Las autoridades informaron que la acción responde a presuntos vínculos de los agentes con la delincuencia organizada. El despliegue militar y policial se mantiene en Villaflores, Jiquipilas, Ocozocoautla y Cintalapa, tras la quema de dos bares y el secuestro de ocho personas, de las cuales siete fueron halladas sin vida horas después.

En este municipio fueron arrestados 31 agentes, además del director de la corporación, Carlos Alberto “N”, y un oficial de Vialidad. Durante el operativo se aseguraron teléfonos celulares y 16 bolsas con marihuana.

Aquí se detuvo a 68 policías municipales, incluido el comandante Javier “N”. El Ministerio Público confiscó 75 teléfonos celulares, 11 radios de comunicación, 17 bolsas con marihuana, cuatro cartuchos calibre 22, ponchallantas y un arma hechiza.

En este municipio fueron arrestados 58 agentes de distintos rangos. Se incautaron 75 teléfonos celulares y 23 bolsas con marihuana. Las instalaciones de la corporación quedaron aseguradas.

No es la primera vez que corporaciones municipales de Chiapas son intervenidas. El 12 de agosto de 2024, 59 policías de Cintalapa fueron detenidos junto al director Ulber Martínez Flores, señalado como cercano al alcalde de Morena, Ernesto Cruz Díaz. En diciembre de 2024, 92 agentes de Comitán y miembros del grupo paramilitar “Los Zorros” fueron arrestados, mientras que en enero de 2025 se detuvo a 65 policías de Villaflores y Villa Corzo.

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El proyecto incorpora modificaciones a 15 artículos y establece penas de 15 a 25 años de prisión por extorsión, con agravantes que pueden añadir entre 3 y 17 años más. En casos donde se emplee violencia física o moral para exigir el cobro de daños derivados de hechos de tránsito provocados intencionalmente, la condena podría alcanzar hasta 42 años.

La ley contempla la persecución de oficio del delito y mecanismos para bloquear comunicaciones desde centros penitenciarios, considerados uno de los principales focos de extorsiones telefónicas. También actualiza normas sobre reparación del daño, extinción de dominio, uso de pruebas y elimina beneficios preliberatorios en estos casos.

El dictamen refuerza estándares de derechos humanos y ordena que todas las fiscalías integren unidades especializadas con ministerios públicos, analistas y policías certificados en materia de extorsión. Mientras se conforman estas áreas, las autoridades locales podrán apoyarse en las unidades antisecuestro.

Entre las modificaciones se sustituyó la agravante de “afectación a la economía de una entidad federativa” por la afectación medible a economías comunitarias, considerada más verificable. Además, se precisaron sanciones para evitar interpretaciones confusas y se homologó el tipo penal en las 32 entidades federativas.

Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano) citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que ubican la extorsión como el tercer delito más frecuente en 2024 y el primero en ocho estados. Señaló que la cifra negra alcanza 97 %, pues de mil casos diarios solo 31 se denuncian.

Carolina Viggiano y Claudia Anaya (PRI) respaldaron la homologación del tipo penal, pero advirtieron que sin presupuesto para fiscalías y policías la ley podría convertirse en “letra muerta”. Guadalupe Murguía (PAN) coincidió en que la falta de recursos limita la creación de unidades especializadas y la protección de víctimas.

Frente a las críticas, Javier Corral aclaró que la restricción presupuestal solo aplica al presente ejercicio fiscal y que los recursos serán programables en los siguientes años.

Nora Ruvalcaba (Morena) destacó que la ley permitirá una persecución más eficaz y homogénea. Lizeth Sánchez (PT) subrayó que la extorsión afecta la vida diaria y la dignidad de las personas, mientras que Luis Alfonso Silva Romo (PVEM) afirmó que la expedición de esta ley general dará un marco legal uniforme y obligatorio en todo el país.

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El político, quien representaba al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue trasladado por sus familiares a una clínica particular, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Se presume que recibió al menos cinco impactos de bala.

Horas antes del atentado, Bahena Solórzano había publicado un video en redes sociales informando sobre las acciones de auxilio a la población afectada por las lluvias. Su mensaje mostraba avances en la atención a las comunidades, lo que generó reacciones positivas entre los habitantes.

Tras el ataque, autoridades estatales y municipales desplegaron un operativo de seguridad para localizar a los responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el caso.

El PVEM lamentó profundamente la muerte de su representante en Pisaflores y exigió una investigación transparente que permita esclarecer los hechos y hacer justicia. La comunidad también ha expresado su consternación ante el suceso.

