En un movimiento que refuerza su giro ultraconservador, el Parlamento ruso ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley que prohíbe la adopción de niños rusos por ciudadanos de países que permiten la transición de género. Esta decisión, respaldada por 397 diputados y con solo un voto en contra, busca evitar que los adoptantes puedan «cambiar el sexo del niño adoptado», argumentando que estos menores deben ser criados en «familias tradicionales».

La legislación se dirige específicamente a aquellos países que permiten el «cambio de sexo mediante intervención médica», así como la modificación del género en documentos de identidad. El objetivo declarado del proyecto es impedir que miembros de la comunidad LGTB+ puedan adoptar niños rusos.

Este nuevo paso se inscribe en un contexto más amplio de políticas conservadoras impulsadas por el presidente Vladimir Putin, quien ha defendido la prohibición como parte de su lucha contra lo que percibe como la «decadencia» moral de Occidente. La normativa se suma a otras medidas previas, como la ley de julio de 2023 que prohibió las transiciones de género y vetó la adopción por parte de personas transgénero. Desde 2013, Rusia ya había limitado las adopciones a parejas homosexuales extranjeras y a ciudadanos no casados de países donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal.

Para que esta prohibición se convierta en ley, el proyecto deberá pasar por otras dos lecturas en la Duma y ser aprobado por el Consejo de la Federación, un proceso que, según analistas, es casi formal dado el control del gobierno sobre el parlamento. La postura del Kremlin en estas cuestiones subraya su defensa de los valores «tradicionales» frente a la evolución de normas sociales en otras partes del mundo.

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«Nuestro libro parece ficticio pero no lo es, es algo que nos sucedió en la vida real y cada vez que intentan prohibir libros es como si intentaran borrar las experiencias vividas», cuenta en una entrevista.

Según la ONG Pen América, en el año escolar 2022-2023 en las aulas y bibliotecas de las escuelas públicas de Estados Unidos se prohibieron 1.557 títulos. La censura de libros es parte de la ola involucionista que está viviendo el país en los últimos años, con vetos en colegios y sentencias conservadoras que atentan contra las libertades civiles.

Cuando narró la historia de cómo le cosió una peluca color arcoíris a su hija mayor, Trinity, cuando sentía que su cuerpo de niño no le correspondía y quería tener el pelo largo, no imaginaba que aquel inofensivo cuento pudiera entrar en las -cada vez más populares- listas de libros prohibidos en Estados Unidos.

La mayoría fueron escritos por mujeres, personas de color o miembros de la comunidad LGBTQ+. Mujer, afroamericana y queer, DeShanna cumple con los tres rasgos.

La Florida de Ron DeSantis -su gobernador y precandidato a la presidencia por el Partido Republicano- lidera la lista de los estados con mayor censura y la temática racial y LGBTQ+ es el principal objetivo.

Las escuelas, campo de batalla

Las escuelas han sido este año uno de los campos de batalla de los derechos sociales en EE.UU. Según el informe «America’s Censored Classrooms 2023» de Pen América, este año los congresos estatales introdujeron 110 proyectos de ley considerados «órdenes de mordaza educativa».

Diez se convirtieron en leyes que buscan restringir la enseñanza sobre temas como raza, género, historia estadounidense e identidades LGBTQ+.

Para Jeremy Young, director del programa Freedom to Learn de Pen América, este año la situación se ha agravado, con «estrategias nuevas y más insidiosas para silenciar a los educadores».

En abril, Florida aprobó ampliar a todos los grados escolares la polémica ley «No digas gay», que prohíbe hablar en clase sobre orientación sexual e identidad de género. Ley estrella de DeSantis, que sueña con replicar en el resto del país si es presidente.

También en Florida se aprobó este año una de las leyes «más aterradoras», señala Young, la SB266, que extiende el poder del gobierno sobre casi todos los aspectos de la gestión universitaria. Esto hace que los centros no sean «entornos de libertad intelectual, sino focos de autoritarismo y miedo», opina.

