Fadlala Akabanni, secretario de Desarrollo Económico, señaló que estos datos corresponden a 2020, un año de pandemia pero esta situación generó que la gente buscara conectarse de manera mejor por lo que la conectividad tuvieron un impacto favorable para los sistemas de competitividad de la Ciudad de México.

Enfatizó que estos análisis son esfuerzos del Gobierno y sector empresarial y significa un incentivo para la economía de la capital que ha podido salir avante a pesar de las condiciones adversas que se presentaron por la emergencia sanitaria por el coronavirus.

El funcionario reveló que a inicios del próximo año se regresaran a los niveles previos a la pandemia del Producto Interno Bruto (PIB) perdido. Se está cerca de recuperar y el periodo de diciembre y enero será el lapso de recuperación en el número de transacciones así como de volumen nominal en dinero.

Akabanni agregó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el INEGI, durante el tercer semestre del 2021, la Población Económicamente Activa de la CDMX tuvo un incremento de 284 mil 533 personas, lo que representa un aumento del 6.4 por ciento.

Por otra parte la Población Ocupada también registró un aumento en 276 mil 432 personas, pasando de cuatro millones 117 mil 427 a cuatro millones 393 mil 859, lo que representa un 6.8 por ciento. Mientras que la Población Desocupada fue de 6.9 lo que es una disminución de acuerdo con los dos trimestres pasados.

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Por ello, pidió al Poder Legislativo reflexionar los efectos adversos que puede tener para las inversiones y las finanzas públicas, pues se requerirán más subsidios.

Por medio de un comunicado difundido anoche, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) considera que “la aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de Derecho, al medio ambiente, las finanzas públicas y a la competitividad del país”.

Adicionalmente la propuesta violará tratados internacionales que firmó México e irá contra el principio de no retroactividad de las leyes y significará una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares o bien se expondrá a reclamo de indemnizaciones  y arbitrajes internacionales.

E implica un alto costo presupuestario al subir los costos de producción y requerirse fuertes inversiones del Estado para garantizar el suministro eléctrico.

La propuesta pretende que el único actor que pueda abastecer de energía eléctrica en todo el país sea la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por ello el CCE afirmó que el problema que observa es que los mexicanos estarán obligados a adquirir energía a CFE “sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea”.

«La iniciativa no plantea ningún remedio a estas carencias de la CFE. La reforma propuesta hará todavía más difícil la inversión en la red de transmisión al concentrar los recursos de la CFE en generación. Estamos ante una contrarreforma que, a todas luces, no cumple con los objetivos que pretende ni plantea soluciones sustentables«, advirtió el organismo.

IMCO ve restauración de un monopolio

Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) consideró que, de aprobarse la iniciativa de reforma constitucional en materia energética se favorecerá a la CFE en perjuicio de la economía de las familias mexicanas.

Esto al dar a la comisión el poder de establecer las tarifas y permisos, lo que, en la práctica, significaría la restauración de su monopolio en el mercado eléctrico.

Una probable situación de la que IMCO señaló seis puntos:

1.- Modifica el criterio de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional, lo cual limita la competencia y excede los costos hasta un 252%. Tan solo en 2020 la generación eléctrica privada a partir de energías renovables tuvo un costo de 401 pesos por megawatt-hora mientras que por CFE fue de mil 413 pesos.

2.- Revierte la separación horizontal y vertical de CFE, pues con ello se pone fin a las empresas subsidiarias y filiales de CFE a excepción de CFE Telecomunicaciones e Internet para todos, CFE Capital, CFEnergía y CFE Internacional. Las implicaciones de estos actos la llevarían a reconstruirse como el único actor posible a comprar y suministrar energía, eliminando las competencias de este mercado.

3.- Elimina los Certificados de Energía Limpia (CEL) los cuales se otorgan por cada megawatt-hora de energía generada en centrales limpias que iniciaron operaciones después de agosto de 2014, al desaparecerlos es posible que México no cumpla con su compromiso de generar al menos 35% de energía limpia para 2024, creando así un conflicto en el Acuerdo de París.

4.- Desaparece la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, quienes se encargan de la cantidad, calidad y el precio de la energía eléctrica.

5.- Incorporar el Cenace a CFE, donde la empresa decide las compras y el precio de la energía a quienes son del sector privado.

6.- Establece la explotación del litio como una actividad exclusiva del Estado mexicano, generando de esta manera una reducción ante las posibilidades del desarrollo tecnológico.

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En dicho análisis se simularon 30 mil escenarios y se modificó los supuestos que determinan los flujos financieros en cada uno, acorde a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para evaluar la viabilidad financiera de los proyectos de inversión.

