El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó que los bomberos combaten 18 focos activos en las regiones de Araucanía, Ñuble y Biobío, las más golpeadas por la emergencia. La investigación apunta a que el detenido estaría vinculado con las 20 muertes registradas en Biobío, mientras que la otra víctima se contabilizó en Ñuble.

Más temprano, la policía arrestó a otro hombre sorprendido encendiendo fuego en Punta de Parra, localidad rodeada de bosques de eucaliptos. Según el comunicado oficial, portaba un encendedor, un bastón retráctil y cocaína base. Además, se registraron dos detenciones previas en Biobío y Araucanía, aunque una de ellas fue liberada posteriormente.

Las localidades de Penco, Lirquén y Tomé, en Biobío, figuran entre las más dañadas. Vecinos relataron la desesperación de huir con lo mínimo, mientras los incendios consumieron más de 42.000 hectáreas y afectaron unas 2.000 viviendas. “La situación sigue siendo compleja. Todavía no podemos bajar los brazos”, señaló el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en su balance nocturno.

El presidente Gabriel Boric decretó dos días de duelo nacional para honrar a las víctimas. En un mensaje difundido en su perfil de X, expresó condolencias a las familias y destacó la magnitud de la catástrofe que enluta al país.

Chile ya había enfrentado una tragedia similar en febrero de 2024, cuando incendios en Viña del Mar dejaron 138 muertos. Investigaciones posteriores revelaron que brigadistas y bomberos iniciaron intencionalmente el fuego, lo que intensificó la preocupación por la seguridad en zonas forestales.

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«El fiscal nacional ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a los Pandora Papers», anunció la directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera.

De acuerdo a la funcionaria, «hay antecedentes que podrían revertir carácter de cohecho, con su correlato de soborno, y eventuales delitos tributarios».

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, reveló el domingo pasado que Minera Dominga se vendió en 2010 al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano en una operación de 152 millones de dólares realizada en parte en el paraíso fiscal caribeño.

El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural con pingüinos únicos, según el ICIJ.

La protección ambiental dependía de Piñera, quien había asumido el poder para su primer mandato apenas unos meses antes de la venta del proyecto, que actualmente está aprobado por un tribunal regional ambiental pero pendiente de recursos por la Corte Suprema.

El objetivo central de la pesquisa es determinar si el contrato de venta preveía efectivamente la polémica cláusula de la última cuota, un asunto que no fue incluido en la investigación que la propia Fiscalía abrió en 2017 y que se terminó sobreseyendo.

«El contrato en inglés en las Islas Vírgenes Británicas no estaba incorporado en la investigación (de 2017), por lo tanto es un antecedente nuevo», indicó la fiscal.

«Es difícil de entender»

En respuesta, Piñera dijo que «resulta difícil de comprender» la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación en su contra tras la publicación de los Papeles de Pandora porque los hechos divulgados ya fueron «investigados» y «sobreseídos» en 2017.

«Existe un pronunciamiento (de 2017) de las máximas autoridades del Poder Judicial, que constituye cosa juzgada, en relación a que los hechos investigados no constituyen delito y a la inocencia del presidente Sebastián Piñera», indicó en un comunicado la oficina del mandatario.

De acuerdo con gobernante, quien dejará el poder en marzo de 2022, «nada de esto ha cambiado y no existe ningún elemento distinto, por lo cual resulta difícil comprender la decisión tomada hoy por el Ministerio Público».

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De acuerdo con la dependencia judicial, sólo en la región metropolitana, los detenidos por realizar saqueos y destrucción de bienes muebles sumaron 921, todos los cuales fueron llevados a control de detención.

Según la información oficial, 67 carabineros resultaron lesionados y 819 personas presentaron heridas de diversa consideración durante los enfrentamientos. Esto ocurre mientras continúa la violencia y el descontrol en la capital nacional, Valparaíso y otras regiones.

Para poder enfrentar todas las «contingencias» que se presenten fue ordenado que 215 fiscales se mantengan disponibles, de manera tal que puedan cubrirse todos los hechos delictivos que continúan en desarrollo este lunes, informaron fuentes locales.

Por cuarto día consecutivo las calles de Santiago viven una renovada jornada de protestas y reclamos contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera, quien mantiene el decreto de estado de emergencia para hacer frente a las manifestaciones, de acuerdo con el diario digital argentino Infobae.

Organizaciones estudiantiles lanzaron la convocatoria para este lunes en Plaza Italia, uno de los centros de reunión de la ciudad; sin embargo, poco después de que se reunieran grupos de ciudadanos, las autoridades comenzaron a dispersarlos, lo que conllevó a algunos incidentes y detenciones.

Las cadenas de televisión locales mostraron cómo vehículos policiales antidisturbios buscaban mantener controlados a los manifestantes, luego de dos noches con toque de queda en Santiago, Concepción y Valparaíso.

