En Tlaxcala, elementos de seguridad, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), llevaron a cabo un cateo en un inmueble del municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros. El predio había sido identificado en investigaciones relacionadas con delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión y distribución de narcóticos.

Durante la intervención se aseguraron 900 paquetes con cocaína, seis armas largas, cartuchos y equipo táctico. El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades y los objetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación. Según la SSPC, este decomiso evitó la distribución de un millón 800 mil dosis y generó una afectación económica de aproximadamente 194 millones de pesos a la delincuencia organizada.

A esta acción se sumaron dos operativos marítimos encabezados por la Semar frente a las costas de Guerrero, donde fueron aseguradas más de 2.1 toneladas de cocaína y se detuvieron a cinco personas.

En conjunto, los decomisos representaron una afectación económica superior a 600 millones de pesos para los grupos delictivos. La SSPC destacó que, durante la actual administración, la Marina ha asegurado más de 73 toneladas de cocaína en mares mexicanos, reforzando la estrategia de seguridad nacional.

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Sheinbaum afirmó que el tratado “lleva su camino” y que desde la llegada del presidente estadounidense Donald Trump se ha mantenido un diálogo constante sobre libre comercio. Señaló que México trabaja en la relación bilateral y trilateral para garantizar la continuidad del acuerdo, considerado clave para las tres economías de la región.

La mandataria respondió así a las críticas de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos (PAN), quien pidió no olvidar el caso de Rocha Moya y advirtió sobre una “crisis de confianza internacional” que, según ella, pone en riesgo el T-MEC. Sheinbaum calificó esas declaraciones como “propaganda política” y subrayó que “cada quien debe cumplir su trabajo”.

Respecto a las negociaciones en curso, la presidenta destacó que México mantiene una “muy buena posición” frente a la visión proteccionista de Trump. Añadió que los temas de seguridad también avanzan, pese a los señalamientos del mandatario estadounidense sobre el poder de los cárteles en el país, afirmaciones que el Gobierno mexicano rechaza categóricamente.

Finalmente, Sheinbaum recordó que la cercanía con Estados Unidos y Canadá es permanente y que el acuerdo comercial beneficia a las tres naciones. “Ningún país se va a ir a ningún lado, vamos a ser vecinos siempre”, enfatizó.

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La mandataria fue retirada de inmediato por su equipo de seguridad y escoltada en un vehículo oficial. Mientras tanto, cuerpos policiales activaron protocolos tácticos y desplegaron un operativo en la montaña para localizar a los presuntos responsables de la detonación.

Minutos después de ser puesta a salvo, Fernández confirmó que toda la comitiva se encuentra bien, aunque advirtió sobre la gravedad de la situación en Crucitas. “Es muy doloroso decirlo, pero está totalmente salido de control”, expresó ante los medios, subrayando que la seguridad en la zona norte requiere medidas urgentes.

El jerarca de Seguridad explicó que las unidades tácticas realizaron un barrido perimetral tras el estruendo y persiguen a sospechosos vistos a unos 200 metros del recorrido oficial. Aseguró que gracias a los protocolos de emergencia, nadie resultó lesionado durante la evacuación.

La problemática de Crucitas se remonta a la década de 2000, cuando el Estado otorgó permisos de explotación minera a la empresa canadiense Industrias Infinito. Tras protestas y batallas legales, Costa Rica prohibió la minería metálica, pero el abandono del proyecto abrió paso a la minería clandestina.

Miles de “coligalleros” invadieron los terrenos, generando un desastre ambiental por el uso de mercurio y cianuro. Actualmente, el oro extraído ilegalmente se traslada hacia Nicaragua, lo que ha convertido el fenómeno en un problema transfronterizo con implicaciones de seguridad y soberanía nacional.

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La detención ocurrió el 14 de junio en Omaha, Nebraska. Según el DHS, Hermosillo habría planeado y organizado el ataque junto con otros cuatro cómplices, quienes fueron arrestados en Ohio, Missouri y California. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) detectó la amenaza días antes, tras la denuncia de la madre de uno de los implicados, lo que permitió frenar la operación.

