El centro penitenciario es famoso por la primera fuga del capo del narcotráfico Joaquín El Chapo Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa, en 2001.

El documento señala que “las personas privadas de la libertad que alberga el Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento sus derechos humanos”.

Puente Grande es una de las cárceles más conocidas por ser la prisión de la que El Chapo, ahora condenado y preso en Estados Unidos, se fugó en enero de 2001 al sobornar a los custodios tras estar detenido ahí desde 1995, después de su primera captura en 1993.

Años después, en 2015, El Chapo se fugó de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano a través de un túnel, en su segunda huida de un penal.

Puente Grande también es conocido por los motines de sus reclusos de alta peligrosidad, como reflejó una riña reciente que en mayo dejó siete muertos y nueve heridos.

En julio, las autoridades federales trasladaron a más de 300 detenidos a otras prisiones con el argumento que eran medidas por la pandemia de covid-19.

Asimismo, la prisión era famosa por las “narcofiestas” que realizaban los reclusos, como mostraron imágenes difundidas en abril pasado en las que presuntos reos y guardias bebían alcohol y se bañaban en una piscina dentro del lugar.

“Los derechos de los trabajadores adscritos laboralmente al Centro Federal de Readaptación Social número 2 ‘Occidente’, serán respetados conforme a la ley, por lo que serán reubicados en otros centros penitenciarios federales”, prometió el acuerdo de este lunes.

El anuncio ocurre justo un año después de la clausura de la vieja prisión de Topo Chico, inaugurada en 1943 en Monterrey.

En el acuerdo de este día, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no precisó el plazo para cerrar el penal al señalar que los pasos pendientes «continuarán su trámite conforme a las disposiciones legales vigentes al momento de su inicio, ante la autoridad penitenciaria correspondiente«.

También estableció que la Secretaría «determinará en su momento el destino final del bien inmueble«.

El acuerdo del cierre fue firmado por Alfonso Durazo, titular de la SSPC, la cual determinará el destino final del bien inmueble que el penal.

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