El presidente Piñera declaró el domingo que su país estaba «en guerra contra un enemigo poderoso«, luego de habilitar la intervención militar para controlar las protestas, que han dejado millonarios daños en el sistema del Metro.

La exmandataria de Chile, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió a los manifestantes que salgan a las calles «de forma pacífica» y a las autoridades que «se aseguren» de que el derecho a la libertad de expresión sea «respetado«.

Por su parte, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, confirmó que hubo 110 saqueos a supermercados y 13 incendios provocados en distintos edificios.

Además, manifestó que dos personas murieron calcinadas el domingo a causa de un incendio en una tienda que minutos antes fue saqueada por vándalos, y recalcó que «estamos en una situación extraordinariamente especial donde se tiene que resguardar el orden público«.

Chadwick condenó que «la guerra la están haciendo a través de la violencia los grupos vandálicos«.

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El procedimiento en Santiago fue liderado por el fiscal Emiliano Arias, quien investiga a un grupo de 14 sacerdotes de la diócesis de O’Higgins para establecer si habrían mantenido relaciones sexuales con menores a cambio de beneficios económicos para ellos y sus familias.

Obispos de Chile renuncian por escándalo de abusos sexuales

Sergio Pérez fue el fiscal a cargo en Rancagua.

“En Chile todos estamos sometidos a la justicia ordinaria”, dijo Arias a periodistas poco antes del allanamiento del Tribunal ubicado en la sede del Arzobispado de la capital chilena.

Arias confirmó después a una televisora local que solicitó y se llevó consigo toda la documentación sobre las investigaciones hechas por la Iglesia sobre los abusos a menores desde 2007, año en que se modificó la ley de prescripción de estos delitos.

El fiscal afirmó que espera que se genere la confianza para que las denuncias lleguen a producirse también a través de la justicia civil y no queden reducidas al ámbito eclesiástico.

El allanamiento se produjo tras haber solicitado primero la documentación a Rancagua, que a su vez transmitió la petición al Vaticano, y la respuesta fue que se solicitara la información a través de otro procedimiento, por lo que se optó por la autorización de los jueces, relató el fiscal a CNN Chile.

Arias puntualizó durante la mañana que sus acciones no estaban dirigidas contra la Iglesia católica, sino hacia algunas personas vinculadas a la institución que presuntamente habrían realizado acciones constitutivas de delito.

El arzobispo de Santiago de Chile, cardenal Ricardo Ezzati, afirmó que “el Arzobispado de Santiago entregó al señor fiscal toda la documentación solicitada” y reiteró la “disponibilidad de colaborar con la justicia civil en todo lo que sea requerido”.

El allanamiento se produjo en momentos en que el sacerdote español Jordi Bertomeu, funcionario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y monseñor Charles Scicluna, considerado el mejor investigador de abusos sexuales del Vaticano, se encuentran en Chile para indagar sobre abusos sexuales contra menores cometidos por clérigos o religiosos.

Scicluna y Bertomeu se reunieron en la tarde con cuatro fiscales chilenos, entre ellos Arias; el fiscal nacional Jorge Abbott; el representante de la Fiscalía Sur, Raúl Guzmán; y el de la región del Maule, Mauricio Richard, para fomentar la colaboración entre la Iglesia y el Ministerio Público.

“Vinimos fundamentalmente en busca de colaboración para las investigaciones que nosotros estamos llevando adelante que tienen relación con abusos que han sufrido fundamentalmente menores (por parte de personas vinculadas a la Iglesia)“, aseguró Abbott.

También señaló que los allanamientos realizados en la mañana fueron procedimientos judiciales normales realizados con autorizaciones judiciales. Los fiscales a cargo de los allanamientos se mostraron satisfechos por la información incautada en ambas instancias.

Además confirmó que en los próximos días se solicitará al Vaticano información que puede ser relevante para estas investigaciones.

En cuanto a la reunión con Scicluna, el fiscal afirmó que se compartió con él “la necesidad absoluta de la cooperación entre la Iglesia y el Estado de Chile” para hacer avanzar las investigaciones y “poder establecer quiénes son los responsables e instar por el castigo de los mismos”.

“El compromiso es de una mayor colaboración entre ambas instituciones”, y particularmente de aquellas víctimas que llegan a hacer denuncias a una oficina que va a abrir la Iglesia a estos efectos e incentivar que las personas puedan ir a denunciar al Ministerio Público.

“Vamos a establecer un sistema de relacionamiento”, señaló el fiscal Abbott, para dar a las víctimas “la protección necesaria que requieran para que puedan hacer libremente las denuncias que correspondan” con el fin de identificar a los responsables y establecer la verdad en estos casos.

Scicluna y Bertomeu son responsables de un informe de 2 mil 300 páginas que elaboraron tras recoger 64 testimonios de agresiones sexuales en febrero, lo que llevó al papa Francisco a afirmar a fines de mayo que en la Iglesia chilena hay “una cultura del abuso y del encubrimiento”.

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