El IMCO apuntó que el ejercicio no consideró los costos de construcción de infraestructura adicional, como ductos e instalaciones de almacenamiento, o la remodelación del puerto de Dos Bocas para recibir buques de hondo calado.

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“No se habló de aumentos en los costos del Tren Maya; al contrario, teniendo estas concesiones ahorramos mucho porque se tiene el derecho de vía”, declaró este miércoles durante su rueda de prensa matutina.

De acuerdo con el mandatario federal, tras hablar con la titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios, sobre el proyecto para conectar Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca, sería posible compartir vías ferroviarias y no se trató sobre aumentar el costo del Tren Maya, sino la “posibilidad de compartir derecho de paso” pues existe una concesión en algunos tramos.

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De ser verdadera esta información, el costo de la construcción del Tren Maya sería de entre 479 mil millones a un billón 599 mil 767 millones de pesos, según información de IMCO.

«Es necesario que el gobierno haga una evaluación correcta de los costos estimados, aforo, densidad poblacional, conectividad, uso principal de las vías y la competencia del tren con otros medios existentes de transporte«, señaló el Instituto en un comunicado.

https://imco.org.mx/temas/diagnostico-imco-proyecto-del-tren-maya/

El IMCO aclaró que el peor escenario sería que el proyecto del Tren Maya no cumpla con sus objetivos, además de que el gobierno federal podría subsidiar el resto con los recursos de los contribuyentes.

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El Imco dio a conocer los resultados del Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2018, el cual mide el cumplimiento de la calidad de la información sobre el ejercicio del gasto de los 32 poderes ejecutivos estatales de 2015 a 2017.

Ahí, el organismo expuso que los gobiernos estatales presupuestaron un billón 757 mil 848 millones 257 mil 894 pesos, pero se gastaron dos billones 52 mil 846 millones 561 mil 655 pesos.

El director general del Imco, Juan Pardinas Carpizo, apuntó que el gasto burocrático fue la prioridad de los gobiernos durante el año pasado, con un aumento de 11 por ciento, es decir, 63 mil millones de pesos adicionales.

En rueda de prensa, apuntó que los rubros del gasto burocrático a los que se destinaron más recursos fueron ceremonias (91 por ciento); publicidad (83 por ciento); gastos y artículos de oficina (38 por ciento); en traslados y viáticos (12 por ciento) y en burocracia (11 por ciento).

Los tres estados con mayor cumplimiento son Puebla (96 por ciento), Campeche (88 por ciento) y Querétaro (87 por ciento).

Los de menor incumplimiento son Michoacán (32 por ciento) y Ciudad de México (31 por ciento).

Nayarit, con solo el 15 por ciento, no ha cumplido con la publicación de los 51 de 72 documentos correspondientes al primero, segundo y cuarto trimestre de 2017.

Pardinas Carpizo señaló que, al no alcanzar el 100% de desempeño, ninguna entidad esta cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Asimismo, denunció la falta de planeación, el incumplimiento generalizado de los presupuestos de egresos y poca vigilancia de los congresos estatales.

“La falta de acción por parte de los congresos locales es una muestra de que no son un contrapeso real para los gobernadores y sus secretarias de Finanzas”, dijo.

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De acuerdo con un artículo de El Financiero, el IMCO revisó 117 contratos y concluyó que 34 fueron adjudicados a la única opción que cumplía con todos los requisitos legales, administrativos y técnicos establecidos en las convocatorias.

Otorgar contratos con una sola propuesta solvente equivale a adjudicación directa, sostiene el análisis, “por lo que estos procedimientos deberán revisarse por los órganos auditores correspondientes”, debido al riesgo de simulación de competencia.

Cabe recordar que a pesar de las deficiencias en los contratos, el IMCO defendió la construcción de la terminal aérea.

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Dicha declaración busca que funcionarios presenten su declaración patrimonial sobre todos los bienes que poseen y que han adquirido según su negocio, así como lo adquirido con su sueldo como servidores públicos.

También incluye una declaración de intereses –historial y su red de contactos– y una fiscal sobre sus gastos mes por mes, anuales y la responsabilidad de que paguen impuestos como cualquier ciudadano.

A través de su cuenta de Twitter, el IMCO retó a Cuitláhuac García, Miriam Judith González Sheridan, Miguel Ángel Yunes Márquez y a José Yunes Zorrilla a probar que están dispuestos a luchar contra la corrupción, presentando su 3de3.

