El informe de la comisión, aprobada en 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y presidida por la veterana experta en derecho humanitario Navi Pillay, también denuncia la persistente discriminación hacia los palestinos y una «cultura de la impunidad» que alimenta el pertinaz ciclo de violencia.

Los desplazamientos forzados, las demoliciones, la construcción y ampliación de asentamientos de colonos israelíes, la violencia ejercida por éstos y el bloqueo de Gaza forman parte de esa cultura de la impunidad que contribuye a las tensiones, la inestabilidad y la prolongación del conflicto, señala el informe.

«Israel claramente no tiene intención de poner fin a la ocupación, y de hecho ha establecido políticas con el claro objetivo de asegurarse un control permanente del territorio palestino ocupado», subrayó el australiano Chris Sidoti, uno de los tres miembros de la comisión.

Esas políticas incluyen medidas para «alterar la demografía» de esos territorios mediante el mantenimiento de la represión contra los palestinos mientras se crea un ambiente favorable para los colonos israelíes, lo que «alimenta la frustración palestina», subrayó el jurista australiano.

Por otro lado, el informe acusa a la Autoridad Nacional Palestina de utilizar la ocupación israelí «como una justificación de sus propias violaciones de derechos humanos y de su incapacidad para organizar elecciones legislativas y presidenciales».

Al mismo tiempo, el gobierno de Hamas en Gaza «ha mostrado escaso compromiso de mantener los derechos humanos», asegura el documento de la comisión.

Pese a criticar las acciones de ambas partes, el informe subraya que «sólo poniendo fin a la ocupación (israelí en territorios palestinos) podrán empezar a corregirse históricas injusticias y a avanzar hacia la autodeterminación del pueblo palestino», en palabras del miembro de la comisión Miloon Kothari.

El informe será debatido el 13 de junio, durante la segunda sesión anual del Consejo de Derechos Humanos, que no contará con la participación de Rusia a raíz de que el país fuera expulsado de él por su invasión de Ucrania.

La comisión tripartita subraya en su informe su intención de continuar sus investigaciones y trabajar con mecanismos judiciales con el fin de avanzar hacia la rendición de cuentas de Estados, individuos y empresas por su papel en abusos y violaciones de derechos humanos relacionados con la ocupación.

Los resultados del informe se publican en medio de una nueva escalada de violencia en el conflicto palestino-israelí, iniciada en marzo y que se ha saldado con la muerte de medio centenar de palestinos en los territorios ocupados.

Fuerzas israelíes actúan casi a diario desde hace dos meses con redadas y operaciones de arresto en Cisjordania, tras seis ataques cometidos por palestinos o árabes-israelíes en Israel que causaron la muerte de 18 personas.

Entre los fallecidos ha habido varios menores de edad, así como la periodista Shireen Abu Akleh, de la cadena de televisión Al Jazeera, asesinada el mes pasado por disparos durante una incursión israelí en Yenín.

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La Junta que controla el poder desde el golpe de Estado de febrero de 2021 «utiliza bloqueos de internet y métodos invasivos de espionaje para debilitar a la amplia oposición y ocultar sus ataques al pueblo birmano», aseguró un comunicado firmado por cuatro relatores especiales de la ONU en materia de derechos humanos.

Los expertos advirtieron que un nuevo proyecto de Ley sobre Ciberseguridad del régimen de Myanmar dará a las autoridades la posibilidad de interrumpir el servicio de internet sin necesidad de permiso judicial y además prohibirá el uso de VPN, software muy utilizado en regímenes dictatoriales para sortear la censura.

Aunque la ley no ha sido aún promulgada, las fuerzas de seguridad han comenzado a registrar teléfonos de personas sospechosas de pertenecer a la oposición en busca de aplicaciones VPN, indicó el comunicado.

Mientras redes sociales de amplio uso en el país como Facebook están bloqueadas, la Junta militar ha forzado a los proveedores de internet a aumentar el precio de sus servicios y ha introducido nuevos impuestos en tarjetas SIM para móviles, «con el fin de que muchos no se puedan permitir el acceso a la red», denunciaron.

Tres de las cuatro empresas del sector en el país tienen vínculos directos con el régimen militar, y todas las compañías reciben presiones para activar tecnología de vigilancia y entregar datos de usuarios a las fuerzas de seguridad, añadió el texto de los relatores.