La justicia como arma

Otro campo de batalla para el retroceso de derechos en EE.UU. este año han sido los tribunales, tanto los locales como el Supremo, de mayoría conservadora.

Según la organización Center for American Progress, el Supremo ha emitido este año varias decisiones que «podrían erosionar derechos largamente mantenidos» y «causar un daño duradero» a la democracia.

Entre ellas, el fin de la discriminación positiva en los procesos de admisión de las universidades, que hasta ahora favorecía a las minorías raciales.

«Ha sido un esfuerzo de décadas de tratar de llenar las cortes con jueces extremistas», cuenta  Laura Rodríguez, vicepresidenta de asuntos gubernamentales de la ONG.

Buscan hacer retroceder los avances sociales en las cortes porque no pueden «ir a por los votantes en las urnas» ya que los ciudadanos «no están de acuerdo con esas decisiones», añade.

Por ello, destaca, hay que estar «alerta» de cómo se está utilizando el sistema judicial, ya que «el país se diseñó para tener tres poderes y el sistema judicial se está usando para tratar de ir alrededor de los otros dos».

Continúa la erosión al aborto

Aunque la segunda mitad de 2022- tras el fin de la sentencia Roe vs Wade que eliminó la protección federal del aborto- fue especialmente dura y surgieron decenas de leyes para quitarle a las mujeres el derecho a abortar, este año se han seguido dando pasos en esa dirección.

Así lo explica Ianthe Metzger, portavoz de Planned Parenthood. En este momento 21 estados tienen restricciones que van desde prohibiciones totales hasta prohibiciones de hasta 6 semanas.

«Los legisladores se sintieron muy envalentonados por la decisión de la Corte Suprema del año pasado y trabajan para aprobar más prohibiciones», explica.

Quieren avanzar hacia el control de medicamentos y también prohibir que las mujeres viajen a otros estados a abortar, como está sucediendo hoy en día, detalla.

Pero en medio de esta situación tortuosa para miles de mujeres ha surgido también este año un movimiento de resistencia que se ha visto en las urnas en estados como Ohio, donde los votantes dijeron sí a proteger en su constitución estatal el derecho a abortar.

El año de la resistencia

En Planned Parenthood lo llaman «la resistencia». En 2023 se promulgaron 35 proyectos de ley sobre derechos al aborto.

En opinión de Young, en educación también se está viendo «una oposición cada vez más grande». Por ejemplo, en Ohio «se produjo una amplia movilización de profesores, líderes universitarios y ciudadanos» contra el intento de aprobar una ley educativa que finalmente fue rechazada.

DeShanna tiene la misma opinión positiva y las mismas ganas de luchar. Además de afroamericana, mujer y queer, es legisladora en Delaware y hace unos meses introdujo en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que piensa defender con todas sus fuerzas.

Una ley que protegerá a quienes reciban tratamientos de afirmación de género, así como a los médicos que los brinden.

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La primera iniciativa integra el derecho a la interrupción legal del embarazo, a la atención médica a personas mayores, a la voluntad anticipada y cuidados paliativos; la de Educación, el derecho a uniformes y a útiles escolares gratuitos, a la beca a quienes cursan la educación media superior en planteles públicos, entre otros.

La Ley de Salud es reglamentaria del artículo 9, punto D de la Constitución Política de la Ciudad de México y es concordante con lo establecido en la Ley General de Salud; y su horizonte es garantizar el derecho a la salud bajo criterios de universalidad e igualdad, el acceso gratuito, oportuno y de calidad a los servicios médicos, farmacéuticos y hospitalarios, incluidas intervenciones quirúrgicas.

Destacan, entre otros aspectos, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos e insumos para las personas sin seguridad social; el desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina tradicional indígena; el uso médico y terapéutico de la marihuana y sus derivados; garantizar la prevención y atención de las personas con VIH/SIDA; la precedencia de la interrupción del embarazo en forma gratuita.

