Identificado extraoficialmente como Emmanuel Velázquez, participaba en ejercicios de salto desde un helicóptero en el Centro de Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina. Según testigos, el cadete formaba parte de un grupo de ocho jóvenes que realizaban saltos consecutivos como parte del curso básico de fusileros paracaidistas de la dependencia.

El accidente quedó registrado en un video que se hizo viral en redes sociales, donde se observa cómo los cadetes saltan del helicóptero y despliegan sus paracaídas, con excepción de uno cuyo equipo no se abrió correctamente.

La respuesta oficial de la Semar fue emitida tras la difusión del video, expresando profundo pesar por la pérdida del cadete. El comunicado enfatizó los valores de honor, deber y lealtad que guiaron la carrera del joven dentro de la institución naval. Sin embargo, la Secretaría de Marina no proporcionó detalles detallados sobre las circunstancias precisas del incidente, como el motivo exacto por el cual el paracaídas del cadete Velázquez no se desplegó adecuadamente.

La tragedia ha generado un debate en redes sociales sobre las medidas de seguridad empleadas en las prácticas de adiestramiento aéreo de las fuerzas armadas mexicanas. Usuarios han cuestionado si se tomaron todas las precauciones necesarias para prevenir este tipo de accidentes, señalando que no es la primera vez que ocurre un incidente de esta índole en tales ejercicios.

En el ámbito interno de la institución, se ha hecho hincapié en la naturaleza intrínseca de los riesgos asociados con el servicio militar, reconociendo que cada ejercicio lleva consigo la posibilidad de tragedias como la ocurrida con el cadete Velázquez. La Marina reafirmó su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus miembros, mientras que familiares, amigos y compañeros de armas del cadete continúan lamentando su pérdida.

Este trágico incidente no solo ha sacudido a la comunidad naval, sino que también ha recordado a todos los mexicanos el sacrificio y la entrega de aquellos que sirven a la nación, dejando un legado de valentía y dedicación que nunca será olvidado.

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La escena sorprendió a los que se encontraban en el lugar, prestadores de servicios turísticos y persona de la Marina Armada de México, remolcaron al animal mar adentro.

El pasado 12 de enero se reportó que una cría de ballena quedó atrapada frente a un hotel en la zona de la Condesa donde se trabajó hasta media noche para poder sacar a la ballena y que regresara al mar.

Hasta el momento esta es la tercera vez que se ven cetáceos en playas de Acapulco.

El cadáver de una ballena apareció flotando la tarde de este domingo en la bahía de Santa Lucía, en el puerto de #Acapulco.

Prestadores de servicios turísticos y persona de la Marina Armada de México rescataron y remolcaron el cuerpo del ballenato frente a playa Icacos. pic.twitter.com/NdW6fQZhY5

— Televisa Guerrero (@TelevisaAcaNot) January 24, 2022

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«Desde luego dependen de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, en lo operativo, van a ser las Fuerzas Armadas las responsables de la administración de aduanas», expresó el presidente en su conferencia de prensa matutina, que celebra a diario en Palacio Nacional.

Andrés publicó el miércoles un decreto que crea la Agencia Nacional de Aduanas como un nuevo órgano de Hacienda, con participación de las Fuerzas Armadas y separado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que las gestionaba hasta ahora.

El presidente aseguró que con este nuevo decreto el Ejército y la Marina «van a estar a cargo de las aduanas porque hay problemas de contrabando, de combustibles y desde luego entrada de armas y fentanilo».

El mandatario dijo que las aduanas siempre han sido «codiciadas por corrupción» y que la nueva administración «va a ir limpiando» su operación.

Además, recordó que hizo lo mismo con los puertos el año pasado, cuando anunció que los militares tomarían el control de las terminales portuarias.

Precisamente esta decisión propició en julio de 2020 la dimisión del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien consideró que la militarización de los puertos tendría una «grave trascendencia».

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En la ceremonia en conmemoración al Día Internacional del Rescatista, la Marina destacó la labor de la veterana adscrita al Departamento de Control Canino de la dependencia, ubicada en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Frida, quien nació hace 10 años y tiene una edad canina de 70, continuará en esas instalaciones para colaborar con el entrenamiento de los nuevos elementos caninos en la búsqueda técnica, como es el caso de los hermanos Ecko y Evil, dos jóvenes pastores belgas malinois que destacan por su vigor, agilidad e inteligencia.

Junto con Ecko y Evil, formó parte de los equipos que acudieron a las labores de rescate llevadas a cabo por la Marina Armada de México tras los movimientos telúricos de septiembre de 2017 en la capital del país.

De acuerdo con información de la Semar, la perrita labrador cuenta con 53 localizaciones en estructuras colapsadas y deslaves: 12 han sido personas vivas y 41 cuerpos. Las víctimas vivas las rescataron tras el sismo de Haití, el 12 de enero de 2010.

También apoyó en la búsqueda de víctimas durante la explosión en la Torre de Pemex, el 31 de enero de 2013, en la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo; el deslave de Guatemala, el 7 de noviembre de 2012; y el sismo de Ecuador, el 16 de abril de 2016.

En México, acompañada por Ecko y Evil, en Juchitán, Oaxaca, tuvo una participación activa tras los sismos del 7 de septiembre de 2017, y el del 19 de septiembre del mismo año en la capital del país.

Ello le valió el cariño y el reconocimiento de miles de mexicanos que vieron en ella al símbolo de la solidaridad y fortaleza de los mexicanos ante la tragedia.

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Versiones apuntan a que el incendio se originó por la ordeña por parte de sujetos que llegaron al lugar en dos camionetas, una de las cuales fue hallada incinerada.

