Este domingo, un grupo de senadores demócratas y republicanos anunció un acuerdo preliminar que permitirá poner fin al cierre del gobierno federal más largo en la historia de Estados Unidos. La negociación, realizada en Washington, busca restablecer el funcionamiento de agencias clave y garantizar el pago de salarios a cientos de miles de funcionarios afectados.

El acuerdo fue impulsado por los senadores demócratas Angus King, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan, junto con varios republicanos. Según medios como Politico y Bloomberg, el Congreso podrá aprobar fondos para los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos y otras agencias hasta el 30 de enero. Además, se contempla el pago de sueldos a unos 650.000 empleados que habían sido suspendidos y la reincorporación de parte del personal.

De acuerdo con Fox News, las votaciones en el Senado comenzarían la misma noche del domingo. Posteriormente, la Cámara de Representantes deberá reunirse para oficializar el fin del cierre, que se prolongó durante 40 días debido a la falta de consenso sobre el presupuesto federal.

Como parte del pacto, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, se comprometió a someter a votación en diciembre la extensión de subsidios vinculados a la Ley de Cuidado Asequible (Obamacare). Estos beneficios estaban próximos a expirar y habían sido uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo.

El presidente Donald Trump, tras regresar a la Casa Blanca desde Florida, declaró: “Parece que estamos más cerca de un acuerdo para poner fin al cierre”. Su mensaje reflejó el avance de las negociaciones y la expectativa de una pronta resolución.

La paralización del gobierno federal afectó gravemente a la población y a los servicios públicos. Durante 40 días, cientos de miles de funcionarios quedaron sin salario, se suspendieron programas de asistencia alimentaria y se registraron retrasos en aeropuertos por la falta de personal de seguridad y controladores aéreos.

Ante la ausencia de ingresos, muchos trabajadores recurrieron a donaciones de alimentos o préstamos de emergencia, mientras otros continuaron laborando sin recibir su nómina.

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Más de 42 millones de personas han dejado de recibir apoyos del programa de asistencia alimentaria SNAP, mientras que la ausencia de controladores aéreos, obligados a trabajar sin sueldo, ha generado retrasos y cancelaciones en aeropuertos de todo el territorio.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, responsabilizó a los demócratas por el récord del cierre, mientras que la oposición acusó al presidente Donald Trump y a los republicanos de negarse a negociar un presupuesto equilibrado. El Senado rechazó una medida republicana para financiar temporalmente al Gobierno, lo que prolongó la parálisis.

Los demócratas condicionan su apoyo a mayores subsidios para el programa sanitario Obamacare, mientras que los republicanos, que controlan ambas Cámaras, los acusan de intentar beneficiar a indocumentados. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que “los estadounidenses no deberían pagar el precio de un juego político que pone en riesgo la seguridad y los servicios esenciales del país”.

El cierre actual ya superó al de 2019, cuando la Administración federal permaneció paralizada 35 días por un desacuerdo sobre la financiación del muro fronterizo con México. En aquel entonces, más de 800 mil empleados federales trabajaron sin sueldo o fueron suspendidos, una situación que podría repetirse si no se alcanza pronto un acuerdo presupuestario.

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No hay ningún misterio en lo que está pasando aquí, el presidente de Estados Unidos, está tratando de eliminar la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, lo ha intentado durante los últimos cuatro años. El Partido Republicano ha intentado eliminarla durante una década», dijo Biden en una declaración a la prensa desde Wilmington (Delware).

El sábado, Trump anunció la designación de la jueza conservadora Amy Coney Barrett para cubrir la vacante que dejó en el Tribunal Supremo la magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg, fallecida el 18 de septiembre.

Barrett, católica y de 48 años, fue nominada en 2017 por Trump para la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, con sede en Chicago y donde ejerce actualmente.

En 2017, Barrett publicó un ensayo en el que ofrecía su visión sobre la reforma sanitaria de Obama y criticaba la decisión de salvar la ley que tomó en 2012 el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, nominado por el presidente republicano George W. Bush (2001-2009).

La reforma sanitaria de Obama, aprobada en 2010, ha sido rechazada por la mayoría de los miembros del Partido Republicano, que han intentado anularla por la vía judicial ante el Tribunal Supremo y también en el Congreso, donde todos los intentos han fracasado hasta ahora.

