Los problemas comenzaron en mayo de 2024, cuando un grupo de padres de familia bloqueó las vías del Tren Maya en Citilcum. Los manifestantes exigían la reubicación de la escuela debido a que la construcción del tren dejó la escuela en una ubicación inaccesible para las familias, que ahora deben cruzar por un túnel aún no terminado, lo cual consideran inseguro.

“No estamos en contra del Tren Maya, sino de la inseguridad que enfrentan nuestros hijos al cruzar el túnel. Exigimos la reubicación de la escuela o la construcción de una nueva”, declaró un vecino al Diario de Yucatán.

Tras una reunión con militares y representantes de las obras, se llegó a un acuerdo preliminar que incluía la donación de un predio para la construcción de una nueva escuela, transporte escolar, patrullas para vigilar la seguridad en la entrada y salida de los alumnos, y la finalización del paso peatonal. Sin embargo, la situación escaló cuando la empresa detrás del Tren Maya presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por obstrucción de las vías de comunicación federales.

Con el temor a enfrentar cargos penales, los involucrados aceptaron firmar disculpas públicas en la oficina del comisario municipal, Manuel Jesús Chan Rabell. Este acuerdo implicó que no se tomarían acciones legales adicionales contra ellos. La empresa Tren Maya reconoció que las preocupaciones de los residentes sobre la seguridad de la escuela eran válidas, pero insistió en que las protestas afectaron las operaciones del tren.

La situación subraya la tensión entre el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura y las preocupaciones de las comunidades locales, especialmente cuando afectan aspectos críticos como la seguridad y la accesibilidad para los niños.

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De sur a norte, donde habitan 68 pueblos indígenas reconocidos con idioma propio, los pobladores originarios afrontan la proliferación de grupos armados, en particular en Chiapas, estado del sureste con la mayor población indígena del país, donde los desplazamientos internos se triplicaron desde 2021 por la violencia.

Este es el caso de Juan Santis Méndez, un indígena tzotzil que huyó de su comunidad ante el enfrentamiento entre civiles llamados “Los Machetes” y el grupo armado del crimen organizado “Los Herrera”, el 8 de julio de 2021, en el municipio de Pantelhó.

Después de un año y veinte días del hecho está refugiado en San Cristóbal de Las Casas con 200 indígenas más, quienes solicitan la protección del Gobierno local, la reparación del daño, la restitución de tierras y una indemnización.

“Teníamos miedo, llegaron a mi comunidad y echaron bomba y bala, temíamos por la vida de los niños, por eso salimos huyendo para el monte, hoy para regresar nos piden una multa de 50.000 pesos (unos 2.500 dólares) que no tenemos”, dijo a Efe el hombre.

Una historia similar es la de Carmela Gómez Pérez, indígena tzotzil y madre de cuatro hijos de Pantelhó, quien manifestó no estar bien pues se encuentra preocupada luego de perder su proyecto de vida y sus herramientas de trabajo, y sentir además que perdió su identidad porque la ropa que usa no es de su cultura.

 “Entraron a mi casa, la quemaron, hasta la documentación de mis hijos, los ando (tengo) sin papeles y no puedo inscribirlos a la escuela”, contó la mujer al recordar el desplazamiento forzado que sufrió en julio de 2021.

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La ‘Cuarta Transformación’ (eslógan del Gobierno de López Obrador) solo ofrece simulaciones, desprecio, discriminación y una nula volundad para resolver nuestras demandas en el campo y la ciudad», expresó el grupo en un comunicado distribuido en las inmediaciones del edificio, ubicado en el sur de la ciudad.

Sus exigencias desde el primer día de la toma giran entorno al derecho a la vivienda digna, la salud, la educación y el trabajo.

También denunciaron otros problemas de los pueblos originarios del país, como la violencia en sus comunidades, el despojo de sus tierras y la construcción de grandes obras de infraestructura impulsadas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya en el sureste de México.

• En el edificio, que luce tapizado de carteles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la exguerrilla indigenista que se levantó contra el Estado en 1994, los manifestantes sacaron al exterior expedientes y otros documentos que quemaron reclamando diálogo y acciones contundentes con respecto a sus reclamos.

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Decenas de manifestantes se concentraron en la comunidad de Acteal, zona emblemática por la matanza de 45 simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para reinvidicar el papel de las mujeres indígenas en Chiapas y el resto de México.

En la protesta, indígenas y campesinas exigieron respeto a sus derechos individuales, la optimización de los servicios básicos en sus comunas, como la educación y los servicios de salud, y la desmilitarización, lo que consideran una gran deuda del Estado.

«Hoy es un día para gritar, es un día para recordar a todas las mujeres que han caído por defender lo justo, por defender la madre tierra”, expresó Guadalupe Vázquez Luna, sobreviviente de la matanza de Acteal en 1997.

