El Congreso de los Diputados aprobó la moción promovida por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) contra Rajoy, debido a la sentencia del caso “Gürtel”, que vincula al Partido Popular (PP) como parte de una red de corrupción.

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En un comunicado, la Presidencia del gobierno español informó del encuentro sostenido por ambos mandatarios en el Palacio de la Moncloa, como parte de una visita de trabajo que Peña Nieto realiza a España dentro de una gira por Europa.

Los dos dirigentes pasaron revista a las relaciones bilaterales, así como a los principales temas de la agenda iberoamericana e internacional, y constataron “con satisfacción el excelente estado» en el que se encuentran los nexos entre ambas naciones.

Asimismo, “se felicitaron por el logro de un acuerdo político sobre los aspectos comerciales de la relación UE-México este fin de semana, lo que permitirá la próxima conclusión del proceso de modernización del Acuerdo Global UE-México”.

Rajoy y Peña Nieto “también trataron la difícil situación en Venezuela, cuestión sobre la que existe plena sintonía entre ambos países”.

Además, analizaron las relaciones económicas y comerciales, “que atraviesan un buen momento”, y en las que “México es el primer socio comercial y primer cliente de España en Latinoamérica”.

En 2017, el comercio bilateral ascendió a ocho mil 657 millones de euros, lo que supone un aumento del 15 por ciento respecto al año precedente.

Las exportaciones aumentaron en 2017 un 12.2 por ciento respecto al año anterior, situándose en cuatro mil 598 millones de euros, mientras que las importaciones alcanzaron los cuatro mil 59 millones de euros (aumento del 18 por ciento respecto a 2016).

Con ello, el saldo comercial es superavitario para España en 539 millones de euros en 2017.

En cuanto a las inversiones, México es el cuarto destino de las inversiones españolas en el mundo y el segundo en Latinoamérica.

El stock de inversión española en 2015 fue de 31 mil 663 millones de euros, y por sectores destaca la inversión en servicios financieros y energía.

Por su parte, México es el sexto inversor en España, con un stock de inversiones en 2015 de 23 mil millones de euros.

La presencia comercial española en México destaca en sectores como en infraestructuras de transporte, construcción, energía, telecomunicaciones y otras.

“Una de las operaciones más importantes es la construcción de una terminal en el nuevo aeropuerto de Ciudad de México, por parte de FCC y Acciona”, resaltó el ejecutivo español.

Peña Nieto concluye este miércoles su visita a España, a donde llegó en el marco de una gira europea tras visitar Alemania y los Países Bajos.

En su estancia de trabajo en España, será recibido por el rey Felipe VI y visitará la sede de la nueva Casa de México en Madrid, a la vez que está prevista la firma de un Memorando de Entendimiento sobre cooperación en la promoción de la Lengua común.

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La reunión se llevará a cabo en el Palacio de la Moncloa, donde estará presente el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, acompañado de la secretaria de Cultura, María Cristina Cepeda, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza y la embajadora Roberta Lajous.

Peña Nieto será acompañado por la primera dama Angélica Rivera, quienes al finalizar la reunión serán llevados al Palacio de la Zarzuela, donde se encontrarán con los reyes Felipe y Letizia para efectuar una comida en honor al mandatario nacional; posteriormente visitarán la Casa de México en España.

Se prevé que para la noche, el Presidente de la República viaje a la Ciudad de México para estar en territorio nacional en la madrugada del jueves.

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Rajoy, ha asegurado que un político que ha intentado «liquidar la soberanía y la unidad nacional» como Carles Puigdemont no puede ser «presidente de nada» y, tras el auto del Tribunal Constitucional del sábado, ha asegurado que se demuestra que derecho y política «responden al sentido común».

«Un señor fugado de la justicia, que ha pretendido unilateralmente liquidar la soberanía presidente de nada», ha dicho Rajoy en declaraciones a la Cadena Cope.

El presidente del Gobierno ha asegurado que la resolución del TC del sábado con medid ha reconfortado, porque muestra que el derecho y al política se apoyan en el sentido con la Generalitat de Cataluña.

«Estén muy tranquilos. Por suerte, en España el derecho, la ley la Constitución y los tribu ha comprometido a garantizar la unidad nacional mientras sea presidente del Gobierno su cargo.

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En rueda de prensa para hacer un balance del año y perspectivas de 2018, el mandatario afirmó que planteará esa fecha tras haberlo dialogado con los representantes de las fuerzas políticas en la cámara catalana.

