La salida de Bondi se produjo en Washington, luego de semanas de tensiones con el mandatario. Trump expresó su frustración por la gestión de temas clave en el Departamento de Justicia, especialmente el manejo de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein y la falta de acciones contra adversarios políticos.

Fuentes cercanas al proceso señalaron que Trump discutió con Bondi la posibilidad de su despido en una reunión “difícil”, en la que le comunicó que su permanencia estaba por terminar. Aunque el presidente destacó públicamente el trabajo de Bondi, consideraba que no representaba su visión de manera adecuada.

En su mensaje, Trump aseguró que Bondi pronto asumirá un cargo en el sector privado, cuya fecha será anunciada próximamente. Incluso se mencionó la posibilidad de proponerla como jueza tras su salida del Departamento de Justicia.

Dentro del Departamento de Justicia, la convocatoria de Bondi al fiscal jefe de Miami fue interpretada como un intento de alinearse con las prioridades presidenciales. Sin embargo, varios casos impulsados por Trump no prosperaron en tribunales, lo que aumentó las tensiones.

Por ahora, Todd Blanche liderará de manera interina el Departamento de Justicia, mientras la Casa Blanca evalúa candidatos definitivos. Entre los nombres que suenan está Lee Zeldin, actual administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

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«Ya envié la terna. Son tres mujeres», mencionó la mandataria, durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana señaló que la lista será difundida más tarde, y comentó que su selección responde a uno de sus lemas de gobierno.

El martes, el Senado mexicano aprobó una lista con 10 aspirantes -cinco mujeres y cinco hombres-, seleccionados de las 43 postulaciones al cargo recibidas del viernes* al domingo pasado.

Entre las candidatas destaca Ernestina Godoy, exconsejera jurídica de Sheinbaum, cargo al que renunció para asumir la titularidad provisional de la FGR, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, el jueves pasado.

Godoy también fue fiscal de la Ciudad de México, de 2018 a 2024, cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno de la capital (2018-2023).

Desde su primer día como encargada de despacho, el viernes pasado, Godoy comenzó a realizar cambios en áreas estratégicas de la FGR, como la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde nombró al mando a Héctor Elizalde Mora y César Oliveros Aparicio, respectivamente.

En la lista del Senado, también están Luz María Zarza Delgado, excandidata a ministra (magistrada) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Maribel Bojorges Beltrán, coordinadora general de investigación territorial en la Fiscalía de Ciudad de México.

Así como Sandra Luz González Mogollón, excandidata a fiscal especializada anticorrupción en el estado de Veracruz, y Mirna Lucía Grande Hernández, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Una vez recibida en el Senado la lista depurada por Sheinbaum, se espera que los senadores sesionen para elegir a la nueva titular de la FGR, de entre las tres candidatas enviadas por la jefa del Ejecutivo.

El relevo en la FGR ocurre luego de que el jueves pasado Gertz Manero informó su retiro del cargo luego de que Sheinbaum le ofreciese la titularidad de una embajada de un «país amigo», aún sin especificar cuál.

Gertz Manero asumió como fiscal general en enero de 2019 y estaba previsto que permanecería en el cargo hasta enero de 2028.

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«Durante esta semana hubo una reunión entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y representantes del Gobierno de Estados Unidos para aumentar los ataques contra Venezuela, como Ministerio Público rechazamos contundentemente estos hechos, alertamos a la comunidad internacional sobre estas amenazas», alertó Saab.

El fiscal aseguró que «en estas últimas horas, Colombia no deja de enviar mensajes bélicos para favorecer los planes imperialistas de Donald Trump«, quien, supuestamente, «envió grupos a conspirar» contra Venezuela.

Añadió que la «unión cívico-militar» de Venezuela «ha venido enfrentando amenazas y conspiraciones por parte de personajes que intentan ganar ventajas en medio de la pandemia».

«¿Como es posible que en Colombia se diera una reunión con representantes del Gobierno estadounidense para atacar a nuestro país?«, se preguntó Saab, quien rechazó la acción bilateral que, según él, efectúan ambas naciones.

