El resto del adeudo será cubierto en 18 pagos mensuales, según explicó la mandataria en su conferencia matutina. Sheinbaum destacó que este acuerdo representa “el pago más grande que se haya hecho” en materia de litigios fiscales y reiteró que se trata de un tema estrictamente tributario, desvinculado de cuestiones políticas.

Durante su intervención, la presidenta celebró la decisión del grupo empresarial y recordó que en administraciones anteriores era común evitar el pago de impuestos mediante negociaciones. Subrayó que esa práctica terminó cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador prohibió la condonación de impuestos en la Constitución.

En un comunicado, el grupo empresarial aseguró que con este acuerdo “no debemos nada al gobierno por ningún concepto” y que se pondrá fin a los litigios fiscales, aunque manifestó estar en desacuerdo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El documento, firmado por Luciano Pascoe Rippey, director de Noticias y Comunicación, señaló que las empresas del grupo siempre han cumplido con sus obligaciones tributarias.

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La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este resultado se debe a las acciones emprendidas contra la evasión fiscal y la corrupción, sin necesidad de aumentar impuestos. Además, adelantó que en 2026 se reforzará la vigilancia en aduanas y el combate a las empresas que emiten facturas falsas, conocidas como factureras, con el objetivo de recaudar 498 mil millones de pesos adicionales.

Martínez Dagnino explicó que entre 2019 y 2024 el crecimiento anual de ingresos se mantuvo entre 350 mil y 450 mil millones de pesos, mientras que en 2025 fue cercano a los 500 mil millones. En el caso de las aduanas, la recaudación representó el 27.1% del total de ingresos federales, con un incremento de 246 mil millones de pesos frente a 2024, equivalente a un aumento del 16% en términos reales.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, anunció nuevas medidas para mejorar la transparencia en auditorías y fiscalización. Entre ellas se incluyen:

• Auditorías específicas por contribuyente en caso de incumplimiento.
• Solicitud de muestras de partidas sujetas a revisión, en lugar del 100% de la información.
• Homologación de criterios en todas las oficinas del SAT.

Asimismo, los tiempos de devolución de impuestos se reducirán: cinco días hábiles para personas físicas y 30 días hábiles para empresas, aunque el plazo legal seguirá siendo de 40 días.

Las autoridades señalaron que se auditará principalmente a quienes:

• Operen con factureras o nomineras.
• Presenten pérdidas fiscales recurrentes.
• Simulen deducciones ilegales.
• Declaren ingresos menores a los obtenidos.
• Abusen de estímulos fiscales.
• Presenten inconsistencias entre importaciones, compras y ventas.
• Importen productos con precios por debajo del mercado o incumplan regulaciones.
• No paguen retenciones correspondientes a sus empleados.

Para 2026 se reforzará la fiscalización en aduanas y contra factureras, con nuevas medidas de transparencia anunciadas por Hacienda.

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El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que el caso se remonta a determinaciones realizadas entre 2013 y 2018, cuando se concluyó que las compañías aplicaron de manera improcedente pérdidas fiscales para el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios 2008-2013.

Las resoluciones administrativas fueron impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que entre 2019 y 2023 confirmó la procedencia de los créditos fiscales. Posteriormente, los tribunales colegiados negaron los amparos solicitados en 2024 y 2025, ratificando las resoluciones previas. Finalmente, el 13 de noviembre de 2025, la SCJN desechó las impugnaciones, dejando firme la obligación de pago.

Con la notificación ya realizada, el SAT procederá a emitir el requerimiento en enero. A partir de ese momento iniciará el plazo para el pago voluntario. Martínez Dagnino precisó que los contribuyentes podrán solicitar ajustes a la baja de hasta 39%, dependiendo del esquema y orden de pago elegido.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que se trata de un asunto estrictamente legal y administrativo, no político. Señaló que, en caso de incumplimiento, se activarán otros procedimientos previstos en la ley. Además, pidió a la Secretaría de Hacienda y al SAT mantener informada a la opinión pública sobre el avance del proceso.

La mandataria indicó que la Procuraduría Fiscal y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno supervisan el caso para garantizar transparencia y cumplimiento de la ley.

