El debate fue encabezado por la ministra Loretta Ortiz, quien presentó un proyecto que consideraba improcedente anular un juicio concluido, incluso si existiera sospecha de fraude. Sin embargo, la propia ministra votó en contra al señalar que ya existen mecanismos procesales para tramitar acciones de nulidad.

La ministra Lenia Batres advirtió que aplicar de manera rígida la cosa juzgada podría convalidar actos fraudulentos y vulnerar la seguridad jurídica. Propuso que debería existir una instancia que permita revisar controversias en casos de fraude procesal.

El ministro presidente Hugo Aguilar coincidió en que, si una sentencia se alcanza mediante acciones indebidas, debe reabrirse para evaluar posibles acuerdos irregulares entre las partes o con la autoridad.

En la misma línea, el ministro Irving Espinosa respaldó la creación de un mecanismo que corrija injusticias graves, aun cuando ello pueda parecer contrario al principio de cosa juzgada.

Por su parte, el ministro Giovanni Azael Figueroa señaló que existen intereses constitucionales que deben ser revisados en casos donde no fueron analizados en su momento.

La ministra María Estela Ríos recordó que ya existen recursos legales para atender juicios fraudulentos, por lo que no debería plantearse la nulidad de sentencia. Defendió que la cosa juzgada garantiza seguridad y evita que los procesos sean interminables.

Finalmente, la ministra Yasmín Esquivel se pronunció de manera firme en contra de la nulidad de juicio, al destacar que la cosa juzgada es una institución fundamental en el Estado de Derecho, pues brinda certeza jurídica.

El debate en la SCJN refleja la tensión entre dos principios: la seguridad jurídica que otorga la cosa juzgada y la necesidad de corregir posibles fraudes procesales.

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La baja participación fue otro factor destacado, con un 87% de abstencionismo en la lista nominal. Además, la complejidad del nuevo formato de boleta, que requería escribir números en recuadros específicos en lugar de marcar logos de partidos, generó confusión entre los votantes.

Votos nulos y recuadros en blanco

El Instituto Nacional Electoral (INE) estableció 24 criterios para determinar la validez de los votos en esta elección inédita. Se consideraron nulos aquellos votos con números ilegibles, fuera de lugar o acompañados de leyendas. Por otro lado, los recuadros en blanco indicaron que los votantes decidieron no apoyar a ningún candidato.

En redes sociales circularon imágenes de boletas con mensajes como “No los conozco” o “Esto es una farsa”. Estos mensajes evidencian la falta de información sobre los candidatos y el descontento con el proceso.

Nuevos ministros en la SCJN

A pesar de la alta anulación del voto, algunos candidatos destacaron por su número de apoyos. Hugo Aguilar Ortiz, abogado indígena mixteco, lidera la lista con más de 4.9 millones de votos, lo que lo posiciona como el próximo presidente de la SCJN. Le siguen Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes también obtuvieron un alto número de votos.

Estos resultados muestran la influencia de los “acordeones” que circularon en redes sociales. En ellos se recomendaba votar por ciertos candidatos, muchos vinculados al partido Morena.

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Entre los perfiles mejor posicionados están las ministras en funciones Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, junto con María Estela Ríos y Sara Irene Herrerías. A ellos se suman Hugo Aguilar, abogado indígena; Giovanni Figueroa, con enfoque en justicia digital; Irving Espinosa y Arístides Guerrero. El inicio de funciones del nuevo pleno está previsto para el 1 de septiembre.

Composición de la nueva Corte

La nueva conformación de la SCJN destaca por la continuidad de tres ministras en funciones y el ingreso de nuevos perfiles con propuestas centradas en derechos humanos, justicia digital, transparencia y atención a comunidades vulnerables.

Además, la presidencia rotativa del tribunal para el primer año se disputaría entre Lenia Batres y Hugo Aguilar, según las cifras preliminares.

Perfiles de los próximos ministros y ministras de la SCJN

Lenia Batres Guadarrama

• Formación: Licenciada, maestra y doctorante en Derecho; maestra en Gestión Pública.

• Propuestas: Justicia social, acceso a la justicia, austeridad y enfoque en el fondo de las sentencias.

Yasmín Esquivel Mossa

• Formación: Licenciatura y doctorado en Derecho.

• Propuestas: Formación continua de operadores judiciales, modernización de infraestructuras, confianza ciudadana.

Loretta Ortiz Ahlf

• Formación: Abogada (Escuela Libre de Derecho), doctora en Derechos Humanos.

• Propuestas: Sentencias con perspectiva social, inclusión, igualdad de trato y audiencias en territorios lejanos.

María Estela Ríos González

• Formación: Licenciada en Derecho, maestra en Derecho Laboral, estudios en Ciencias Políticas.

• Propuestas: Sentencias claras, procesos ágiles y mejora de condiciones para las mujeres.

Sara Irene Herrerías Guerra

• Formación: Doctora en Ciencias Penales, maestra en Criminología, especialista en Derecho.

• Propuestas: Protección de derechos ciudadanos, lenguaje accesible, fortalecimiento del amparo.

Hugo Aguilar Ortiz

• Formación: Abogado especializado en derechos indígenas.

• Propuestas: Justicia en territorio, enfoque pluricultural, fortalecimiento institucional sin formalismos.

Giovanni Azael Figueroa Mejía

• Formación: Doctor en Derecho Constitucional.

• Propuestas: Justicia incluyente, diálogo entre poderes, Suprema Corte abierta a la ciudadanía.

Irving Espinosa Betanzo

• Formación: Doctorando en Administración Pública.

• Propuestas: Transparencia, capacitación en derechos humanos, contacto directo con la sociedad.

Arístides Rodrigo Guerrero García

• Formación: Doctor y maestro en Derecho Constitucional.

• Propuestas: Justicia cercana, digitalización del sistema y atención a grupos vulnerables.

Cuestionamientos y retos del proceso electoral judicial

A pesar del carácter histórico del ejercicio, diversos especialistas han expresado preocupaciones sobre la falta de información clara, una campaña de difusión deficiente y una participación ciudadana muy baja.

Se señala que muchos de los perfiles están vinculados al oficialismo, lo que podría comprometer la autonomía del nuevo pleno de la SCJN. La gran cantidad de votos nulos también refleja desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

Impugnaciones y posibles litigios tras la elección

Algunos candidatos inconformes han denunciado irregularidades como acarreo y ventajas estructurales de aspirantes afines al gobierno. Se prevé que varios recurran a tribunales para impugnar el proceso. El INE finalizará los cómputos el próximo 15 de junio.

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