El anuncio se realizó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Estado de México. Peña Merino explicó que la principal problemática era la facilidad con la que se podían adquirir chips de telefonía celular sin identificación, lo que permitía su uso para la comisión de ilícitos sin que las autoridades pudieran rastrear a los responsables.

México era uno de los pocos países donde se podían comprar chips sin registrarse. Con la nueva disposición, cada línea quedará vinculada a un titular, lo que permitirá fortalecer investigaciones y prevenir conductas delictivas.

El funcionario aclaró que el proceso de registro está a cargo exclusivamente de las compañías telefónicas y que no existe un padrón gubernamental centralizado. La información personal —nombre, CURP y número telefónico— es resguardada por las empresas conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Peña Merino subrayó que no se almacenan datos biométricos. Las validaciones, presenciales o remotas, solo sirven para confirmar la identidad del usuario, sin conservar fotografías ni imágenes.

La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada en 2025, establece que los chips adquiridos antes del 9 de enero deberán registrarse antes del 30 de junio de 2026. Los chips nuevos no podrán utilizar servicios de datos hasta que el usuario complete el registro.

El trámite puede realizarse en centros de atención de las compañías telefónicas, presentando una identificación oficial, o de manera remota mediante plataformas digitales, que incluyen la validación con fotografías del documento y pruebas de identidad.

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La legislación incorpora 70 modificaciones, entre ellas, la eliminación del artículo 109 (bloqueo temporal de plataformas digitales) y una reserva para que la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) suspenda transmisiones mediáticas que vulneren derechos de audiencia.

Cambios clave en la ley

Nuevas facultades oficiales
Se faculta a la Secretaría de Gobernación para suspender publicidad de gobiernos extranjeros, salvo fines culturales, turísticos o deportivos.

Geolocalización y control
Se mantiene la geolocalización en tiempo real (artículo 190), contando con orden judicial (artículo 183). Críticos advierten que esto habilita un esquema de vigilancia masiva.

Posturas encontradas en el debate

Críticas de la oposición
Senadores del PAN y PRI describen la ley como una herramienta de “censura” y control ciudadano. Se señaló que permite “poner una pistola en la cabeza” a medios y que representa autoritarismo.

Defensa del oficialismo
Legisladores de Morena y aliados aseguran que la ley no es instrumento de espionaje, sino de regulación para que el Internet y medios sirvan al pueblo.

Alertas de expertos

Luis Fernando García, exdirector de R3D, advirtió que la ley consolida un sistema de “vigilancia masiva”, con acceso en tiempo real a bases de datos de personas y sin control judicial. Señala que el marco legal da facultades a cuerpos como Guardia Nacional, Ejército y CNI.

Próximos pasos legislativos

El dictamen será discutido en la Cámara de Diputados. El Senado también aprobó enviar a debate en otras leyes, como la de Seguridad Pública e Inteligencia, con lectura prevista para el 2 de julio.

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¿Qué propone la nueva ley?

La iniciativa establece un marco normativo para regular el ecosistema de telecomunicaciones. Incluye servicios como internet, telefonía móvil, televisión abierta y por cable, telefonía fija y radio. Se enfoca en el acceso y uso de señales de comunicación, determinando quién puede brindar servicios y cómo se gestionan las infraestructuras como torres, antenas y satélites.

Conectividad y derechos de los usuarios

Peña Merino destacó que 10.2 millones de personas viven en zonas sin cobertura móvil 4G. Además, 4.4 millones habitan en áreas con señal, pero no tienen recursos para contratar el servicio. Esto afecta al menos a 15 millones de mexicanos, limitando su acceso a derechos fundamentales como la educación y la libertad de expresión.

La reforma busca conectar a todos los mexicanos. Para lograrlo, asigna espectro para uso público. También permite que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrezca servicios comerciales en igualdad de condiciones con los operadores privados. Además, promueve la interconexión de operadores comunitarios y públicos a las redes de los grandes concesionarios con tarifas accesibles.

Derechos de los usuarios y protección de audiencias

La ley garantiza el acceso a equipos desbloqueados. También permite recargar saldo en cualquier establecimiento. Además, establece medidas para proteger las posiciones orbitales de México. También obliga a las empresas a implementar planes de contingencia y retiro ordenado de cableado, así como el bloqueo de señales en centros penitenciarios. Se restituye la creación de códigos de ética y defensorías de audiencias, fortaleciendo la protección a los consumidores.

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Reforma sin censura, asegura Sheinbaum

Sheinbaum Pardo subrayó que la iniciativa no busca censurar, sino fortalecer la libertad de expresión, garantizar el derecho de las audiencias y mejorar la competencia en telecomunicaciones. Según la mandataria, el artículo 142 generó confusión al otorgar facultades regulatorias sobre plataformas digitales a la Agencia de Transformación Digital.

Al eliminar dicho artículo, la presidenta busca frenar los cuestionamientos que la oposición ha vinculado con un intento de control de contenidos en internet. “Para que no haya ninguna discusión de que eso significa censura, se elimina ese artículo”, declaró.

Se convocará a exposición técnica de la iniciativa

Sheinbaum informó que la próxima semana pedirá a José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, que presente públicamente el contenido detallado de la propuesta. Esto con el objetivo de informar con claridad a la ciudadanía y despejar dudas.

La mandataria insistió en que el proyecto regula temas como internet, telefonía móvil y fija, así como el uso de bandas satelitales, y reiteró que está diseñado para modernizar y ordenar el sector telecomunicaciones, no para limitar la libertad.

