A través de un comunicado oficial, el organismo defensor señaló que la directiva del inmueble y los altos mandos de Grupo Ollamani rompieron de forma unilateral los acuerdos celebrados previamente. Los dueños exigen que se respeten íntegramente las condiciones de sus contratos originales de cara a los partidos de la justa de la FIFA, la cual arranca este próximo 11 de junio.

Los palcohabientes denunciaron que se han impuesto restricciones arbitrarias que atentan contra una práctica sostenida por más de cuatro décadas. Entre las medidas autoritarias aplicadas por el estadio de cara al torneo internacional se encuentran la prohibición estricta de ingresar alimentos y bebidas, la alteración de cajones de estacionamiento y el impedimento de rentar libremente sus espacios.

Para frenar estos abusos y poder ejercer su derecho durante la justa veraniega, los demandantes unificaron sus peticiones en cuatro ejes fundamentales: restituir el pleno uso y goce de sus espacios en los términos pactados, evitar la imposición de restricciones unilaterales, preservar las condiciones históricas de acceso (incluida la comida y el estacionamiento) y garantizar la entrada a todos los eventos.

Para financiar la ambiciosa estrategia jurídica frente a los consorcios operadores del recinto, la Asociación determinó crear un frente común. La organización solicitó a sus miembros una cuota extraordinaria obligatoria de 90 mil pesos por cada palco, así como una aportación de 3,500 pesos por platea, montos que serán destinados al pago de honorarios y costos asociados al procedimiento legal.

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