De acuerdo con la agencia judicial Mizan, los condenados —identificados como Mohammadi, Mehdi Ghasemi y Saeid Davudi— fueron ahorcados en la ciudad de Qom tras ser declarados culpables de asesinato y de colaborar con intereses extranjeros. Las autoridades señalaron que los tres fueron sentenciados por el delito de moharebeh (enemistad contra Dios), figura legal utilizada en casos relacionados con seguridad nacional.

Según la versión oficial, los hechos ocurrieron el 8 de enero, cuando los acusados habrían atacado con armas blancas a dos agentes de seguridad, provocando su muerte. Las autoridades aseguraron que los detenidos confesaron los delitos y que el proceso judicial se llevó a cabo conforme a la ley, con la validación del Tribunal Supremo.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado estos procedimientos. Reportes citados por el diario El País señalan que Saleh Mohammadi habría denunciado torturas durante su detención y defendido su inocencia, alegando que se encontraba en otro lugar al momento de los hechos.

Las ejecuciones se dan en el contexto de una fuerte represión tras las protestas antigubernamentales que sacudieron al país en enero. Mientras el gobierno reporta más de 3 mil fallecidos, organizaciones independientes elevan la cifra a más de 7 mil y denuncian decenas de miles de detenciones.

Además, datos de la Organización de las Naciones Unidas indican que en 2025 se registraron alrededor de mil 500 ejecuciones en Irán, lo que refleja un incremento significativo respecto al año anterior.

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