La OACP recibió de parte las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) “un listado, dentro de los tiempos establecidos, en el cual estaban incluidos los nombres de Jorge Enrique Rodríguez Mendieta, Omaira Rojas Cabrera y Ricardo Palmera Pineda, como miembros de las FARC”.

Palmera Pineda fue el primer jefe rebelde que fue capturado en Ecuador en 2004 y extraditado a Estados Unidos, donde recibió una condena de 60 años que cumple en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence, ubicada en el condado de Fremont, en Colorado.

Una vez realizado el proceso de verificación en el Comité Técnico Interinstitucional para la Verificación de Listados, la OACP certificó la condición de miembros de las FARC de los tres prisioneros en Estados Unidos, condenados por tráfico de drogas y por el secuestro de tres contratistas norteamericanos.

Los tres integrantes de las FARC suscribieron el acta de “no volver a delinquir ni levantarse en armas en contra del Estado”, que es uno de los requisitos para poder acceder a los beneficios de la justicia transicional contemplados en el Acuerdo de Paz.

El gobierno de Colombia se encuentra realizando «el trámite de acreditación a través del Ministerio de Relaciones Exteriores”, señaló el comunicado de la OACP, al tiempo que aclaró que “no ha solicitado, como erróneamente se ha informado, la repatriación de dichas personas”.

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Además de la certificación de dejación de armas, fueron presentados ante el CNE los estatutos, la plataforma ideológica y el código de ética de la nueva formación, que conserva las siglas FARC, aunque ahora significan ‘Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común’.

“Tenemos ya en nuestras manos los elementos que nos hacían falta para construir desde el sistema y la institucionalidad un nuevo orden social (…) Atrás quedó la guerra con su carga de dolor y luto. Hemos cerrado esa página triste. Ahora debemos dedicarnos a reconciliar la familia colombiana, curando las heridas con verdad y comprometiéndonos todos los involucrados en el viejo conflicto armado con un rotundo nunca más”, dijo el número dos de la antigua guerrilla Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, que ahora es uno de los responsables del partido.

El acuerdo de paz de La Habana garantiza a las FARC cinco senadores y cinco diputados. La antigua guerrilla ya trabaja en la formación de las listas electorales y no descarta presentar su propio candidato a las elecciones presidenciales.

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Todavía está por anunciarse el nombre que tendrá el partido surgido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como parte de un histórico acuerdo de paz firmado el año pasado.

Los acuerdos garantizan a los excombatientes un total de 10 escaños en el Congreso y el mismo financiamiento que el Estado provee a los otros 13 partidos políticos, además del equivalente a medio millón de dólares en financiamiento para un centro de pensamiento político para las FARC.

La organización ha dicho que se adherirá a sus raíces marxistas y se enfocará en ganar los votos de los campesinos, la clase trabajadora y la clase media urbana con una plataforma de justicia social. Sin embargo, enfrenta la oposición de muchos que relacionan a la guerrilla con secuestros y terrorismo.

Un sondeo dado a conocer en agosto encontró que menos de 10% de los colombianos tendrían confianza total en los rebeldes como partido político, mientras que una amplia mayoría dijo que nunca votaría por un exguerrillero al Congreso.

“No van a recibir una bienvenida muy cálida de parte de la mayoría en Colombia”, dijo Adam Isacson, del centro de estudios Washington Office on Latin America. “Les perjudica su historial en derechos humanos. Su imagen en los medios es terrible. La mayoría de los colombianos no son simplemente comunistas o socialistas”.

Isacson agregó que “no todo está perdido, ya que el mensaje de redistribuir la riqueza y acabar con la injusticia social probablemente dé resultado en muchas zonas pobres de Colombia”.

Pero partidarios como Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, sostienen que la incorporación política de las FARC es el mejor medio para asegurar una paz duradera. Cepeda considera que se pagó un precio muy alto en cuanto a vidas e infraestructura antes de llegar a este momento.

Las FARC se formaron a inicios de la década de 1960 y los siguientes 53 años de lucha entre rebeldes, fuerzas del gobierno y grupos paramilitares, dejaron al menos 250.000 muertos, 60.000 desaparecidos y millones de desplazados, en lo que se convirtió en el conflicto armado que más perduró en la región.

Cuatro años de negociaciones en La Habana entre rebeldes y el gobierno culminaron con un acuerdo de paz donde la guerrilla aceptó, entre otros aspectos, dejar las armas y reparar a las víctimas.

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“Este número (armas) corresponde al grupo de miembros de las FARC que cumplirán tareas previstas en el acuerdo de paz relacionadas con la observación del cese al fuego, sustitución de cultivos ilícitos, desminado humanitario, pedagogía de paz e inventario de bienes, entre otros”, señaló el comunicado de la ONU.

La Misión de Naciones Unidas “entregará en los próximos días al gobierno de Colombia las certificaciones de dejación de armas que permita el trámite de estos integrantes de las FARC a la legalidad”.

El organismo llamó al gobierno de Colombia y a las FARC a “concluir las conversaciones positivas en curso en el marco de la CSIVI (Comisión Nacional de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación de los Acuerdos de Paz) sobre el cumplimiento de las decisiones tomadas en sus sesiones en Cartagena el pasado 26 de marzo”.

El reporte de la entrega de las mil armas por parte de los combatientes de las FARC se dio a conocer en ocasión de la visita de los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, que inició este jueves en Bogotá.

Los 15 diplomáticos que integran la delegación del Consejo de Seguridad visitarán este viernes una de las zonas de concentración de la guerrilla de las FARC para constatar en terreno los avances del monitoreo y entrega de armas de los insurgentes.

Las FARC deben entregar el total de su armamento a la ONU a más tardar el primero de junio, para poder iniciar el proceso de conversión en partido político, tal como se estableció en el acuerdo de paz, firmado en noviembre pasado.

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