Desde que llegó a la Casa Blanca en 2017, Trump ha hecho todo lo posible para anular «Obamacare» y, aunque no lo ha conseguido, sí que ha logrado debilitar esa ley.

Durante el próximo curso judicial, que empieza en octubre, el Tribunal Supremo tiene previsto evaluar una denuncia que han interpuesto contra la reforma sanitaria de Obama una coalición de fiscales generales estatales del Partido Republicano con el apoyo del Gobierno de Trump.

Normalmente, el Tribunal Supremo de EE.UU. está compuesto por nueve jueces con puestos vitalicios y que tienen el poder de cambiar las leyes del país.

Sin embargo, la muerte de Ginsburg ha dejado a la corte con tres jueces progresistas y cinco conservadores.

Los magistrados son nombrados por el presidente y, luego, deben ser confirmados por el Senado, donde los republicanos actualmente tienen mayoría.

Si los republicanos del Senado logran confirmar a Barrett antes de los comicios del 3 de noviembre, se habría batido un récord: nunca antes un juez para el Tribunal Supremo ha sido confirmado tan cerca de las elecciones presidenciales.

Biden acusa a Trump de usar al Tribunal Supremo para «suspender» Obamacare

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, acusó este domingo a su rival en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, el presidente Donald Trump, de usar al Tribunal Supremo para «eliminar» la ley sanitaria que aprobó su antecesor, Barack Obama (2009-2017), conocida como «Obamacare».

«No hay ningún misterio en lo que está pasando aquí, el presidente de Estados Unidos, está tratando de eliminar la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, lo ha intentado durante los últimos cuatro años. El Partido Republicano ha intentado eliminarla durante una década», dijo Biden en una declaración a la prensa desde Wilmington (Delware).

El sábado, Trump anunció la designación de la jueza conservadora Amy Coney Barrett para cubrir la vacante que dejó en el Tribunal Supremo la magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg, fallecida el 18 de septiembre.

Barrett, católica y de 48 años, fue nominada en 2017 por Trump para la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, con sede en Chicago y donde ejerce actualmente.

En 2017, Barrett publicó un ensayo en el que ofrecía su visión sobre la reforma sanitaria de Obama y criticaba la decisión de salvar la ley que tomó en 2012 el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, nominado por el presidente republicano George W. Bush (2001-2009).

La reforma sanitaria de Obama, aprobada en 2010, ha sido rechazada por la mayoría de los miembros del Partido Republicano, que han intentado anularla por la vía judicial ante el Tribunal Supremo y también en el Congreso, donde todos los intentos han fracasado hasta ahora.

Desde que llegó a la Casa Blanca en 2017, Trump ha hecho todo lo posible para anular «Obamacare» y, aunque no lo ha conseguido, sí que ha logrado debilitar esa ley.

Durante el próximo curso judicial, que empieza en octubre, el Tribunal Supremo tiene previsto evaluar una denuncia que han interpuesto contra la reforma sanitaria de Obama una coalición de fiscales generales estatales del Partido Republicano con el apoyo del Gobierno de Trump.

Normalmente, el Tribunal Supremo de EE.UU. está compuesto por nueve jueces con puestos vitalicios y que tienen el poder de cambiar las leyes del país.

Sin embargo, la muerte de Ginsburg ha dejado a la corte con tres jueces progresistas y cinco conservadores.

Los magistrados son nombrados por el presidente y, luego, deben ser confirmados por el Senado, donde los republicanos actualmente tienen mayoría.

Si los republicanos del Senado logran confirmar a Barrett antes de los comicios del 3 de noviembre, se habría batido un récord: nunca antes un juez para el Tribunal Supremo ha sido confirmado tan cerca de las elecciones presidenciales.

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Seema Verma, jefa de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, dio a conocer los datos en Twitter. Pasarán semanas antes de saberse el total de solicitudes a nivel nacional, ya que algunos estados con fechas límite posteriores continúan inscribiendo a clientes.

Un análisis detallado no estuvo de inmediato disponible, pero el año pasado 39 estados atendidos por el sitio web federal HealthCare.gov inscribió a 9,2 millones de personas. Se esperaba que el número de este año fuera mucho menor, en parte porque el presidente Donald Trump y el Congreso liderado por el Partido Republicano intentaron reiteradamente eliminar por completo el programa.

