La decisión se da en el contexto de la defensa de Aburto, quien busca reducir su condena de 45 años de prisión. En 2024, un fallo señaló que la pena pudo haberse impuesto con un criterio incorrecto, ya que debió aplicarse el Código Penal de Baja California vigente en 1994, el cual establecía una sanción máxima de 30 años, y no tratar el caso como si Colosio hubiera sido servidor público federal.

Al ejercer su facultad de atracción, la SCJN ordenó al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito remitir el expediente original del amparo directo 104/2021. Una vez recibido, será turnado a un ministro o ministra para la elaboración del proyecto de resolución.

El homicidio de Colosio, ocurrido en Lomas Taurinas, Tijuana, marcó un momento clave en la historia política de México. Desde entonces, el proceso judicial contra Aburto ha sido objeto de debate, especialmente en torno a la proporcionalidad de la pena y la aplicación correcta de la ley vigente en aquel momento.

El contenido del proyecto de resolución será definido en los próximos días, lo que podría abrir un nuevo capítulo en el análisis jurídico del caso. La revisión busca garantizar los derechos tanto del acusado como de la víctima, en un proceso que sigue siendo de gran relevancia nacional.

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Fuentes judiciales comentaron que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá pidió durante la sesión privada que se acaba de celebrar, más tiempo para estudiar el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat. La sesión pública está pendiente por llevarse a cabo.

La Sala no determinó si el asunto será discutido el próximo 20 de marzo, es decir, tres días antes de que se cumplan 30 años del homicidio de Luis Donaldo Colosio y de que el asesino cumplirá preso.

El proyecto de la ministra propone echar abajo el recurso de revisión interpuesto por la Fiscalía General de la República (FGR) ya que no reúne cuestiones de constitucionalidad que deba revisar la Corte. El Ministerio Público Federal busca echar atrás la sentencia que amparó a Mario Aburto.

Asimismo, que las revisiones son excepcionales y requieren que se cumplan ciertos requisitos, ya que no se puede revisar todo lo que ha concedido un Tribunal Federal.

De igual manera, que la sentencia que el Tribunal Colegiado emitió se basó en criterios vigentes emitidos en 2010 y 2013 por la Corte que señalan que, en delitos conexos, los jueces federales pueden juzgar tanto los delitos federales como los locales, pero esto de ninguna manera convierte al delito local en uno federal.

La FGR busca tumbar la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el cual amparó a Mario Aburto y ordenó al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Apelación del Estado de México revocar la sentencia de 45 años de cárcel y dictar una nueva tomando como base la pena que prevalecía en el Código Penal de Baja California en 1994, la cual contemplaba una condena máxima de 30 años por el delito de homicidio, ya que no se le puede juzgar como delito federal.

Es de mencionar que, en diciembre de 2023, la Corte admitió a trámite el recurso de revisión de la FGR.

La presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, turnó el expediente al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para su estudio, pero el ministro fue declarado impedido hace un par de semanas.

Lo anterior, porque él así lo solicitó, ya que como juez federal ordenó la liberación de Othón Cortés en 1996, quien fue señalado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) como el segundo tirador en el crimen del candidato del PRI a la Presidencia.

La FGR pidió a la Corte revisar el caso bajo el argumento de que el tribunal no analizó correctamente la jurisdicción federal porque no se trató de un homicidio del fuero común local, sino que, de conformidad con el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, correspondía, por su magnitud y consecuencias, a las autoridades federales conocer de ese delito.

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Durante su conferencia de este jueves, el mandatario dijo que se trata de «un asunto de estado» y si Aburto estuviese dispuesto a contar su versión, se le brindaría toda la protección a él y a su familia “si tiene algo que aportar”.

“Si la familia del señor Aburto, y él mismo, tienen algo que decir sobre su proceso, que signifique otra versión sobre los hechos y si él puede expresar, probar, que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio; si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería porque a nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio, fue una vileza lo que le hicieron.

“Si las cosas sucedieron como están en el juicio, lo único que nosotros estamos obligados a hacer es que no se le violen sus derechos humanos y eso es un compromiso”, expresó López.

