El juez determinó que el juicio de amparo es improcedente frente a reformas constitucionales, conforme al artículo 61 de la Ley de Amparo. La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Morena, entró en vigor el pasado 11 de abril y establece límites a las jubilaciones y pensiones de dependencias públicas.

En el caso de Jorge Martín Tinoco Martínez, uno de los promoventes, el juzgador señaló que la Constitución no puede ser evaluada por jueces de Distrito a través de esta vía legal. Aunque reconoció que el decreto reclamado podría implicar afectaciones a derechos fundamentales, la normativa vigente impide revisar la constitucionalidad de disposiciones de la propia Carta Magna.

A pesar del fallo, los jubilados aún tienen la posibilidad de impugnar la resolución ante un Tribunal Colegiado en materia administrativa. Dicho órgano será el encargado de decidir si confirma o revoca la improcedencia dictada por el juez Rivera González.

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El recurso fue promovido por su abogado mediante un amparo indirecto, argumentando que la quejosa enfrenta riesgo de privación de la vida, incomunicación o expulsión del país. Aunque las autoridades federales han señalado que no existe mandamiento judicial en su contra, la medida busca garantizar su protección inmediata.

En el escrito presentado, el abogado de Zambada Niebla invocó el artículo 15 de la Ley de Amparo, que permite solicitar la protección de la justicia federal en casos de actos graves como desaparición forzada o privación ilegal de la libertad. El documento pide que, una vez confirmada su ubicación física, se recabe la firma y ratificación de la demanda por parte de la propia quejosa.

La suspensión de plano implica que cualquier autoridad debe abstenerse de realizar actos que afecten la libertad o integridad de Zambada Niebla sin un procedimiento legal. El juez de distrito deberá continuar con el análisis del caso para determinar si se concede la protección definitiva.

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La reforma incorpora el concepto de interés legítimo, que podrá ser individual o colectivo, sin necesidad de que la lesión sea “actual” ni que el beneficio derivado del amparo sea “directo”. En materia fiscal, se establece que el amparo contra el cobro de contribuciones solo podrá promoverse hasta la publicación de la convocatoria de remate.

Durante la sesión, se presentaron cuatro mociones suspensivas —una del PAN, una del PRI y dos de Movimiento Ciudadano—, pero fueron desechadas por mayoría a mano alzada. El diputado Germán Martínez Cázares (PAN) criticó la reforma y acusó a legisladores oficialistas de incoherencia en el uso del amparo en casos pasados.

Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del PRI, afirmó que la reforma es “inconstitucional” y que representa un retroceso para la democracia y el Estado de derecho. Señaló que limita libertades y debilita los contrapesos institucionales.

En contraste, Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, defendió que las modificaciones buscan fortalecer el acceso a la justicia, mediante la digitalización de procedimientos, la reducción de cargas procesales y la armonización entre expedientes físicos y electrónicos. Aseguró que con la reforma se evitarán los llamados “amparos exprés” que, dijo, han beneficiado a evasores fiscales y a quienes protegen recursos de origen ilícito.

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La discusión y votación en el Pleno de San Lázaro está programada para este martes 14 de octubre de 2025. La iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y ya había sido avalada en primera instancia por el Senado de la República.

Uno de los puntos más debatidos fue el artículo transitorio que planteaba la retroactividad de la Ley de Amparo. Finalmente, se acordó que los asuntos en trámite al momento de la entrada en vigor del decreto continuarán resolviéndose conforme a las disposiciones vigentes al inicio de cada caso, y no bajo las nuevas reglas.

Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Justicia, recordó que la iniciativa fue remitida al Senado el 15 de septiembre de 2025. Su propósito es modernizar el juicio de amparo, garantizar que siga siendo un medio eficaz de protección de los derechos humanos y evitar abusos procesales que frenen políticas públicas o leyes aprobadas por el Congreso.

Entre los puntos centrales de la reforma destacan:

• Limitar los efectos generales de las suspensiones.
• Fortalecer el acceso a la justicia mediante herramientas digitales.
• Agilizar la resolución de los juicios.
• Revisar los criterios de interés jurídico y legítimo.

La aprobación en comisiones marca un paso clave en el proceso legislativo de la reforma a la Ley de Amparo. Ahora será el Pleno de la Cámara de Diputados quien defina su futuro. La discusión promete abrir un debate amplio sobre el equilibrio entre la protección de derechos y la eficacia de las políticas públicas.

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Zaldívar propuso tres modificaciones al artículo transitorio aprobado por el Senado, con el objetivo de aclarar que la reforma solo aplicará a procesos futuros. Señaló que las etapas procesales concluidas deben respetar las normas vigentes al momento de su actuación.