Este hecho ha generado preocupación en la región, donde se pide mayor seguridad para los funcionarios públicos y un seguimiento puntual del caso por parte de las autoridades correspondientes.

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La reforma incorpora el concepto de interés legítimo, que podrá ser individual o colectivo, sin necesidad de que la lesión sea “actual” ni que el beneficio derivado del amparo sea “directo”. En materia fiscal, se establece que el amparo contra el cobro de contribuciones solo podrá promoverse hasta la publicación de la convocatoria de remate.

Durante la sesión, se presentaron cuatro mociones suspensivas —una del PAN, una del PRI y dos de Movimiento Ciudadano—, pero fueron desechadas por mayoría a mano alzada. El diputado Germán Martínez Cázares (PAN) criticó la reforma y acusó a legisladores oficialistas de incoherencia en el uso del amparo en casos pasados.

Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del PRI, afirmó que la reforma es “inconstitucional” y que representa un retroceso para la democracia y el Estado de derecho. Señaló que limita libertades y debilita los contrapesos institucionales.

En contraste, Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, defendió que las modificaciones buscan fortalecer el acceso a la justicia, mediante la digitalización de procedimientos, la reducción de cargas procesales y la armonización entre expedientes físicos y electrónicos. Aseguró que con la reforma se evitarán los llamados “amparos exprés” que, dijo, han beneficiado a evasores fiscales y a quienes protegen recursos de origen ilícito.

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Así lo informó Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, quien señaló que tanto el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como el Partido del Trabajo (PT) también participarán en este proceso, al formar parte de la coalición que ostenta la mayoría calificada en San Lázaro.

Acuerdo en revisión: Morena intervendrá en la propuesta

Durante una conferencia de prensa, Monreal explicó que el acuerdo original para que el PAN presida la Mesa Directiva se mantiene vigente, pero aclaró que aún no se ha definido el nombre de la persona que encabezará ese cargo.

“La persona que se proponga es lo que estamos revisando en una relación amigable, de colaboración y acuerdo con el PAN”, puntualizó.

Coalición mayoritaria tendrá voz en la decisión

El coordinador de Morena añadió que, por ser parte de la mayoría calificada, su partido y sus aliados tienen derecho a participar en la decisión final sobre quién asumirá la presidencia.

“No hay una definición aún. Estamos buscando, mediante consenso, a la persona idónea del PAN para el cargo”, dijo.

Perfil institucional, la clave para Morena

Ante la posibilidad de que la diputada Kenia López sea propuesta, Monreal evitó pronunciarse a favor o en contra de nombres específicos, señalando que respetan a todos los candidatos que el PAN tenga en consideración.

Aun así, destacó que quien sea elegido o elegida deberá contar con ciertas cualidades indispensables:

“Institucionalidad, respeto y conducción plural son características esenciales para todo presidente o presidenta de la Mesa Directiva”, concluyó.

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La iniciativa busca modificar el artículo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Actualmente, este artículo exige que los ministros porten togas negras de seda con puños blancos durante las sesiones. Los legisladores argumentan que eliminar este símbolo promoverá una imagen más cercana y menos elitista del máximo tribunal.

Objetivo de la iniciativa

Los senadores explican que la reforma pretende erradicar símbolos que generan distancia entre la justicia y la ciudadanía. Según ellos, la nueva SCJN debe reflejar la justicia del pueblo y atender las injusticias históricas.

“El pueblo decidió libremente elegir a los ministros de la Suprema Corte. Ahora, la justicia debe representarse también en su imagen, como una institución cercana al pueblo”, señalaron.

Cambio histórico con nuevo ministro indígena

El senador Antonino Morales destacó la llegada del ministro Hugo Aguilar, jurista indígena oaxaqueño, como un símbolo del cambio. Morales afirmó que “la toga judicial es un símbolo de la justicia de antes, la de privilegios y elitismo”.

Añadió que la justicia moderna debe vestir “la indumentaria de nuestra gente sencilla y trabajadora del campo y la ciudad”.

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El conteo oficial reveló que Morena obtuvo 11 alcaldías por separado y otras 60 en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). A esto se suman 12 municipios ganados por el PVEM en solitario, consolidando así su liderazgo estatal.

Reconfiguración política en Veracruz

Según los resultados oficiales del OPLE, además de los triunfos de Morena y sus aliados, Movimiento Ciudadano logró 40 municipios, seguido por el PAN con 35, el Partido del Trabajo (PT) con 30, y el PRI con 23. También se reportó la victoria de un candidato independiente en un municipio.

