El exfuncionario deberá pagar un millón de pesos de garantía económica, entregar su pasaporte, presentarse a firmar en juzgados cada ocho días y no acercarse a los testigos del proceso penal.

Bermúdez Zurita es señalado por el delito de desaparición forzada, que no se considera grave en el Código Penal estatal y no requiere prisión preventiva oficiosa.

Cabe recordar que a finales de agosto, un juez de control le retiró la prisión preventiva por presunto enriquecimiento ilícito al haber obtenido de manera ilegal más de 86 millones de pesos.

Fiscalía condena que salga en libertad

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz aseveró que condena y no comparte los nuevos criterios jurisdiccionales que están permitiendo que los probables responsables del saqueo y desaparición forzada de personas en Veracruz, enfrenten sus procesos en libertad.

A través de un comunicado, aseguró que la carpeta de investigación en contra del exsecretario existen testimonios de víctimas sobrevivientes, testigos presenciales, dictámenes técnicos y periciales, que exhibe que la SSP, bajo el mando de Arturo Bermúdez, documentaba las desapariciones forzadas.

“Es decir, existen al día de hoy datos de prueba sólidos que acreditan la probabilidad de que Arturo ‘N’ encabezó una estructura organizada que desde la Secretaría de Seguridad Pública cometió de manera sistemática desapariciones forzadas, la FGE considera que la única medida cautelar posible es la prisión preventiva”, apunta el documento.

#FGEInforma @FGE_Veracruz condena y rechaza que se permita que los probables responsables de desapariciones forzadas de personas y del saqueo a #Veracruz, enfrenten sus procesos en libertad https://t.co/xou7Qmj7bY pic.twitter.com/hA3a0YpWHM

— FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) 5 de diciembre de 2018

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Esto luego de que el Juzgado Decimoquinto de Distrito otorgó el amparo y protección de la ley al exfiscal general del Estado, Luis Ángel “N”, quien habría participado en dichos ilícitos durante la administración del exgobernador Javier Duarte.

La decisión señala que el deleito de desaparición de personas en la modalidad de entorpecer la investigación no amerita la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y que su detención fue ilegal, pues contaba con un amparo cuando se ejecutó la orden de aprehensión en su contra.

Cabe señalar que una decisión similar se tomó con la exfiscal de Investigaciones Ministeriales, Rosario “N”, que tras obtener un amparo en septiembre, cambió de prisión preventiva oficiosa a necesaria.

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De acuerdo con su versión, fue citado en el edificio de la FGE donde también se encontraban Eduardo Coronel, fiscal de personas desaparecidas, y Marcos Even Torres, exvisitador de la fiscalía.

“Ahí, Jorge Winckler me dijo que tenía elementos que me vinculaban y no pagaba nada, si yo firmaba una historia de sangre de muerte de terceros«, declaró Luis Ángel “N” a la jueza de control en la audiencia de solicitud de sobreseimiento del delito de desaparición forzada.

Ante el presunto ofrecimiento, respondió «yo no debo nada, y como padre de familia que soy y que tú eres, y como hombres que somos, le dije que no hiciera una canallada, y le dije me defenderé«.

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La minuta avalada en lo general por 396 votos y ninguno en contra, deroga también diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud y fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con esta ley se armonizan estos ordenamientos con la nueva legislación, principalmente, en lo concerniente a las sanciones por el delito de desaparición forzada y el tratamiento de cadáveres de personas no identificadas.

Se crean el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Asimismo, se establece la distribución de competencias y la coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno para combatir este delito, e incrementa las penas para quienes lo cometan.

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