Se trata de una decisión que permitirá a los altos funcionarios del Banxico seguir percibiendo un salario mayor al del presidente Andrés López.

La decisión se tomó al dar trámite a la controversia constitucional 77/2021, promovida por Banxico contra la cita ley, la cual fue impulsada por López, como parte de su política de «austeridad«.

“Con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada”, dijo el ministro en un acuerdo publicado ayer.

Explica que, de no concederse la suspensión, se le estaría entregando a los servidores públicos un salario menor al que les corresponde, de acuerdo con las funciones que realizan y la responsabilidad que conlleva su trabajo.

El ministro precisó que con la suspensión no se pone en peligro la seguridad en la economía nacional ni se afecta gravemente a la sociedad en una porción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener los funcionarios de Banxico.

“Por el contrario, de no concederse la medida solicitada, sí afectaría irreparablemente los principios constitucionales que rigen al Banco de México”, agregó.

Paralelamente a la decisión, en la controversia constitucional 213/2020, también promovida por Banxico contra la ley de salarios, se cerró la instrucción y se envió el expediente a la Segunda Sala para su resolución.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional en mayo de 2019 la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos aprobada a finales de 2018, que ya obligaba a que ningún funcionario cobrara más que el presidente, y ofreció un periodo (ampliado y retrasado por la pandemia) a los legisladores para modificarla.

El dip. @TeranAguila, de @DiputadosMorena, presenta sus reservas a diversos artículos del dictamen que expide la nueva Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, las cuales son aprobadas, por mayoría, y se integran al dictamen.https://t.co/NgrgYliKV8

— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 23, 2020

El argumento principal de la SCJN fue que la primera ley no establecía los parámetros para calcular la retribución del presidente y, por tanto, una modificación arbitraria de ésta podría resultar en un perjuicio para otros funcionarios.

El nuevo texto, promovido por los diputados del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y aprobado con 300 votos a favor, 64 en contra y 41 abstenciones, establece dos indicadores para calcular un salario del presidente «acorde con la economía del país«: la media de los tres últimos años del PIB per cápita, que servirá como referencia, y el salario mínimo general.

Por debajo de la figura del presidente, la ley instaura nueve categorías de funcionarios ordenados de forma jerárquica.

Si ocurre «una caída o un incremento importante en el valor de dicho indicador«, el presidente podría sufrir una disminución en la multiplicación del PIB per cápita de referencia.

Este nuevo sistema, que ahora debe aprobar el Senado, afectará a todos los funcionarios públicos federales, entre los que se encuentran los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, tribunales administrativos, la Fiscalía General, la presidencia y otros organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Banco de México, Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Varios senadores de la oposición ya se opusieron a esta ley tras su primera aprobación, antes de ser declarada inconstitucional, alegando que violaba la separación de poderes al tratar de «cooptar y someter» al poder judicial con ese recorte de sueldos.

El ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, también declaró en el pasado que la seguridad, estabilidad y remuneraciones dignas «no son en beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de éstos, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable«.

Morena asegura que este texto permite a los funcionarios de cualquier nivel proveer «de una vida digna a su familia» y destaca que reconoce en «un grupo jerárquico» el esfuerzo o la preparación que requiere cada cargo.

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El pleno de la Corte ordenó al Congreso de la Unión a volver a legislar al respecto a partir del próximo periodo ordinario de sesiones, para lo cual contará con un plazo de 90 días.

Ya es ley; ningún funcionario ganará más que el presidente

Por mayoría votos, el pleno de la SCJN invalidó fracciones de los artículos 6 y 7 de la mencionada norma reformada el año pasado por los diputados federales, los cuales establecen la determinación y la presupuestación de las remuneraciones.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá afirmó que uno de los malestares del aparato burocrático que ha impugnado la Ley Federal de Remuneraciones es que no se dan “las normas y las pautas exactas” para establecer en 108 mil pesos mensuales el sueldo del titular del ejecutivo federal.