Los comicios en Cataluña, noreste del país, se realizaron tras intervenir el gobierno español a las instituciones catalanas que impulsaron la independencia en octubre pasado, y que dieron el triunfo a las fuerzas secesionistas al conseguir más diputados en la cámara.

Rajoy dijo que espera que el gobierno que surja de estas elecciones “sea capaz de dialogar y entenderse con todos los catalanes y no solo con una mitad, y con el resto de España en los foros institucionales” como el Congreso de los Diputados.

Consideró que el gobierno que debe surgir tras conformarse el Parlamento catalán debe trabajar en asuntos como las consecuencias de la crisis independentista, como la salida de empresas de Cataluña, la caída del sector de la construcción y otros.

“El gobierno de España ofrece colaboración y diálogo constructivo serio y realista, siempre dentro de la Ley, al gobierno que se constituya para resolver los problemas de Cataluña, para generar un marco de certidumbre y seguridad”, señaló.

“Espero que Cataluña se abra a una etapa basada en dialogo y no en enfrentamiento, en cooperación y no imposición, en pluralidad y no en lo unilateral”, manifestó.

Calificó de “absurdo” el planteamiento del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de solicitar una nueva investidura como presidente catalán desde su residencia en Bruselas.

Sostuvo que “es un problema de sentido común, y en este momento conviene actuar con sensatez y arreglo a la ley”.

“Yo no pondría como candidato de mi partido a alguien que se ha fugado de la justicia española”, expresó.

El nuevo Parlamento de Cataluña contará con 34 diputados de Juntos por Cataluña, 32 de Esquerra Republicana de Cataluña y cuatro de la Candidatura de Unidad Popular, que son las fuerzas que apoyan la independencia y superan la mayoría absoluta para formar gobierno.

Ciudadanos fue el partido político más votado y tendrá 36 diputados, el Partido Socialista 17 escaños, la izquierdista Cataluña en Común ocho diputados y el Partido Popular tres.

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Puigdemont ha pedido a Rajoy una reunión sin condiciones. Antes, el juez Pablo Llarena ha acordado imputar por rebelión a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, a su portavoz, Anna Gabriel, al presidente del PDeCat, Artur Mas, a su coordinadora general, Marta Pascal, y a la presidenta de la AMI, Neus Lloveras i Massana.

Además, después de que Ciudadanos haya sido el partido más votado el 21- D, con más de un millón de votos y 37 escaños, el candidato de la CUP, Carles Riera, ha condicionado este viernes su apoyo a Puigdemont a hacer valer su programa de «construir la república».

El día después de las elecciones ha arrancado con una caída del Ibex 35, el principal índice de la Bolsa española, que ha perdido un 1,54% tras el resultado de los comicios catalanes.

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La audiencia duró apenas una hora y fue aplazada hasta el 4 de diciembre, informó el abogado de Puigdemont, Paul Bekaert. “El fiscal pidió se ejecute el pedido de extradición (pero) podemos responder por escrito, de modo que nada se ha resuelto hoy”, añadió.

La vista es un nuevo capítulo desde que salieron de España y se negaron a regresar de Bruselas para afrontar una investigación de rebelión asociada a la iniciativa independentista.

El gobierno belga ha mantenido que no puede intervenir en la solicitud española de extradición porque la decisión depende de la justicia independiente. La decisión judicial del viernes puede apelarse.

“Es un caso judicial basado en la separación de poderes. Depende de las autoridades judiciales”, dijo el primer ministro belga Charles Michel después de una reunión con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en un aparte de la cumbre de la Unión Europea en Gotemburgo, Suecia.

El vocero de Michel, Barend Leyts, dijo que el diálogo fue “constructivo” y no tuvo que ver con la crisis catalana en sí. Los dos jefes de gobierno hablaron sobre la profundización de la unión monetaria y el inminente traslado de oficinas de la Unión Europea de Gran Bretaña al continente, entre otros asuntos.

Pero el asunto de la extradición siguió provocando malestar.

España proporcionó al fiscal belga información sobre las condiciones de encarcelamiento de Puigdemont y los potros cuatro miembros de su gobierno si se aprueba la extradición.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo que se había enviado la información requerida, pero señaló que “España es un estado de derecho desde hace muchos años” y que “nadie nos va a dar lecciones en Europa”.

El ministerio del Interior confirmó que había enviado información sobre las celdas, las garantías de seguridad, recreación, higiene y alimentos en las cárceles donde se alojaría a Puigdemont y cuatro de los exministros que lo acompañan en Bruselas.