Una vez concluido el conteo, el OPLE inició la etapa de impugnaciones. Hasta el momento, se han recibido 65 recursos de inconformidad, los cuales serán analizados conforme a los plazos legales.

Reacción del gobierno estatal

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, calificó la jornada electoral del 1 de junio como “muy buena”. En entrevista con Joaquín López-Dóriga, celebró que Morena, solo o en alianza, haya ganado en municipios clave como Xalapa, Veracruz puerto, Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Los Tuxtlas, Córdoba y Papantla.

Estos resultados confirman la fuerza política de Morena y el PVEM. Ambos partidos lograron triunfos en varias de las demarcaciones más relevantes del estado.

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Talayero argumentó que el duelo impacta el estado emocional y el desempeño laboral. Por ello, considera necesario reconocer este derecho en la ley. La iniciativa se plantea como un paso hacia el bienestar integral de los trabajadores.

Reconocer el duelo como un derecho

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo no contempla permisos específicos para estos casos. Según el legislador, existe evidencia científica que respalda la necesidad de permitir que las personas procesen una pérdida sin presiones laborales. Esto permitiría mejorar la salud emocional, así como el rendimiento general en los centros de trabajo.

¿Qué incluye la propuesta?

La propuesta establece entre tres y siete días de descanso, dependiendo del caso, con goce de sueldo garantizado. Se busca que el empleador no tenga opción de negarlo y que deje de ser solo una disposición interna o voluntaria.

También se contempla llevar la propuesta al Congreso Federal. El objetivo es que el derecho quede establecido en la Constitución y se aplique en todo el país.

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Modificaciones a la reforma contra nepotismo y reelección

La reforma establece que los funcionarios públicos no podrán ser sucedidos por familiares directos en cargos de elección popular. Además, elimina la posibilidad de reelección inmediata. La mayoría de Morena, junto con sus aliados del PT y PVEM, rechazó modificar el proyecto aprobado previamente por el Senado, que plantea que la reforma entre en vigor en 2030, en lugar de 2027, como lo había propuesto la presidenta Claudia Sheinbaum.

Reacciones y críticas

La reforma ha generado un fuerte debate. La oposición ha criticado el retraso en su implementación, argumentando que esta medida beneficiaría a políticos oficialistas con aspiraciones para las elecciones locales de 2027. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum destacó que el objetivo principal de esta reforma es acabar con el nepotismo electoral,; promoviendo una mayor equidad en los procesos democráticos del país.

Contexto de la reforma

La reforma surge en un contexto donde diversas familias; han mantenido el control político de varios municipios y estados de México durante décadas,; transmitiendo cargos públicos entre padres, hijos, esposos y hermanos, independientemente de su afiliación política. Esta situación ha generado preocupación sobre transparencia en el ejercicio de la política.

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El debate gira en torno a la interpretación y aplicación de la Constitución en lo que respecta a la representación proporcional de los partidos políticos en el Congreso. Alcalde Luján enfatizó que la Carta Magna establece claramente dos criterios para regular esta distribución: ningún partido puede tener más de 300 diputados entre los elegidos por mayoría relativa y proporcional, y ningún partido puede superar en ocho puntos porcentuales la proporción de votos nacionales en la Cámara.

El conflicto surge debido a las expectativas de una posible mayoría calificada para ciertos partidos, específicamente Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que podrían alcanzar hasta 373 escaños en conjunto. Esta mayoría permitiría modificar la Constitución, una preocupación particular para aquellos que temen cambios significativos en el sistema judicial mexicano.

Alcalde Luján también abordó la crítica hacia la interpretación selectiva de la Constitución, señalando que cuando esta beneficiaba a otros partidos en el pasado, no había objeciones similares. Ahora, con la perspectiva de que ciertos partidos puedan alcanzar una mayoría legislativa decisiva, se cuestiona la aplicación rigurosa de la ley fundamental.

La propuesta de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente López Obrador el 5 de febrero es vista como un punto álgido en este debate, ya que algunos sectores temen que pueda debilitar la independencia judicial al modificar el proceso de selección de jueces y magistrados.

En términos prácticos, la discusión se centra en si se debe interpretar la distribución de escaños por coalición o por partido político individual, según lo establecido en la Constitución. Alcalde Luján instó a respetar el Estado de derecho y a evitar interpretaciones sesgadas que puedan socavar la integridad constitucional.

Este debate no solo refleja tensiones políticas actuales, sino que también subraya la importancia de cumplir con las normas establecidas para garantizar la estabilidad institucional y el respeto a la voluntad democrática expresada en las urnas.

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