“De acuerdo a la constitución la política exterior corresponde al Ejecutivo Federal, el titular del ejecutivo, de acuerdo al artículo 89, es el responsable de la política exterior y representa al Estado mexicano. Pero también en la constitución está expresamente prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros”, aseveró el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

La semana pasada, Salazar visitó Zacatecas, una de las entidades mexicanas con alerta de viaje por la inseguridad, donde pactó con el gobierno local la firma de un acuerdo de cooperación para combatir a las organizaciones del crimen organizado.

De acuerdo con lo pactado, se tiene prevista la actuación de diversas agencias de Estados Unidos como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID.

Según el embajador, con este pacto, las agencias estadounidenses donarían a Zacatecas equipo y software para indagar a cárteles como el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, así como capacitación de policías, funcionarios locales de las áreas de seguridad pública y personal de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para seis estados mexicanos en los que se incrementó la violencia: Zacatecas, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, debido a los recientes hechos violentos en el país.

Sin embargo, López Obrador dijo este lunes que ese acuerdo solo fue de palabra “no se suscribió, no está aceptado por las partes, no es un hecho”, reiteró.

Y aseguró que existe confianza en el embajador Salazar y una buena relación con el gobierno de Estados Unidos.

“Es que es muy claro, pero le tenemos confianza a Ken Salazar que está visitando los estados y hay buena relación con el gobierno de Estados Unidos”, aseveró.

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La Sedena refirió en un comunicado las notas publicadas el 24 y 25 de agosto de 2020 en el diario «El País» con los títulos «El Ejército Mexicano desvió 156 MDD a empresas fantasmas entre 2013 y 2019» y «El Ejército Mexicano usó 11 empresas fantasmas en la modernización de las aduanas en el sexenio de Peña Nieto».

Las publicaciones apuntaban a que la Sedena «es una de las dependencias que ha recurrido a las llamadas ‘factureras’ (empresas) que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias».

Esto debido a que entre 2013 y 2019, diversas instancias de esta secretaría pagaron 2.756 millones de pesos (unos 124,4 millones de dólares) a 261 empresas «fantasma» (pantalla).

Señaló que las notas usaron datos proporcionados por la propia Sedena e informaciones de medios de comunicación, redes sociales y Gobierno mexicano «sobre empresas exhibidas por actos de corrupción para exponer un supuesto mal manejo de los recursos».

Recordó que de 2013 a 2018, las empresas señaladas en las informaciones «no se encontraban en el registro de la Secretaría de la Función Pública de proveedores sancionados para contratar.

Por lo que al momento de los contratos con la Sedena las empresas «estaban debidamente constituidas y sin ningún impedimento para llevar a cabo la contratación y prestación de servicios.

Posteriormente a la formalización de instrumentos contractuales con la Sedena, estas fueron declaradas empresas «fantasma» por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La Sedena indicó que en conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, del 2013 al 2018 se realizaron 31 auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de 2019 a la fecha se tienen en proceso 14.

En caso de existir anomalías, como se afirma en las notas periodísticas a través de empresas «fantasma» sobre desvío de recursos económicos, éstas serían detectadas por los organismos fiscalizadores competentes, consideró.

Este jueves, en su conferencia diaria, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ya tenía la información del tema que le había entregado la Sedena y que la institución castrense respondería puntualmente sobre el asunto y lo haría público.

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