Asimismo, que toda persona es disponente de los órganos y tejidos de su cuerpo y podrá donarlos; el derecho a expresar la decisión de ser sometida o no a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida; el control sanitario en rubros como construcciones, bares, mercados públicos, clínicas de belleza, Central de Abasto, crematorios, espectáculos.

En cuanto a la iniciativa de Ley de Educación, es reglamentaria del Artículo 3 de la Constitución federal; armoniza con las reformas educativas nacionales -de mayo de 2019- en sus artículos 3, 31 y 73, y con el Artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de México, así como con la Ley General de Educación y Ley General del Sistema para la Carrera de las maestras y los maestros.

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De acuerdo con la legisladora local, una vez presentadas las iniciativas, fueron turnadas a las comisiones conjuntas de legislación y puntos constitucionales y la de transparencia, donde ya se aprobó la primera de ellas, por lo que se sigue con el estudio de las demás para poder presentarlas todas al pleno.

“Al momento es importante reconocer que en lo que se refiere a la iniciativa que presentó el Ejecutivo del estado, cumple con los parámetros establecidos por lo que en casos como esos no hay mucho que discutir o proponer cambios cuando se nos presenta una propuesta seria y que está armonizada con la legislación general, por lo que no se pueden tener discusiones ociosas cuando no se tiene sentido”.

Pérez Perusquía, añadió que como en ninguna otra legislación, o propuesta se había dado una participación ciudadana tan importante en los esquemas que tienen que ver con temas relacionados con el combate a la corrupción y la transparencia por lo que ha sido bien aceptado el esquema.

Cabe recordar que las iniciativas propuestas por el gobernador fueron la de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la entidad (TSJEH); así como el procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Ramiro Lara Salinas, son la que contiene la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la  que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado.

Así también la iniciativa que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y  la que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

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En más reciente sesión ordinaria del Pleno de la sexagésima tercera legislatura local, el diputado local por el distrito de Tulancingo, Luis Alberto Marroquín, señaló que con su propuesta, se busca que el marco normativo en materia de salud en la entidad, contemple debida y plenamente el total de los servicios que corresponde organizar, operar, supervisar y evaluar a la Secretaría del estado, con el objetivo de que éste sea un instrumento más que permita y promueva el pleno acceso a un derecho humano determinante.

Por su parte la diputada local por el distrito de Tula de Allende, Marcela Vieyra Alamilla, planteó reformar el artículo 33 en su párrafo sexto, así como en los incisos D y E de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, para que se pague se pague el traslado de dominio en los términos y condiciones de la propia normativa.

“Estala iniciativa es para aumentar el plazo en el que se debe presentar el traslado de dominio a la autoridad municipal correspondiente, ya que si no se presenta la declaración dentro el tiempo establecido de los 20 o 60 días naturales, según sea el caso, se aplicarán algunas sanciones que se determinarán en su momento”.

El Grupo Legislativo del PRD, que lo integran las diputadas Margarita Ramos Villeda, Sandra Simey Olvera Bautista, así como el representante Marco Antonio Ramos Moguel, propusieron al Pleno reformar y adicionar diversas disposiciones en materia de medio ambiente a la fracción IX del artículo Quinto de la Constitución Política de la entidad, para garantizar un medio ambiente más sano para los habitantes del estado.

A su vez la legisladora del revolucionario Institucional, Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, planteó una adición al artículo 89 de la Ley para la Familia del Estado, a fin establecer la posibilidad de que, en la demanda de divorcio de matrimonios por bienes separados, el cónyuge que lo solicite, demande del otro una indemnización hasta del cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubiere adquirido durante el matrimonio.

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Consideró que se deben hacer reformas a las leyes para que los delincuentes no salgan, “en Tlaxcala no estamos ajenos a los hechos delictivos, me parece que se debe reformar el Código Penal porque está claro que el nuevo sistema de justicia penal en lugar de solucionar problemas, beneficia mucho a los delincuentes, se les dan todas las facilidades. Hoy en día se les dan trece posibilidades para que obtengan su libertad y antes era solo una a través de una fianza”.