Las manifestantes expresaron consignas como “machismo y alcoholismo también son terrorismo“, «el Gobierno no debe violentar a las comunidades”, «las mujeres no tenemos miedo”, “fuera militares de nuestras comunidades” y “no al proyecto del mal gobierno, sí a la vida”.

Las mujeres también pidieron que las autoridades trabajen para garantizar seguridad para las mujeres, además de su exigencia por terminar con los feminicidios en la entidad.

En la marcha de mujeres participó la organización Las Abejas, que durante su recorrido exigió el retiro de los militares del cuartel de Majomut.

También se manifestaron en contra de megaproyectos del presidente Andrés López .

Los transeúntes observaron reclamos en las pancartas que exigían mensajes como “las mujeres organizadas, exigen derecho a la tierra, no a las empresas trasnacionales, sí a la vida”, “nuestros mártires presentes» y «mujeres unidas jamás serán vencidas”.

En el contingente se observaron mujeres de todas las edades e incluso algunos niños que acompañaron a sus madres durante el recorrido de una hora y media.

La marcha culminó en el centro ceremonial “círculo de la consciencia”, donde realizaron una oración y un mitin.

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Los manifestantes se encuentran entre la calle 20 de noviembre y Venustiano Carranza para establecer una mesa de diálogo con autoridades del gobierno y atiendan sus demandas.

Propietarios de gimnasios se manifiestan, piden no cerrar sus negocios Los artesanos ya han solicitado apoyos económicos para enfrentar la crisis derivada por la pandemia de covid-19, sin embargo advierten con permanecer en el lugar con casas de campaña si no hacen caso a sus peticiones.

Elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardan la zona.

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En una asamblea los grupos acordaron impulsar “acciones por la vida, contra los megaproyectos y en memoria de Samir Flores», un activista asesinado en febrero de 2019 tras oponerse a una planta termoeléctrica de la pública Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Morelos, estado del centro del país.

Las palabras mentirosas de López Obrador y su llamada Cuarta Transformación pretenden crear un muro que oculte la guerra que se arrecia contra los pueblos y la vida de la madre tierra, queriendo aislarnos y presentarnos como los opositores al progreso», indicaron en un pronunciamiento conjunto.

La declaración es un reflejo de la oposición que afronta el presidente en un sector de los pueblos originarios de México, donde 25 millones de personas se identifican como indígenas, casi el 20 % de la población, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).

• En particular, los grupos indígenas criticaron el Tren Maya, el Corredor Transístmico de Salina Cruz a Coatzacoalcos y el Parque Ecológico Lago de Texcoco, donde antes se iba a construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en la capital.

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«Si derramamos más sangre, la tierra también muere», gritaron centenares de indígenas embera durante una manifestación el lunes en El Valle, lugar al que huyeron de los enfrentamientos y amenazas de grupos armados ilegales que se disputan el control de ese territorio clave para el tráfico de drogas.

El Valle, un turístico caserío a 30 minutos por carretera de la cabecera municipal de Bahía Solano, alberga hoy a casi 200 familias desplazadas que piden a las autoridades atención humanitaria.

ACORRALADOS EN SU PROPIA TIERRA

Las comunidades indígenas de esa zona viven acorraladas por narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros que se enfrentan a muerte por el dominio de Bahía Solano, un paraíso costero ubicado sobre la Serranía del Baudó, en la subregión del Pacífico Norte del Chocó.

Bahía Solano, mundialmente reconocido como la sala de parto natural de las ballenas que entre julio y agosto de cada año visitan sus aguas, es también una estratégica zona apetecida por bandas traficantes de drogas por sus salidas al océano Pacífico y su proximidad a la frontera con Panamá.

Las balas intimidan a los habitantes de este destino turístico de 1.667 kilómetros cuadrados, que emprendieron la huida luego de que la Defensoría del Pueblo alertó sobre el avance de un grupo armado, al parecer las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -también conocidas como Clan del Golfo-, en la comunidad indígena de Bacurú Purrú.

El miedo de los pobladores aumentó con el secuestro y posterior asesinato, el pasado 3 de diciembre, de Miguel Tapí Rito, de 59 años, un líder comunitario que en 2019 ejerció como gobernador de los resguardos de El Brazo y Bacurú Purrú.

«Su comunidad lo recuerda como uno de los voceros indígenas más importantes de la zona», explicó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) al denunciar el homicidio de Tapí, que fue degollado.

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, había advertido recientemente sobre el riesgo que corría la comunidad por la presencia de actores ilegales en esa zona y posteriormente confirmó el desplazamiento masivo de 906 personas que hacen parte de 195 familias, entre ellas cerca de 200 niños.