El ministerio dijo que los cinco, a los que se acusa de rebelión, sedición y malversación de fondos, tendrán acceso a sus abogados.

Si bien las naciones de la UE han respaldado casi invariablemente a Madrid en la crisis catalana, Bélgica fue una de las primeras en criticar el empleo de la violencia policial durante el referendo del 1 de octubre. España dice que la respuesta policial fue proporcional a los hechos.

El partido nacionalista flamenco N-VA, el socio mayor en el gobierno de coalición de Michel, ha mantenido una fuerte discusión con el Partido Popular (PP) de Rajoy sobre el problema catalán y los vínculos de ambos partidos a un pasado autoritario.

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La presidenta de la cámara autonómica, Carme Forcadell, fue la primera en declarar ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y dos fiscales. Al igual que otros cinco miembros de la mesa del Parlamento catalán, la funcionaria afronta posibles cargos de rebelión, sedición y malversación.

Estos delitos podrían suponer penas de prisión de hasta 30 años, según la legislación española.

El juez tendrá que decidir tras tomarles declaración si se decretan medidas cautelares -incluida la prisión preventiva– mientras prosigue la investigación.

La declaración de independencia del 27 de octubre en el Parlamento catalán fue boicoteada por la mayoría de los legisladores de oposición, pero se celebró pese a órdenes judiciales previas. El texto se aprobó por 70 votos a favor y 10 en contra en la cámara de 135 escaños.

Tribunal Constitucional anula la declaración de independencia de Cataluña

Las autoridades centrales españolas adoptaron la medida sin precedentes de intervenir la acomodada región poco después, la primera vez en cuatro décadas de democracia que una de las 17 comunidades autónomas españolas pierde de manera temporal su capacidad de autogobierno.

España destituyó al gobierno regional, disolvió el Parlamento y convocó nuevas elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.

El expresidente regional, Carles Puigdemont, y cuatro miembros de su gobierno huyeron a Bruselas, donde tratan de evitar órdenes españolas de arresto y extradición.

Puigdemont se declara el “presidente legítimo” de Cataluña

En una carta subida este jueves a redes sociales, los cinco pidieron apoyo para los partidos independentistas en las próximas elecciones catalanas.

“Toca expulsar de las instituciones (catalanas) a aquellos que quieren hacerlas suyas con un golpe de Estado”, tuiteó Puigdemont, en referencia a la decisión del gobierno español de asumir las competencias del gobierno catalán.

Toca foragitar de les institucions els qui se les han volgut fer seves amb un cop d'estat. Carta des de Bèlgica https://t.co/k19rgV2MC9 pic.twitter.com/DJldcBOeSZ

— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 9, 2017

Puigdemont, que se podría presentar como candidato por su partido de centroderecha PDeCAT, dijo que viajó a Bélgica para ganar apoyos en Europa por la causa catalana, y que no intenta huir de la justicia.

Aunque ningún país se ha puesto de su lado en público, su presencia en la capital belga está sembrando divisiones en la clase política. En la carta del jueves, los miembros del destituido gobierno regional criticaron a la Unión Europea por hacer oídos sordos a la situación de los catalanes.

“Los tiempos que pasemos entre rejas españolas o en el exilio no serán en vano si seguimos unidos en la defensa de Cataluña y en la denuncia de la decadencia democrática del estado español”, afirmó la carta.

El presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, declaró hoy que la política hacia Cataluña tiene el total respaldo “cien por cien” de los países de la UE.

En una visita a Salamanca, a unos 220 kilómetros (135 millas) al noroeste de Madrid, Rajoy dijo que espera que las próximas elecciones regionales permitan “iniciar una nueva etapa”.

Expresó esperanzas de una “participación masiva” ese día y que “todo el mundo vaya a votar”. En los comicios catalanes, dijo, se decidirán “muchas cosas” y es importante que se vaya a “una situación de normalidad” en la que se cumpla la ley.

Forcadell sigue siendo la presidenta del Parlamento regional y lidera una comisión de dos docenas de legisladores durante el periodo de transición hasta los comicios del mes que viene.

El Tribunal Supremo demoró las declaraciones durante más de una semana después de que los abogados de la defensa alegaran que no había tenido tiempo suficiente para prepararse.