“El número es más elevado de lo que cualquiera esperaba y debe considerarse un éxito”, dijo Larry Levitt, de la fundación no partidista Kaiser Family.

El número se dio a conocer un día después de que Trump proclamara que la reforma fiscal del Partido Republicano “revocaba, en esencia, Obamacare”, pero el ajuste fiscal sólo derogaba las multas de la ley de salud a las personas sin seguro médico a partir del 2019.

Otros elementos importantes de la ley de la era de Obama siguen igual, incluida la expansión de Medicaid para adultos de bajo ingreso, protecciones para personas con enfermedades preexistentes, subsidios que ayudan al cliente a pagar sus primas y el requisito de que el seguro cubra prestaciones “básicas”.

Este año, el gobierno de Trump redujo a la mitad el periodo de inscripción al terminarse el 15 de diciembre y no el 31 de enero.

También redujo el presupuesto para publicidad y el financiamiento de asesores que ayudaban a la gente en el complicado proceso de inscripción, que va más allá de escoger un plan de salud, ya que entre otras cosas, los clientes deben calcular su ingreso del año que entra para poder recibir ayuda financiera.

Sin embargo, el gobierno también aligeró los pasos de inscripción, por ejemplo, facilitar el camino para que las aseguradoras y agentes inscriban a los clientes.

En sus tuits, Verma utilizó un tono animado: “Nos enorgullece ofrecer un gran servicio al cliente”, escribió al felicitar a su agencia por la “experiencia más sencilla para los clientes hasta la fecha”.

Eso se contrasta con la retórica con frecuencia ominosa de Trump en relación al “Obamacare”, un legado de su predecesor que parece que todavía quiere desmantelar.

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El proyecto de ley pasó con 224 votos a favor y 201 en contra en la Cámara Baja, sin el respaldo de los demócratas y 12 miembros del Partido Republicano en contra.

La vasta reforma, que será financiada con deuda, reduce el impuesto a las ganancias de las empresas de 35% a 21%, ofrece a dueños de negocios una nueva exención fiscal de 20% sobre sus utilidades y renueva la forma en que Estados Unidos cobra tributos a las multinacionales para alinearse con las recomendaciones que han hecho las mayores corporaciones durante años.

Millones de estadounidenses dejarán de facturar deducciones bajo los términos de la nueva ley, lo que dejará las exenciones tributarias que incentivan la compra de viviendas y las donaciones por fines benéficos fuera de su alcance, pero al mismo tiempo hará que sus declaraciones de impuestos sean más sencillas y breves.

La normativa mantiene el actual número de tramos fiscales, pero ajusta muchos de los porcentajes y niveles de renta, aunque no todos. El principal impuesto para los individuos más ricos se redujo. El tributo estatal a la herencia cambió para que menos personas tengan que pagarlo.

Dos cláusulas añadidas por los republicanos para garantizar el respaldo a la reforma revierten partes del sistema de salud Obamacare y permiten la extracción de petróleo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Alaska, en el Ártico.

El presidente de Estados Unidos celebró este miércoles la aprobación de un plan de recorte de impuestos impulsado por los republicanos como una «victoria histórica» para el país.

«Tuvimos una victoria histórica para el pueblo estadounidense», dijo Trump en la Casa Blanca, mientras la Cámara de Representantes se disponía a aprobar definitivamente la reforma impositiva.

Trump también dijo que esta es una de los más grandes recortes hechos en la historia de Estados Unidos y promocionó el plan fiscal como una derogación de Obamacare.

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Dos personas al tanto de la decisión describieron el plan la noche del jueves y solicitaron el anonimato porque carecen de autorización para hablar en público del asunto.

En un comunicado, la Casa Blanca afirmó que el gobierno ya no puede pagar de manera legal los así llamados subsidios para compartir costos porque carecen de autorización formal del Congreso. El gobierno ha estado efectuando los pagos mes tras mes, incluso después de que Trump amenazó con suspenderlos para obligar a los demócratas a negociar sobre el Obamacare.

El presidente había amenazado con poner fin a los pagos, los cuales ayudan a reducir los copagos y los deducibles que tienen que erogar las personas con ingresos modestos.

Probablemente la acción del mandatario desate una demanda de los secretarios de Justicia de los estados, quienes argumentan que los subsidios a las aseguradoras están autorizados bajo la ley federal y que la posición de Trump es imprudente.