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Los establecimientos, ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, fueron catalogados como de “alto riesgo financiero” y listados como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que sean utilizados por presuntos grupos del crimen organizado.

De acuerdo con el comunicado oficial, algunos de estos casinos realizaron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. Además, se identificó el uso de plataformas digitales que facilitaban la dispersión y ocultamiento de recursos ilícitos, reintegrándolos al sistema financiero mexicano e internacional.

La investigación también reveló que dichas plataformas utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con los montos recibidos —amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados—, quienes transferían los fondos a los verdaderos dueños a cambio de un porcentaje, legitimando ingresos aparentemente obtenidos en juegos de azar.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Los posibles delitos incluyen operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.

La SHCP subrayó que estas medidas forman parte del compromiso de cooperación internacional con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, además de cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para combatir el lavado de dinero.

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El anuncio se realizó durante la sesión de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, donde se discute la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Yunes explicó que el periodo de transición permitirá elaborar la nueva reglamentación de la ley, lo que ha sido una demanda del gremio aduanero para evitar que se aplique con normativas anteriores.

El legislador aclaró que la propuesta fue conversada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunque no se trata de una iniciativa directa de la dependencia. Durante la sesión, el senador Clemente Castañeda (Movimiento Ciudadano) puntualizó que la facultad de presentar un transitorio corresponde al Senado y no a Hacienda, lo que llevó a Yunes a precisar que se trató de un malentendido.

En su intervención, Yunes Márquez defendió que la reforma busca modernizar las reglas del comercio exterior y fortalecer la transparencia en los procedimientos aduanales. Entre los cambios destacan:

• Garantizar contribuciones y cuotas compensatorias mediante cartas de crédito.
• Ampliar la vigencia de patentes y autorizaciones de agentes y agencias aduanales de 10 a 20 años, prorrogables por un periodo igual.
• Fortalecer la legalidad en las operaciones de comercio exterior.

El senador subrayó que la recaudación por comercio exterior alcanzó 1.07 billones de pesos hasta septiembre, equivalente al 26% de los ingresos tributarios del país, lo que refleja la importancia de contar con un marco regulatorio sólido.

Por su parte, Castañeda advirtió que la reforma “sobrerregula” y no genera certidumbre jurídica, lo que podría desincentivar exportaciones y trasladar mayores costos a los consumidores. Además, cuestionó que no se incluyan mecanismos de control ni sanciones para autoridades aduaneras como la Agencia Nacional de Aduanas, el SAT o la propia Secretaría de Hacienda.

El legislador de Movimiento Ciudadano señaló que los problemas centrales radican en la corrupción en aduanas y puertos, y lamentó que la minuta no enfrente de fondo el llamado huachicol fiscal, que ha representado pérdidas millonarias para el país.

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La primera alza dependerá de la aprobación del Paquete Económico 2026 en el Congreso, que contempla incrementos en las tasas actuales. La segunda será resultado del ajuste anual que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con base en la inflación.

¿Qué propone el Paquete Económico 2026?

Dentro del Paquete Fiscal 2026, se plantea duplicar la cuota del IEPS para bebidas saborizadas, pasando de 1.5 pesos a 3.018 pesos por litro. Esta modificación incluye tanto bebidas azucaradas como aquellas con endulcorantes artificiales, como los refrescos light.

En el caso de los cigarros, se propone aumentar la tasa ad valorem del 160% al 200%. También se prevé un incremento gradual de la cuota específica hasta el año 2030, con un periodo de transición entre 2026 y 2029, sujeto a la aprobación legislativa.

Nuevos productos sujetos a IEPS

El proyecto de ley también contempla incorporar productos emergentes como las “bolsas de nicotina” al régimen del IEPS. Además, para los tabacos hechos a mano (puros), se establece un aumento en la tasa ad valorem al 32%, con el fin de equiparar su tratamiento fiscal con otros productos derivados del tabaco.

Ajuste anual por inflación: el segundo aumento

Independientemente de la aprobación legislativa, la SHCP aplicará el ajuste inflacionario anual a las cuotas del IEPS. Este cálculo se basa en el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y se publica cada diciembre en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor el 1 de enero del siguiente año.

