El cuerpo de Culebro Morales, de 39 años de edad, fue hallado con heridas de disparo en la cabeza y atado de pies y manos, en una cuneta ubicada en el kilómetro 20 + 400 del tramo de la carretera de cuota Ocozocoautla a Arriaga, específicamente en el ejido Tierra y Libertad, municipio de Jiquipilas, cercano al cerro de la Sepultura.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque perpetrado contra el administrador del portal “Realidades”. La Policía ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que rodean este lamentable suceso.

Se espera que en las próximas horas se puedan obtener más detalles sobre este trágico incidente que ha conmocionado a la comunidad periodística y a la sociedad en general.

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El organismo también llamó a las autoridades a «redoblar esfuerzos para realizar una investigación pronta y efectiva de este crimen», ocurrido en Chilpancingo, capital de Guerrero, donde Román fue fundador del diario La Realidad y un «reconocido periodista» en varios medios.

«El persistente ataque a periodistas en México y en particular la grave reiteración de asesinatos, impacta profundamente en la sociedad mexicana», expresó Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, en un posicionamiento.

El asesinato de Román, de acuerdo con el organismo, ocurrió durante un ataque cerca de las 16.30 hora local del lunes, cuando estaba cerca de su casa.

El hombre había trabajado en el periódico Primero de Guerrero, el diario Pueblo, la revista Quehacer Político y el diario Expresión Popular, además de ser responsable de la comunicación de políticos locales.

Por ello, la ONU-DH solicitó «que se incluya la labor periodística de la víctima como una línea de investigación a priorizar» y pidió «asegurar la protección de familiares y compañeros de profesión que puedan enfrentar riesgos vinculados con el asesinato».

«El deliberado temor generado no se limita a quienes ejercen el periodismo, sino que se proyecta sobre cualquier persona, colectivo u organización que quiere ejercer su derecho a conocer, investigar, analizar críticamente y divulgar información y opinión», mencionó Fernández-Maldonado.

Con el deceso de Román, suman 15 periodistas asesinados este año en México, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

Apenas el 16 de agosto hallaron sin vida el cuerpo del reportero Juan Arjón López en el norteño estado de Sonora y el 3 de agosto mataron en el céntrico estado de Guanajuato al comunicador Ernesto Méndez.

Antes, asesinaron este año a los periodistas Antonio de la Cruz, Yessenia Mollinedo Falconi, Sheila Johana García Olivera, Luis Enrique Ramírez, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, Heber López Cruz, Juan Carlos Muñiz, Jorge Camero Zazueta, Roberto Toledo, José Luis Gamboa y Armando Linares.

«Además de la necesaria suma de esfuerzos para evitar la impunidad de estos crímenes, es fundamental que las autoridades de todos los niveles y de todos los poderes públicos en México condenen pública e inequívocamente todo ataque contra la libertad de expresión», concluyó el representante en México de la ONU-DH.

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El crimen es el sexto asesinato que ocurre en México contra periodistas en lo que va del 2022.

López Vásquez era director del portal RCP Noticias y su muerte fue confirmada por su hermano Irving López Vásquez, quien también se desempeña como comunicador.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y, de acuerdo con reportes de la Policía municipal de Salina Cruz, ya hay dos personas detenidas.

López Vásquez fue asesinado de cincos tiros en su oficina, ubicada en el centro de la ciudad, cerca de las 20.00 horas locales de este jueves (02.00 GMT del viernes).

El lugar permanece vigilado por agentes de la Guardia Nacional y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Irving López Vásquez dijo que su hermano «se encontraba con su hijo cuando fue asesinado», al tiempo que exigió justicia por su crimen.

De acuerdo con la organización Artículo 19, el comunicador había denunciado agresiones en su contra a esta organización en el año 2019.

El pasado martes, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, encabezó una Mesa de Seguridad en las instalaciones militares de Ixtepec para coordinar acciones a fin de garantizar la paz y la tranquilidad en la región.

De enero del 2015 a diciembre del 2021, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha abierto 288 investigaciones derivadas de quejas relacionadas con violaciones a los derechos de los periodistas.

Hasta el momento la Fiscalía de Oaxaca no ha emitido información de los hechos.

México, considerado el país más mortífero para la prensa, vive una violencia inédita este inicio de 2022 por el asesinato de al menos cinco periodistas, dos de ellos en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos.

El domingo se reportó el asesinato de Ernesto Islas Flores en Tijuana, quien fue editor del portal Notiredes en esa ciudad fronteriza y cuyo padre y tío son periodistas.

El miércoles, el Gobierno mexicano anunció el arresto de tres presuntos implicados en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el 23 de enero y cuya muerte en Tijuana desató una movilización nacional contra la violencia hacia la prensa.