?En #Veracruz ninguno de los 4 candidatos ha presentado sus #3de3.
Si @CuitlahuacGJ, @MYunesMarquez, @Pepe_Yunes y @JulySheridanMX están comprometidos con la lucha anticorrupción, ¡deben presentar sus declaraciones! #PiensoYVoto #Elecciones2018 https://t.co/cUOKTTAmcn pic.twitter.com/Tqgc2tBS9t

— IMCO (@imcomx) 13 de junio de 2018

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Hasta el momento, 10 candidatos han publicado su 3 de 3, de los cuales tres son aspirantes a la Presidencia de la República y siete a gobernadores.

De los contendientes a Los Pinos, Margarita Zavala, candidata por la vía independiente; Ricardo Anaya, abanderado de la coalición “Por México al Frente” y Andrés Manuel López Obrador

Es de mencionar que este año, México tendrá el proceso electoral más grande de su historia, 3 mil 416 puestos estarán en disputa: 629 corresponden a cargos federales y 2, 787 a cargos locales.

Ante ello, la iniciativa #3de3 –impulsada por el IMCO, Transparencia Mexicana y un diverso grupo de organizaciones aliadas–  hizo un llamado a la ciudadanía a exigir a todo candidato a un cargo de elección popular que de forma voluntaria haga pública la información contenida en tres documentos: declaración patrimonial; declaración de intereses y declaración fiscal.

En la jornada electoral del próximo 1 de julio se elegirá un presidente de la República, nueve gobernadores, 128 senadores, 500 diputados federales, 972 diputados locales y 1,613 alcaldes.

A través del sitio oficial todo ciudadano puede identificar a sus candidatos con su credencial del Instituto Nacional electoral (INE) según su sección electoral. Asimismo, posibilita el contacto con ellos a través de Twitter para exigirles la presentación de sus tres declaraciones o felicitar a quienes ya lo hicieron. Además, ofrece numeralia de funcionarios y candidatos que han presentado sus declaraciones.

Esta iniciativa surgió en el marco de la elección federal de 2015, para invitar a los entonces candidatos a los puestos de elección popular, diputados federales y senadores, que publicasen sus declaraciones de impuestos, patrimonial y de intereses.

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Fijar en cero la tasa de ISR beneficiaría a 15.5 millones de trabajadores asalariados formales que representan el 74 por ciento del total de registrados en el IMSS e ISSSSTE y no tendría un costo fiscal en la recaudación que descalabre las finanzas públicas, pues este grupo de trabajadores aporta apenas 11.5 por ciento de la recaudación total de ISR de asalariados, explicó Juan Pardinas, director general del IMCO.

«La propuesta que presentamos es políticamente viable y beneficia a un gran número de trabajadores. La Secretaría de Hacienda podría reaccionar a esta propuesta diciendo que es inviable pero nuestros cálculos muestran que el costo fiscal que podría generar esta eliminación de ISR sería compensada con los ingresos excedentes que el SAT ha tenido en los últimos dos años», comentó.

Para realizar esta propuesta sólo se requiere modificar las tablas de tarifas mensuales y anuales de los artículos 96 y 152 de la Ley del ISR.

El IMCO tenía contemplado entregar esta propuesta el 20 de septiembre, pero por el sismo pospusieron la entrega al Congreso del Unión.

La reducción estimada por dejar de recaudar ISR en asalariados formales de salario menor a 10,298 pesos mensuales es de 73.9 mil millones de pesos al año, pero tanto en 2015 como en 2016 el impuesto tuvo excedentes de recaudación por más de 177 mil millones de pesos.

Ana Martínez, investigadora del IMCO, explicó que la propuesta consiste en eliminar la tasa del ISR y cuota fija para los primeros cinco rangos de ingreso de la Ley de ISR menor a 10,298.35 pesos mensuales.

«Lo que vemos es que de su salario mensual está pagando 160.8 pesos por la sobretasa de ISR y una cuota fija de 786 pesos. Al final del mes, ese trabajador se está llevando a su casa casi mil pesos menos de lo que ve en su nómina como salario bruto», afirmó.

El director general adjunto del IMCO, Manuel Molano, comentó que el dinero adicional que estarían recibiendo los asalariados formales podría destinarse a incrementar el ahorro para el retiro en las cuentas de Afore de los trabajadores.

Indicó que casi 80 por ciento de las contribuciones obligatorias que los trabajadores hacen son dirigidas al concepto del ISR y únicamente 20 por ciento van a seguridad social, por lo que al reducir el pago de ISR sería posible aprovechar pare de ese ingreso liberado para duplicar las contribuciones a la Afore.

«Hoy la tasa de contribución total a pensiones no alcanza para un retiro digno. La reducción de ISR abre una oportunidad única de prevenir una crisis de pensiones sin detonar una crisis política», comentó.

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