Criticó que los hechos se den durante la pandemia por COVID-19, mientras «hay 22 millones de pacientes (contagiados) en el mundo» y Colombia «y demás países vecinos no toman en serio sus medidas correspondientes».

El pasado lunes, Duque sostuvo una reunión bilateral con funcionarios estadounidenses en Colombia, cuyo objetivo es, según su Gobierno, «una estrategia de crecimiento que puede convertirse en modelo para los demás países de América Latina».

La estrategia, denominada «Iniciativa de crecimiento de Colombia», fue anunciada en una declaración conjunta de Duque con el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Robert O’Brien, y el jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller, entre otros funcionarios con los que se reunió en la Casa de Nariño, sede de la Presidencia.

Sin embargo, Saab consideró que el objetivo del encuentro fue conspirar contra Venezuela y planear nuevos ataques.

Según el Gobierno venezolano, el país caribeño es víctima de las estrategias «bélicas» lideradas por los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y Colombia, Iván Duque, para acabar con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y su Administración.

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Al dar el informe de la subcomisión sobre el Caso Ayotzinapa, Desplazados y Desaparición Forzada, su coordinador, el morenista Rubén Cayetano García solicitó este encuentro y dijo que preocupa a los familiares el manejo de la información: ¿Cómo es que se enteran primero otras personas y después los padres?

“Mediáticamente se dan a conocer las estrategias en las investigaciones de este asunto tan importante y delicado que, además, quienes pueden ser investigados evaden la acción de la justicia.

Tiene que haber profesionalismo más serio en este asunto; tienen que ser más diligentes”, añadió. La diputada Ortega dijo que se solicitará la reunión para saber qué pasa en esta indagatoria y se aclare lo que está sucediendo. Indicó que posteriormente se informará bajo qué mecanismo se realizará la sesión de trabajo.

El diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza, respaldó las reuniones con los funcionarios para avanzar en los temas de la comisión y de las subcomisiones, así como llevar a cabo el correcto desarrollo de sus trabajos.

El diputado de Morena, Marco Antonio Medina Pérez expuso que las labores de la Fiscalía son vitales en el contexto actual y, por ello, se debe tener información en materia de justicia de primera mano y, en particular, sobre los desaparecidos de Ayotzinapa.

En la reunión, las y los diputados de la Comisión de Justicia iniciaron el análisis y estudio de tres dictámenes previos en materia de mujeres en reclusión, tipificación del odio racial y sobre la difusión de contenido íntimo o sexual sin consentimiento.

Ortega precisó que, respecto del odio racial y difusión de contenido íntimo o sexual sin consentimiento, se requiere mayor análisis, por lo que propuso parlamentos abiertos, a efecto de sostener una discusión más amplia con organismos de la sociedad civil e instituciones públicas, a fin de tener certidumbre de que se va por el camino correcto y lograr un buen tipo penal.

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Conforme a lo establecido en la convocatoria lanzada por el Senado el 21 de diciembre pasado, la Comisión de Justicia deberá emitir un dictamen fundado y motivado con la lista de las personas que considere reúnen las condiciones de elegibilidad para ocupar la Fiscalía.

Tal como señala la Base Octava de la convocatoria, a partir de dicha lista, la Junta de Coordinación Política, elegirá al menos diez personas que, por conducto de la Mesa Directiva pondrá a consideración del pleno, para en su caso autorizarla por mayoría de dos terceras partes.

La lista con los nombres de 10 personas aprobadas por el pleno del Senado, será enviada al titular del Ejecutivo Federal para que de ahí, éste seleccione a tres personas, quienes comparecerán ante el Senado para que surja el nuevo fiscal.

La convocatoria señala que conforme al Apartado A del Artículo 102 de la Constitución, el Senado cuenta con 20 días a partir de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, para remitir la lista con los 10 nombres.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó en su sesión del 2 de enero pasado, que el próximo 16 de enero se realice un periodo extraordinario que tratará, entre otros temas, el del Fiscal General de la República.

La sesión de este miércoles de la Comisión de Justicia, tendrá lugar al mediodía y será encabezada por su presidente, el senador Julio Menchaca Salazar, del grupo parlamentario de Morena.