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Muchos de los bloqueos se registraban a los accesos a grandes ciudades de Cataluña, incluida la capital, Barcelona, y a algunas de las grandes autopistas de la comunidad autónoma, indicó el Servicio Catalán de Tránsito en su cuenta de Twitter. Más de 60 tramos de carreteras y autopistas se vieron afectados a lo largo de la mañana, según la agencia.

La empresa de ferrocarriles Renfe dijo que se detuvieron los servicios en líneas locales y también en líneas de alta velocidad. En Girona, varios manifestantes atravesaron las barreras policiacas para entrar a la estación central.

Intersindical CSC, una plataforma que reúne a varios sindicatos independentistas, convocó la huelga en favor de los derechos laborales; sin embargo, grupos civiles y partidos separatistas pidieron a los trabajadores que se sumaran al paro en protesta por la intervención española.

La huelga no contaba con el respaldo de los dos sindicatos más grandes de España, y no se reportó un gran impacto de los paros en la industria o el valioso sector turístico de la región.

Al mediodía, varios miles de manifestantes independentistas que ocuparon una plaza céntrica en Barcelona agitaron banderas catalanas y corearon “libertad” para la decena de personas detenidas mientras se las investiga por rebelión y sedición antes y después del 27 de octubre, cuando el Parlamento catalán declaró la independencia en desacato de órdenes judiciales.

Agustí Alcoberro, vicepresidente de la organización civil Asamblea Nacional Catalana, dijo que los arrestos fueron “un ataque a la democracia y una humillación” al pueblo catalán.

El gobierno central español asumió el mes pasado un control sin precedentes de Cataluña, una de las 17 comunidades autónomas de España, después de que legisladores regionales aprobaran una declaración de independencia el 27 de octubre, la cual hoy fue anulada por el Tribunal Constitucional.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo este miércoles que las elecciones autonómicas del mes que viene deberían abrir “una nueva era política” en la región nororiental con el regreso a la normalidad y al respeto a las leyes españolas.

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, huyó a Bélgica con cuatro exconsejeros de su gobierno, y tratan de evitar su detención y extradición a España.

Ocho de los exministros de Puigdemont y dos activistas fueron enviados a prisión mientras una corte española estudia posibles cargos de rebelión y sedición en su contra.

Cataluña, con 7.5 millones de habitantes, supone un quinto del producto interno bruto español y los sondeos muestran que su población está dividida aproximadamente a la mitad en la cuestión de la independencia. Puigdemont sostiene que un cuestionado referendo de independencia celebrado el 1 de octubre le dio un mandato para declarar la independencia.

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Preguntado por cómo responderá el líder catalán a la citación judicial, el abogado Paul Bekaert dijo la cadena VTM: “Él no va a ir a Madrid”.

“Como están las cosas ahora, no puedo ver que vaya a regresar en las próximas semanas”, agregó.

El viernes pasado, el parlamento de Cataluña aprobó una declaración de independencia que provocó la activación de un artículo de la Constitución española que permitió al ejecutivo central asumir el control de la región, cesando a sus principales cargos.

En una conferencia de prensa en Bruselas el martes, Puigdemont explicó que él y cinco miembros de su gobierno, también depuestos, que lo acompañaron a Bélgica buscaban una garantía de “libertad y seguridad” de las autoridades españolas.

Los 14 miembros del destituido ejecutivo catalán enfrentan posibles cargos de rebelión por seguir adelante con el proceso independentista que culminó en la declaración de independencia del 27 de octubre. La fiscalía española presentó una querella por cargos de rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont y su número dos, Oriol Junqueras. Según la ley española, estos delitos podrían acarrear penas de prisión.

Un juez de instrucción citó a los exdirigentes a declarar el jueves en Madrid y podría llegar a ordenar su detención como muy tarde el viernes, con independencia de que comparezcan o no. Dos de los exconsejeros que viajaban con Puigdemont regresaron a Barcelona el martes por la tarde.

En una entrevista publicada por VTM este miércoles, Bekaert señaló que si España pidiese la extradición de Puigdemont la decisión dependerá de los jueces belgas, no del gobierno.

En España, Esteban González Pons, eurodiputado y portavoz del gobernante Partido Popular (PP), dijo que si el expresidente catalán no comparece ante la justicia el jueves, “habrá probablemente una solicitud de extradición a Bélgica y lo detendrá la policía belga”.

En declaraciones a la emisora de radio española Onda Cero el martes en la noche, González Pons dijo que cree que el letrado de Puigdemont en Bélgica podrá prolongar el caso hasta después de las elecciones anticipadas del 21 de diciembre en Cataluña.

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