DISPUTA EN EL PARAÍSO

Históricamente grupos como el frente 57 de la antigua guerrilla de las FARC, el frente Héroes del Chocó del Bloque Pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el frente Resistencia Cimarrón de la guerrilla del ELN, han controlado este corredor al que convirtieron en una zona de embarque de narcotráfico y tráfico de armas a través de lanchas rápidas y pistas aéreas clandestinas.

En abril pasado, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que denunció ante el Ministerio del Interior la situación de riesgo que afrontan los habitantes de los corregimientos de El Valle, Huaca, Bahía Cupica y la vereda Playita Potes por la disputa entre las AGC, el grupo armado de crimen organizado Los Chacales y el ELN.

A la disputa que ya libraban las AGC y el ELN se sumaron a finales de 2016 Los Chacales, una banda criminal dedicada principalmente al transporte, comercialización y embarque de cocaína, que luego del desarme de las FARC ha extendido sus tentáculos y se ha fortalecido.

«Esta dinámica aumentó la vulnerabilidad de las autoridades étnicas y pobladores de la región Pacífico Norte del Chocó, ante las limitaciones por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos en los territorios abandonados por las FARC luego de su proceso de dejación de armas», advirtió la Defensoría en su alerta.

ENTRE EL FUEGO CRUZADO

Las disputas han desencadenado enfrentamientos constantes, homicidios selectivos, desplazamientos individuales y colectivos, confinamientos, amenazas de secuestro, reclutamiento de menores y restricciones a la movilidad de la gente.

Además de los desplazamientos, el miedo de las comunidades a quedar bajo el fuego cruzado o ser atacadas les impide continuar sus labores agrícolas y de pesca, lo que perjudica su alimentación y la generación de ingresos.

Los indígenas de esta zona también son agredidos y amenazados por los distintos bandos que los acusan de colaborar o tener vínculos con grupos enemigos.

El pasado 6 de abril hombres de las AGC ingresaron al barrio Chambacú y secuestraron a un joven de 15 años al que luego la comunidad encontró asesinado y con señales de tortura similares a las que tenía el cuerpo de otro menor de 17 años decapitado tres días antes.

«Los desplazamientos intraurbanos que han comenzado a presentarse en Bahía Solano en su mayoría obedecen a las amenazas, señalamientos y acusaciones de colaboración con los actores armados presentes en el territorio, al igual que por el temor generalizado que existe por parte de la población civil de resultar afectados en medio de una confrontación armada», explicó la Defensoría.

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Alrededor de 300 indígenas, triqui, mixtecos, otomís, zapotecos y mazahuas exigen a las capitalinas les permita colocar romerías en la próxima temporada decembrina y así poder reactivar su economía.

#CDMX l Coalición de las organizaciones indígenas autónomas de México exigen a las autoridades capitalinas un lugar para poder comercializar sus artesanías y poder reactivar su economía, en caso de no tener respuesta consideran realizar un plantón en el Zócalo.@chip_zu pic.twitter.com/bxqmlcwh19

— Síntesis Puebla (@sintesisweb) November 26, 2020

A causa de la pandemia por covid-19 a los artesanos indígenas no se les ha permitido trabajar de forma regular, lo que los ha orillado a unirse al ambulantaje y así poder sostener a sus familias, así lo dio a conocer Alberto Tello vocero de la organización.

Vistiendo sus atuendos típicos y orgullosos de sus raíces indígenas y siguiendo todas las medidas de sanidad, los manifestantes llegaron al zócalo capitalino con la intención de ser atendidos por las autoridades, quienes » no más nos dan largas, nos traen a la vuelta y vuelta» indicó el vocero.

Además, aseguran que por sus raíces indígenas han sido víctimas de discriminación pues las autoridades no les dan importancia a sus peticiones.

• Tello indicó que, en caso de no obtener respuesta a sus solicitudes, instalarán un plantón indefinido, hasta lograr soluciones a sus demandas.

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En conferencia de prensa, el vocero del organismo, Ulises Lara López, expuso que tras la detención de Baltazar «N» el día anterior, también se investiga a Édgar «N» por su presunta participación en el asesinato de los jóvenes de 12 y 14 años.

Édgar «N», detalló el portavoz, sería el sujeto al que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital detuvieron mientras transportaba cajas con bolsas negras, que se cayeron cuando notó la presencia de una patrulla policial en un recorrido de vigilancia.

Hasta ahora se tenía previsto «judicializar» su carpeta de investigación por su «probable participación» en narcomenudeo, pero ahora se trabaja en la integración de la indagatoria «para solicitar orden de aprehensión por su probable participación en la muerte de los adolescentes».

Por otro lado, explicó que se realiza una audiencia inicial en el caso de Baltazar «N», detenido tras un cateo en un predio de la calle de República de Cuba, en la colonia (barrio) Centro.

La Fiscalía, ahondó, formula una imputación por su «probable participación en delito de homicidio calificado».