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Las nuevas reglas para designar a quien será el Fiscal General de la República todavía no se aplican por primera vez y ya los candidatos presidenciales propusieron cambiarlas.

Ni siquiera ha importado que los partidos políticos de estos mismos candidatos fueron quienes aprobaron estas reglas en el Congreso. Tampoco que en solo dos años ya fueron modificadas dos veces por estas mismas organizaciones.

Las reglas para este nombramiento están definidas en el artículo 102 de la Constitución y su aprobación, en 2014, contó con el respaldo -en el Senado- de 102 senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista (PVEM). Hubo cinco votos en contra del Partido del Trabajo (Morena aún no existía como partido entonces). Entre los perredistas que votaron a favor están hoy militantes y candidatos de Morena, como Miguel Barbosa.

De acuerdo con la reforma de 2014, el Senado sería el responsable de integrar una lista de al menos 10 candidatos a ocupar la titularidad de la Fiscalía General. De esta lista, el Presidente de la República seleccionaría una terna que regresaría al Senado para que sea finalmente éste el que nombre al Fiscal.

Sin embargo, esta norma aún no es vigente porque se requiere de una declaratoria de entrada en vigor y de una Ley Orgánica para delimitar las facultades y funcionamiento de la Fiscalía. Por eso, el texto que actualmente tiene vigencia es el que dice que el Presidente de la República designará al Procurador General y este nombramiento será ratificado por el Senado.

Edgar Cortés, integrante del colectivo Fiscalía que Sirva, explicó que la reforma está “a medias”, pues aún falta darle autonomía y especialización para investigaciones complejas a la Fiscalía considerando la participación de la sociedad civil, y la delimitación de un procedimiento de selección y nombramiento del Fiscal General.

La demanda del colectivo Fiscalía que Sirva, una agrupación de más de 50 asociaciones civiles y organizaciones enfocadas al combate a la corrupción, es que un comité de expertos se encargue de elaborar la lista para enviarla al Senado y que de ésta surja la terna para enviarla al Presidente de la República.

Verificado 2018 consultó las propuestas públicas y a los equipos de campaña de los cinco candidatos presidenciales para saber como proponen que sea la designación del Fiscal General.

Ricardo Anaya

El candidato de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC) propone reformar el artículo 102, que es el que da las bases de las instituciones de procuración de justicia: “para que, quien la encabece sea una persona que cuente con sobrada solvencia moral, buena reputación, capacidad técnica e independencia”, se lee en sus propuestas.

Aunque Ricardo Anaya se ha manifestado a favor de la propuesta del colectivo Fiscalía que Sirva —sobre que el primer filtro de la que salgan los candidatos a la Fiscalía salga de un grupo de expertos—, en su plataforma no ofrece detalles sobre cómo sería la selección ni el nombramiento del Fiscal.

El equipo de Ricardo Anaya detalló que, además de la reforma al artículo 102, se garantizarían las fiscalías estatales autónomas e imparciales. Se reformaría el segundo párrafo del artículo 108 constitucional “para que durante el tiempo de su encargo, quien ejerza la Presidencia de la República pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción y los considerados no graves del orden común y federal, con penas de destitución y responsabilidad penal, administrativa y civil”.

Anaya Cortés dijo, durante el evento “Diálogo por la Paz y la Justicia”, que la coalición Por México al Frente surgió con el acuerdo de dar batalla contra el “fiscal carnal”.

José Antonio Meade

El candidato de la coalición Todos por México (PRI, PVEM y NA) envió un documento a Verificado 2018 para explicar su propuesta. Ahí propone “impulsar la construcción de una Fiscalía General de la República que goce de plena autonomía y cuya independencia sea garante de su fortaleza y de su eficacia”. Esta misma información aparece en la página de campaña.

Además, apuntó que valoraba “la labor y la propuesta realizada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil para reformar el artículo 102 constitucional y
en la cual es patente el deseo de ciudadanizar aún más el proceso de evaluación y selección del fiscal o fiscales especializados, así como de evitar que estos puedan ser cooptados, al término de su encargo, por intereses políticos”.