Fundamento constitucional

El exministro explicó que el artículo 14 de la Constitución prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes. Además, recordó que la jurisprudencia de la Suprema Corte establece que las reformas procesales solo deben aplicarse a actos posteriores a su entrada en vigor.

Subrayó que el gobierno no impulsa leyes contrarias a la Constitución y que el objetivo de la reforma es agilizar el juicio de amparo sin afectar derechos adquiridos.

Reacciones legislativas

La propuesta del gobierno coincide con la postura de legisladores de Morena y el PT. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que aplicar la reforma a juicios anteriores “altera el contenido de la Constitución”. Aunque no confirmó cambios, dejó abierta la posibilidad de que la Comisión de Justicia revise el texto.

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, también rechazó la retroactividad y pidió corregir el transitorio aprobado por el Senado. Ambos legisladores destacaron la importancia de garantizar certeza jurídica y respetar los principios constitucionales.

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Posible violación al artículo 14

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, expresó que aplicar la reforma a juicios anteriores “altera el contenido de la Constitución”. Desde su perspectiva como constitucionalista, el transitorio debería respetar la norma vigente al inicio de cada proceso.

Aunque no confirmó que se modificará la minuta, Monreal dejó abierta la posibilidad de que la Comisión de Justicia revise y corrija el texto aprobado por el Senado.

Llamado a la congruencia constitucional

Monreal aseguró que buscará convencer a su bancada para eliminar la retroactividad del segundo párrafo de la reforma. Recalcó que no cree que los senadores hayan actuado con dolo, pero subrayó que la Cámara de Diputados tiene la obligación de corregir cualquier error legislativo.

“No quiero adelantar nada”, dijo, al ser cuestionado sobre si se enmendará el texto en San Lázaro. Sin embargo, reiteró que, desde su punto de vista, el transitorio genera confusión jurídica.

PT también rechaza la retroactividad

Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo, coincidió en que aplicar la reforma de forma retroactiva es inconstitucional. Señaló que “la ley no puede ser retroactiva” y que el transitorio aprobado debe ser revisado y, en su caso, corregido.

Ambos legisladores enfatizaron que la discusión se centrará en el respeto a los principios constitucionales y en garantizar certeza jurídica.

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La iniciativa forma parte de la agenda prioritaria del gobierno y podría avanzar sin mayores resistencias en ambas cámaras. Sin embargo, abogados y organizaciones civiles alertan sobre posibles retrocesos en la protección de derechos humanos.

Cambios propuestos y puntos críticos

Entre las modificaciones más relevantes está la redefinición del “interés legítimo”, que ahora se plantea como individual o colectivo. También se ajustan plazos, actos de ejecución y créditos fiscales, además de eliminar la propuesta de cargar multas al erario.

Especialistas advierten que limitar el interés legítimo afectaría la capacidad de organizaciones para presentar amparos en defensa de causas colectivas. Casos como los recursos interpuestos por ambientalistas ante el Tren Maya podrían quedar fuera del alcance legal.

Debate legislativo

Durante dos días de audiencias públicas, expertos en derecho constitucional expresaron su preocupación. Javier Martín Reyes, de la UNAM, señaló que “sin las suspensiones, el amparo se convierte en ficción”.

El senador Adán Augusto López anunció la votación, aunque su postura contradijo a otros legisladores que promovían foros abiertos. La presidenta defendió la reforma como una herramienta para evitar abusos, especialmente por parte de deudores fiscales.

El debate continúa entre quienes buscan eficiencia judicial y quienes defienden garantías constitucionales.

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La funcionaria subrayó que el gobierno federal mantiene una política de cero corrupción y cero impunidad frente al llamado huachicol fiscal, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la UIF y la Procuraduría Fiscal.

Coordinación contra el fraude

Rodríguez destacó que las detenciones realizadas hasta ahora son resultado de investigaciones internas del gobierno. Las autoridades trabajan en la identificación de empresas y particulares que participan en esquemas de evasión relacionados con el combustible.

Reiteró que el gobierno no pacta con delincuentes ni tiene compromisos mafiosos. Aseguró que cualquier funcionario que cruce la línea de la legalidad será denunciado y sancionado conforme a la ley.

En su exposición inicial, enfatizó que el país atraviesa una transformación histórica, con un gobierno que apuesta por el diálogo, la civilidad y la concertación.

Críticas de la oposición

Durante la sesión, senadores del PRI cuestionaron los resultados de la Secretaría de Gobernación, señalando altos niveles de impunidad y corrupción. Acusaron que las mayorías legislativas han debilitado la Constitución y los contrapesos institucionales.

El senador Pablo Angulo Briceño afirmó que quienes antes defendían la honestidad ahora se esconden tras el poder, mientras el crimen afecta a sectores vulnerables como las madres buscadoras.

Las críticas de la oposición abren el debate sobre la necesidad de reformas legales que garanticen derechos y pluralidad democrática.

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