Lamentó que hoy en día se pueden cometer delitos graves y no graves, y de cualquier manera el probable delincuente puede obtener su libertad, “entonces la reforma es un beneficio para quienes se dedican a la actividad ilícita porque saben que va a ser muy sencillo obtener su libertad, ya no es como antes y eso trae como consecuencia que las bandas hoy en día actúen impunemente”.

Apuntó que existe impunidad y los índices delictivos van a la alza, “eso genera preocupación, inhibe las inversiones. Hay una contradicción, por un lado el gobierno dice que se preocupa en atraer inversión, dice que Tlaxcala es el lugar indicado para invertir, pero por otro lado no tenemos las garantías y estoy hablando de lo mínimo, de que se roben la llanta de un vehículo, una refacción y hasta perder la vida”.

Niveles de delincuencia

Resaltó que la inseguridad genera temor entre los inversionistas y por supuesto “provoca que Tlaxcala sea un foco rojo, antes no sucedía esto y hoy estamos viviendo una delincuencia más desatada”.

Y es que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició la carpeta de investigación en contra de dos imputados que presuntamente perpetraron un robo a una caja de ahorro ubicada en el municipio de Tlaxcala la mañana del pasado viernes.

Antes de la detención, los sospechosos detonaron sus armas de fuego en contra de los uniformados, por lo que estos repelieron la agresión. Los policías aseguraron a dos de los imputados, lo que provocó que uno de los activos del delito resultara herido; no obstante, fue trasladado al Hospital General de la Secretaría de Salud (SESA), donde se registró que las heridas que sufrió no ponen en riesgo su vida.

Al momento se continúa con la investigación respectiva por parte de las autoridades correspondientes.

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Respecto a la iniciativa de reforma al artículo 27 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Hidalgo, a decir del legislador del grupo parlamentario del PRI, Luis Vega Cardón, con ello se pretende  garantizar a integrantes de comunidades indígenas, que traductores y defensores tengan conocimiento de su cultura y sean remunerados.

“Es de vital importancia que se promueva que las instancias locales de administración, procuración e impartición de justicia, garanticen el acceso a la justicia de la población indígena, mediante la asistencia de intérpretes o traductores debidamente capacitados y remunerados”.

Respecto a la propuesta de modificación a diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, a decir del legislador de Morena, Efrén Salazar Pérez, con ello se busca establecer la facultad del presidente de la directiva a enviar excitativas a las comisiones de estudio y dictamen para que presenten dictamen si han transcurrido 30 días hábiles o más después de la fecha en que se les turne un asunto, para que lo presenten en un término de diez días hábiles.

Por su parte, la diputada local del PRI, Norma Alicia Andrade Fayad, propuso el reformar la Ley de Mitigación y Adaptación ante los efectos del Cambio Climático para el Estado de Hidalgo, y con ello, contar con elementos y mecanismos jurídicos para proteger el medio ambiente, para que los ayuntamientos, en la formulación de sus planes, acciones y políticas públicas para enfrentar el cambio climático, generar, a través de los Cabildos, el Reglamento de acción Ecológica y mitigación de los efectos del cambio climático en relación transversal.

A su vez, el legislador del Partido Encuentro Social, Daniel Andrade Zurutuza, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica municipal del estado de Hidalgo para estipular que los planes y programas de los ayuntamientos, deberán estar acorde a los lineamientos planteados por el Plan Estatal de Desarrollo vigente.

“Aspiremos a ser un estado de vanguardia, hagamos cambios al marco legal municipal para estar en condiciones de tener gobiernos eficaces y con capacidad de satisfacer las necesidades de la población”, afirmó Andrade Zurutuza durante la lectura de su iniciativa.