Al igual que Ricardo Anaya, Meade no ha especificado en su plataforma los detalles de cómo dotaría a la Fiscalía de autonomía. Su propuesta para combatir a la corrupción se centra en tres puntos: clasificar el patrimonio “mal habido” y regresarlo a la sociedad; aumentar las penas a funcionarios corruptos; y hacer obligatoria la certificación patrimonial para los altos funcionarios y legisladores.

En el encuentro “Diálogo por la Paz y la Justicia”, Meade se manifestó por tener un fiscal independiente y que su designación se realice antes de las elecciones.

Andrés Manuel López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), ha cambiado de opinión sobre este tema. En su proyecto de nación dice que propondría reformar el artículo 102 constitucional para “facultar al Presidente de la República en la designación de un fiscal que se encargue de la específica atribución de investigar y perseguir aquellos delitos que quebranten la seguridad pública, a fin de lograr la necesaria y no siempre existente coordinación que el diverso 21 constitucional exige entre el ministerio público y las policías (a cargo, precisamente, del Poder Ejecutivo)”.

Sin embargo, durante su participación en “Diálogo por la Paz y la Justicia”, el candidato cambió su propuesta original para advertir que el Presidente nombraría a tres personas y sería el Congreso quien vote y elija al fiscal, quien dijo será una persona de “inobjetable honestidad”.

Margarita Zavala

En la plataforma de la candidata independiente Margarita Zavala se lee el compromiso de “un Fiscal General de la República independiente y libre de presiones de los actores políticos”. La propuesta dice que debe ser un abogado o abogada penalista, con amplio reconocimiento profesional, dotado de absoluta independencia, sin vínculos con los partidos políticos y surgido de una consulta amplia con especialistas y la sociedad.

En su cuenta de Twitter, Zavala Gómez del Campo también ha señalado: “Después de la elección propongo formar un gobierno de coalición con diversas fuerzas políticas que compartan una serie de objetivos prioritarios. En estas prioridades se incluirán (1) asegurar la independencia del Fiscal General y (2) promover la reforma al artículo 102”.

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco

El último candidato en unirse a la boleta se ha pronunciado a favor del Fiscal General independiente; así lo hizo durante el evento “Diálogo por la Paz y la Justicia”, Rodríguez Calderón puso de ejemplo que en Nuevo León se creó una comisión para revisar la trayectoria de los nominados para enviar una lista al Congreso y que éste decidiera y nombrara al funcionario.

Sin embargo, dentro de las 30 propuestas del El Bronco no hay ninguna dedicada a este tema.

El equipo del candidato independiente expresó a Verificado 2018 que la propuesta en particular aún está en proceso.

La propuesta desde la sociedad civil

Edgar Cortés, integrante del colectivo Fiscalía que Sirva, detalla que la propuesta del colectivo es: “nombrar un comité ciudadano de expertos, que sea, en un momento dado, el que proponga una lista de candidatos de acuerdo con su conocimiento, experiencia y expertise en temas de combate a la delincuencia; que ellos sean los que hagan la evaluación, que hagan una especie de ranking de la mejor opción de Fiscal hacia abajo, y que a través del Senado este grupo envíe la lista al ejecutivo para que éste elija una terna, luego el Senado elegiría. Es decir: sería un mecanismo donde participa sociedad civil, poder ejecutivo y legislativo. También proponemos que haya dentro de la institución un consejo de expertos que acompañen al Fiscal en la conducción de la Fiscalía, y que tengan un papel entre consejo y evaluación de lo que se hace”.

A decir de Liliana Veloz, también integrante del colectivo, es muy importante la formación de esta institución ya que implica una deuda histórica con la sociedad para la impartición de justicia: “La Fiscalía Autónoma mejoraría el procedimiento de fincamiento de responsabilidad, además en temas corrupción: la designación del Fiscal es importante porque un Fiscal a modo no abonaría a la sustanciación de la investigación, se debe blindar esta designación de intereses y que no quede como se ha llamado en redes sociales ‘el Fiscal carnal’.

Para Cortés, además del nombramiento del Fiscal General es necesaria la revisión del conjunto de mecanismos que permiten construir la institución de la Fiscalía Autónoma.

