Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional negó que se promuevan denuncias entre magistrados del TEPJF y hay libertad para ejercer cualquier derecho.

“No es una denuncia de nosotros, si es de los mismos magistrados pues es un derecho que ellos tienen, nosotros no estamos promoviendo eso, eso sí le puedo garantizar, porque no nos metemos en la vida interna de otros poderes”, dijo.

“Hay libertad y hay que ejercer todos los derechos, si hay una inconformidad o se considera que se comete una injusticia o un acto de corrupción no quedarnos callados, no ser cómplices y más si se trata de autoridades”, agregó.

La magistrada presidenta Janine Otálora afirmó esta semana que quien tenga pruebas en su contra las presente en instancias correspondientes y recordó que fue elegida para permanecer cuatro años en el cargo.

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TEPJF ratifica a Martha Erika Alonso como gobernadora de Puebla

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Otálora Malassis indicó que los magistrados que votaron por ratificar las elecciones de Puebla, no hallaron “elementos suficientes en el expediente, que nos pudieran llevar a anular la elección de la gubernatura de Puebla”.

Además, puntualizó que se hizo un “recuento histórico, voto por voto, para tener la certeza de cómo votó la gente”.

“Los agravios que fueron presentados en contra de esa etapa fueron declarados infundados y en eso coincidimos los siete magistrados del pleno. En esa parte del proyecto estuvimos de acuerdo que no hubo laboratorio electoral, no hubo compra del voto”, dijo sobre la etapa previa a la jornada electoral.

La magistrada indicó que los paquetes electorales se conservan en la bodega central del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla.

“Esas pruebas no fueron suficientes y no habían otros elementos para demostrar que los paquetes habían sido alterados antes de llegar al Tribunal Electoral Federal, para que fueran recontados.

Cuando hay alteración de los paquetes electorales, hay manera de detectar si fueron alterados o no, cotejando el cómputo que hace el juez con el cómputo que hizo la autoridad administrativa; debe haber una gran diferencia que despierte sospechas de que los paquetes no estaban  integrados de la misma manera de como lo fueron cuando la autoridad administrativa contó los votos”, añadió.

Por ello, la presidenta del TEPJF afirmó que “no hay un hecho de corrupción” y fue una decisión “tomada a conciencia”.

Por último y sobre las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó de antidemocrática la decisión del tribunal, Otálora señaló que “en democracia se pierde por un voto”.

“El Tribunal ha tenido decisiones controvertidas, desde elecciones como Coahuila, el fideicomiso, el caso de El Bronco y ahorita Puebla. Ninguna de estas decisiones puede ser tachada de decisión corrupta, todas fueron tomadas con base a nuestro criterio jurídico, y a lo que había en el expediente”, agregó.

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La Sala Superior del TEPJF desechó la impugnación interpuesta por Miguel Barbosa Huerta y Morena, quienes solicitaban anular la elección de la gubernatura.

Con la definición del voto de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, se confirmó la victoria de la candidata de la coalición “Por Puebla al Frente” en las elecciones del pasado 1 de julio.

Los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante González y Felipe de la Mata Pizaña, también votaron en contra del proyecto de sentencia del magistrado, José Luis Vargas Valdez, quien proponía la anulación de la elección a gobernador.

Con 4 votos a favor, la máxima autoridad electoral, consideró que las pruebas que presentaron los actores que impugnaron el resultado de la elección a gobernador, no fueron pruebas suficientes para revocar el triunfo de Martha Erika Alonso Hidalgo, ni para anular los comicios.

El magistrado, Reyes Rodríguez Mondragón, puntualizó que las violaciones que se acreditaron en la jornada electoral como los hechos de violencia, el robo o destrucción de urnas en 59 casillas, el robo de cuatro urnas y 800 boletas encontradas en una camioneta volcada, el uso indebido de un vehículo del ayuntamiento de Cuetzalan, además de algunas irregularidades atribuidas a los integrantes del OPLE en la custodia de los paquetes electorales almacenados en la bodega central, “no llevan a la nulidad de la elección”.

“Considero que estas violaciones o estas conclusiones, inclusive, suponiendo sin que existieron, no deben llevar a anular la elección”.

Concluyó que con las evidencias que se aportaron no se puede confirmar que existió alteración de los paquetes electorales por parte de funcionarios electorales locales en la bodega central.

Apuntó que “las meras posibilidades o hipótesis sobre suposiciones cuando no hay mayor prueba, no pueden derrotar la confianza en las autoridades que organizan las elecciones”.

