Debido a que López llevaba varios minutos respondiendo una pregunta, un hombre que se asumió como un periodista de Tamaulipas se arrodilló, pero inmediatamente el mandatario le pidió que se levantara, afirmando que se estaba alargando con su respuesta porque “eran temas que le interesaban”.

«Párate, te voy a escuchar… te voy a escuchar. Es que esto es muy interesante, todos tienen derecho y hay tiempo para todos… hay más tiempo que vida«, explicó.

El sujeto se levantó y volvió a sentarse y fue minutos después cuando López le dio la palabra; no obstante, no dijo de parte de qué medio venía y tenía volteado su gafete de prensa.

Al tomar el micrófono, el hombre justificó su acción al asegurar que viene desde Tamaulipas y solo tiene derecho a acudir a la mañanera una vez al mes.

“Disculpe, vengo de Tamaulipas y es muy difícil que de Tamaulipas vengamos para acá los periodistas, y pues yo tengo solamente una vez participación. Entonces lo que estaba pasando me iba a ir sin tomar la palabra”, comentó.

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Álvarez se negó a regresar a su domicilio después de 17 días bajo un arresto domiciliario no declarado en los que ha estado obligado a encerrarse en casa de su abuela sin razones legales o médicas que lo justifiquen.

Una camioneta blanca se llevó detenido al escritor, cuando decidió abandonar el domicilio. Nada más salir a la calle, dos agentes impidieron que siguiera caminando y le forzaron a entrar nuevamente en su casa. Cada vez que intentaba avanzar, el agente le impedía el paso y le obligaba a regresar. Después de diez minutos y, ante la resistencia de este a volver al domicilio, fue detenido y conducido a dependencias policiales.

La detención de Carlos Manuel Álvarez es el último episodio de la persecución a la que están siendo sometidos quienes a finales de noviembre participaron en el Movimiento San Isidro, el grupo de activistas que se encerró en un edificio del barrio San Isidro de La Habana en protesta por la detención del rapero Denis Solís y las restricciones a la libertad de expresión del Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Desde la disolución por la fuerza del Movimiento, Álvarez fue obligado a quedarse en casa con la excusa de cumplir la cuarentena por la emergencia sanitaria de la covid-19, a pesar de que las pruebas PCR que se ha efectuado han dado negativas y de que no hay orden de detención ni limitación legal alguna a la movilidad.

Carlos Manuel Álvarez, escritor, director de El Estornudo y colaborador de EL PAÍS, llegó a finales de noviembre a Cuba para sumarse a la huelga del grupo de activistas y desde entonces, además del arresto domiciliario, fue interrogado durante tres horas y atacado en la televisión nacional.

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Israel Vázquez, periodista del Salmantino, fue atacado poco antes de que iniciara una transmisión en vivo para informar sobre el hallazgo de restos humanos en el bulevar Villa Salamanca.

De acuerdo con los últimos reportes, el comunicador tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital en estado crítico donde más tarde falleció.

“Él acude a un reporte de unos restos hallados en Salamanca, llega y es agredido a balazos», dijo al diario local AM. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato.

“Estaremos atentos a que no ocurran este tipo de casos, Guanajuato había estado exento de esta situación de agresión a periodistas”, agregó.

Por su parte, otro periodista de la guardia policiaca del mismo medio expresó lo siguiente: “Estamos consternados por las cosas que están sucediendo en el municipio de Salamanca… lamentablemente uno de nuestros compañeros y amigo fue atacado por sujetos hasta el momento desconocidos… al estar dando la noticia en el lugar de los hechos”.

“Hasta el momento no podemos creer lo que le pasó a nuestro compañero”, dijo en una transmisión en vivo desde el sitio del ataque.

Lamentó la agresión “vil y cobarde” contra el reportero. “Nosotros sólo venimos a informar sobre los hechos… nosotros nos trasladamos a las zonas conflictivas (para informar)”, agregó.

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Salas dijo a EFE que fue detenido por una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia del país (Sebin) cuando trasladaba a Muñoz hasta la localidad de San Bernardino, en el centro de Caracas.

«Leonardo (Muñoz) vio un grafiti al final de una pared y fue a tomarle una foto y los funcionarios de seguridad nos abordaron«, dijo el motorista.

