La iniciativa modifica el artículo 3 y el 132 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y aún deberá ser discutida en el Senado. En paralelo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con un día de descanso por cada seis trabajados.

El dictamen aprobado por unanimidad de 447 votos establece que la desconexión digital es el derecho de las personas trabajadoras a abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con el centro laboral al término de la jornada, durante vacaciones, permisos o licencias.

Aunque el concepto ya había sido incorporado en 2021 para regular el teletrabajo, ahora se plantea como un derecho constitucional aplicable a todos los trabajadores, sin importar si realizan labores presenciales o remotas.

La propuesta busca garantizar un equilibrio entre la vida personal y laboral, evitando que los empleados estén disponibles de manera permanente. Además, se pretende que las empresas ajusten sus dinámicas de comunicación para respetar los tiempos de descanso.

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la publicación formaliza uno de los compromisos de su administración y marca el inicio de la aplicación progresiva del nuevo esquema laboral. Con ello, se busca mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, reduciendo la fatiga y favoreciendo el equilibrio entre vida personal y laboral.

La modificación al artículo 123 constitucional fija la jornada máxima en 40 horas semanales, en lugar de las 48 actuales. La implementación será gradual, con un calendario progresivo que permitirá reducir las horas de trabajo de manera escalonada hasta alcanzar el nuevo límite.

Las autoridades federales aclararon que la reducción de la jornada no implicará disminución de salarios ni prestaciones. El ingreso mensual de las y los trabajadores se mantendrá intacto, garantizando que el beneficio sea exclusivamente en tiempo y calidad de vida.

El gobierno federal destacó que la medida busca fortalecer las condiciones laborales en México, reducir el desgaste físico y mental de la población trabajadora y fomentar un entorno más saludable en los centros de trabajo.

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La propuesta establece una aplicación gradual que concluirá en 2030. Según el dictamen, las personas trabajadoras deberán disfrutar de al menos un día de descanso por cada seis días laborados, con goce de salario íntegro. El debate se centró en la demanda de que se reconozcan dos días de descanso, aunque el esquema aprobado mantiene la gradualidad para evitar impactos en salarios y productividad.

El nuevo marco laboral contempla que las horas extraordinarias se paguen al 100% adicional, con un límite de 12 horas semanales distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias. Si se rebasa ese límite, el pago será del 200% adicional. Además, se prohíbe que menores de 18 años trabajen tiempo extra.

El régimen transitorio prevé que en 2026 se mantengan las 48 horas laborales; en 2027 se reduzcan a 46; en 2028 a 44; en 2029 a 42; y finalmente en 2030 se alcance la jornada de 40 horas, sin disminución de sueldos ni prestaciones.

Desde el oficialismo, diputados de Morena, PT y PVEM defendieron la gradualidad de la reforma para permitir ajustes sectoriales. En la oposición, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano respaldaron la reducción, pero insistieron en que se explicite el esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso, además de proponer incentivos para mitigar efectos en empleo y productividad.

El secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, adelantó que se trabaja en un sistema electrónico para vigilar el cumplimiento de la nueva norma una vez que entre en vigor. Asimismo, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, señaló que las reservas y propuestas adicionales se discutirán directamente en el Pleno.

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La iniciativa presidencial fue avalada tras 10 semanas de debate y modificaciones, remitiendo el dictamen a la Cámara de Diputados para su discusión final. El proyecto establece que la reducción de la jornada laboral será gradual: en 2027 se trabajarán 46 horas, en 2028 serán 44, en 2029 bajará a 42 y finalmente en 2030 se alcanzará la meta de 40 horas semanales.

La disminución de horas no implicará reducción de sueldos, salarios ni prestaciones. Por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar al menos de un día de descanso con goce de salario íntegro. Además, el trabajo extraordinario voluntario no podrá exceder 12 horas semanales, distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias.

Cuando las circunstancias requieran aumentar la jornada, las horas extra se pagarán con un 100% adicional respecto al salario ordinario. Si se superan las 12 horas semanales permitidas, el pago será del 200% sobre el salario correspondiente. En el caso de personas menores de 18 años, la reforma prohíbe que laboren horas extras.

La reforma también establece que las indemnizaciones por despido sin causa se calcularán únicamente con base en la remuneración mensual habitual, sin incluir aguinaldo o vacaciones. Además, se creó el Fondo de Asistencia Laboral, financiado por aportes empresariales, para cubrir costos de desvinculación.

En cuanto a licencias por enfermedad, se fijaron porcentajes diferenciados de salario según la causa, y se habilitó el pago en cuotas de sentencias judiciales. También se permitirá la digitalización de libros laborales y se redefinieron los beneficios no remunerativos.

El proyecto incorpora incentivos a la formación laboral y la inversión productiva, junto con una reducción de cargas sociales. Asimismo, se habilitan bancos de horas por acuerdo y se reconoce la prevalencia de convenios provinciales sobre los nacionales, lo que otorga mayor flexibilidad a las regiones.

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La propuesta fue presentada por la diputada Felicita Pompa, del partido Morena, quien impulsa reformas al artículo 123 de la Constitución y al artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo, con el fin de equilibrar la vida laboral y personal de los empleados.

La primera iniciativa establece que por cada cinco días de trabajo, los empleados deberán disfrutar de dos días de descanso, como mínimo. La segunda plantea que dicho beneficio se otorgue con goce de salario íntegro, reforzando la protección de los derechos laborales.

Ambas propuestas resaltan los efectos negativos de las largas jornadas en la salud de los trabajadores y sus familias. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una jornada de 55 horas semanales provocó en 2016 alrededor de 745 mil muertes relacionadas con accidentes cerebrovasculares y cardiopatías isquémicas.

Las iniciativas surgen después de que el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, aclarara que la reducción de la jornada laboral a 40 horas no implica automáticamente dos días de descanso obligatorio. En su lugar, se promueve un esquema flexible, donde los trabajadores puedan decidir cómo distribuir sus días de descanso.

Este contraste abre el debate sobre la necesidad de establecer reglas claras que garanticen el bienestar laboral sin afectar la productividad de las empresas.

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