El asesinato de Maldonado sacudió al país porque en marzo de 2019 había pedido protección en público al presidente, Andrés Manuel López Obrador, por un problema legal que mantenía con Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Sin contar todavía el caso de hoy en Oaxaca, la ONG Artículo 19 registra 149 periodistas asesinados por su labor desde el 2000 a la fecha, 29 de ellos durante el mandato de López Obrador, que arrancó en diciembre de 2018.

Tras un crimen en diciembre de 2018 y 10 en 2019, el país registró 7 homicidios de comunicadores en 2020 y otros 7 en 2021 y los cuatro ocurridos en enero de 2022.

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«La organización criminal permanece y después son los hijos los sucesores de estos capos ¿ quién educa a estos hijos?, ¿ quién alimenta ese sistema criminal? son las mujeres (…) el entorno familiar. Estas mujeres juegan un papel mucho más complejo y fundamental», explicó.

Señaló que Emma Coronel, esposa de Joaquín «el Chapo» Guzmán, es la primera en ser encarcelada y juzgada en Estados Unidos porque ese país entendió el papel que juega en la organización.

Además, dijo que hay señales de que el Gobierno de México podría hacer lo mismo tras la detención de Rosalinda González, esposa del Nemesio Oseguera Cervantes, alias «el Mencho», líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación.

«Estamos ante un momento de que, o el Gobierno solo va a perseguir a un cártel y por eso da un golpe en el corazón, que es la esposa, o también va a ir contra los demás, es algo interesante y que podría cambiar la dinámica del combate al narcotráfico si se comenzara a hacer eso», indicó.

Hernández, periodista amenazada por algunos cárteles, está en la Feria Internacional del libro (FIL) de Guadalajara donde presentó su libro «Emma y las otras señoras del narco» (2021) en el que aborda el papel que las mujeres juegan en la dinámica de corrupción y la logística de las organizaciones criminales.

Lejos de ser las muñecas de la mafia con dinero y vidas perfectas como los medios y la televisión han querido dibujarlas, las mujeres ligadas al narco tienen un papel de apoyo a las parejas, de «cohesión de la familia» y del grupo criminal pero también viven como «esclavas», aseguró la periodista.

«Son el nutriente emocional y psicológico de estos hombres, son el ingrediente fundamental para mantener cohesionadas a las familias y así extienden y multiplican su especie porque los hijos e hijas que crecen en estos ambientes terminan reproduciendo estos esquemas criminales», argumentó.

Esto ayuda a entender por qué a pesar de que los gobiernos encarcelan a los líderes, confiscan bienes y desmantelan a ciertos grupos del crimen, estos siguen existiendo, aseguró la periodista.

El libro narra historias en las que explica los motivos que hacen que cada una de la esposas, amantes e hijas de narcotraficantes quieran quedarse en este círculo íntimo a pesar de las vejaciones y la violencia de las que son objeto por parte de sus parejas o familiares o de su entorno.

En el texto, escrito como parte de la larga investigación acerca de los cárteles de la droga que la periodista realiza desde hace más de una década, afirmó que muchas actrices, modelos y conductoras en México han sido atraídas por los narcotraficantes ya sea como aventura de una noche a cambio de miles de dólares o como amantes por una temporada.

SERIES DAÑINAS

Hernández aseguró que las series que muestran los entresijos del narcotráfico en México y otros países de Latinoamérica han contribuido a que los criminales sean vistos como ejemplo a seguir cuando la realidad es otra mucho más sanguinaria.

«Estamos hablando de bandas de crimen organizado que matan, violan, ejecutan, torturan, desaparecen personas, son corruptores de toda la sociedad y me parece que eso no es una cosa que se pueda trivializar. (…) No muestran el mundo criminal como es, son de ficción y juegan a que son la realidad», expresó.

Estas producciones que involucran a actores y actrices de renombre trivializan el mundo del narcotráfico y sus crímenes y hacen que el espectador normalice la violencia, aseveró.

«‘El Chapo’ era un violador de niñas, podía andar de la cama de Emma (Coronel) y después regresar con otras mujeres, de eso estamos hablando, de cómo se permite y se tolera esto que no se habla en las series de televisión porque seguramente si se hablara con esta crudeza nadie las vería, las series distorsionan la crueldad de estos hombres y la miseria en la que viven ellas», explicó.

En la publicación, la periodista da a conocer una lista de nombres de hombres y mujeres del mundo del espectáculo que habrían tenido una relación personal o de amistad con narcotraficantes como el «Chapo» Guzmán, quien cumple una condena de cadena perpetua en Estados Unidos o con Edgar Villarreal Valdez, alias la «Barbie» o el «Güero», encarcelado en 2010.