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“Los planteamientos de la sociedad civil para lograr una #FiscalíaQueSirva son razonables. Me uno a su llamado y pido al @senadomexicano que los revise y responda antes de aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía. Trabajemos juntos para generar confianza e instituciones que sirvan”, escribió la exprimera dama.

Los planteamientos de la sociedad civil para lograr una #FiscalíaQueSirva son razonables. Me uno a su llamado y pido al @senadomexicano que los revise y responda antes de aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía. Trabajemos juntos para generar confianza e instituciones que sirvan. https://t.co/RE6phT49gB

— Margarita Zavala (@Mzavalagc) 27 de abril de 2018

Asimismo, consideró que “necesitamos una mejor política tributaria y un manejo más responsable y transparente de las finanzas públicas. Comparto aquí mis propuestas específicas para lograrlo. #ManifiestoMX @Coparmex”.

Necesitamos una mejor política tributaria y un manejo más responsable y transparente de las finanzas públicas. Comparto aquí mis propuestas específicas para lograrlo. #ManifiestoMX @Coparmex pic.twitter.com/TGBpnBcA9I

— Margarita Zavala (@Mzavalagc) 27 de abril de 2018

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Los legisladores dieron luz verde el dictamen que modifica el artículo Decimosexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de febrero 2014, que se turnó al Senado para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Guadalupe Acosta Naranjo, explicó que éste busca evitar el pase automático del procurador a fiscal general.

Se pronunció por un ejercicio de parlamento abierto en la designación del fiscal y planteó que en la ley secundaria se incorporen requisitos adicionales, tales como que los aspirantes no militen en un partido político por lo menos cuatro años antes.

Con esta modificación “se garantiza que el Senado de la Republica tendrá que votar en dos terceras partes este nombramiento, dos terceras partes que no tiene ningún grupo parlamentario ni coalición”.

“Deberá reunir la legitimidad que le dan los distintos grupos parlamentarios conforme a una mayoría calificada”, afirmó.

Acosta Naranjo exhortó al Senado de la República a que avale el dictamen lo antes posible, para que se turne a los congresos estatales y entre en vigor.

Al fijar la postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Ramírez Nieto, reconoció la responsabilidad política del Congreso y la necesidad de crear una fiscalía general autónoma e independiente. Aseguró que la reforma fortaleció la voluntad popular y es parte del legado político del presidente Enrique Peña Nieto.

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En su turno, el Partido Acción Nacional (PAN), a través de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, consideró que uno de los principales problemas del país es la inseguridad y esto es derivado del alto índice de impunidad, lo que ha provocado el rechazo ciudadano y la organización de colectivos que han realizado propuestas para garantizar la autonomía de la fiscalía general.

El Partido Revolucionario Democrática (PRD), en voz del legislador Arturo Santana Alfaro, señaló la importancia del dictamen que elimina el pase automático y que dará vida plena al Artículo 102 constitucional.

A su vez, la diputada Lorena Corona Valdés, del Partido Verde, advirtió que la reforma no ataca de fondo del problema , toda vez que se debe garantizar la independencia y la autonomía de los fiscales generales de las entidades federativas, por lo que urgió a dictaminar en ese sentido.

Por Nueva Alianza, la legisladora Mirna Isabel Saldivar Paz, reconoció la participación de la sociedad civil y reiteró la importancia de la designación del titular de la fiscalía, a fin de que cumpla los requisitos de probidad e independencia necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el legislador Rodrigo Abdala Dartigues, reprochó que se hayan tardado tres meses en dictaminar la reforma y casi un año desde que el presidente Enrique Peña Nieto presentara la iniciativa y adelantó que su bancada votará a favor.

Durante el debate, la diputada de Morena Ernestina Godoy Ramos consideró que la reforma es insuficiente, pues se mantiene el mismo modelo de fiscalía, sin que se modifique de fondo.

El dictamen aprobado señala que una vez realizada la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, el Senado iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el Apartado A del Artículo 102 constitucional para la designación del fiscal general de la República.

Si la Cámara de Senadores no estuviere reunida, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la convocará de manera inmediata a sesión extraordinaria.

También aprueba que el procurador general de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria en comento continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al fiscal general de la República.

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