También el legislador del tricolor por el distrito de Apan, Manuel Fermín Rivera Peralta, planteó reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley para la Familiar del estado, así como al Código de Procedimientos Familiares de Hidalgo, en materia de las modificaciones a los registros de nacimiento de personas.

“La presente iniciativa busca que se les permita a las personas la rectificación del nombre en el acta de nacimiento, no solamente en el caso de errores genéricos o específicos que la propia ley estipula, sino también cuando existe una evidente necesidad de hacerlo”.

El diputado del PVEM, Octavio de la Torre Sánchez, propuso reformar el artículo 121 BIS y adicionar los artículos 118 BIS, 118 TER y 118 QUATER a la Ley Orgánica Municipa para crear la Dirección de Ecología en los ayuntamientos.

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En el descubrimiento en flagrancia en robos a casas habitación (lo que se podría extender a los demás delitos), la autoridad que juzgará o la que acusará no rompe la presunción de inocencia, sino el autor mismo, al: 1) Conducirse y ubicarse en la escena delictiva, 2) Estar ejecutando una conducta que no está autorizada por la víctima (robar) y 3) no justificar su actividad ilícita (recordemos que hay causas de justificación de las cuales la carga de la prueba se le traslada al autor de una conducta señalada en el Código Penal como delito, lo que entre abogados es sólo el tipo penal, no el delito aún).

Entonces, es el propio autor de esta conducta quien está rompiendo voluntaria y conscientemente con esa presunción de inocencia. Luego, ¿por qué tenerla para ellos entonces?, ¿acaso no es un Estado ingenuo, burocrático y ritualista el que, a quien a pesar de que se le sorprende cometiendo el delito, presume inocente?

Dejo a la reflexión del lector la respuesta, no debiendo desatender que en este tipo de robos no sólo se vulnera el patrimonio, sino también la seguridad y, de más valor quizá, se vulnera también la dignidad tanto del titular del patrimonio como de la sociedad.

De ahí que, como una forma de detener esta ola de robos en casas habitación, sería útil, conveniente y justo que se rompa con su presunción de inocencia, pero no para imponerle ya una  pena desde luego, sino para que, en cumplimiento a su derecho a un debido proceso, la carga de la prueba se le dé al detenido y se estime su conducta como de prisión preventiva oficiosa, o cuando menos sólo este rubro.

Aumentará la población penitenciaria, sí, pero existe un procedimiento abreviado que podría atenuar ese factor, y ya hay sanción, baja, pero se evita el mensaje de impunidad.

Y por último, que se establezca para estos casos un procedimiento sumario en el que no se desgaste tiempo dinero y esfuerzo, de todos, privado o público, pero de mayor impacto cuando es dinero público.

Sin embargo, hay dos aspectos que deben acompañar a una figura de esta magnitud: una cultura de la denuncia por quienes sostengan ante los tribunales sus imputaciones, y que éstas no sean falsas o instrumentos de venganza, y una policía tan profesional  como objetiva; aspectos que, si bien son temas que salen del Código Penal, no deben perderse de vista.

Por ahora, con las consideraciones planteadas se podría ubicar el Estado en una mejor posición para combatir la constante ola de robo en casas habitación.

Dr. Ciro Juárez González

Juez del sistema procesal penal acusatorio y oral

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El secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho Higareda, afirmó que se verificará el pleno respeto a la ley en el proceso de asignación de horas y plazas en el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat) y, en caso de comprobarse que existieron anomalías, se tomarán las medidas reglamentarias.

Camacho Higareda adelantó que se dará seguimiento a cada denuncia para conocer los antecedentes y la situación en la que actualmente se encuentra.

En ese sentido, el secretario de Educación subrayó que la única manera de obtener espacios y ampliar jornadas laborales en el Cobat es a través del concurso de plazas, tal como lo establece la Reforma Educativa.

Finalmente, el secretario ratificó el compromiso del gobierno del estado con la aplicación de la Ley de Educación y reiteró que se vigilará que exista cabal cumplimiento a sus preceptos.

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