Pedro Aguilar Domínguez, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del IMEF, explicó que este segundo aumento es un hecho, por tratarse de un ajuste automático previsto en la ley.

Se recomienda estar informados sobre estos cambios para anticipar su impacto tanto en la economía familiar como en el consumo general.

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Además de blindar las finanzas públicas, el presupuesto incluye la continuidad de apoyos sociales existentes y nuevas iniciativas, como la Beca Universal para estudiantes de nivel básico.

Reforzarán control tributario y aduanas

La presidenta detalló que su administración presentará junto con el PPEF una reforma a la Ley Aduanera. El objetivo es fortalecer la recaudación tributaria mediante nuevas regulaciones que permitan cerrar brechas de evasión y fortalecer el control en puntos estratégicos como las aduanas.

SAT contra la facturación falsa

Dentro de las acciones anunciadas, se contempla que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplique nuevos candados para frenar el uso de facturas falsas, una práctica que ya es considerada delito grave. La presidenta señaló que parte de las reformas ya se han implementado, mientras que otras se incluirán en el nuevo presupuesto.

Programas sociales e inversión pública

Sheinbaum aseguró que no habrá aumento de impuestos y que todos los programas sociales —incluidos los heredados del sexenio anterior— están contemplados en el presupuesto. También se prevé mantener la inversión pública como una prioridad del segundo año de su Gobierno.

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El recorte afecta significativamente varios programas críticos para la atención de la población sin seguridad social, como el IMSS y el ISSSTE. Los programas más perjudicados incluyen:

1. Subsidios para Entidades Federativas y Municipios: Se ha reducido de 4 mil 516 millones de pesos a mil 922 millones, una disminución del 57.6%.
2. Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud: Pasó de 2 mil 630.5 millones a 229.2 millones de pesos, una reducción del 91.3%.
3. Programa de Vacunación: A pesar del repunte de casos de enfermedades, el programa sufrió un recorte drástico de más de 9 mil millones de pesos, reduciéndose de 14 mil 31.5 millones a 5 mil 99.5 millones de pesos, una disminución del 63.7%.

Estos ajustes presupuestales se suman a un historial reciente de subejercicio en el sector salud. En 2023, la Secretaría de Salud reportó un subejercicio de más de 100 mil millones de pesos, ya que solo se ejercieron 105 mil 425.4 millones de pesos de los 209 mil 616.5 millones aprobados para ese año. La Cuenta Pública 2023 muestra que este subejercicio representa un 49.7% del presupuesto aprobado.

La SHCP justificó los recortes afirmando que forman parte de ajustes necesarios en el marco de la transferencia de recursos del Insabi al IMSS-Bienestar, en consonancia con las modificaciones a la Ley General de Salud. Este cambio legislativo, publicado el 29 de mayo de 2023, es parte del esfuerzo por reformar y reorganizar el sistema de salud.

El informe del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria revela que 24 programas de salud experimentaron subejercicios significativos en 2023. Entre ellos, destacan:

• Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos: Reducción de 49 mil 592.3 millones de pesos.
• Atención a la Salud: Disminución de 33 mil 879.9 millones de pesos.
• Programa de Vacunación: Recorte de 11 mil 70.8 millones de pesos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus recientes declaraciones, aseguró que el sistema de salud es una prioridad para la recta final de su administración. Anunció una gira para evaluar el funcionamiento de clínicas y hospitales y se reunirá con los gobernadores de los estados que se unieron al programa IMSS-Bienestar. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre los recientes recortes.

Por otro lado, el doctor Xavier Tello, médico cirujano y experto en salud, criticó severamente la gestión del sector durante este sexenio. Describió la situación como un “desastre” comparable a eventos históricos catastróficos. Tello citó ejemplos de desabasto de medicamentos, problemas en la centralización de compras, y el mal manejo de la pandemia como contribuyentes a la crisis actual en el sistema de salud.