A Baltazar «N», de 25 años, se le relaciona como la persona que posiblemente trasladaba, de manera inicial, los restos de los menores de edad descubiertos el fin de semana pasado.

Sus rasgos son muy similares a la persona que aparece en imágenes con las que cuenta esta Fiscalía», dijo el vocero el jueves.

Lara López informó también de un tercer detenido, conocido como el Chayán, que hasta el momento no tiene ninguna relación confirmada con el caso de los adolescentes de la etnia mazahua, pero que está acusado por crímenes de narcotráfico.

Las calles del centro de Ciudad de México son disputadas por grupos delictivos que se dedican a la venta de drogas al menudeo y que buscan controlar el mercado y su distribución.

De enero a septiembre de este año, al menos 1.777 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de homicidio, es decir, diariamente asesinan y desaparecen a siete menores en el país, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

El vocero condenó de manera «enérgica» los hechos y dijo que la Fiscalía trabaja «fuertemente» en la investigación, al prometer que se va «a perseguir hasta el final a quienes hayan cometido este atroz delito».

Por separado, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también condenó el homicidio de los dos adolescentes indígenas.

Asimismo, anunció que desde hace dos meses su equipo prepara un programa especial para niños y niñas que viven o trabajan en la calle.

CAEN DOS POR ROBO DE MEDICAMENTOS

El vocero de la Fiscalía también notificó del arresto de otras dos personas vinculadas con el robo de medicamentos oncológicos del pasado 4 de octubre.

Se trata de José «N» y Luis «N», aprehendidos en el mercadillo Luis Méndez en la alcaldía Iztapalapa.

Las autoridades también les descubrieron drogas y los presentaron ante el Ministerio Público.

• Aseveró que hay «avances significativos» en la investigación del delito.

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La entidad indicó este día que, como parte de la investigación, se llevó a cabo una orden de cateo (revisión policial) en un predio de la calle de República de Cuba, en la colonia (vecindario) Centro.

Durante las pesquisas «se ubicaron diferentes indicios en las escaleras del inmueble y en el interior del domicilio, se hallaron restos hemáticos y prendas de vestir», indicó en conferencia el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara.

Dijo que dichas pruebas ya son analizadas por expertos de la coordinación de investigación forense y servicios periciales.

Explicó que en la investigación se logró la detención de una persona identificada como Baltazar «N», de 25 años, quien fue puesto a disposición de las autoridades «por su probable participación en el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de posesión con fines de comercio».

A este sujeto se le relaciona como la persona que posiblemente trasladaba, de manera inicial, los restos de los menores de edad, de 12 y 14 años, «ya que sus rasgos son muy similares a la persona que aparece en imágenes con las que cuenta esta Fiscalía», dijo el vocero.

El pasado domingo, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital detuvieron a un hombre de 29 años, quien transportaba cajas con bolsas negras, que se cayeron cuando notó la presencia de una patrulla policial en un recorrido de vigilancia.

IDENTIFICAN AL SOSPECHOSO

El vocero indicó que se tiene identificado que la persona detenida «posiblemente sería quien transportó la carretilla de carga» desde un predio inicial, hoy revisado, hasta un segundo predio «donde fueron ubicadas las cajas (que contenían) los restos de los menores de edad».

De acuerdo con la investigación, «al caerse las cajas, dicha persona regresa al domicilio (revisado este día) y en un segundo momento fue detenida otra persona que posteriormente se aproximó a la carretilla y las cajas».

En el operativo participaron agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación, y del Grupo Especial de Reacción e Intervención, como parte de las líneas de investigación para determinar la posible participación de otras personas.

En un mensaje a medios por separado, la titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy, calificó los hechos como «un crimen atroz y abominable que le arrebató la vida a dos niños. Es una manifestación inadmisible de maldad».

Aseguró que su dependencia ha mantenido acompañamiento permanente a las familias de los niños «dada la condición de vulnerabilidad de las víctimas, por tratarse de menores de edad y formar parte de un pueblo indígena».

REACCIONA RED POR LA INFANCIA

En tanto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) demandó este día una investigación eficiente y medidas de prevención de los dos niños desaparecidos desde el 27 de octubre.

«La brutalidad del acto nos muestra y confirma la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México y las prácticas de terror que usan como forma de control territorial», señaló la red.

Agregó que según las pruebas forenses «los dos niños fueron torturados y mutilados presuntamente como venganza de un grupo delictivo».

Por ello, recordó a las autoridades, especialmente a la Fiscalía, «la importancia de cuidar el sigilo de la investigación para evitar su revictimización».

Según cifras de Redim, de enero a septiembre de este año 1.777 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de homicidio, es decir, diariamente asesinan y desaparecen a siete menores en el país en un clima de total impunidad.

Las calles del centro de la Ciudad de México son disputadas por grupos delictivos que se dedican a la venta de drogas al menudeo y que buscan controlar el mercado y su distribución.

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