Estas y otras barreras «impiden el trabajo de periodistas, activistas de derechos humanos y organizaciones humanitarias que intentan recoger evidencias de los abusos en el país», indicaron los expertos, quienes reconocieron que están perdiendo el acceso a materiales vitales para su trabajo de seguimiento en Myanmar.

Desde agosto del pasado año ha habido cortes temporales de internet en 31 localidades del país y otras 23 han sufrido una considerable reducción en la velocidad de navegación.

En ocasiones estos bloqueos han coincidido con campañas de la Junta contra la población, como el pasado marzo, cuando se impusieron en varias localidades de la región septentrional de Sagaing durante una ofensiva militar en la las fuerzas armadas cometieron numerosos actos de violencia contra civiles de la zona.

«La comunidad internacional no puede permanecer callada mientras al pueblo de Myanmar se le niega sistemáticamente la libertad de expresión», indicó el comunicado, que insiste en pedir a los Estados miembros de la ONU una restricción de la venta al país de tecnología de vigilancia y sanciones contra el régimen militar.

Firmaron el comunicado los relatores de la ONU para Myanmar (Thomas Andrews), para la defensa de la libertad de expresión (Irene Khan), para el derecho a la privacidad (Ana Brian Nougrères) y para la libertad de reunión y asociación (Clément Nyatletsossi).

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#Una sola tierra es el lema elegido por Naciones Unidas para el Día del Medioambiente 2022, el mismo que presidió la primera Conferencia sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo a mediados de junio de 1972, hace ahora 50 años.

Aquella conferencia supuso la incorporación de la protección medioambiental en la agenda internacional y en ella se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la principal autoridad encargada de evaluar el estado del planeta y de la naturaleza a nivel mundial y las causas de su progresivo deterioro.

En aquella ocasión además se designó el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente para recordar a la humanidad que la Tierra «es nuestro único hogar y es responsabilidad de la humanidad salvaguardar sus recursos finitos», según señalaron entonces los organizadores.

De nuevo, y como ocurriera en 1972, Suecia ejerce de país anfitrión de este Día Mundial y lo hace «por sus avances significativos» en materia de medio ambiente y por «su compromiso de lograr para 2045 las cero emisiones netas y un balance negativo de emisiones a partir de entonces», ha explicado Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA.

50 años de lucha ambientalista

La conferencia de Estocolmo «marcó una nueva época para la sociedad y el medio ambiente» asegura a EFE Luis M. Jiménez Herrero, presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS) y profesor honorifico de la Universidad Complutense y añade que aquella cita supuso el inicio de una etapa para los movimientos ambientalistas «hasta entonces muy limitados».

A raíz de Estocolmo, según Jiménez Herrero, se fraguó el concepto de «quien contamina paga» y empezaron las divergencias entre los países «enriquecidos y empobrecidos», todo lo cual derivó en lo que ahora se denominan «cumbres de desarrollo sostenible» fruto de las divergencias entre el «norte y el sur global».

«En los últimos 50 años se han hecho muchas cosas, pero no con la rapidez necesaria», argumenta el experto que recuerda que para Naciones Unidas estamos inmersos en una «triple crisis planetaria»: la que provocan el cambio climático; la destrucción de la naturaleza y la pérdida de la biodiversidad y la contaminación y los residuos.

Para el profesor Jiménez Herrero la solución a esta crisis medioambiental pasa por lucha «al unísono» de todos los gobiernos y de toda la sociedad y sobre todo dotarse de «mayores dosis de lógica de la sostenibilidad», por tratarse, a su juicio, «del elemento aglutinador que marcará el camino hacia un futuro realmente esperanzador».

Situación crítica

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, se refiere, en declaraciones a EFE, a estos años como un período «determinante» que han posicionado al planeta en una situación «decisiva y crítica» en la que «hemos llevado los ecosistemas y a la atmósfera absolutamente al límite» hasta el punto de que «las poblaciones de animales vertebrados del mundo se haya reducido un 70 por ciento».

En su opinión, la «parte positiva» de estos 50 años ha sido la creación de una «conciencia global» por el medio ambiente que ha sabido salir adelante a pesar de «muchos intereses» contrarios, y también elogia la «arquitectura legal» europea e internacional que ha traído «avances importantes» en la materia como el Acuerdo de París aunque reconoce que «aún falta muchísimo por hacer».