El exdiputado mexicano Sergio Mayer y su esposa, así como las actrices Alicia Machado y Arleth Terán y la conductora Galilea Motijo son parte apenas una pequeña parte con la que los capos se vinculan al mundo de la farándula con la intención de llegar a donde ellos solos no puedan hacerlo, afirmó.

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 32 años y 3 meses de prisión en contra de Juan Francisco ‘P’, por su responsabilidad penal como coautor material en el homicidio de un periodista del estado de Sinaloa», detalló el organismo en un comunicado.

«El Quillo», integrante de una célula delincuencial que formó parte del Cártel de Sinaloa, había sido declarado como responsable del asesinado de Valdez el pasado 8 de junio.

El Juez Federal ordenó además la reparación del daño moral a las víctimas indirectas de este delito.

• La sentencia se suma a la obtenida en marzo de 2020 en contra de Heriberto «P», condenado a 14 años y 8 meses de prisión después de haber confesado su participación en los hechos junto a su hermano Juan Francisco.

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“Exigimos que las autoridades lleven a cabo de inmediato la investigación, de manera seria, pronta y expedita, a fin de dar con el o los responsables y reciban el correspondiente castigo con todo el peso de la ley por haber privado de la vida a nuestro compañero”.

Familiares de Enrique, reportaron este jueves que no tenían noticias suyas desde un día antes, cuando había salido en su automóvil Chevrolet Beat 2018 color plata.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) condenó el asesinato e inició la Investigación de Oficio núm. CODHEM/AE/APC/19/2021, radicada en la Visitaduría Adjunta de Atención a Periodistas y Comunicadores.

“Exigimos a las autoridades competentes el esclarecimiento de los hechos y solicitamos medidas precautorias para su familia”, publicó la Codhem en redes sociales.

Con este motivo, esta Defensoría de Habitantes inicia la Investigación de Oficio núm. CODHEM/AE/APC/19/2021, radicada en la Visitaduría Adjunta de Atención a Periodistas y Comunicadores.

— Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (@CODHEM) June 17, 2021

“La voz de todas y todos los integrantes del gremio, que apreciabamos a Enrique García, no será acallada hasta que se haga justicia”. A través de un posicionamiento, la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca (APVT) lamentó el acaecimiento de su colega y pidió a las autoridades encargadas de la procuración de justicia investigar el hecho.

Enrique, se desempeñó como miembro del rotativo “El Sol de Toluca”; formó y encabezó áreas de comunicación institucional en Tenango, el Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Seguridad mexiquense (SSEM). Entre sus más recientes encomiendas estuvo dirigir la campaña de Ana Muñiz Neyra, por la presidencia municipal de San Mateo Atenco.

La noche de este miércoles el comunicador realizó un servicio de plataforma digital como chofer. Versiones indican que el último viaje fue realizado en una pizzería, ubicada en la colonia “La Asunción”.

El servicio pidió dirigirse a Hermenegildo Galeana 409, en la comunidad de San Lucas Tunco, no obstante, el operador del Chevrolet Best 2018, color gris con placas de circulación NDG1634 fue localizado sin vida.

Horas después de reportada su desaparición se confirmó que Enrique García sería la víctima pero hasta el momento no hay información de los sospechosos.

A través de una tarjeta informativa, la fiscalía mexiquense indicó que ya iniciaron diversas diligencias para identificar a los presuntos responsables del asesinato de García, las cuales apuntan que se pudo haber tratado de un posible intento de robo.

“Esta Fiscalía General se encuentra realizando diversas labores de gabinete y campo, entre ellas la búsqueda de cámaras de vigilancia, tanto estatales, municipales como particulares, con el objetivo de allegarse de más indicios, mismos que serán integrados a la carpeta de investigación iniciada” indica la fiscalía.

Descanse en paz pic.twitter.com/sGfsyInSH0

— SCI DEL CDE (@SCI_PRIEDOMEX) June 17, 2021

De acuerdo con Artículo 19, organización que defiende la libertad de expresión, en 2020 seis periodistas fueron asesinados y se registraron 692 ataques contra medios de comunicación y comunicadores.

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Reiteramos nuestro apoyo a @ErikaRiveroA, por las agresiones que ejerció en su contra @ManlioMagnoLC , a quien invitamos a no denostar el trabajo periodístico y a respetar la libertad de expresión. pic.twitter.com/0UbymGb49h

— Red Periodistas Pue (@Periodistas_Pue) April 20, 2021

La directora del portal de noticias Los Conjurados comenzó a recibir amenazas y ataques en redes sociales tras la publicación de una serie de textos sobre violencia política de genero ejercida por el exaspirante a la alcaldía de Puebla, Manlio López.

