En el documento enviado al juez Víctor Zúñiga Urday, el fiscal sostiene que la postulante a la presidencia por el partido Fuerza Popular ha incumplido las reglas jurídicas impuestas mientras se la investiga por un delito de lavado de activos, como la de comunicarse con testigos vinculados al caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas de 2011 y 2016.

«Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales«, sostiene el texto.

En concreto, Domingo Pérez cita la conferencia celebrada la víspera, en la que se presentó el abogado Torres como vocero político de la persona jurídica de Fuerza Popular.

Ambos estuvieron juntos en la misma mesa durante la conferencia de prensa en la que el partido de la candidata pidió a las autoridades electorales anular 802 actas de votación, que representan unos 200 mil votos, bajo acusaciones de irregularidades y «fraude en mesa» en los comicios presidenciales celebrados el pasado domingo.

Fujimori afronta un pedido fiscal de más de 30 años de cárcel por presunto lavado de dinero en la financiación de sus anteriores campañas electorales, un juicio que eludiría de resultar electa.

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La decisión de Fachin se refiere a tres procesos en que Lula fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro, quien no tenía en su momento «competencia jurídica» para analizar esos casos, según explicó el propio Supremo, cuyo pleno deberá confirmar esa decisión.

De acuerdo a la decisión de Fachin, responsable en el Supremo de la operación anticorrupción Lava Jato, por la cual fue procesado el expresidente, esos tres casos deberán pasar ahora a la órbita de la Justicia federal en Brasilia, la cual decidirá sobre el curso de cada uno de los casos.

La decisión afecta a procesos referidos a un apartamento triplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo; a una casa de campo en la localidad paulistana de Atibaia, y a una investigación sobre el Instituto Lula, fundado por el exmandatario.

En el primer caso, Lula fue condenado a 12 años de prisión, que fueron 17 años en el caso referido a la casa de campo, en tanto que en el asunto referido al instituto aún no hay sentencia firme.

Por esas condenas, Lula llegó a pasar 580 días en prisión y fue liberado una vez que el Supremo alteró su propia jurisprudencia y decidió que una persona sólo puede ingresar a la cárcel cuando ya no tenga apelaciones disponibles, que no era el caso del exmandatario.

Fachin justificó su decisión en que esos casos, en los que Lula fue acusado de recibir sobornos en dinero y propiedades de algunas de las constructoras implicadas en el escándalo de la Lava Jato, no tenían relación con los desvíos de dinero en la estatal Petrobras, que fueron los que justificaron los procesos.

Según el magistrado, la Justicia de Curitiba no tenía competencia legal sobre los escándalos en Petrobras, que debían ser juzgados en otras instancias.

La decisión de Fachin deberá ser analizada en el pleno de la Corte Suprema, que tiene un total de once miembros, y que aún no ha sido convocado para analizar el caso.

Si el pleno respalda el fallo de Fachin, que se apoya en lo que califica como «error procesal» por «falta de competencia», Lula recuperará sus derechos políticos y hasta podría volver a ser candidato presidencial en 2022.

De acuerdo a las leyes electorales, Lula perdió esos derechos en 2018, cuando fue confirmada en segunda instancia una de las condenas que fueron anuladas este lunes por el juez Fachin.

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El jefe de Estado recurrió hoy a las redes sociales para criticar la supuesta ingratitud de Moro, quien hasta ayer era el “súperministro” de Justicia y Seguridad Pública de Brasil y el miembro más popular del gobierno.

Bolsonaro publicó hoy una foto junto con su exministro y un texto que asegura que mientras Moro era criticado por su supuesta imparcialidad en el caso que llevó a la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y algunos partidos políticos intentaban acabar con su reputación, el mandatario se mantuvo a su lado.

Moro, quien se convirtió en el rostro más visible de la lucha anticorrupción en Brasil, contestó las palabras de Bolsonaro y afirmó que él también apoyó al presidente cuando fue “injustamente atacado”.

“Sobre la reclamación en la red social del señor presidente sobre la supuesta ingratitud: también apoyé al PR (presidente) cuando él fue injustamente atacado. Pero preservar la PF (Policía Federal) de interferencia política es una cuestión institucional, de Estado de derecho, y no de relación personas”, replicó Moro en Twitter.