«La protección del medio ambiente es la prioridad absoluta y sin ella la humanidad no puede avanzar», asegura a EFE Del Olmo y recalca: «no podemos permitir que los avances conseguidos queden aparcados hasta mejor momento por otras emergencias, porque esta es la gran emergencia, la gran prioridad donde nos jugamos nuestro futuro y el de las generaciones futuras».

Para Greenpeace «se ha avanzado mucho, pero de manera insuficiente», aunque admiten que se ha ganado en conciencia ciudadana, en estructuras públicas y políticas y se han alcanzado acuerdos internacionales, como los de París o Kioto contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Sin embargo, consideran que «hemos perdido tiempo» para parar los efectos de la crisis climática que se manifiestan en cuestiones como el aumento de la frecuencia y virulencia de eventos meteorológicos extremos (sequías, olas de calor o inundaciones) y en la pérdida de especies y ecosistemas únicos.

Pero a la vez afirman que la humanidad ha ganado «en conocimiento y conciencia sobre el grandísimo reto al que nos enfrentamos» para frenar datos como el de la ONU que señala que alrededor de un millón de especies animales y el 41 por ciento de las especies de insectos estén hoy en día en peligro de extinción.

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En un mensaje con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Guterres destacó que periodistas de todos los ámbitos «se enfrentan a una creciente politización de su trabajo y a intentos de silenciarlos desde muchos frentes».

El jefe de Naciones Unidas señaló que los profesionales de los medios «ven aumentar día a día las amenazas a su libertad» y destacó en especial los «graves desafíos» que les están planteando las nuevas tecnologías.

Entre otras cosas, dijo que la tecnología digital crea «nuevos cauces para la opresión y el abuso» y está haciendo que las mujeres periodistas estén «especialmente expuestas al acoso y la violencia en línea»

«La piratería informática y la vigilancia ilegal también impiden a algunos periodistas realizar su trabajo», señaló Guterres, quien destacó también cómo las tecnologías están facilitando también la censura.

En situaciones de conflicto, los periodistas no solo se ven amenazados por bombas y balas, sino también «por las armas de falsificación y desinformación que acompañan a la guerra moderna», señaló el diplomático portugués.

«Pueden ser atacados por representar al enemigo, ser acusados de espionaje, ser detenidos o asesinados, sencillamente por hacer su trabajo», añadió.

Guterres dijo que, aunque los métodos y las herramientas están cambiando, «el objetivo de desacreditar a los medios de comunicación y encubrir la verdad sigue siendo el mismo de siempre»

«Los resultados también son los mismos: personas y sociedades que son incapaces de distinguir la realidad de la ficción y que pueden ser manipuladas de forma espeluznante», señaló.

Por ello, pidió a Gobiernos, organizaciones de medios de comunicación y empresas tecnológicas de todo el mundo que colaboren con el trabajo de apoyo a los periodistas que hace la ONU y para proteger la «labor esencial de los medios de comunicación de decir la verdad al poder, exponer las mentiras y construir instituciones y sociedades fuertes y resilientes».

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Dentro del informe sobre las desapariciones forzadas en México, el comité establece que el Estado debe garantizar que la CNDH y las comisiones estatales puedan hacer su trabajo en libertad.

Al respecto, Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del CED, aseguró que “al comité le preocupa la falta de independencia y autonomía de la CNDH y de las comisiones estatales”.

Según el documento, la CNDH debe “hacer uso efectivo de todas las atribuciones que le otorga la Constitución como organismo de protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos”.

El CED pidió al Estado mexicano que “garantice que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos ejerzan sus funciones con total autonomía e independencia”.

Durante noviembre del año pasado, una delegación de la CED visitó el país para evaluar las acciones que se están tomando para castigar y prevenir las desapariciones.

Por otro lado, la CNDH reconoció la labor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía capitalina para liberar la sede de la comisión.

De igual manera, exhortó a la Fiscalía capitalina a investigar y sancionar a quienes agredieron a María Eugenia Reyes, catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el jueves pasado.

