El descubrimiento se dio a conocer tras la recuperación de fragmentos óseos y objetos personales como zapatos y ropa en el lugar. Throssell calificó el hallazgo como “un recordatorio perturbador del trauma de las desapariciones vinculadas al crimen organizado” en México. La ONU también subrayó que el rancho había sido allanado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de Jalisco, sin que se encontraran pruebas relevantes en ese momento.

El llamado a la investigación y a la transparencia

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU instó a las autoridades federales y estatales a llevar a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes sobre los hechos ocurridos en el rancho Izaguirre. Además, se solicitó que se garantice la participación de las familias de las víctimas en los procesos de búsqueda e identificación de los restos humanos encontrados.

Throssell recalcó la necesidad de que el gobierno mexicano fortalezca sus medidas preventivas para frenar las desapariciones y brinde protección y apoyo a las familias afectadas, quienes buscan justicia y reparación por las pérdidas sufridas.

Una realidad perturbadora

Este lamentable hallazgo subraya el impacto negativo del crimen organizado en la sociedad mexicana, exacerbando las dificultades que enfrentan las víctimas y sus familias en el proceso de búsqueda de sus seres queridos. La ONU reitera que, para garantizar el éxito en la búsqueda de justicia, es fundamental que las investigaciones sean profundas y transparentes, y que se actúe con la debida diligencia para evitar futuras omisiones.

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En un comunicado, divulgado en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la ONU-DH animó “respetuosamente” al Estado mexicano, especialmente a las autoridades electas, federales y estatales, “a adoptar una agenda vigorosa que proteja a todas las personas contra las desapariciones e impulse las soluciones que las víctimas y sus familias merecen”.

Afirmó que es “crucial” que se reconozcan los derechos de las víctimas y se escuche su voz con la atención y la empatía que exige el respeto a su dignidad.

Alentó además a que todos los esfuerzos de las autoridades se consoliden en una política de estado “y se traduzcan en resultados tangibles”.

Asimismo, la ONU-DH identificó 10 temas prioritarios que consideró oportuno fortalecer, entre ellos, asegurar el derecho a la participación de las víctimas de desaparición, atenderles adecuadamente y brindarles una reparación integral.

También garantizar la protección efectiva de todas las personas buscadoras ante los riesgos y ataques que enfrentan; fortalecer la Comisión Nacional y las comisiones estatales de búsqueda, incluyendo sus consejos ciudadanos, instituciones forenses y de identificación humana.

Investigar de manera adecuada y diligentemente los delitos relacionados con la desaparición de personas; continuar fortaleciendo la coordinación entre las autoridades responsables de la búsqueda e investigación, garantizar que los servidores públicos cuenten con perfiles idóneos y que haya recursos necesarios en las instituciones.

Además de desarrollar e implementar una estrategia nacional de prevención de las desapariciones, bajo un enfoque de seguridad ciudadana y fundamentada en el respeto y la protección de los derechos humanos.

Aunado a ello, pide profundizar los esfuerzos de capacitación al personal judicial, garantizar el funcionamiento efectivo de las herramientas previstas en la Ley General en la materia; reforzar los trabajos por la verdad, la justicia, las memorias y el esclarecimiento histórico e impulsar la implementación de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.

México vive una crisis de desaparecidos pues las cifras oficiales reportan más de 110 mil personas no localizadas desde que hay registro y más de 50 mil cuerpos sin identificar en el sistema forense.

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“Lo anecdótico o contradictorio es que en realidad todo lo que están haciendo (periodistas y defensores) es exigiendo el cumplimiento de la ley pero son estas personas las que son criminalizadas, atacadas y asesinadas. Y quienes son los perpetradores están en la impunidad”, explicó Fernández-Maldonado mediante videollamada en un foro realizado en la Ciudad de México.

Sobre “¿qué hacer?”, el representante de ONU-DH detalló que lo más importante sería que las autoridades reconociesen el problema, pues si no lo hacen “no dirán que es necesario tomar medidas”.

Además, opinó que el marco legal es adecuado, ya que incluso hay un mecanismo de protección de periodistas y defensores “que, con todas sus limitaciones, ha salvado vidas”, por lo que es imprescindible el reconocimiento para llevar las normas a la práctica de manera adecuada.

“Lo ideal sería que no hubiese necesidad de mecanismo”, sentenció.

El Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP), el Ayuntamiento de Barcelona y Taula per Mèxic, junto con Artículo 19, CIMAC , Periodistas de a Pie y Aluna Acompañamiento Psicosocial, organizaron el foro “Periodismo y Construcción de Paz en México: proteger a periodistas, garantizar la libertad de prensa”, que se celebrara este lunes y martes en el Centro Cultural Bella Época de la Ciudad de México.

La inauguración fue presidida por David Llistar, director de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona; Sabina Puig, responsable del programa Violencias fuera de contextos bélicos del ICIP; Arturo Landeros, de la Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic, y Tobyanne Ledesma Rivera, directora general del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México.

A continuación, Fernández-Maldonado repasó la situación de la prensa en México, donde suman once periodistas asesinados en México en lo que va de año, si se comprueba que sus muertes se produjeron en relación con su labor, según organizaciones nacionales de periodistas.

Según cifras de la organización Artículo 19, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, en diciembre de 2018, se han contabilizado 1.945 agresiones contra la prensa en el país, incluyendo 33 asesinatos, y 2 desapariciones, un 85 % más que en el primer trienio del presidente Enrique Peña Nieto.

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De los fallecidos, 272 eran niños, mientras que entre los heridos civiles cerca del 10 % eran menores, indicó el organismo, que hace un seguimiento del número de víctimas entre la población desde el primer día de la guerra.

No obstante, el propio organismo de la ONU, que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, reconoce que sus cifras no reflejan el verdadero impacto de la guerra en la vida e integridad física de los civiles debido a que es muy difícil recabar información en zonas donde las hostilidades son intensas, como en el este del país.

Esta situación concierne en particular la ciudad de Mariúpol (región de Donetsk), Izium (región de Járkov) y Popasna (región de Lugansk), donde se han informado de numerosas víctimas civiles.

Asimismo, la Oficina de Derechos Humanos solo reporta los casos que ha podido corroborar, pero tiene muchos otros casos cuya verificación está en curso.

Según las informaciones recogidas, la mayoría de civiles recibieron el impacto de armamento explosivo, incluidos tiros de artillería pesada y lanzamisiles, así como bombardeos aéreos.

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La oficina dirigida por la alta comisionada, Michelle Bachelet, puntualizó, como en jornadas anteriores, que el cálculo es parcial, ya que no se tiene acceso a muchas zonas de fuertes hostilidades, por lo que la cifra real podría ser mayor.

Entre los fallecidos confirmados hay al menos 995 mujeres y 261 niños, y entre los heridos son menores de edad 406, de acuerdo con el recuento de Naciones Unidas.

La mayoría de las víctimas civiles se debieron a ataques con artefactos explosivos de amplia área de impacto, incluidos proyectiles de artillería pesada y propulsados por lanzacohetes, misiles y bombardeos aéreos, indicó el organismo de la ONU.

El derecho internacional considera que los ataques perpetrados contra civiles e infraestructuras no militares en un conflicto pueden constituir crímenes de guerra.

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Entre los asesinados hay 234 niños, y otros 330 menores de edad han resultado heridos en el transcurso del conflicto, destacó la oficina dirigida por la alta comisionada Michelle Bachelet.

Más de la mitad de las víctimas confirmadas por Naciones Unidas murieron en la región del Donbás (1.754), mientras que los 1.555 restantes perecieron en zonas bajo control del Gobierno ucraniano, incluyendo regiones alrededor de las ciudades de Kiev, Járkov, Mikolaiv y Odesa, entre otras.

La mayor parte de las víctimas fallecieron por ataques de artefactos explosivos con gran área de impacto, incluyendo bombardeos con artillería pesada y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, indicó la oficina de la ONU.

El organismo insiste en que la cifra real de víctimas civiles puede ser mucho mayor a los por ahora confirmados, ya que no se tienen datos completos de lugares con intensos enfrentamientos, como las cercadas localidades de Mariúpol, Izium y Popasna.

Naciones Unidas recuerda que el ataque deliberado a civiles o infraestructuras no militares (hospitales, escuelas, etc) es considerado crimen de guerra por el derecho internacional.

La ONG Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) añadió por su parte que sigue recibiendo pruebas de graves violaciones de derechos humanos en la invasión rusa que incluyen ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbitrarios, desplazamiento forzado de poblaciones a Rusia y Bielorrusia, así como tortura y maltrato de detenidos.

Entre las principales víctimas de estos abusos se encuentran activistas sociales, voluntarios de organizaciones humanitarias, veteranos de la guerra iniciada en 2014, soldados del ejército ucraniano o «simples ciudadanos de a pie que apoyan la integridad territorial de Ucrania», denuncia OMCT.

