Estas reformas incluyen la creación de un Consejo Nacional de Inteligencia, la integración de una Plataforma Central de Inteligencia y ajustes al marco normativo de la Guardia Nacional. El objetivo: mejorar la coordinación, uso responsable de tecnología y respeto a derechos humanos.

Principales novedades en inteligencia y seguridad

Godoy explicó que el Consejo Nacional de Inteligencia operará bajo la SSPC y el Centro Nacional de Inteligencia, trabajando en conjunto con el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General. Se prevé una Plataforma Central para integrar información y prevenir delitos mediante tecnología, priorizando libertades civiles y protección de datos.

Se enfatizó la formación técnica y ética del personal. Además, el uso de tecnología tendrá salvaguardas para proteger la privacidad. Las intervenciones telefónicas solo se permitirán con orden judicial.

Cambios en el marco de la Guardia Nacional

Entre los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se incluye un nuevo rol para la Guardia Nacional. Ahora apoyará en tareas de seguridad nacional y en la estabilidad del Estado.

También se establece su participación junto al Ejército y la Fuerza Aérea para proteger la soberanía y garantizar seguridad interior. Las reformas incluyen mandatos de educación y ascensos equiparables a los de las fuerzas armadas,; con igualdad de oportunidades en su formación.

La presidenta también aclaró que los efectivos, al igual que los militares, podrán solicitar licencia si desean aspirar a cargos de elección popular. Esto se encuentra establecido en el artículo 55, fracción IV, de la Constitución.

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Marcela Figueroa, del SESNSP, presentó una tercera reforma: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta busca ordenar las competencias entre los distintos niveles de gobierno y mejorar la coordinación institucional.

Se formaliza el Gabinete Federal de Seguridad y se replicará como Mesa de Paz en cada entidad. También se adoptará una Política Nacional de Acreditación y Certificación. Esta aplicará tanto a instituciones como al personal, y garantizará transparencia y un uso eficiente de los recursos federales.

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