Según la CNDH, estas acciones fueron realizadas por “personas que ocupan ese inmueble en forma ilegal, quienes con tubos destruyeron su vehículo, rompiendo sus cristales y pintándolo, situación que provocó sentirse intimidada y violentada”.

El edificio de la comisión estuvo tomado 19 meses por la organización feminista Okupa, como reclamo por los feminicidios y la violencia de género.

Según la CNDH, dentro del edificio “ocurrían actos de vandalismo y agresión a ciudadanas y ciudadanos, los que fueron denunciados repetidas veces.

Además, aseguró que es injustificable que el colectivo haya tomado el edificio bajo el argumento de que era una protesta social.

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Según la organización, hasta 1.700 millones de personas -un tercio de las cuales ya viven en la pobreza- están ahora mismo muy expuestas a los problemas que la invasión rusa ha generado en estos tres ámbitos.

La situación se da en un momento que ya era especialmente delicado, dado que muchos de los países con menos recursos están aún muy expuestos a la covid-19 y están teniendo enormes dificultades para recuperarse económicamente de la pandemia.

«Nos enfrentamos a una tormenta perfecta que amenaza con devastar las economías de muchos países en desarrollo», señaló el secretario general de la ONU, António Guterres, en la presentación de un informe centrado en esta crisis «global» resultante de la invasión rusa de Ucrania.

Precios que se disparan

El estatus de Rusia y Ucrania como dos de los principales productores de cereales del mundo -juntos producen alrededor del 30 por ciento del trigo y la cebada- ha hecho que se disparen los precios de los alimentos a niveles no vistos en muchos años, con un alza del 34 % con respecto al año pasado.

La guerra también ha encarecido enormemente los fertilizantes, el gas y el petróleo, propulsando la inflación en todo el mundo y, en los países menos desarrollados, haciéndose notar ya con un aumento del hambre y la malnutrición.

«Las poblaciones vulnerables están particularmente expuestas a estos movimientos en los precios, dado que dedican una mayor proporción de sus ingresos a comida y energía», señala el informe de la ONU, que recuerda además que los países más pobres tienden a ser importadores netos de alimentos.

Problemas para los más pobres

El problema se acentúa por la incapacidad para asistir a la población que sufren en este momento muchos Gobiernos, sin espacio fiscal, ahogados por el pago de deuda y con unos precios prohibitivos para financiarse en los mercados, que no han hecho más que empeorar desde el inicio de la guerra.

«Esto esta poniendo en marcha un posible círculo vicioso de inflación y estancamiento», advirtió Guterres, que recalcó que ese fenómeno de la «estanflación» es algo que el mundo no puede permitirse.

Según el portugués, «las personas más vulnerables del mundo no pueden convertirse en daño colateral de otro desastre por el que no tienen ninguna responsabilidad».

Por ello, Naciones Unidas creó tras el inicio de la guerra en Ucrania un grupo de trabajo formado por numerosos altos cargos, cuyas primeras propuestas están contenidas en el informe presentado hoy.

Las recetas de la ONU

En el ámbito alimentario, la organización pide apartarse del proteccionismo y actuar para frenar la volatilidad en los mercados, entre otras cosas liberando productos de las reservas de alimentos que mantienen muchas naciones y levantando barreras comerciales.

«El acaparamiento y los movimientos especulativos amenazan el suministro de comida y en tiempos de crisis necesitamos solidaridad», señaló durante la rueda de prensa la secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan.

En energía, la ONU plantea que a corto plazo también se liberen reservas de crudo para estabilizar los precios y haya medidas para facilitar que los países y ciudadanos en situaciones más precarias puedan pagar por el combustible que necesitan.

En el caso de las subvenciones a los combustibles, la organización pide que sean solo para quienes verdaderamente lo necesitan y no «universales», en especial en los países con menos recursos.

También reclama que se prueben nuevas medidas para reducir la demanda, por ejemplo acelerando las inversiones para mejorar la eficiencia energética previstas en Europa.

A medio plazo, pide una apuesta más decidida por las renovables y el fin progresivo del uso del carbón y otros combustibles fósiles.

En el ámbito de las finanzas, la prioridad para la ONU es rescatar cuanto antes a los países en desarrollo que están al borde del abismo, es decir, en peligro de caer en impagos o de ver cómo sus economías se van a pique por la falta de recursos.