En tanto, el magistrado, Felipe de la Mata Pizaña, aseguró e las pruebas aportadas fueron insuficientes para acreditar diversas irregularidades, ya que el traslado de la paquetería electoral si se realizó con apego a la normatividad.

“No se aprobó la responsabilidad de algún funcionario estatal en el robo de material electoral ni en la detención de brigadistas, tampoco se comprobó la compra generalizada de votos ni la sustracción de documentos, no existió el llamado “laboratorio electoral”, no se advierte en qué forma las actuaciones pasivas de las autoridades electorales perjudicaban al actor”.

De igual forma, sostuvo que las evidencias que se acreditaron “no afectan de forma grave o generalizada el resultado de la elección, en particular el uso de un vehículo oficial del ayuntamiento de Cuetzalan al transportar material electoral; el robo de cuatro urnas y 800 boletas encontradas en una camioneta volcada”.

Aseveró que anular una elección con la simple presunción de una manipulación de paquetes, hubiera sentado un precedente contrario a los principios rectores del Derecho Electoral.

“Anular una elección es una decisión que debe analizarse con perspectiva integral para evitar vacíos o argumentos sin fundamento …solo hasta probarse que los actos suscitados son realmente graves, generalizados y determinantes, y ante la ausencia de otra opción la nulidad. Solo en ese caso será la última solución”, explicó.

A favor de anular la elección, votaron los magistrados, José Luis Vargas Valdez, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Mónica Aralí Soto Fregoso, quienes consideraron que las autoridades electorales de Puebla no garantizaron la seguridad en el resguardo de los paquetes electorales.

No pasa proyecto que solicitaba anular la elección

El magistrado José Luis Vargas Valdez, autor del proyecto de sentencia para anular la elección, sostuvo que el cúmulo de irregularidades advertidas tuvo un impacto en la totalidad de los paquetes en los que debieron resguardarse los votos y boletas utilizados en la elección, así como en la documentación en la que ese consignó el resultado de la voluntad ciudadana que participó el pasado primero de julio.

“Las irregularidades resultan determinantes para el resultado y la validez de los comicios pues involucran hechos y actuaciones que tienen injerencia respecto de la emisión de un sufragio libre y sin presiones por parte de la ciudadanía en principio de equidad en la contienda, así como el indebido actuar de la autoridad administrativa respecto del cómputo, resultados, manejo y resguardo de la totalidad de la paquetería y la documentación, información contenida en esta en la que se recogió la voluntad de la ciudadanía que sufragio en las elecciones”.

Aseveró que tales irregularidades, impidieron que se tenga certeza respecto de las cifras obtenidas en el recuento ordenado por esta Sala Superior, pues si no se garantizaron las condiciones necesarias de inviolabilidad de los paquetes electorales durante el tiempo de resguardo en la bodega central del instituto local, no existe plena certeza de que la información asentada en la documentación y los paquetes electorales haya estado exento de manipulación y que, por tanto, datos obtenidos pudieran sustituir plenamente el deficiente cómputo realizado por el instituto estatal electoral.

“La elección huele mal, antes, durante y después de la elección”, refirió.

En su exposición de motivos el magistrado Vargas Valdez, indicó que en el proceso de impugnación propuesto por Morena y Miguel Barbosa Huerta, asistió la razón a los promoventes, ya que se violó la cadena de custodia de los paquetes y documentación electoral en la Bodega Central del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE).

Aseguró que se confirmó que existió manipulación, ya que se accedió en más de 50 veces a la bodega central y había más de 1 acceso al sitio donde se resguardaba la paquetería, sin las medidas de seguridad necesarias por parte de la autoridad electoral del estado.

Indicó que por el indebido actuar de las autoridades locales electorales en el traslado y resguardo del material electoral y el gran cumulo de las regularidades, resultan determinantes para descartar la validez de los comicios del pasado 1 de julio.

Consideró, que las autoridades administrativas electorales locales no atendieron en su integridad el procedimiento normativo y las medidas dispuestas para el manejo y resguardo de los paquetes electorales en la bodega, desatención que fue suficiente para considerar que la documentación y los paquetes electorales estuvieron expuestos a manipulación o alteración de su contenido o la información en ellos asentada.

Puntualizó que la actuación del Instituto Estatal Electoral implicó la vulneración a la garantía de audiencia de los partidos políticos que participaron en la elección, al privarlos del derecho de presenciar la multiplicidad de actuaciones que desarrolló la autoridad al acceder al área de almacenamiento en al menos 50 ocasiones a la bodega donde se resguardaba la paquetería electoral.

