Los ataques se realizaron el domingo, por orden del presidente Donald Trump, y tuvieron como objetivo embarcaciones vinculadas al contrabando de narcóticos. Según el Pentágono, los servicios de inteligencia confirmaron que las lanchas transportaban estupefacientes en una ruta conocida de narcotráfico.

Cada embarcación llevaba a bordo a tres presuntos integrantes de organizaciones terroristas designadas, quienes fallecieron tras el ataque. Hegseth aseguró que no hubo bajas entre las tropas estadounidenses.

Con estas acciones, la campaña militar contra el tráfico de drogas suma ya más de 70 fallecidos y alrededor de 20 embarcaciones destruidas desde septiembre, cuando comenzó en aguas del Caribe y posteriormente se extendió al Pacífico.

Especialistas señalan que se trata del mayor despliegue marítimo estadounidense desde la Guerra del Golfo (1990-1991). Actualmente, Washington mantiene en el Caribe ocho buques de guerra —incluidos seis destructores—, tres buques anfibios y un submarino.

La operación también contempla el envío del portaaviones nuclear Gerald R. Ford, considerado el más moderno de la flota estadounidense, que se dirige hacia la región caribeña.

Los gobiernos de Venezuela y Colombia han expresado su rechazo a la campaña militar, mientras que Estados Unidos los acusa de estar implicados en redes de narcotráfico.

En paralelo, una iniciativa demócrata en el Senado estadounidense para limitar estas operaciones fracasó la semana pasada, al obtener 49 votos a favor y 51 en contra, con la bancada republicana bloqueando la propuesta.

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La orden presidencial proporciona una base legal para que las fuerzas armadas estadounidenses realicen operaciones directas, tanto marítimas como en suelo extranjero, con el objetivo de frenar el narcotráfico y proteger la seguridad nacional.

La decisión más agresiva contra el crimen organizado

Según el Times, esta acción representa el paso más firme y agresivo del gobierno de Trump en su lucha contra los cárteles. El medio señala que el Pentágono ya trabaja en opciones estratégicas para ejecutar estas operaciones militares, aunque su aplicación plantea dilemas legales significativos.

Una de las principales preocupaciones jurídicas es si las fuerzas militares podrían enfrentar consecuencias por el uso de fuerza letal contra civiles, incluso si son presuntos delincuentes, fuera de un conflicto armado formalmente autorizado por el Congreso.

Designaciones terroristas y vigilancia aérea

En febrero de 2025, el gobierno de EE. UU. designó como grupos terroristas a seis cárteles mexicanos: el Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo, Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. También se incluyeron la pandilla venezolana Tren de Aragua y la salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13).

Estos grupos son considerados por Washington como amenazas a la seguridad nacional que superan al crimen organizado convencional, lo que justificaría medidas de excepción como el uso del ejército.

Operaciones de inteligencia en México

El informe también señala que EE. UU. ha intensificado vuelos secretos con drones sobre territorio mexicano en busca de laboratorios de fentanilo. Aunque la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) no tiene autorización para realizar ataques letales, comparte la información recolectada con las autoridades mexicanas.

Además, el Comando Norte del ejército estadounidense ha ampliado su vigilancia en la frontera, aunque —a diferencia de la CIA— no ha incursionado en el espacio aéreo mexicano.

Reacciones y postura oficial

Hasta el momento, el Departamento de Defensa no ha emitido comentarios sobre la directiva. Sin embargo, Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que la prioridad del presidente Trump es “proteger la patria”, razón por la cual se tomaron medidas audaces como estas designaciones.

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