Guterres insistió en que el sistema financiero internacional tiene dinero de sobra para hacer eso y debe usar todas las herramientas para apoyar a quienes lo necesitan.

Según aseguró, es «crucial» que todos los países entiendan eso de forma urgente, para que haya ya decisiones en las próximas reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

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«Estamos intentando acceder a Bucha, no tenemos información directa, pero lo que hemos visto es alarmante», señaló la portavoz de la oficina Liz Throssell en rueda de prensa.

Subrayó que las imágenes en las que aparecían cadáveres con las manos atadas o quemadas podrían indicar que los agresores buscaban deliberadamente a esas víctimas, lo que podría elevar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la invasión rusa a Ucrania, si se confirmaran los hechos.

«La semana pasada la alta comisionada Michelle Bachelet ya habló de posibles crímenes de guerra en el contexto de bombardeos a infraestructuras civiles, pero esto aparenta ser un asesinato directo de civiles», subrayó la portavoz, quien aclaró que todavía se necesita comprobar la veracidad de las imágenes.

«En incidentes específicos se necesitan análisis forenses, monitorización y recopilación de información para determinar quién hizo qué», subrayó Throssell, quien afirmó que en muchas ocasiones la rendición de cuentas «toma su tiempo».

La localidad de Bucha, a unos 60 kilómetros de Kiev, fue ocupada por las fuerzas rusas durante las semanas de asedio a la capital, y las imágenes de fosas comunes y cadáveres en las calles se han difundido tras la retirada de las tropas invasoras, en el actual repliegue de Rusia hacia el este de Ucrania.

Bachelet pidió este lunes que se deben tomar medidas para preservar las pruebas de presuntas masacres de civiles que se atribuyen al Ejército ruso, según ella el único medio para determinar lo ocurrido, establecer responsabilidades y hacer justicia.

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La víctima es la población libia, pero también solicitantes de asilo, refugiados e inmigrantes.

«La misión ha seguido identificando casos de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra cometidos contra detenidos en relación con el conflicto», dijo uno de los miembros de la misión, Chaloka Beyani, en una rueda de prensa previa a una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos.

La misión presentará este miércoles al Consejo su segundo informe sobre el estado de los derechos humanos en Libia, en el contexto de un confrontación por el poder entre dos gobiernos paralelos, de las actividades de sus milicias y de otros grupos armados, algunos de los cuales se financian a través de la trata de personas.

Violaciones contra migrantes y refugiados

Otra integrante de la misión, Tracy Robinson, señaló que los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes sufren abuso de un tipo y magnitud que pueden constituir crímenes contra la humanidad, en particular en prisiones secretas controladas por milicias.

En esta misma dinámica de violaciones, «la violencia sexual se ha vuelto endémica», dijo Robinson, jurista y exmiembro y expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La misión tiene el mandato de documentar y plantear remedios a la impunidad generalizada en Libia, con el fin de que los responsables sean sancionados y de impedir que ocurran más violaciones y crímenes.

Transición política

El presidente de la misión, el exministro de Justicia de Marruecos, Mohamed Auajjar, consideró que la continuidad de las violaciones de los derechos humanos también generan alarma en el contexto de la transición política en la que el país se intenta embarcar, por ahora sin éxito.

Unas elecciones presidenciales y legislativas que debían realizarse el pasado diciembre fueron aplazadas por la entidad electoral encargada de supervisarlas, tras una serie de desacuerdos sobre las reglas, los poderes del presidente y la participación de varios candidatos.

Auaijjar dijo que la situación política no forma parte del mandato de la misión de la ONU, pero que se toma en cuenta en la medida que afecta los derechos humanos en Libia, en particular la libertad de participar en los comicios, el derecho de reunión y la independencia de la judicatura.

«La atmósfera para las elecciones es restrictiva», reconoció Beyani.

La participación de las mujeres en el proceso electoral, como activistas, electoras y candidatas, es otra de las amenazas más graves en la actualidad.

Fosas comunes

La misión pudo viajar recientemente a Libia y recoger información de primera mano. Una de las situaciones más inquietantes es la de la localidad de Bani Walid (noroeste del país, en el distrito de Misrata), considerado un centro de tráfico y donde los migrantes sufren torturas, violaciones y son asesinados.