“50 veces entró la autoridad electoral, abrió la puerta de la bodega donde estaban todos los paquetes electorales de las tres elecciones que se llevaron a cabo en el Estado de Puebla, incluyendo la de gobernador, accedieron a la bodega, manipularon los paquetes, abrieron paquetes, trasladaron paquetes sin conocimiento de los partidos políticos”.

Por otra parte, señaló que existía más de una puerta de acceso a la bodega general y al área de resguardo, por lo cual no existe la certeza que hubiesen sido cerradas y selladas, previo a que se recibió la papelería electoral para su resguardo.

“Lo anterior, resulta fundamental, porque representa, a mi modo de ver la integridad de la voluntad popular contenida en las urnas, que es la condición esencial para: ante la duda, garantizar certeza”.

Sobre el recuento voto por voto, casilla por casilla que ordenó el TEPJF, Vargas Valdez, señaló que se acreditó la violación a la cadena de custodia de los paquetes en poder de la autoridad local electoral, por lo cual el resultado del recuento, no fue confiable ni certero, pues no se aseguró debidamente la integridad de los paquetes.

“Y eso tiene una razón muy básica y muy elemental, y es precisamente que la finalidad con la cual nosotros ordenamos ese recuento general de la elección a Gobernador de Puebla fue viciado, a mi modo de ver, toda vez que previo a eso fue la violación a la cadena de custodia, con lo cual, si nosotros habíamos, con esa orden de recuento habíamos invalidado el cómputo distrital y se volvió a recontar, en medio de esas acciones existe precisamente una afectación fundamental que erosionó la certeza en el resultado de las elecciones”.

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“Sí, por supuesto, las presiones a los jueces no nos tienen que importar. Las presiones se tienen que entender como que simplemente son una manifestación de alguna de las partes, pero de ninguna manera pueden influir en lo que tiene que ver con nuestra decisión como jueces”, dijo a la agencia Notimex.

Entrevistado en el marco de los trabajos de la Primera Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, organizada por el TEPJF, expuso que al no existir una legislación concreta en materia de redes sociales, el Tribunal analizará “caso por caso” los recursos que pudieran presentarse.

Lo anterior, ponderando siempre entre el derecho a la libertad de expresión y, el principio de equidad y de legalidad con que se deben regir los procesos comiciales.

Además, “hay que decirlo también (las redes sociales) es un espacio de difícil regulación toda vez que nunca sabemos de bien a bien de donde están saliendo esos mensajes, este tipo de información”.

Vargas Valdez señaló que particularmente se vigilará el uso que los servidores públicos den a las redes sociales durante la contienda federal en marcha, pues recordó que se encuentran acotados por el Artículo 134 Constitucional, en cuanto al principio de neutralidad que deben observar.

Por otra parte, dijo que antes de pensar en alguna nueva reforma política, resulta vital demostrar que las normas actuales son suficientes para garantizar una elección libre y garantizar la certeza de los procesos que vienen.

“Si hay una reforma tendría que ser para otro proceso (electoral), no para este”, dado que la ley permite hacer modificaciones electorales 90 días antes del inicio de una contienda.

A pregunta expresa, hizo hincapié que en las últimas dos décadas ha habido una tendencia de actores y partidos políticos a judicializar los procesos electorales, de ahí la importancia de mandar mensajes claros a los actores políticos de que las elecciones se deben ganar en las urnas.

Y, “que los tribunales somos una instancia excepcional para garantizar la legalidad de los comicios y, por supuesto para que se respete el voto de los ciudadanos”.

La Sala Superior, abundó el magistrado, no puede generar incentivos para que partidos y candidatos piensen que lo que no ganaron en las urnas lo pueden ganar en los tribunales, pues ello genera “esa judicialización y ese exceso de litigiosidad en los tribunales y particularmente en la Sala Superior”.

Y al recordar que más de 50 por ciento de padrón electoral tiene menos de 50 años, el magistrado de la Sala Superior hizo notar la importancia de que éstos asuman la responsabilidad que les corresponde en torno a la democracia y participen activamente en la próxima contienda federal y las locales.

El magistrado Vargas consideró que de haber alguna inconformidad deberán hacer el trabajo que les corresponde para ayudar a cambiar la democracia y la política en general.

Al abordar el tema de las noticias falsas o “fake news”, destacó que no solo los partidos políticos e instituciones, sino los medios de comunicación también deben generar un contrapeso y dar elementos de objetividad para que la gente no se confunda en torno a cuestiones que incluso pueden lesionar seriamente a un candidato a una contienda electoral.

El evento organizado por el Tribunal conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas y el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), reúne a representantes de 28 naciones y de 16 organizaciones nacionales e internacionales de los cinco continentes.

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