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El material aparece semanas después de que otro anuncio, también de Noem, fuera transmitido en televisión abierta en México, incluso durante partidos de futbol. Esa campaña generó controversia, al punto de motivar la propuesta de una nueva Ley de Telecomunicaciones que prohíba este tipo de publicidad extranjera.

Un mensaje con repercusiones internacionales

La versión previa del spot advertía a los migrantes sobre las consecuencias de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. En él, Kristi Noem agradecía al expresidente Donald Trump por “poner a Estados Unidos en primer lugar” y aseguraba que serían perseguidos quienes violaran la ley migratoria.

La difusión del anuncio en medios mexicanos generó críticas tanto de la opinión pública como del gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta oficial a las televisoras solicitando el retiro inmediato del contenido.

Polémica y reacción legislativa en México

La controversia derivó en el análisis de una propuesta de ley para sancionar a las concesionarias de radiodifusión; que transmitan anuncios de gobiernos extranjeros sin autorización. Esta medida incluiría sanciones e incluso el retiro de concesiones.

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El proyecto propone que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones pueda emitir los lineamientos para aplicar los bloqueos. Esta agencia depende directamente de la Presidencia. Según el artículo 109, las autoridades podrán suspender cualquier plataforma. Esto ocurriría si no cumple con ciertas normativas, aunque estas no están claramente definidas.

¿Qué se entiende por plataformas digitales?

De acuerdo con la iniciativa, se considera plataforma digital a cualquier servicio que ofrezca, comercialice o intermedie bienes, servicios o contenidos. Esto incluye redes sociales, aplicaciones móviles, sitios web de comercio electrónico, servicios bancarios e incluso medios informativos.

Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), alertó que esta medida podría ser usada discrecionalmente para restringir el acceso a plataformas como Facebook, YouTube o TikTok, violando derechos fundamentales.

¿Qué riesgos implica la propuesta?

Especialistas consideran que la redacción es ambigua y permite decisiones unilaterales del gobierno. Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), señaló que el bloqueo de plataformas podría afectar otros derechos, como la movilidad, la salud, la educación y la libertad de reunión.

Además, los expertos advirtieron sobre el riesgo de concentrar tanto poder en una sola agencia. Señalan que permitirle definir los lineamientos del bloqueo, sin aprobación legislativa, va en contra de los principios de un sistema democrático.

Otros puntos críticos de la iniciativa

La reforma también propone que las autoridades puedan acceder a un registro de usuarios de servicios móviles. Esta medida ya fue considerada inconstitucional por la Suprema Corte en el pasado. Además, plantea el uso de inhibidores de señal por parte de las fuerzas de seguridad. También se establece que todo contenido promovido por gobiernos, empresas o personas extranjeras deberá contar con autorización de la Secretaría de Gobernación.

Aunque el gobierno niega tener intenciones de censura y afirma que la medida busca regular obligaciones fiscales, los especialistas opinan lo contrario. Advierten que la redacción imprecisa podría permitir restricciones arbitrarias al contenido en línea.

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Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, confirmó que el proyecto llegará hoy a la Cámara Alta. Después será revisado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que planea turnarlo a comisiones con carácter urgente para su votación inmediata en el pleno.

¿Qué propone la reforma a la Ley de Telecomunicaciones?

Sheinbaum explicó que la iniciativa responde a casos recientes como un video difundido por la funcionaria estadounidense Kristi Noem, que contiene mensajes discriminatorios sobre migración.

La presidenta recordó que el artículo en cuestión fue eliminado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Este señalaba que los concesionarios de radio y televisión no podían transmitir propaganda política o comercial de entidades extranjeras; ni permitir el uso de sus plataformas para influir en asuntos internos del país.

Procedimiento legislativo

Fernández Noroña indicó que se espera la aprobación en comisiones por unanimidad. Posteriormente, la iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados. Destacó que todos los grupos parlamentarios estarían de acuerdo con retomar un artículo que ya formaba parte de la legislación.

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En los videos aparece la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, quien lanza un mensaje directo a quienes piensan migrar de manera irregular: “Si estás considerando entrar a Estados Unidos ilegalmente, ni siquiera lo pienses”, afirma en el anuncio que ha generado reacciones en redes sociales y medios locales.

Contenido del mensaje y postura del gobierno estadounidense

El comercial insiste en que quienes violen las leyes migratorias estadounidenses serán perseguidos y expulsados. “Los delincuentes no son bienvenidos en Estados Unidos”, dice Noem. También señala que gobiernos anteriores con “liderazgos débiles” permitieron el ingreso de drogas, tráfico de personas y criminales violentos, lo que, según la funcionaria, ha cambiado con la administración Trump.

Además, advierte que los migrantes que no respeten la ley enfrentarán consecuencias,; mientras que aquellos que sigan el proceso legal “encontrarán oportunidades”.

Costo millonario y críticas a la campaña

El diario El Universal reportó que esta campaña tiene un costo aproximado de 200 millones de dólares, financiados por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La publicación también destacó que la adjudicación de la campaña publicitaria omitió el proceso de licitación competitiva,; beneficiando a dos empresas vinculadas al Partido Republicano.

Asimismo, se menciona que el contenido del anuncio podría entrar en conflicto con la Ley Federal de Telecomunicaciones de México,; la cual prohíbe expresamente mensajes que estigmaticen. En este caso, se cuestiona que el discurso de Noem equipara a los migrantes con criminales.

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