La misión dijo que ha recibido denuncias sobre fosas comunes en esa localidad y otras de Libia, aunque «ahora necesitamos que haya análisis forenses para la identificación (de las víctimas), lo que nos podría llevar a los responsables», comentó Beyani.

La situación de desgobierno de Libia se agrava por la falta de autoridad de cualquiera de los dos gobiernos rivales en el sur del país y por la presencia de combatientes extranjeros.

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Lo hicieron en una declaración conjunta dada a conocer después de que el Consejo de Seguridad de la ONU se reuniera a puerta cerrada para analizar el último lanzamiento norcoreano.

«Este es el décimo lanzamiento de misiles balísticos en lo que va de año, cada uno de ellos una violación de varias resoluciones del Consejo de Seguridad. Condenamos estas acciones ilegales y desestabilizadoras en los términos más contundentes», señaló la declaración, suscrita por EE.UU. y otros países del Consejo de Seguridad como Francia, el Reino Unido, Brasil y Noruega.

Otros como Japón, Corea del Sur y Australia también se sumaron a la iniciativa, que se ha convertido en una forma recurrente para EE.UU. y sus socios de denunciar los ensayos norcoreanos ya que el Consejo de Seguridad no está logrando acuerdos para pronunciarse, dadas las diferencias entre Occidente y potencias como China y Rusia.

«Llamamos a todos los miembros del Consejo a hablar con una sola voz en la condena de estos actos peligrosos e ilegales», insistieron hoy los firmantes de la declaración.

En ella, pidieron además al Gobierno norcoreano que responda a los llamamientos a la negociación de Estados Unidos y subrayaron la disposición al diálogo para rebajar las tensiones en la región.

Corea del Norte ha dicho que el proyectil que lanzó el domingo a modo de prueba fue un test para el desarrollo de un satélite de reconocimiento.

Antes de caer en aguas del mar de Japón (llamado mar del Este en ambas Coreas) el proyectil recorrió unos 300 kilómetros y alcanzó una altura máxima de unos 620 kilómetros, características que pueden corresponderse con un misil balístico de alcance intermedio (IRBM) lanzado con un ángulo muy abierto, según Corea del Sur.

Según las resoluciones de la ONU, Corea del Norte -contra quien pesan importantes sanciones internacionales- tiene vetado el uso de tecnologías de misiles balísticos.

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“No existe una solución militar para Ucrania ”, sostiene en el Consejo de Seguridad de la ONU .

: Consultala intervención del Emb. Juan Ramón de la Fuente https://t.co/cDI4uZEQ0S#MexicoUNSC pic.twitter.com/S6cjk1obKg

— Misión de México ONU (@MexOnu) January 31, 2022

Durante su intervención, De la Fuente consideró oportuna la celebración de la sesión.

“No está en nuestro interés contribuir a una mayor polarización”, añadió, para enseguida mencionar tres principios bajo los cuales, considera México, debería resolverse este asunto y que están incluidos en la Carta de Naciones Unidas: prohibición de uso de la fuerza en las relaciones internacionales, no intervención y resolución pacífica de disputas.

Sobre el primero, el embajador mexicano señaló que “la escalada de tensiones en el este de Europa representa una amenaza potencial a la paz y seguridad internacionales”. Por eso, añadió, es “importante evitar cualquier tipo de acción que pueda ser considerada hostil por cualquiera de las partes”.

Asimismo, consideró “alentador el mensaje del representante de Rusia en cuanto a que “no hay planes de invasión en Ucrania”.

México, aseguró, sostiene, al igual que el secretario general de la ONU, António Guterres, y otros que participaron en la reunión, que “no hay solución militar en este asunto”.

Por el contrario, insistió, hay que continuar con “la diplomacia preventiva y el diálogo como medio para lograr una relajación de tensiones”.

Sobre el principio de no intervención, llamó a “respetar la soberanía, unidad e integridad territorial de Ucrania”, apegándose a los principios del derecho internacional, la Carta de la ONU y la resolución 2625 de la Asamblea General del organismo.

Corresponde al Consejo, indicó, determinar “la existencia de una agresión activa”, acorde a la resolución 3314 de la Asamblea General.

México, subrayó, ha apelado “y seguirá apelando a la diplomacia sobre la fuerza”. Las vías diplomáticas en la crisis Rusia-Ucrania “no se han agotado”.

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