Tras ser retenidos en ese lugar por cerca de una hora, una comisión del Sebin los trasladó posteriormente hasta una de sus sedes en Caracas, conocida como El Helicoide.

Salas indicó que allí fue entrevistado y se le informó que estaría detenido hasta que se hicieran averiguaciones.

«La foto se hizo en una zona de seguridad, es lo que ellos estaban alegando (…)«, añadió.

Asimismo, dijo que no recibió malos tratos y que pasó la noche en un salón y no en una celda.

Salas fue uno de los cuatro trabajadores de la Agencia EFE que fueron detenidos ayer por los cuerpos de seguridad de Venezuela y que acaban de ser puestos en libertad.

Además de Salas y Muñoz, la colombiana Maurén Barriga y el español Gonzalo Domínguez fueron detenidos horas más tarde y también pasaron la noche en El Helicoide.

Los tres corresponsales se encontraron con el cónsul español en Caracas, Julio Navas, quien ya confirmó que se encuentran en buenas condiciones.

Asimismo, se han encontrado con el encargado de negocios de Colombia en Venezuela, Germán Castañeda, quien se apostó este jueves desde temprano a las puertas del Helicoide esperando la liberación.

El equipo de reporteros viajó desde Colombia para hacer cobertura de la crisis venezolana, después de que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamara como Presidente interino.

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De acuerdo con la publicación de “El Límite Del Bien”, uno de los residentes del refugio abrazó con tal cariño al periodista que éste lo adoptó.

El video tuvo tal impactó que se viralizó en redes sociales, a pesar de carecer de datos sobre los nombres de sus protagonistas. A continuación presentamos el material.

Un periodista fue a cubrir una noticia sobre un refugio de perros abandonados.
Ese hermoso e inocente perrito, queriendo cariño y un hogar, se agarró a él con sus patas.. El periodista conmovido, lo adoptó.
Preciosa historia pic.twitter.com/mDu3VhkTDC

— El Límite Del Bien (@ellimitedelbien) 15 de enero de 2019

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Por el momento, el único detenido por dicho crimen es Juan Pablo “N”, de 19 años de edad, quien presuntamente vigiló al comunicador y avisó a los asesinos, que lo ejecutaron con cuatro disparos, confirmó el fiscal de Homicidios y Feminicidios, Luis Alberto Sánchez Sánchez.

Asimismo, existen orden de captura en contra de Maribel Pinto Gutiérrez, esposa de “El Zapatudo” y se mantiene una investigación para determinar si policías estatales y municipales de Yajalón pudieran estar relacionados con los presuntos criminales.

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Versiones señalan que cerca de las 22:00 horas, un hombre entró al establecimiento y disparó contra el periodista, quien cubría la fuente policíaca en distintos medios locales.

De acuerdo con uno de sus colegas, los útlimos trabajos de Chan Dzib fueron sobre la detención de una banda de asaltantes en la comunidad de Noh Bec y el asesinato de un líder priista en Sabán.

Se trata del séptimo comunicador asesinado en México en lo que va de 2018.

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“Buenos dias a todos mis amigos y amigas. Quero pedirles una disculpa…sali desde el vienes con rumbo a oaxaca .y perdi co tacto porque en algunas comunidades no haya señal gracias me ecuetro bien .bensiciones (sic)”, dice su mensaje.

Asimismo, se compartió un video donde el reportero agradece que se preocuparan por él y explica que perdió contacto con su familia mientras se encontraba en Oaxaca, “estoy bien, gracias a mis compañeros de Acayucan, y decirles que fue un error mío”.

#AHORA Periodista Fabián Hipólito Enemesio, agradece las muestras de apoyo #Acayucan #Veracruz pic.twitter.com/88CpIxU6dB

— Noticias Oliva Radio (@olivanoticias) 4 de abril de 2018

Cabe recordar que el comunicador fue reportado como desaparecido por su hijo, quien aseguró que desde el pasado 30 de marzo, cuando salió de su domicilio a cubrir la Caravana Migrante, perdieron todo contacto con él.

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Para la fiscalía del estado era un presunto colaborador del crimen organizado que tuvo un final macabro: hombres armados, de un grupo rival, irrumpieron el 19 de diciembre en la escuela de su hijo de 6 años, en plena fiesta navideña, y le dispararon a bocajarro.

