La designación responde a una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien declaró como prioridad nacional la atención a la crisis de desapariciones que enfrenta el país, con más de 133 mil personas desaparecidas y 73 mil restos sin identificar.

Perfil de la nueva titular

Pérez Gumercindo cuenta con una amplia trayectoria en la investigación de delitos de desaparición forzada. Su cargo más reciente fue en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR).

También se ha desempeñado como fiscal especializada y supervisora en casos de desapariciones en el estado de Veracruz, lo que refuerza su experiencia operativa y jurídica en la materia.

Proceso de selección y respaldo institucional

Durante el anuncio, Rodríguez enfatizó que el proceso de selección no fue político, sino basado en el conocimiento técnico, la sensibilidad y la experiencia. Señaló que Pérez Gumercindo posee «empatía, conocimiento jurídico y operatividad», cualidades necesarias para enfrentar el reto de localizar e identificar a miles de personas desaparecidas en el país.

Reforzamiento legal en la búsqueda de personas

La designación se da en un contexto de reformas legislativas. A finales de junio, el Senado aprobó un paquete de modificaciones para fortalecer los mecanismos de búsqueda, identificación y localización. Las reformas fueron impulsadas por la presidenta Sheinbaum y aprobadas con 68 votos a favor.

Entre los cambios destacan la creación de una Plataforma Única de Identidad, el uso obligatorio de la CURP como identificador base, y la integración de datos biométricos y fotográficos en formato físico y digital.

Nuevas herramientas para la búsqueda

Además, se establecen nuevas obligaciones para autoridades y particulares en cuanto a la consulta de bases de datos por parte de fiscalías y cuerpos de seguridad. También se crea una Base Nacional de Carpetas de Investigación y se refuerza la emisión de Fichas de Búsqueda.

Se exigirá la realización de pruebas genéticas y dactiloscópicas antes de enviar restos humanos a fosas comunes, con el objetivo de evitar el anonimato forzado y facilitar la identificación.

Llamado a la transparencia

Previo a la designación, diversas organizaciones civiles pidieron mayor transparencia en el proceso, y exigieron que el nuevo titular respondiera con eficacia ante la crisis. Esta presión social se da en un contexto de desconfianza institucional y exigencias de justicia por parte de familiares y colectivos de búsqueda.

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