El especialista subrayó que la administración centralizó la compra de medicamentos, eliminó el Seguro Popular, y creó el IMSS-Bienestar, medidas que, según él, han exacerbado los problemas. Además, mencionó el subejercicio de fondos y la decisión de destinar recursos a gobiernos extranjeros como factores que han agravado la crisis.

El recorte al presupuesto de salud por parte de la SHCP destaca una profunda preocupación por el futuro del sistema de salud pública en México. Mientras el gobierno actual se prepara para su fin, los ajustes presupuestales y el historial de subejercicios plantean serios desafíos para la atención sanitaria y la administración de los recursos destinados a la población vulnerable. La implementación de políticas de salud más eficaces y una mayor transparencia en la gestión de los recursos serán cruciales para abordar estos problemas y mejorar la calidad del sistema de salud en el país.

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No clasifica a México como una economía que manipula su tipo de cambio para obtener algún tipo de ventaja en el comercio internacional. Derivado de lo anterior, México no estará sujeto a sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos», aseguró la dependencia en un comunicado.

México, que en lo que va de 2021 ha sido el primer socio comercial de Estados Unidos, apareció en la «lista de monitoreo» de países que merecen atención cercana por sus prácticas cambiarias en el reporte que este viernes entregó el Departamento del Tesoro estadounidense al Congreso.

• La lista, en la que México no figuraba en años anteriores, también incluye a China, Japón, Corea, Alemania, Irlanda, Italia, India, Malasia, Singapur y Tailandia.

Pero la SHCP atribuyó la inclusión del país a «un efecto metodológico derivado del nivel alcanzado en el intercambio comercial con Estados Unidos en 2020», cuando el comercio estadounidense de bienes con México alcanzó un déficit de 112.723 millones de dólares en todo el año.

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En los «Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública«, la SHCP reportó que en diciembre la deuda pública se situó en 12,13 billones de pesos por encima de los 11,03 billones de 2019.

En tanto, los ingresos presupuestarios totalizaron 5,339 billones de pesos por debajo de los 5,385 billones (269.250 millones de dólares) de 2019.

Asimismo, la SHCP indicó que la deuda pública alcanzó en 2020 una proporción de 52,4 % del PIB frente al nivel del 45,1 % de 2019.

«Al contrario que otras economías de ingresos medios, México inicia el 2021 en una posición más sólida en términos de finanzas públicas y no se utilizó deuda adicional a la que fue aprobada por el Congreso«, argumentó Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, al presentar el informe.

La SHCP publicó el reporte horas después de revelarse la contracción anual de 8,3 % del PIB que estima el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en cifras originales.

El subsecretario destacó que esto se sitúa dentro de las proyecciones de Hacienda, que calculaba un decrecimiento de la economía de México cercano al 8 % para 2020, la peor caída desde la Gran Depresión de 1932.

«Sin embargo, en comparación con otras crisis como la del 95 y 2009, los impactos sobre el empleo, la inflación y el tipo de cambio fueron menores. Esto es muestra de la fortaleza de los fundamentales económica, la política económica y finanzas sólidas de nuestro país«, sostuvo Yorio.

Hacienda también reportó un déficit de 897.086 millones de pesos (unos 44.854 millones de dólares) en los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP).

Esto es un aumento del déficit público de 57,59 % frente a 2019, cuando cerró en 569.256 millones de pesos (casi 28.463 millones de dólares).

La dependencia explicó que realizó una reasignación de recursos para atender la emergencia sanitaria.

Por ello, reportó, el gasto en salud aumentó en 51.600 millones de pesos (2.580 millones de dólares) frente al gasto de 2019.

En tanto, el gasto en desarrollo social incrementó en 3,7 % real anual, con una cifra histórica de 2,9 billones de pesos (145.000 millones de dólares).

Pese al panorama, el subsecretario defendió el paquete fiscal que el gobierno destinó para aliviar la crisis económica de covid-19, que significó cerca de 1 % del PIB por la política de austeridad.

«Subir la deuda de forma acelerada como lo hicieron otras economías de ingresos medios hubiera sido equivalente a incrementar los impuestos para todos los mexicanos. Muchas de estas economías se encuentran en una posición debilitada«, afirmó.

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