De acuerdo con documentos oficiales, los sospechosos pretendían sobrevolar la Casa Blanca con drones cargados de explosivos durante el combate de artes marciales mixtas. El objetivo era provocar la evacuación del público y, posteriormente, que francotiradores dispararan contra “objetivos de alto valor”.

El DHS detalló que Hermosillo ingresó a Estados Unidos con visa de turista en 2001, posteriormente accedió al programa DACA y permaneció en el país. La subsecretaria interina Lauren Bis declaró que el acusado “nunca debió haber ingresado” y que enfrentará cargos federales por conspiración para cometer homicidio y actos de violencia en los terrenos de la Casa Blanca.

El FBI y el Departamento de Justicia confirmaron que cinco hombres, de entre 19 y 32 años, fueron acusados formalmente. En la operación se recuperaron armas de alto poder, mensajes cifrados y mapas detallados del área. Los documentos señalan que los implicados compartían teorías conspirativas y discutían sobre casas de seguridad y rutas de escape.

“Shepherd” habría identificado una iglesia metodista abandonada en Nebraska como punto de repliegue. Además, los mensajes revelan motivaciones ligadas a creencias ultrarreligiosas y antigubernamentales, incluyendo quejas sobre corrupción y temas relacionados con el caso Epstein.

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De acuerdo con documentos internos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), citados por el Times y NBC News, el objetivo principal sería obtener información sobre la estrategia de Washington en las negociaciones de paz con Irán. Este escenario ocurre en medio de tensiones bilaterales, dado que el presidente Donald Trump busca un acuerdo de paz mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, intenta debilitar las capacidades de Irán y atacar a Hezbolá, aliado de Teherán en Líbano.

Entre los nombres mencionados en los informes se encuentran Steve Witkoff, principal negociador de paz de la Casa Blanca, y Elbridge A. Colby, jefe de política del Pentágono. Las investigaciones señalan que el espionaje se habría facilitado porque algunos altos cargos utilizan aviones privados y teléfonos personales para tratar asuntos de seguridad nacional.

Portavoces de la Casa Blanca calificaron la información publicada como “falsa”. Por su parte, la Embajada de Israel en Washington negó categóricamente las acusaciones, asegurando que su país “no recopila inteligencia sobre entidades estadounidenses” y que sus esfuerzos se dirigen exclusivamente contra sus enemigos, no contra sus aliados.

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La FGR informó que Jáuregui aportó “información relevante para el esclarecimiento de los hechos” relacionados con el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal y la muerte de dos agentes estadounidenses en Chihuahua. El caso ha generado polémica por la presunta participación de oficiales extranjeros en operativos dentro del país.

El 19 de abril se reportó la muerte de dos instructores de Estados Unidos en el municipio de Morelos, Chihuahua. Los agentes viajaban junto al director y un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes también fallecieron en un accidente vial.

La controversia surgió cuando Jáuregui informó que los oficiales regresaban de un operativo antidrogas en el que se aseguró el narcolaboratorio más grande hallado en el estado. Posteriormente aclaró que los agentes extranjeros no participaron directamente en el operativo, sino que se encontraron con el director de la AEI, quien se ofreció a trasladarlos a la capital.

La FGR señaló que ha recibido más de 120 diligencias, incluidas cerca de 60 entrevistas, además de informes de la Fiscalía General del Estado sobre las actividades de los agentes estadounidenses previas al accidente. Conforme avanzaron las investigaciones, se confirmó la presencia de oficiales de EE. UU. en el operativo, hecho que la gobernadora Maru Campos negó conocer.

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Rubio explicó que los grupos criminales ya emplean drones en enfrentamientos con organizaciones rivales en México, y advirtió que en algún momento podrían usarlos contra objetivos estadounidenses. La declaración se enmarca en un testimonio escrito en el que el secretario señaló que durante “demasiado tiempo” se permitió que cárteles y bandas criminales operaran sin control en el hemisferio occidental.

Rubio aseguró que la actual administración ha cambiado la estrategia, enfrentando a grupos como la MS-13, el Tren de Aragua y los cárteles mexicanos como si fueran organizaciones terroristas. Según su exposición, se ha formado una coalición transcontinental para desmantelar estas estructuras criminales.