Se supo del plan de Trump en un día en que el presidente firmó un decreto en el que ordena a las agencias gubernamentales que diseñen planes de seguros que ofrezcan primas más bajas por fuera de los requisitos de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible promulgada por el presidente Obama.

Frustrado por los reveses que ha sufrido en el Congreso al respecto, Trump decidió recurrir a una orden ejecutiva para llevar el debate sobre “revocar y reemplazar” el Obamacare a un punto en el que no haya otra opción que tomar una decisión al respecto.

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La nueva política es una revisión que se preveía desde hace mucho a las regulaciones federales que requieren que la mayoría de las empresas ofrezcan sin costo prestaciones de control de natalidad y prevención médica para mujeres. La Ley de Cuidado de Salud Asequible, promulgada por Obama, brinda sin costo estas prestaciones a empleados y sus dependientes.

Se prevé que la exención religiosa y moral de Trump movilice a tanto sus oponentes como los conservadores religiosos que lo respaldaron, pero es probable que tenga un efecto limitado en los centros laborales de Estados Unidos, que mayormente no son religiosos. La mayoría de las mujeres ya no pagan por control de natalidad, y activistas inmediatamente anunciaron planes de tratar de bloquear en cortes la nueva regulación.

Aunque miles de mujeres podrían resultar afectadas por la nueva política de Trump, la gran mayoría de empresas no tienen recelo de ofrecer anticonceptivos a través de sus planes de salud. Administradores de recursos humanos reconocen que los empleadores se benefician económicamente al ayudar a las mujeres a espaciar sus embarazos, dado que las trabajadoras son figuras centrales para la mayoría de las empresas.

El gobierno calcula que unos 200 empleadores que ya han objetado contra la política de la era de Obama serían aptos para la autoexclusión, y que 120 mil mujeres serían afectadas; sin embargo, no está claro cómo responderán empleadores afiliados a grandes instituciones religiosas, como hospitales y universidades católicas.

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A todos los demócratas se sumaron los senadores republicanos Susan Collins, de Maine; Lisa Murkowski, de Alaska; y el convaleciente John McCain.

Trump tuiteó el viernes por la mañana: “3 republicanos y 48 demócratas decepcionaron al pueblo estadounidense”, luego de que los senadores republicanos no pudieron llegar a dejar de lado sus diferencias partidistas y ponerse de acuerdo en un último intento para mantener con vida la iniciativa de reforma a la ley conocida como Obamacare.

“Como dije desde el principio, dejemos que ObamaCare implosione, negociemos después. ¡Miren!“, agregó el presidente.

La iniciativa del Senado, que revocaba varias partes de la ley federal de salud, fue rechazada poco antes de las 2 de la madrugada, hora del este, con una votación de 51-49.

McCain, de 80 años, regreso el martes de manera espectacular al Capitolio luego que le diagnosticaran cáncer al cerebro y emitió un voto decisivo en favor que avanzó la propuesta por poco tiempo.

Luego que esta semana se rechazaran dos amplias propuestas republicanas para revocar la ley federal de salud, la votación del viernes puso en duda la capacidad del Senado controlado por los republicanos para aprobar cualquier propuesta de salud tras haber prometido durante siete años que revocaría Obamacare.

En un comunicado, McCain dijo que era “inexcusable” que el Senado no haya podido presentar una propuesta integral. El senador por Arizona agregó que los legisladores deberían de escribir una iniciativa con “aportes de todos nuestros miembros, republicanos y demócratas” y “parar el juego político”.

Dirigentes de la cámara baja no dudaron en culpar al Senado por la debacle de una de las prioridades más importantes del Partido Republicano. En un comunicado, el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan, que representa Wisconsin, dijo que “la Cámara de Representantes presentó una propuesta” y agregó que él estaba “decepcionado y frustrado”.

Hace casi tres meses, la cámara baja aprobó su paquete de cuidado de salud luego de varios reveses vergonzosos.

“No tenemos de darnos por vencidos. Animo al Senado a seguir trabajando para encontrar una solución verdadera que mantenga nuestra promesa”, agregó.

Un republicano moderado dijo que Trump era parcialmente responsable del revés.

