De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el detenido es investigado por su presunta participación en delitos como extorsión, homicidio, secuestro y delitos contra la salud. Además, contaba con una orden de aprehensión vigente y, según informó el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, había logrado evadir a las autoridades en dos ocasiones anteriores.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado señalan que «Sierra 1» estaría relacionado con el homicidio del empresario mezcalero Sergio R., ocurrido el 22 de mayo de 2025 sobre la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre.

También es investigado por el secuestro agravado de tres hombres registrado durante 2025, además de otros hechos considerados de alto impacto que continúan bajo investigación.

Durante la intervención, las autoridades localizaron armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como diversas dosis de sustancias con características de narcóticos.

Por estos hechos, Ernesto Rafael «N» y la mujer que lo acompañaba fueron detenidos en flagrancia por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Las autoridades también lo identifican como presunto líder de una red dedicada a la extorsión de comerciantes y productores madereros en municipios y comunidades como Madero, San Miguel del Monte, Jesús del Monte, El Capulín y El Duende.

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Otros grupos se desplegaron en la caseta de Tepetzingo, en la autopista México-Cuernavaca, y sobre la Calzada Zaragoza, a la altura de la estación Santa Martha del Metro CDMX. Las acciones se llevaron a cabo pese al acuerdo anunciado previamente por la Secretaría de Gobernación (Segob).

El presidente de la Amotac, Rafael Ortiz, confirmó que el paro se realizaría debido a que la minuta prometida por las autoridades no fue entregada. Durante la mañana, Ortiz y otros líderes se reunieron con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para definir una ruta de trabajo.

Tras el encuentro, representantes de Amotac y funcionarios de la Segob y la SSPC firmaron una minuta de acuerdos. La organización se comprometió a mantener sus protestas en forma de movilizaciones, pero sin realizar nuevos bloqueos carreteros.

Además de la capital, hubo presencia de unidades en carreteras de Nuevo León, Chiapas, Jalisco, Aguascalientes, Guerrero, Veracruz y Puebla. El Gobierno federal aseguró que mantendrá abiertos los canales de diálogo y dará seguimiento institucional a las demandas del gremio.

Los miembros de Amotac exigen soluciones a problemas como:

• Inseguridad en carreteras.
• Cobros excesivos de grúas.
• Extorsiones en retenes federales y militares.
• Persecución al pequeño transportista por parte de la Guardia Nacional y policías estatales.
• Eliminación de permisos municipales y establecimiento de tarifas oficiales de operación.
• Agilización de trámites ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La situación abre el debate sobre cómo garantizar condiciones justas y seguras para quienes recorren las carreteras del país.

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La declaración contrasta con lo dicho por el propio Harfuch el pasado 4 de mayo en Culiacán, cuando confirmó que el Gabinete de Seguridad había recomendado un esquema de protección para Rocha Moya. A ello se suma la versión de Sheinbaum, quien señaló que el exgobernador sí había solicitado seguridad. Estas diferencias han generado confusión sobre quién pidió el resguardo y qué institución lo otorgó.

El 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó una acusación contra Rocha Moya y otros nueve exfuncionarios de Sinaloa, señalándolos de conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Tras ello, el Departamento de Justicia solicitó al Gobierno mexicano la detención urgente con fines de extradición, pero las autoridades nacionales respondieron que no había pruebas suficientes para proceder.

La presidenta Sheinbaum aclaró que no existe un plazo definido para que Estados Unidos presente pruebas, ya que la solicitud corresponde a una detención urgente y no a un juicio formal de extradición. Explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisó la documentación y concluyó que no había elementos suficientes, consulta que fue respaldada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Aun así, la FGR abrió sus propias carpetas de investigación y continúa con las indagatorias. Sheinbaum subrayó que, si Estados Unidos no entrega pruebas adicionales, México puede rechazar la solicitud de detención urgente, aunque el país vecino tiene la opción de iniciar un juicio formal de extradición.