Moro presentó su renuncia el viernes después de que Bolsonaro destituyera al jefe de la Policía Federal, Maurício Valeixo, un movimiento que fue interpretado como una “interferencia política” del gobernante en investigaciones del Poder Judicial, que el antiguo magistrado calificó de “inaceptable”.

Según el ahora exministro, Bolsonaro incumplió el “compromiso” asumido con él, de que tendría “carta blanca” en el nombramiento de sus asesores directos y en la lucha anticorrupción, en la cual es clave la Policía Federal, que depende del Ministerio de Justicia.

Horas después de la renuncia, el presidente compareció públicamente respaldado por la mayoría de sus ministros, descalificó a Moro y le acusó de estar dispuesto a aceptar el cese de Valeixo, siempre y cuando le fuera garantizada una plaza en el Tribunal Supremo de Brasil a finales de este año, lo que fue desmentido por el exmagistrado.

Sobre la acusación de una injerencia política, Bolsonaro afirmó: “Se habla de una interferencia mía en la Policía Federal, pero si puedo cambiar un ministro, por qué no puedo cambiar al director de la Policía Federal sin pedirle autorización a nadie”.

Investigación en marcha contra Flavio Bolsonaro

De acuerdo con Moro, las “presiones políticas” para destituir al jefe de la Policía Federal pasan por investigaciones que están en curso, sobre las que no dio detalles, pero que según diversas fuentes pueden salpicar a dos de los hijos del mandatario, el senador Flavio y el concejal de Río de Janeiro Carlos.

Según reveló este sábado el portal de investigación The Intercept, el Ministerio Público de Río de Janeiro investiga la supuesta implicación de Flavio Bolsonaro en una trama de edificios ilegales construidos por grupos paramilitares mediante dinero público.

The Intercept afirmó haber tenido acceso a documentos según los cuales el senador habría recibido las ganancias de las inversiones realizadas en los edificios a través del excapitán Adriano da Nóbrega, líder de la organización delictiva dedicada a las transacciones ilegales con bienes inmuebles y que fue abatido este año por la policía en una cuestionada operación.

De acuerdo con el portal, dicha investigación sería uno de los motivos para el cambio de comando de la Policía Federal en Río de Janeiro, que también investiga el caso, y en Brasilia.

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La jueza Laurita Vaz consideró que el decreto original de prisión no establecía ningún acto delictivo reciente que justificara la detención preventiva de Temer y afirmó que la lucha contra la corrupción en Brasil no puede convertirse en «una cacería de brujas«, de acuerdo con un reporte de la Agencia Brasil.

Temer, de 78 años y quien se entregó a la justicia el pasado 9 de mayo, había sido trasladado la víspera de la Superintendencia de la Policía Federal -donde permanecía en prisión preventiva- a la sala de estado mayor del Comando de Policía de Choque, en Sao Paulo.

El exmandatario brasileño está acusado de beneficiarse de sobornos pagados por diferentes empresas y de ser el líder de una organización criminal que desvió cerca de 500 millones de dólares de recursos públicos durante 40 años.

Además de Michel Temer, también sería liberado el coronel João Baptista Lima, amigo del expresidente y quien ha sido acusado de participar como intermediario en las negociaciones de los sobornos.

Sin embargo, ambos deberán cumplir con una serie de medidas de precaución, por lo que no podrán comunicarse entre sí, cambiar de dirección o salir del país, por lo que tendrán que entregar sus pasaportes y sus bienes les serán bloqueados.

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El abogado Erasmo Reyna confirmó el hecho este miércoles al canal de televisión local N.

Órdenes judiciales obtenidas por la agencia AP muestran que se emitió una orden de arresto contra García.

Odebrecht está en el centro del mayor escándalo de corrupción de América Latina, después de admitir en 2016 como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que sobornó a funcionarios corruptos de toda a región con cerca de 800 millones de dólares a cambio de recibir contratos importantes de infraestructura.

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La detención fue ordenada por el juez federal Marcelo Bretas, que también solicitó el arresto del ex ministro Wellington Moreira Franco, un importante colaborador del ex presidente y su correligionario en el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB).

Temer está vinculado al Lava Jato, como es conocida la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil y que destapó un gigantesco escándalo de desvíos de la petrolera estatal Petrobras.

Se trata del segundo exmandatario en ser apresado por causas de corrupción, después de Lula da Silva.

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