“Una de las fallas fue que el presidente nunca presentó un plan o sus principios centrales y nunca se los presentó al pueblo estadounidense”, dijo Charlie Dent, representante de Pensilvania. “Pasó todo el asunto a manos del Congreso”.

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La incapacidad para sacar adelante esta iniciativa plantea dudas sobre la posibilidad de que los republicanos del Senado logren aprobar alguna ley sanitaria tras siete años de promesas para acabar con la reforma del sistema de salud pública, conocida como Obamacare.

“Claramente, este es un momento decepcionante”, dijo el líder de la mayoría en la cámara, Mitch McConnell, senador republicano por Kentucky. “Lamento que nuestros esfuerzos no hayan sido suficientes, esta vez”.

“Es hora de seguir adelante”, agregó.

McConnell dejó la norma sanitaria en suspenso y anunció que el Senado abordará a otra legislación la próxima semana.

Trump respondió al resultado de la votación en Twitter escribiendo: “3 republicanos y 48 demócratas decepcionan al pueblo estadounidense. Como dije desde el principio, dejemos que ObamaCare implosione, después, trato. ¡Miren!”.

El voto clave para bloquear la iniciativa fue el del senador republicano por Arizona John McCain, que regresó a la cámara esta semana tras ser diagnosticado con un tumor cerebral. En un apasionado discurso el día de su vuelta, McCain pidió una acción bipartidista en asuntos de interés nacional.

Tres republicanos votaron con los demócratas para rechazar la enmienda, que habría derogado el mandato para que la mayoría de las personas obtengan seguro sanitario y había suspendido la necesidad de que las grandes empresas proporcionen atención sanitaria a sus empleados. Además, se habría demorado un impuesto sobre dispositivos médicos y Planned Parenthood no habría tenido financiación durante un año.

El conteo final de la votación fue 49-51. Además de McCain, las senadoras republicanas Lisa Murkowski, de Alaska, y Susan Collins, de Maine, votaron en contra.

La enmienda era el último recurso de los republicanos en el Senado para aprobar cualquier norma que pudiese impulsar negociaciones con la Cámara.

“Es momento de pasar página”, dijo el líder de la minoría en el Senado, Charles Schumer, demócrata de Nueva York. “No lo estamos celebrando. Estamos aliviados”.

El secretario de Salud, Tom Price, dijo en un comunicado que el gobierno de Trump perseguirá sus metas sanitarias a través de la regulación. “Este esfuerzo continuará”, explicó Price.

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Los congresistas consiguieron la aprobación tras superar sus propias divisiones, que hundieron la propuesta hace seis semanas.

Vencidos, pero no rendidos, los demócratas insistieron en que los demócratas pagarán el precio en las elecciones por anular cláusulas fundamentales de la ley.

La medida fue aprobada por votación de 217-213, con todos los demócratas y la mayoría de los republicanos moderados votando en contra. Una derrota habría sido políticamente devastadora para Trump y el presidente de la cámara baja Paul Ryan.

Fue conseguida tras fuerte cabildeo de la Casa Blanca y líderes republicanos, además de revisiones de última hora que consiguieron el respaldo que necesitaban los partidarios. La propuesta enfrenta ahora una suerte incierta en el Senado, donde incluso los legisladores republicanos dicen que requiere cambios importantes.

La enconada lucha por derogar y reemplazar la ley de salud que impulsó el ex presidente Barack Obama dominó los debates en el Congreso, incluso cuando se disponía a aprobar la asignación de 1 billón de dólares para mantener el gobierno federal en funcionamiento hasta septiembre.

Los republicanos prometieron anular la reforma de salud de Obama desde su promulgación en el 2010, pero este año _con Trump en la Casa Blanca y control pleno del Congreso_ es su primera oportunidad real de lograrlo. Pero los sondeos han mostrado un rechazo del público a las gestiones de anulación y un alza en la popularidad de la medida de Obama y los demócratas _opuestos sólidamente a la nueva propuesta_ dijeron que los republicanos pagarán el precio en las elecciones legislativas del año próximo.

“Si votas por esta medida, pasarás de moderado a radical”, dijo la líder de la minoría demócrata en la cámara baja, Nancy Pelosi, quien advirtió a los republicanos que los votantes van a castigarlos.

Ryan canceló en marzo la votación sobre la medida porque conservadores descontentos decían que era demasiado débil y moderados dijeron que los recortes eran demasiado profundos.

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