En cualquiera de los casos, el brutal crimen cometido a plena luz del día dejó al descubierto el complejo escenario en el que se mueve la prensa en varios estados mexicanos, incluidas las zonas donde las organizaciones criminales controlan a autoridades corruptas, aterrorizan a la población y se sienten libres de amenazar y asesinar a periodistas con total impunidad.

Muchas veces, ser periodista en estos lugares supone escribir o subir fotografías en portales de internet muy rudimentarios o en una página de Facebook; en otras ocasiones, significa trabajar a tiempo parcial para pequeñas publicaciones con salarios insuficientes para vivir y que obligan a tener otros empleos. Algunos son taxistas o tienen pequeños negocios. Otros trabajan para gobiernos locales. Y no puede descartarse que alguno esté en nómina de los cárteles o de las autoridades corrompidas por el crimen, aunque sean una minoría.

Con al menos diez reporteros asesinados en 2017, observadores internacionales consideran que el país vive una seria crisis para la libertad de expresión. En México, además, los riesgos se multiplican para aquellos que trabajan sin editores, sin medios de comunicación que les respalden y sin la ayuda o el asesoramiento necesario si se encuentran en peligro.

“Está claro que eso les hace más vulnerables”, asegura Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York.

Y cita el caso de Moisés Sánchez, un reportero de Veracruz que con el dinero que sacaba como taxista imprimía su propio periódico. Fue decapitado y mutilado en enero de 2015 por motivos que -el CPJ confirmó- se debían a su labor informativa en un pequeño y violento pueblo de ese estado.

“No tenía ningún apoyo institucional así que cuando empezó a recibir amenazas de muerte, nadie le respaldó”, lamenta Hootsen.

El último reportero asesinado, Gumaro Pérez, de 34 años, empezó muy joven a trabajar para el Diario de Acayucan, en la localidad del mismo nombre, de menos de 100.000 habitantes. Ubicada en el sur del estado y cerca del Golfo de México, es una región rica en petróleo y corredor estratégico de tráficos ilegales que, según los expertos, actualmente se disputan los cárteles de los Zetas y de Jalisco Nueva Generación.

“Entonces era un muchacho trabajador”, cuenta el subdirector del Diario de Acayucan, Cecilio Pérez, quien no tiene ninguna relación familiar con Gumaro. Después, asegura, le perdió la pista por mucho tiempo.

Gumaro enviaba notas a varios portales e incluso abrió el suyo propio: La voz del Sur. En paralelo, hace unos años empezó a colaborar también con el alcalde de Acayucan, Marco Antonio Martínez, para quien lo mismo hacía de chofer que de fotógrafo o asistente personal, aunque no estaba en la nómina del ayuntamiento y no está claro cómo se le pagaba, explicó Jorge Morales, de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, un organismo gubernamental.

El alcalde no contestó a reiteradas solicitudes de entrevista para este artículo.

Y según varios periodistas locales entrevistados por The Associated Press, Gumaro Pérez, parecía tener un trabajo más: vigilar a sus colegas y coaccionarles para que publicaran o callaran información de acuerdo a los intereses del cártel de los Zetas.

Dos reporteros de Acayucan, que pidieron el anonimato por cuestiones de seguridad personal, dijeron a la AP haber recibido llamadas intimidantes de Gumaro.

En una de esas conversaciones, supuestamente pidió al reportero “bajar una nota” o en caso contrario pasaría su teléfono “a ya sabes quién y que se comuniquen contigo”. Esas palabras sonarían inofensivas en otros lugares, pero en zonas controladas por el crimen organizado pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte.

“Los periodistas de Acayucan vivían aterrorizados y en una angustia constante con ese sujeto”, dice Ignacio Carvajal, un veterano reportero que cubre la zona, y asegura que ese patrón se reproduce en otras partes del estado, donde prevalece la “narco-política”. Para él, “no es un caso aislado”.

La fiscalía de Veracruz lanzó su versión sobre los supuestos nexos de Gumaro con el crimen 24 horas después del homicidio. Hasta ahora no ha presentado pruebas y se limitó a decir que su versión se basa en conversaciones extraídas de su celular y registros de visitas a un líder criminal preso.