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«Estamos intentando acceder a Bucha, no tenemos información directa, pero lo que hemos visto es alarmante», señaló la portavoz de la oficina Liz Throssell en rueda de prensa.

Subrayó que las imágenes en las que aparecían cadáveres con las manos atadas o quemadas podrían indicar que los agresores buscaban deliberadamente a esas víctimas, lo que podría elevar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la invasión rusa a Ucrania, si se confirmaran los hechos.

«La semana pasada la alta comisionada Michelle Bachelet ya habló de posibles crímenes de guerra en el contexto de bombardeos a infraestructuras civiles, pero esto aparenta ser un asesinato directo de civiles», subrayó la portavoz, quien aclaró que todavía se necesita comprobar la veracidad de las imágenes.

«En incidentes específicos se necesitan análisis forenses, monitorización y recopilación de información para determinar quién hizo qué», subrayó Throssell, quien afirmó que en muchas ocasiones la rendición de cuentas «toma su tiempo».

La localidad de Bucha, a unos 60 kilómetros de Kiev, fue ocupada por las fuerzas rusas durante las semanas de asedio a la capital, y las imágenes de fosas comunes y cadáveres en las calles se han difundido tras la retirada de las tropas invasoras, en el actual repliegue de Rusia hacia el este de Ucrania.

Bachelet pidió este lunes que se deben tomar medidas para preservar las pruebas de presuntas masacres de civiles que se atribuyen al Ejército ruso, según ella el único medio para determinar lo ocurrido, establecer responsabilidades y hacer justicia.

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«Los ataques indiscriminados están prohibidos por la ley humanitaria internacional y podrían constituir crímenes de guerra», dijo la exmandataria chilena ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, recurriendo al condicional por convención, dado que las acusaciones deben ser por principio decididas por un tribunal.

«Las vidas de millones de personas se han visto trastornadas al verse forzadas a huir de sus hogares o a vivir en sótanos y en refugios antiaéreos mientras sus ciudades son hostigadas y destruidas», agregó.

La Alta Comisionada instó a Rusia a prestar oídos a los llamamientos internacionales y a «actuar de inmediato para retirar sus tropas del territorio ucraniano».

Bachelet se muestra también preocupada por el uso de armas sumamente potentes y con amplio radio de acción en zonas pobladas, que provocan «daños masivos» entre los civiles.

Indicó que sus servicios recogieron «testimonios creíbles de que las fuerzas armadas rusas usaron bombas racimo en zonas pobladas al menos 24 veces» desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero.

Ni Rusia ni Ucrania adhirieron a la convención de prohibición de ese tipo de armas, particularmente letales porque muchas veces no explotan de inmediato y se convierten en minas.

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«La magnitud de las víctimas civiles, así como el daño contra objetos civiles sugieren de manera muy fuerte la violación del derecho humanitario internacional en ataques indiscriminados», explicó por videoconferencia la representante del organismo, Matilda Bogner.

Además, unos trece millones de personas en Ucrania están atrapadas en áreas afectadas por las hostilidades y no pueden escapar debido, entre otras cosas, a la destrucción de carreteras y otros caminos, dijo hoy la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

300 muertos en Mariupol

Unas trescientas personas refugiadas en el teatro de la ciudad ucraniana de Mariúpol murieron en el bombardeo ruso del pasado 16 marzo, han asegurado este viernes las autoridades locales, que se basan en testimonios de los supervivientes.

«Queríamos creer hasta el final que todo el mundo consiguió salvarse. Pero las palabras de los que estaban dentro del edificio en el momento del ataque terrorista dicen lo contrario,» dice el Consejo Municipal en un mensaje en Telegram.

Unas 130 personas fueron rescatas con vida del refugio antiaéreo construido bajo el teatro de la ciudad portuaria, según informó la semana pasada la comisionada de Derechos Humanos del parlamento ucraniano, Liudmyla Denisova.

Las tropas rusas controlan ya la parte este de la ciudad, que ha sido arrasada por los combates y en la que permanecen cercados unos 100.000 habitantes sin apenas agua, electricidad, y suministros básicos como alimentos o medicinas.

El Ministerio de Defensa ruso atribuyó la destrucción del teatro al ultraderechista batallón ucraniano Azov, al que acusó de haber volado el teatro como provocación, mientras Moscú dijo que bombardeó el edificio porque en él se escondían combatientes.

Combates

Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron con misiles de crucero de alta precisión desde el mar un depósito de combustible en el centro de Ucrania, el mayor en esa parte del país de los que Kiev disponía para abastecer a sus tropas, aseguró hoy el Ministerio de Defensa ruso en su parte militar matutino.