La mandataria recordó que este tipo de exigencias forman parte de los mecanismos habituales de cooperación judicial entre México y Estados Unidos. En ocasiones anteriores, cuando México ha solicitado detenciones urgentes, las autoridades estadounidenses también han pedido evidencias adicionales antes de proceder.

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La FGR informó que Jáuregui aportó “información relevante para el esclarecimiento de los hechos” relacionados con el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal y la muerte de dos agentes estadounidenses en Chihuahua. El caso ha generado polémica por la presunta participación de oficiales extranjeros en operativos dentro del país.

El 19 de abril se reportó la muerte de dos instructores de Estados Unidos en el municipio de Morelos, Chihuahua. Los agentes viajaban junto al director y un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes también fallecieron en un accidente vial.

La controversia surgió cuando Jáuregui informó que los oficiales regresaban de un operativo antidrogas en el que se aseguró el narcolaboratorio más grande hallado en el estado. Posteriormente aclaró que los agentes extranjeros no participaron directamente en el operativo, sino que se encontraron con el director de la AEI, quien se ofreció a trasladarlos a la capital.

La FGR señaló que ha recibido más de 120 diligencias, incluidas cerca de 60 entrevistas, además de informes de la Fiscalía General del Estado sobre las actividades de los agentes estadounidenses previas al accidente. Conforme avanzaron las investigaciones, se confirmó la presencia de oficiales de EE. UU. en el operativo, hecho que la gobernadora Maru Campos negó conocer.

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“Lo descarto porque soy secretario de Seguridad. No hay manera en que pueda pensar en algo que no sea ser secretario de Seguridad hasta que la señora presidenta lo disponga”, expresó el funcionario, quien goza de alta popularidad entre la ciudadanía.

García Harfuch señaló que su aceptación pública se debe a que es el rostro que presenta los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, aunque subrayó que los logros no son personales ni exclusivos de la SSPC, sino del trabajo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

El funcionario destacó que cada mes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoce en ceremonias privadas a elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y SSPC, quienes ejecutan directamente las acciones de seguridad en el país.

En la entrevista, García Harfuch resaltó que la coordinación del Gabinete de Seguridad se fortalece gracias al liderazgo de la presidenta Sheinbaum, a quien calificó como una mandataria con alta aprobación. “Se nota cuando un gobernante se involucra en materia de seguridad”, concluyó.

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El anuncio ocurre después de que Rocha Moya acudiera a la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa para cumplir con su primer citatorio en calidad de testigo, dentro del proceso de extradición solicitado por el gobierno de Estados Unidos, que le imputa delitos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero.

La SSPC, encabezada por Omar García Harfuch, puntualizó que “no existe ninguna notificación en su contra”, descartando que el gobernador con licencia esté sujeto a una orden internacional de captura.

El gobernador con licencia enfrenta un proceso en el que Estados Unidos busca su extradición. Aunque compareció como testigo, la solicitud de las autoridades estadounidenses ha generado atención pública y especulación sobre su situación legal.

Hasta el momento, las consultas oficiales y las verificaciones en bases internacionales descartan la existencia de una orden de captura internacional en su contra.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, subrayó que el promedio diario de homicidios dolosos y delitos de alto impacto mantiene una tendencia a la baja sin precedente. Los resultados se atribuyen al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La consolidación de la Guardia Nacional, con más de 120 mil elementos desplegados y más de 600 cuarteles, ha sido clave en la reducción de la violencia. Asimismo, el fortalecimiento del CNI, con un incremento del 30% en su estado de fuerza y la emisión de más de 4,600 alertas preventivas, ha permitido anticipar delitos de alto impacto.

Entre los resultados destacan la detención de 54 mil 300 personas vinculadas a delitos graves, la extradición de 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos y la captura de 85 funcionarios y exfuncionarios implicados en actividades ilícitas. Además, se aseguraron 2,400 laboratorios clandestinos de metanfetamina, más de 400 toneladas de droga y cerca de 30 mil armas de fuego, de las cuales el 78% provienen ilícitamente de EE. UU.

La incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitió bloquear a 1,422 personas y congelar más de 4 mil millones de pesos relacionados con operaciones ilícitas. Estas medidas buscan debilitar la estructura económica de los grupos criminales.

Los estados con mayor disminución en homicidios dolosos son:

• Nuevo León: 77.1%
• Morelos: 68.8%
• Guanajuato: 68.5%
• Estado de México y Guerrero: 60.6% cada uno
• Chihuahua: 57.4%
• Michoacán: 51.2%
• Jalisco: 50%
• Sinaloa: 44.9%

La reducción en homicidios dolosos refleja un avance significativo en la estrategia de seguridad nacional.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la captura de Isai ‘N’ se logró gracias a la coordinación entre Sedena y la FGR. Paralelamente, en Tapachula, Chiapas, se cumplimentó una orden de cateo en un inmueble donde se aseguraron 687 kilogramos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas.

En Valle de Allende, Chihuahua, fue detenido Jesús Heriberto R.O., alias “El Maro”, señalado como integrante de la facción Gente Nueva del Cártel de Sinaloa. Contaba con una orden de aprehensión por el homicidio de José T.H., ocurrido en marzo de 2024. Durante el operativo, se aseguraron un automóvil Nissan Máxima y un teléfono celular, que quedaron bajo investigación. Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de un Juez de Control para determinar las siguientes etapas del proceso judicial.

La facción Gente Nueva surgió en 2005 bajo el liderazgo de Niel Salgueiro, alias “El Flaco”, con apoyo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para enfrentar al Cártel de Juárez en la zona serrana de Chihuahua. En años recientes, otros líderes de esta organización han sido detenidos, como Salvador Humberto ‘N’, alias “El Señor de la V”, capturado en 2025 y trasladado en 2026 a un centro federal de reinserción social.

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Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmaron que el hombre, de 44 años de edad, ya no contaba con signos vitales. El informe preliminar apunta a un posible infarto agudo al miocardio, aunque las causas deberán determinarse mediante las diligencias de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La representante sindical de la Delegación DI29 proporcionó los datos del fallecido, mientras la zona fue acordonada para las investigaciones correspondientes.

Un día antes, maestros de la CNTE realizaron una movilización hacia el Zócalo capitalino como parte de sus protestas. Elementos de la SSC implementaron cercos y encapsularon a los manifestantes para impedir su acceso a la Plaza de la Constitución, lo que generó empujones y reclamos.

El contingente avanzaba por Paseo de la Reforma y Avenida Juárez cuando fue bloqueado por policías. De acuerdo con reportes, el cuerpo antidisturbios lanzó gases para dispersar a los docentes.

La CNTE mantiene protestas para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, aumentos salariales y mejoras laborales. Aunque la movilización estaba prevista para el 1 de junio, los maestros decidieron adelantarla durante el fin de semana.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que el Gobierno respeta el derecho a la libre manifestación y llamó al diálogo. “Reafirmamos nuestro compromiso con la educación como base del desarrollo del país”, escribió en sus redes sociales.

Tras las tensiones, los manifestantes instalaron un plantón en la calle 5 de Mayo, lo que provocó afectaciones en la vialidad que conecta el Eje Central con el Zócalo capitalino.

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La acción forma parte de dos operativos relevantes contra estructuras criminales en México. En Tapachula, Chiapas, se cumplimentó una orden de cateo en un inmueble donde se aseguraron 687 kilogramos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas.

García Harfuch destacó que estos resultados reflejan la coordinación permanente del Estado mexicano para detener objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos. Además, agradeció el apoyo de las autoridades locales en Chiapas, quienes colaboraron en el operativo.

La detención de Isai ‘N’ y el decomiso en Chiapas marcan un paso importante en la estrategia de seguridad nacional, al atender tanto la captura de líderes vinculados a organizaciones criminales como el aseguramiento de recursos ilícitos que fortalecen dichas estructuras.

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