Sus allegados han negado cualquier implicación con la delincuencia. “Para mí y mi familia, mi hermano era una persona muy decente que caminaba con la frente en alto y al que muchos admiraban”, afirmó su hermana, Maribel Pérez, durante el velorio.

Fidel Pérez, un reportero que tampoco tiene vínculos familiares con Gumaro, dijo conocerle hace casi diez años y que era un hombre tranquilo, que vivía sin los lujos que se presuponen en alguien implicado con el narco. A su juicio, el señalamiento de la fiscalía fue “muy precipitado, muy aventurado”, sin haber investigado nada más.

La fiscalía no ha dado tampoco ningún dato que apunte a que su homicidio pudo ser consecuencia de alguna historia que publicó. Unas de sus últimas notas fueron sobre asuntos policiales enviadas al portal Golfo Pacífico en septiembre y octubre de 2017. Virgilio Reyes, director de la página, dijo que después de eso dejó de colaborar porque estaba ocupado con sus trabajos para el alcalde.

En México, cuando matan a un periodista, es común que las autoridades intenten desvincular su labor informativa del móvil del crimen e incluso empañar la imagen de la víctima, lo que ha llevado a que muchos duden de las versiones oficiales.

Y aunque Carvajal es de los que cree que Gumaro Pérez hacía “lobby” para el crimen, también considera que el pronunciamiento de la fiscalía huele a querer apaciguar el golpe político de un asesinato brutal, en lugar de hacer una verdadera investigación que esclarezca la verdad. “Sean buenos o sean malos periodistas, lo que queda al final del día es impunidad”, sentenció.

Muchos analistas consideraban que la peor época para la prensa en Veracruz fue con el anterior gobernador, Javier Duarte (2010-1016), actualmente preso bajo cargos de corrupción y lavado de dinero.

Sin embargo, la llegada de un nuevo gobernador -de otro partido- no mejoró la situación: al menos tres periodistas veracruzanos han sido asesinados este año. Las muertes han ocurrido en medio de una oleada creciente de violencia en Veracruz y otros estados del país, no vista desde los peores años de guerra frontal contra el crimen organizado.

“En un estado como Veracruz, si la violencia ha crecido y la impunidad ha crecido, incluso si hay un cambio de administración, la situación para los periodistas no cambia de forma significativa”, dice Hootsen.

Y advierte que el peligro es que si no se investigan adecuadamente los asesinatos de informadores, “casos aislados podrían usarse para criminalizar y generar un ambiente más hostil” contra un gremio que ya se encuentra muy acosado.

El principio de la “descomposición” de Veracruz comenzó hace más de una década, explicó Jorge Morales, de la comisión estatal para periodistas, cuando el cártel de los Zetas penetró en las estructuras políticas y de seguridad y fracturó el estado de derecho. La creciente violencia que se vive hoy, añadió, es la “metástasis” de ese cáncer.

Los días posteriores al asesinato de Gumaro Pérez, Acayucan parecía estar en relativa calma y con los patrullajes policiales habituales. Sin embargo, pocos se atrevían a hablar y los que lo hacían aseguraban que la ciudad está al rojo vivo.

“Desde inicios de año es demasiado”, afirmó Lilia Domínguez, cuya casa está justo frente a la primaria donde se cometió el homicidio. “Matan aquí, matan allá…”

Uno de los reporteros que presuntamente fue víctima del acoso de Pérez asegura que no hay motivo para sentirse ahora más seguro. El crimen organizado sigue presente en la ciudad y dice que nunca se sabe qué posición asumirá la autoridad.

“Su muerte solo deja miedo”.

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A través de un comunicado, las autoridades señalaron que su investigación acredita que la víctima colaboraba en actividades ilícitas, tal como lo robustece la extracción de datos, imágenes y conversaciones obtenidas a partir de su teléfono celular, al cual se tuvo acceso mediando toda formalidad de Ley.

Asimismo, existen registros proporcionados por el área de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de múltiples visitas realizadas por el hoy occiso a Gil “N”, alias “El Negro”, quien se encuentra recluido en un centro penitenciario y a quien se vincula con el liderazgo del citado grupo delictivo.

Finalmente, aclaró que las líneas de investigación establecen que fue ejecutado por un grupo delictivo contrario al que él servía, toda vez que el homicidio no tiene ninguna relación con actividades periodísticas, mismas que Gumaro no desempeñaba.

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