Además, la comunicadora difundió presuntas acusaciones por fraude, robo y portación ilegal de armas en contra del empresario, a quien le fue negada la candidatura de Movimiento Ciudadano.

A partir de entonces, ha recibido amenazas y una campaña de desprestigio en redes sociales, por lo que la Red de Periodistas de Puebla y la Red Nacional de Periodistas de Comunicación e Información de la Mujer, condenaron los ataques y demandaron a diversas autoridades intervenir.

Reiteramos nuestro apoyo a Erika Rivero por las agresiones que ejerció en su contra @ManlioMagnoLC, a quien invitamos a no denostar el trabajo periodístico y a respetar la libertad de expresión», manifestó la Red de Periodistas.

• Se espera que en las próximas horas, la periodista presente una denuncia penal ante la Fiscalía General del estado; en tanto otras organizaciones civiles se han unido a la condena.

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Ese rotativo, que cita a uno de sus abogados, apunta que Zhang se negó a aceptar los cargos al considerar que sus informaciones -publicadas a través de plataformas chinas como WeChat y otras prohibidas en el país como Twitter o YouTube– no deberían ser censuradas.

Según Amnistía Internacional (AI), su trabajo en Wuhan se centró en informar de detenciones de otros reporteros independientes y acoso a familiares de víctimas del coronavirus durante el considerado como primer brote a nivel mundial de la pandemia de la COVID-19.

La organización Chinese Human Rights Defenders (CHRD) apuntó en septiembre que la mujer había sido detenida por publicar que los ciudadanos de Wuhan habían recibido comida podrida durante el confinamiento de once semanas que vivió la ciudad o que fueron obligados a pagar tasas para poder hacerse pruebas del coronavirus.

El juicio se celebró hoy en un tribunal de la ciudad oriental de Shanghái -donde tiene fijada su residencia la acusada- con fuerte presencia policial y con la asistencia tan sólo de sus familiares.

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En una carta de suicidio dirigida al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el periodista dio las razones de su muertes desvinculado a todo posible manejo erróneo de la información y aseguró que la única casusa real de su suicidio fueron los problemas económicos.

En la carta de suicidio se puede leer que a la única persona a la que le tiene la confianza plena para poder entender su situación sin la necesidad de encontrar causas externas a su muerte es al secretario Omar García Harfuch con el que compartía gran amistad.

Al hasta el momento, el secretario de seguridad no ha emitido informe alguna del caso del periodista y si se toma la supuesta «carta de suicidio» como evidencia suficiente para desvincular un delito externo al deseo del fallecido.

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Esta petición se produjo durante el juicio en apelación celebrado hoy en el Tribunal de Argel, que se prolongó durante más de cinco horas y apenas contó con la presencia de una decena de medios, que denunciaron las restricciones de acceso.

En agosto pasado, un juzgado de Primera Instancia condenó a Drareni a tres años de cárcel -la mayor pena impuesta a un periodista en Argelia- y a Hamitouche y Benlarbi a dos años, además de una multa de 50.000 dinares (330 euros).

Esa sentencia recibió duras críticas de la sociedad civil y organizaciones defensoras de los derechos que exigen desde entonces su liberación inmediata y denuncian que el único motivo del arresto del periodista es «ejercer su profesión de manera independiente»

El comunicador, de 40 años, se encuentra detenido desde el 27 de marzo cuando cubría una manifestación contra el régimen no autorizada, mientras que los activistas fueron encarcelados ese mismo día y puestos en libertad cuatro meses más tarde.

Una concentración simultánea en Argel, París y la capital tunecina tuvo lugar la víspera del juicio, convocada por el sindicato de periodistas y organizaciones como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras en solidaridad con el corresponsal de la cadena francesa TV5 Monde.

Además, una petición abierta en las redes sociales ha recogido más de 5.000 firmas para exigir a las autoridades locales su liberación.

Cientos de personas han sido detenidas y juzgadas en Argelia por su participación en el «Hirak», movimiento que desde principios de 2019 pide el fin del régimen militar que domina el país desde la independencia de Francia en 1962.

Pese a esta política represiva, las manifestaciones se repitieron de forma masiva cada martes y cada sábado desde el 22 de febrero de 2019 hasta marzo de este año, cuando quedaron interrumpidas por las medidas para contener la pandemia de la COVID-19.

Argelia aparece en el puesto 146 de 180 en la lista de países de este año de Reporteros Sin Fronteras en cuanto al respeto a la libertad de prensa.

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