“Es muy importante que le demos al Congreso el tiempo necesario para legislar porque es una batalla muy delicada y además es mucho lo que está en juego en lo que se ha ponderado y un poco el malestar que existe en el aparato burocrático del Estado, es que no se dan las normas y las pautas exactas, y eso generaría una gran tranquilidad en el sector burocrático de este país y sobre todo al Congreso le daríamos la oportunidad de hacerlo correctamente, desde mi punto de vista, completando, estudiando, oyendo la opinión pública y la opinión de las partes involucradas”, indicó.

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Por el contrario, dijo, aquellos que están solicitando que se mantengan esos sueldos “deberían ofrecer disculpas a los mexicanos, porque es una ofensa que en un país con tanta pobreza haya esas extravagancias, esos sueldos ofensivos. Esa es mi opinión respetando la autonomía del Poder Judicial«.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional aseguró: “Nosotros no vamos a modificar nuestro plan, se reducen los altos sueldos de los funcionarios públicos”.

López Obrador calificó de “leguleyos” a los integrantes del gobierno paralelo que creó una constelación de órganos autónomos en lo que ha dado a llamar «periodo neoliberal» para «favorecer a las minorías» y para simular, como ocurre en el caso del INAI, que cuesta mil millones de pesos y sus decisiones tienen que ver con «mantener en secreto» asuntos de interés político de minorías, en favor de éstas.

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Del total mencionado, 430 fueron promovidas por jueces, 578 por magistrados, cuatro mil 364 por secretarios, 991 por actuarios, cuatro mil 901 por oficiales y mil 960 por externos.

Las demandas de externos provienen de personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), de la Procuraduría General de la República (PGR), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Asimismo, del Instituto Nacional Electoral (INE), del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

También del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la Secretaría de Gobernación (Segob) y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Además, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, del Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, entre otros.

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que nadie puede ganar salarios de más de 108 mil pesos mensuales, que es el tope que tiene como salario el presidente de la República.

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Se otorgó una suspensión en la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de Oposición, que pidieron a la Corte invalidar esta ley, la cual es promovida por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servicios Públicos plantea la reducción a los salarios de los altos funcionarios, por lo que ninguno podrá ganar más de 108 mil pesos mensuales.

La suspensión de Pérez Dayán refiere que los salarios de burócratas para el próximo año deben ser establecidos en el Presupuesto 2019, sin tomar en cuenta la ley mencionada, sino solamente criterios indicados en la Constitución.

“Con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia”, instruyó el ministro.

El pasado seis de diciembre, el coordinador de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle, compartió un video en su perfil de Facebook en el cual aplaudió la obtención de 55 firmas de los integrantes de la Cámara Alta, por encima del indispensable 33 por ciento necesario para una controversia constitucional.

El exgobernador de Puebla argumentó que esta norma agrede el pacto federal y la división de poderes, además adelantó un enfrentamiento jurídico que podría suspender esta medida entre los próximos seis meses, inclusive hasta un año, ya que espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva el juicio.

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Desde enero, los diputados pueden pedir a la cámara baja un anticipo de su sueldo con intereses que va desde los 74 mil 672.32 hasta los 373 mil 361 pesos.

Según el diario Excélsior, en diciembre de 2017, los legisladores 14 millones 505 mil 190 pesos por anticipo de dieta.

No obstante, este año, a los adelantos se le deducirán montos de resoluciones judiciales y las aportaciones que solicite el legislador por otros conceptos.

La reforma impulsada por los 8 coordinadores parlamentarios es referente a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y busca eliminar la posibilidad de los adelantos de dieta en la administración pública.

La medida también podría ser aplicable a otros servidores públicos federales, tales como representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de las instituciones y organismos dotados de autonomía y de las empresas productivas del Estado.

En tanto no se presente y apruebe la iniciativa, los diputados pueden acceder a los anticipos de dieta y someterse a las mismas reglas que en la legislatura pasada, como pagar por el anticipo un interés anual que corresponda a la tasa CETES a 28 días publicada por el Banco de México.

Los diputados que buscan adelantos de dieta deben presentar una solicitud a la Dirección General de Finanzas, con el aval del coordinador parlamentario del partido del beneficiado.

En caso de que el legislador se separe del cargo, la deuda debe ser cubierta con su gratificación de fin de año y si aún hay saldo pendiente, será pagada por su grupo parlamentario.

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