El periodista Juan Amorín reveló en el portal El Destape que más de mil personas que supuestamente donaron dinero a la campaña de la alianza gobernante Cambiemos el año pasado en la provincia de Buenos Aires en realidad no hicieron aporte alguno.

Los casos conocidos hasta ahora representan el 25 por ciento del financiamiento que tuvo la campaña de los candidatos macristas al Senado, Esteban Bullrich, y a la Cámara de Diputados, Graciela Ocaña.

El caso se agrava porque estas mismas personas, en su mayoría beneficiarias de programas sociales, también fueron incorporadas, sin su autorización, como militantes del PRO, el partido que Macri fundó hace casi dos décadas.

La senadora opositora Teresa García ya inició una causa judicial para solicitar que se investigue a María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, por los delitos de usurpación de identidad, falsificación de documento, lavado de activos y violación de secretos de la privacidad.

La investigación apunta a que el gobierno aprovechó la base de datos de personas pobres adscritas a programas sociales para anotarlas, sin que ellas lo supieran, como militantes del PRO que habían hecho donaciones en efectivo.

El juez federal Sebastián Casanello ya citó a declarar a 50 de los falsos aportantes, gracias a la causa que fue impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, en tanto que el fiscal Jorge Di Lello lleva a cabo una investigación paralela.

Vidal, la gobernadora de Buenos Aires que es también la política con mejor imagen del país, desestimó las acusaciones con el argumento de que “es una denuncia del kirchnerismo”, es decir, de militantes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la principal líder opositora al macrismo.

Sin embargo, Vidal no desmintió la acusación central sobre la irregularidad del financiamiento de su fuerza política, algo que ya había ocurrido durante la campaña presidencial de Macri en 2015.

Ese año, Macri recibió casi tres millones de pesos de aportes privados por parte de empresas contratistas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias, a pesar de que la ley lo prohíbe.

Además, la alianza Cambiemos que lo llevó al poder registró como responsables económicas de sus informes financieros a dos jubiladas que ni siquiera sabían que ocupaban ese cargo.

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