Personal del Ejército, Secretaría de Marina, Policía estatal y federal llegó a la zona para resguardar el sitio y montar un operativo con el objetivo de dar con los responsables del siniestro.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Otumba y Axapusco, así como de seguridad física de Pemex cerraron la toma y apagaron las llamas.

Tras descartarse peligros para la población, se reportó que no heridos ni detenidos.

De momento se llevan a cabo trabajos de inteligencia para tratar de localizar el vehículo donde escaparon los delincuentes.

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En un comunicado, la dependencia precisó que esta acción se llevó a cabo tras realizar operaciones de vigilancia marítima, a 40 millas náuticas (74 kilómetros), al suroeste de Casa de Piedra, Guerrero, cuando una aeronave de la Armada de México avistó una embarcación tipo reformeña con carga sospechosa.

Por ello, se estableció una operación con siete unidades de superficie, dos aeronaves y personal de Infantería de Marina para su intercepción y aseguramiento correspondiente, y con ello inhibir la presunta acción delincuencial.

Durante esta operación elementos de la Armada de México detuvieron a cuatro personas de nacionalidad mexicana, a bordo de citada embarcación con dos motores fuera de borda de alta potencia, en posesión de 599 paquetes de polvo blanco con características similares a la cocaína con un peso aproximado de 725 kilogramos.

A los detenidos les fue leída la Cartilla de los Derechos Humanos. Después, los detenidos, la embarcación y la presunta droga asegurada fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para la verificación del peso, las pruebas correspondientes y la integración de la carpeta de investigación.

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El juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Fernando Silva, resolvió en el expediente número 118/2018 que la actuación de los militares en tareas de seguridad pública puede provocar actos de “imposible reparación en perjuicio de los integrantes de la sociedad”.

“Resulta inconstitucional el sistema normativo previsto en la Ley de Seguridad Interior reclamada, en cuanto incorpora a las Fuerzas Armadas con la seguridad interior en tiempos de paz”, puntualizó en la resolución publicada en las listas del Poder Judicial de la Federación, consultada por el diario El Universal.

Silva consideró que el papel de las Fuerzas Armadas en en tareas de seguridad pública introduce un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, porque la autoridad militar difícilmente puede sustraerse “al régimen de mando y adiestramiento para el que fue creado.

“No puede soslayarse que el régimen de adiestramiento militar, así como su sistema jerárquico de validez formal y de eficacia de las órdenes militares, en principio son instrumentos incompatibles con nuestro régimen constitucional para que las autoridades militares intervengan en las diversas tareas de seguridad interior que tienen su origen en territorio nacional en tiempos de paz”, resolvió.

El amparo concedido por el juez Silva tiene el efecto de que las Fuerzas Armadas no pueden detener o molestar a ninguno de los quejosos mediante la aplicación de los artículos 4, 6, 9, 11, 15, 16, 17, 20 al 22, 26, 30 y 31 de la Ley de Seguridad Interior.

Por ello, ordenó notificar al Ejército y Fuerza Aérea y Marina del fallo.

Por su parte, la juez noveno de Distrito en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, concedió el amparo a una organización de personas defensoras de los derechos humanos.

La magistrada resolvió que la sola entrada en vigor de la ley y los 13 artículos impugnados “sí afecta y condiciona conductas inherentes a la actividad de los quejosos como promotores de derechos humanos”.

Reconoció que la legislación va dirigida a todos los ciudadanos, pero ellos, como defensores, resienten una afectación directa, real y efectiva por sus actividades.

Las normas que impugnaron se refieren a la intervención de las Fuerzas Armadas en protestas sociales o movilizaciones, lo que genera un efecto negativo en sus actividades como defensores de derechos humanos.

“Ante la posibilidad legal de que las autoridades castrenses intervengan en una manifestación en la que participen los quejosos, los investiguen por las actividades que realicen como defensores de derechos humanos, soliciten sus datos personales a cualquier autoridad o bien se les impida acceder a la información relacionada con la seguridad interior, se disuade a los promoventes del amparo de realizar sus actividades como defensores de derechos humanos e incluso como cualquier persona que se encuentre en territorio nacional.

“No se puede realizar una interpretación conforme de las normas impugnadas por los quejosos, puesto que se demostró que son excesivamente vagas e imprecisas y restringen derechos humanos como las libertades de expresión, reunión y los derechos de acceso a la información, intimidad, autodeterminación informativa y libre desarrollo de la personalidad”, estableció.

El amparo concedido también establece que los artículos impugnados no se podrán aplicar a los quejosos, por lo que ordenó entregarles un salvoconducto para que las autoridades no les apliquen dichos preceptos.

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El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó hoy que la tarde del pasado sábado 28 de enero murió Humberto o Steven “N”, considerado como uno de los líderes de un grupo delictivo regional, junto con tres integrantes de su organización, en una situación operada en la colonia Las Palmas en Reynosa.

Señaló que personal de las Procuradurías General de la República (PGR) y de la General de Justicia de Tamaulipas (PGJT) realizaron pruebas periciales para corroborar la identidad del líder delincuencial, independientemente del reconocimiento físico que hicieron familiares del cuerpo.

Manifestó que Humberto o Steven “N” era señalado como uno de los objetivos relevantes, tanto para la justicia estatal como la federal.

En diciembre del año pasado, expuso, la PGJT aprobó que se ofreciera una recompensa de hasta dos millones de pesos a quien proporcionara información que llevara a la captura de tres importantes jefes de la delincuencia organizada que opera en la zona de Reynosa y Río Bravo, entre los cuales está Humberto o Steven “N”.

Refirió que se les atribuye ser responsables de actos de violencia que han ocurrido desde hace varios meses en los municipios de Reynosa y Río Bravo por la presunta disputa del control de diversas actividades ilícitas cometidas en esa zona del estado.

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