El funcionario destacó que las acciones ya no se limitan a declaraciones diplomáticas, sino que incluyen operaciones militares. “Los barcos de los narcocárteles que transportaban su veneno hacia nuestras fronteras no fueron recibidos con cartas de tono enérgico, sino con todo el peso del poderío militar estadounidense”, afirmó Rubio.

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En conferencia de prensa junto al Partido Acción Nacional (PAN), la gobernadora acusó que no se respetaron las formas legales ni la protección constitucional de su cargo. “Hoy lamento y denuncio el autoritarismo… A una servidora se le ataca directamente sin pruebas y con juicios que violan consistentemente mi presunción de inocencia”, expresó. El PAN respaldó su postura y aseguró que se mantendrá atento al desarrollo del proceso.

En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó a la Embajada de Estados Unidos en México la salida de dos agentes de la CIA que participaron en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua durante abril. Los agentes ingresaron con pasaportes diplomáticos, pero no notificaron al Gobierno mexicano sobre sus labores de inteligencia.

El operativo se realizó en el municipio de Morelos, donde se localizaron más de 55 mil litros de sustancias líquidas, 50 toneladas de precursores químicos y cerca de 2 mil litros de metanfetamina. Tras el desmantelamiento, ocurrió un accidente en el que murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes estadounidenses cuya presencia no había sido informada oficialmente.

La participación de agentes extranjeros sin autorización derivó en una investigación de la FGR para determinar si se cometieron delitos en materia de seguridad nacional. El diálogo entre la Cancillería mexicana y la Embajada de Estados Unidos concluyó con la salida de los dos agentes restantes.

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El anuncio se realizó en la conferencia matutina de Palacio Nacional, donde Sheinbaum detalló que en el operativo participaron cuatro agentes estadounidenses: dos murieron en un accidente automovilístico posterior y los otros dos fueron retirados del país tras la petición oficial del Gobierno de México.

La presidenta subrayó que existe un protocolo para que agentes extranjeros realicen labores de inteligencia en México, el cual requiere autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gabinete de Seguridad. En este caso, los agentes no se registraron para dichas actividades, lo que derivó en la solicitud de su salida.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Morelos, donde se localizaron más de 55 mil litros de sustancias líquidas, 50 toneladas de precursores químicos sólidos y cerca de 2 mil litros de metanfetamina. Tras el desmantelamiento, ocurrió un accidente en el que murieron cuatro personas, entre ellas dos estadounidenses cuya presencia no había sido informada al Gobierno federal.

La participación de agentes extranjeros en el operativo generó una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar si se cometieron delitos en materia de seguridad nacional. El diálogo entre la Embajada de Estados Unidos y la Cancillería mexicana concluyó con la salida de los dos agentes restantes.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, subrayó que el promedio diario de homicidios dolosos y delitos de alto impacto mantiene una tendencia a la baja sin precedente. Los resultados se atribuyen al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La consolidación de la Guardia Nacional, con más de 120 mil elementos desplegados y más de 600 cuarteles, ha sido clave en la reducción de la violencia. Asimismo, el fortalecimiento del CNI, con un incremento del 30% en su estado de fuerza y la emisión de más de 4,600 alertas preventivas, ha permitido anticipar delitos de alto impacto.

Entre los resultados destacan la detención de 54 mil 300 personas vinculadas a delitos graves, la extradición de 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos y la captura de 85 funcionarios y exfuncionarios implicados en actividades ilícitas. Además, se aseguraron 2,400 laboratorios clandestinos de metanfetamina, más de 400 toneladas de droga y cerca de 30 mil armas de fuego, de las cuales el 78% provienen ilícitamente de EE. UU.

La incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitió bloquear a 1,422 personas y congelar más de 4 mil millones de pesos relacionados con operaciones ilícitas. Estas medidas buscan debilitar la estructura económica de los grupos criminales.

Los estados con mayor disminución en homicidios dolosos son:

• Nuevo León: 77.1%
• Morelos: 68.8%
• Guanajuato: 68.5%
• Estado de México y Guerrero: 60.6% cada uno
• Chihuahua: 57.4%
• Michoacán: 51.2%
• Jalisco: 50%
• Sinaloa: 44.9%

La reducción en homicidios dolosos refleja un avance significativo en la estrategia de seguridad nacional.

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