Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que la esencia del Plan B fue respaldada y que representa un hecho histórico para el país. La propuesta sustituye a la reforma electoral previamente rechazada por el Congreso de la Unión y busca reducir privilegios en distintos niveles de gobierno.

La presidenta enlistó seis objetivos alcanzados con la aprobación de la iniciativa:

• No reelección en cargos públicos.
• No nepotismo en el ejercicio de funciones.
• Reducción de recursos a congresos estatales y al Senado, evitando gastos en privilegios.
• Disminución de regidores en varios municipios.
• Eliminación de pensiones doradas en México.
• Reducción de salarios, bonos y seguros de gastos médicos mayores para consejeros y magistrados electorales.

Con su aprobación en los congresos locales, se consolida como una medida que busca transformar la estructura política y administrativa, limitando beneficios considerados excesivos.

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La reforma fue avalada con 87 votos a favor y 41 en contra, gracias al respaldo de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo (PT). Sin embargo, uno de los puntos más polémicos —la modificación a la revocación de mandato presidencial— quedó fuera del dictamen, luego de que el PT condicionara su apoyo a eliminar cualquier cambio en el artículo 35 constitucional.

Durante la discusión, senadores de oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) criticaron la iniciativa, señalando que buscaba favorecer a la presidenta en futuras campañas. En contraste, los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos defendieron la propuesta, argumentando que fortalecía la participación ciudadana.

El Partido del Trabajo fue clave en el desenlace. Su dirigente, Alberto Anaya, dejó claro que apoyarían la reforma en lo general, pero no acompañarían la modificación a la revocación de mandato. Finalmente, la senadora Lizeth Sánchez presentó la reserva que eliminó por completo el artículo 35 del dictamen, manteniendo la revocación presidencial en el cuarto año de gobierno, es decir, en 2028.

La oposición celebró la decisión con gritos de “¡Sí se pudo!”, interpretando la eliminación del cambio como un triunfo político.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “malo para el país” que el Senado aprobara el Plan B sin incluir la revocación de mandato en 2027. Señaló que lo fundamental de la iniciativa sí fue aprobado —la reducción de privilegios y costos en el sistema electoral—, pero lamentó que los legisladores no respaldaran la propuesta completa.

El Plan B electoral aprobado contempla:

• Reducción de recursos a congresos estatales y al Senado.
• Límite de 15 regidores en municipios.
• Eliminación de prestaciones onerosas en órganos electorales.
• Prohibición de contratar seguros con recursos públicos.
• Ajuste de remuneraciones en todas las entidades públicas.

La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, donde continuará su trámite legislativo antes de pasar a los congresos estatales para su eventual entrada en vigor.

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Durante su conferencia, Sheinbaum detalló que la propuesta original buscaba reducir el gasto público destinado a instituciones electorales y dirigencias partidistas. Según la mandataria, los recursos asignados resultan excesivos en un país con necesidades sociales urgentes.

La presidenta subrayó que la iniciativa responde a demandas ciudadanas, pues encuestas reflejan inconformidad con el financiamiento público a partidos y los salarios de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). Además, señaló duplicidades entre el organismo nacional y los institutos locales.

Sheinbaum recordó que únicamente legisladores de Morena, 12 diputados del Partido Verde y uno del PT respaldaron la propuesta, mientras que PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y aliados votaron en contra. Aun así, insistió en llevar la iniciativa al pleno para mostrar quiénes apoyaban la reducción de privilegios.

El “Plan B”, adelantó, mantendrá la esencia de la reforma rechazada: disminuir gastos considerados excesivos en el sistema electoral y redirigir recursos hacia programas sociales, infraestructura y servicios básicos. También planteó fortalecer la democracia participativa para que la ciudadanía tenga mayor incidencia en decisiones públicas.

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