López señaló que Aburto “tiene todo el apoyo” y pidió al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas que se entreviste con los familiares del acusado del asesinato de Colosio.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), rechazó que Aburto esté incomunicado, además que está en buen estado de salud.

Ante la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de reiniciar la investigación contra Aburto, la secretaria de Seguridad indicó que “en breve” darán una respuesta puntual a los señalamientos.

“Ha habido visitantes de esta Comisión que supervisan y vigilan cuál es el estado de salud del señor Aburto. En la actualidad, durante nuestra administración, de ninguna manera ha tenido un tema de falta de respeto a los derechos humanos. Hasta tiene oportunidad de comunicarse con su familia y comunicarse con otras personas”, informó Rosa Icela Rodríguez.

Agregó que Aburto está “tan comunicado” que ya hasta está por terminar su carrera de Derecho.

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En un comunicado, la CNDH explicó que tras una investigación se determinó que los actos de tortura en contra de Aburto se realizaron por parte de elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), del Ministerio Público y custodios, desde el momento de la detención, en marzo de 1994, hasta las primeras diligencias y su traslado al Cefereso número 1.

Asimismo, acusó que se le ha mantenido incomunicado y alejado de su familia, «lo que constituye una violación a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno«.

«Las nuevas consideraciones y hallazgos, advierten violaciones graves a derechos humanos, por ello, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima; además, estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homine, aportar como prueba la propia Recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado«, detalló.

Resaltó que la nueva investigación o la reapertura de la anterior tendrá como finalidad subsanar deficiencias y llegar al esclarecimiento de los hechos, «que permitan a la víctima y a la sociedad acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas«.

Agregó que en la nueva investigación, las autoridades también deberán responder por sus actos, «no solo a través de acciones de reconocimiento y reparación integral del daño, sino también mediante acciones y políticas de no repetición«.

Finalmente, la CNDH recomendó al titular de la FGR y al comisionado de Prevención y Readaptación Social reparar integralmente el daño al agraviado y a sus familiares en los términos de la Ley General de Víctimas; inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica, así como colaborar en el trámite y seguimiento de la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control en la FGR y en el OADPRS en contra de los servidores públicos involucrados.

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El organismo nacional tomó esta determinación luego de que los familiares de Aburto interpusieron una queja por presuntas violaciones a derechos humanos que el acusado ha sufrido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 en Guanajuato.

“Atendiendo a la queja, la CNDH emprenderá las acciones que en ejercicio de sus funciones constitucionales le sea menester realizar, a efecto de que el llamado caso Colosio sea revisado a la luz de las nuevas evidencias y declaraciones que el peticionario aporte”, señaló la comisión en un comunicado de prensa.

El organismo dirigido por Rosario Piedra Ibarra indicó que ya solicitó al Órgano Desconcentrado Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) que se emitan medidas cautelares a favor de Aburto Martínez, con el objetivo de que se resguarden sus derechos a la salud y a su integridad personal.

La atención de su salud, alimentación y revisiones médicas son las principales vulneraciones sufridas por Mario Aburto en el reclusorio, según la CNDH.

“En la queja presentada inicialmente por familiares suyos, los peticionarios señalan presuntos actos violatorios de sus derechos humanos, en lo sustancial que no se le brinda atención médica, ni la alimentación que requiere con motivo de los padecimientos crónicos que presenta, por lo que se encuentra muy débil y deteriorado en su estado de salud; pero además, que es víctima desde el año de 1994 hasta la fecha, de diversas conductas, como tratos crueles, inhumanos, degradantes, y de tortura, que vulneran su integridad física y psicológica”, detalló la CNDH en el comunicado.

El organismo agregó que ya entró en contacto con Aburto Martínez, quien ratificó la declaración de su familia y así se logró abrir el expediente de queja.

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Entrevistada tras encabezar la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, señaló que su postura se da luego de leer la carta en la que Mario Aburto, asesino confeso de Colosio, le pide al mandatario federal retomar la investigación; además de una entrevista que tuvo con el último fiscal  del caso, Luis Raúl González Pérez, actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

De acuerdo con la funcionaria, las pruebas periciales fueron realizadas por institutos de la Universidad Nacional, además no han sido encontrados nuevos elementos o hechos supervenientes, por lo que no se podría reabrir el caso.

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