La entidad castrense aseguró además que las tropas rusas avanzaron otros cuatro kilómetros durante la noche y capturaron cinco localidades cerca de Donetsk.

Y en Járkiv, en el noreste de Ucrania, cuatro civiles murieron y otros tres resultaron heridos a consecuencia de un ataque ruso contra un centro médico en Járkiv, afirmó la Policía local.

Las tropas rusas atacaron con lanzacohetes múltiples el edificio, situado en el distrito de Stavnaya Yanska y que albergaba un punto de reparto de ayuda humanitaria, señaló la Policía, que subrayó que no existe ninguna instalación militar en las inmediaciones.

Desde Londres, el ministerio británico de Defensa aseguró que los contraataques del Ejército ucraniano y las dificultades de las fuerzas rusas con sus líneas de suministro «han permitido a Ucrania volver a ocupar ciudades y posiciones defensivas hasta 35 kilómetros al este de (la capital) Kiev».

«Es probable que las fuerzas ucranianas continúen intentando hacer retroceder al Ejército ruso a lo largo del eje noroccidental entre Kiev y el aeródromo de (la ciudad de) Hostómel», a unos 70 kilómetros, apunta el último parte de la inteligencia militar.

Según los datos del ministerio británico, «en el sur de Ucrania, las fuerzas rusas todavía tratan de esquivar Mykolaiv mientras intentan avanzar en dirección oeste hacia Odesa».

OTAN quiere reforzar su presencia

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, defendió este viernes que la Alianza refuerce su presencia militar en el Ártico como respuesta a la mayor actividad rusa en la zona, que calificó de gran importancia estratégica.

Stoltenberg espera que la próxima cumbre de la Alianza en junio culmine con «decisiones concretas» para aumentar la presencia terrestre, marina y área en la región.

Aseguró que la OTAN no puede consentir un «vacío de seguridad» en el Ártico, ya que estima que podría «alimentar las ambiciones» de Rusia, exponer a la Alianza y hacer que aumenten los «malentendidos».

Guerra «híbrida»

Occidente ha declarado a Rusia una guerra híbrida total, pero no ha logrado el objetivo de aislarla, afirmó hoy el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, al comentar las sanciones impuestas contra su país tras el inicio de la campaña militar en Ucrania.

«Hoy nos han declarado una verdadera guerra híbrida, una guerra total», afirmó Lavrov, para quien «muchos políticos europeos no ocultan sus objetivos; los declaran públicamente: destruir, quebrar, aniquilar, asfixiar la economía rusa, y a Rusia en general».

Afirmó que «el desenfreno de las sanciones» muestra con claridad «que todos esos valores que todo el tiempo nos inculcaban nuestros colegas occidentales, me refiero a la libertad de expresar sus opiniones, la economía de mercado, la inviolabilidad de la propiedad privada, la presunción de inocencia, no valen nada para ellos».

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“Estamos consternados por la muerte de estas personas en el sur de México y urgimos a las autoridades a que lleven a cabo una investigación sobre los hechos con el fin de garantizar justicia para las víctimas y sus familiares”, expresó la portavoz de la oficina, Ravina Shamdasani.

En vísperas del Día Mundial del Migrante, que se conmemora el 18 de diciembre, la portavoz subrayó su preocupación por el incremento incesante de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en México, y en especial por el gran número de menores que se ven obligados a emprender este viaje para alcanzar Estados Unidos.

La movilidad de niñas y niños migrantes menores de 12 años en México se multiplicó por seis en 2021, al pasar de 4 mil 985 en 2020 a 32 mil 309 este año, advirtió recientemente la organización Save The Children.

Por otro lado, Shamdasani criticó el Programa de Protección a los Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), aplicado por la Casa Blanca, bajo el cual todos los mexicanos que solicitan asilo en Estados Unidos son deportados a su país mientras se tramita el proceso en la corte de inmigración estadounidense.

“Nos preocupa la aplicación del MPP y el riesgo que este programa supone para la ya limitada capacidad humanitaria de México para soportar este flujo de migrantes”, indicó.

“Insistimos en que las autoridades mexicanas y estadounidenses deben doblegar sus esfuerzos para asegurar a los migrantes una protección adecuada, el acceso a la sanidad y asistencia legal”, añadió.

“Es necesario atajar la raíz del problema y hacer un análisis de las causas que provocan esta crisis migratoria, como la violencia, la inseguridad, la pobreza, la discriminación social y el cambio climático”, concluyó.

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