibilitan su defensa. “Se enfrenta a una sentencia de muerte institucional sobre acusaciones tan carentes de especificidad que resultan inexistentes”, señala la institución financiera.

El banco advirtió que la orden pone en riesgo más de 40 mil millones de dólares en activos fiduciarios de interés estadounidense que administra, incluyendo fondos de pensiones, inversiones y bienes de ciudadanos y empresas del país vecino.

Pérdidas millonarias e impacto en usuarios

Tras la publicación de la orden, CIBanco perdió todos sus corresponsales en Estados Unidos, paralizando operaciones de cambio y transferencias internacionales, que representaban más del 50 por ciento de sus ingresos.

Además, Visa canceló su contrato con la institución, dejando inoperativas aproximadamente 220 mil tarjetas de débito y prepago emitidas por el banco.

Sin pruebas claras, según CIBanco

En su defensa, CIBanco asegura que las acusaciones se basan en supuestas transacciones con empresas en México y China, sin aportar nombres, fechas o evidencia concreta. “Es como buscar agujas en campos de heno”, afirma el texto de la demanda.

La institución considera que la sanción representa una amenaza directa de liquidación y pérdida de más de tres mil empleos. También advierte que el traslado forzado de su unidad fiduciaria, valuada en 400 millones de dólares, afectaría a clientes tanto de México como de Estados Unidos.

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La extensión del plazo fue anunciada a través de un comunicado oficial citado por Bloomberg, en el cual se reconocen los avances del gobierno mexicano en el combate contra el lavado de dinero, particularmente en operaciones relacionadas con cárteles del narcotráfico.

La decisión del Tesoro y su contexto

En junio pasado, el U.S. Treasury había emitido órdenes que prohibían todas las transferencias de fondos con estas tres instituciones financieras mexicanas, originalmente a partir de finales de julio. La reciente prórroga otorga 45 días adicionales antes de que estas restricciones entren en vigor.

Andrea Gacki, directora de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), aseguró que la medida busca proteger el sistema financiero estadounidense frente a actores ilícitos y prevenir el financiamiento a organizaciones criminales.

Coordinación entre EE.UU. y México

Gacki también destacó que ambos gobiernos han trabajado en estrecha coordinación durante varios meses para implementar estas medidas. El enfoque conjunto responde al interés común de fortalecer la vigilancia financiera y evitar el uso del sistema bancario con fines delictivos.

¿Qué implica esta prórroga?

Durante el tiempo adicional concedido, las instituciones señaladas tendrán la oportunidad de presentar información adicional,; ajustar operaciones o colaborar con las autoridades financieras. Mientras tanto, continúan bajo observación de las autoridades de EE.UU.

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Según el comunicado oficial, esta es la primera acción bajo la nueva Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley FEND Off. Estas leyes permiten actuar con mayor firmeza contra entidades vinculadas al lavado de dinero por tráfico de opioides ilícitos.

¿Qué implica la sanción?

De acuerdo con el Tesoro, las entidades sancionadas estarían involucradas en actividades financieras ilícitas. Estas operaciones habrían beneficiado a carteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y los Beltrán Leyva. Las operaciones presuntamente incluyen pagos a empresas chinas proveedoras de precursores químicos utilizados para la producción de drogas sintéticas.

En el caso de CIBanco, se identificó un patrón prolongado de servicios financieros a grupos criminales, incluyendo la creación de cuentas para presunto lavado de dinero y transferencias millonarias a compañías asiáticas.

Actividades observadas por FinCEN

Intercam fue señalado por haber tenido reuniones con presuntos miembros del CJNG para acordar esquemas de lavado de dinero. Entre 2021 y 2024, facilitó transferencias por más de 1.5 millones de dólares. Los fondos fueron enviados a una firma china vinculada con la importación de precursores químicos.

En cuanto a Vector, la entidad habría sido utilizada por una red del Cártel de Sinaloa para mover más de 2 millones de dólares hacia México. Además, facilitó pagos superiores al millón de dólares para la compra de insumos químicos ilegales.

Postura de las instituciones financieras

Las tres instituciones emitieron comunicados negando categóricamente los señalamientos.

Vector Casa de Bolsa rechazó cualquier imputación que comprometa su integridad institucional, destacando su historial de más de cinco décadas y su cumplimiento normativo ante las autoridades financieras mexicanas.

Intercam Banco negó de manera tajante su participación en actividades ilícitas, subrayando su adhesión a estándares nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

CIBanco también se deslindó de cualquier relación con actividades ilegales y aseguró estar regulado y supervisado por entidades como la SHCP, la CNBV y el Banco de México.

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