En la búsqueda de una sociedad más justa, #HoyEnElSenado el Pleno aprobó una reforma constitucional en relación al Poder Judicial, que modifica el sistema de impartición de justicia.

Pasa a @Mx_Diputados para su proceso legislativo.

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— Senado de México (@senadomexicano) November 28, 2020

Con 83 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones, el Senado avaló la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación que establece un servicio de defensoría pública, una Escuela Federal de Formación Judicial y una renovación de la carrera judicial.

Pero la reforma, que ahora discutirá la Cámara de Diputados, causa polémica desde que López Obrador y Zaldívar la anunciaron en conjunto en febrero.

Entre los principales cambios está fortalecer las facultades del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a cargo del presidente de la Suprema Corte, para «combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el poder judicial».

Además, se buscará capacitar a los jueces para que tengan un perfil «más cercano», «capacitado» y «sensible».

También se hace «una apuesta» para avanzar en «paridad de género» y, según los objetivos del Gobierno, impulsar un «nuevo perfil» de defensores públicos que sean «verdaderos abogados de los pobres».

Entre quienes votaron en contra estuvo el liberal Movimiento Ciudadano (MC), algunos legisladores del derechista Partido Acción Nacional (PAN) e, incluso, un par del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que cuestionaron la relación entre los representantes del Ejecutivo y el Judicial.

Es una reforma hecha sin inclusión, sin una visión republicana, presentada por el presidente de la Corte en una curiosa coalición con la Presidencia de la República, donde no se escuchó a jueces, magistrados y ministros», denunció el senador Dante Delgado, fundador de MC.

La relación entre Zaldívar y López Obrador despierta más sospechas desde el 1 de octubre, cuando el presidente de la Corte apoyó declarar la constitucionalidad de la consulta popular del Gobierno para juzgar a los expresidentes del «periodo neoliberal».

Los opositores acusaron al Gobierno de utilizar como moneda de cambio el aval de la reforma, que también crea tribunales de apelación con la integración de más de 200 magistrados, amplía la discrecionalidad de la Suprema Corte en la revisión de amparos y transforma la manera de sentar precedentes.

Lo describiría como la pérdida de oportunidad de hacer algo positivo para cambiar a México. Así describo el día de hoy. La reforma al Poder Judicial que aquí se plantea en el mejor de los casos es intrascendente y la verdad de las cosas es que más bien es negativa», expresó Damián Zepeda, del PAN.

Sin embargo, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó las acusaciones al afirmar que la reforma busca hacer la justicia más accesible.

No hay sino respeto a la división de poderes y a la independencia judicial. Valdría la pena revisarla con puntualidad y no acudir a extremos dogmáticos que luego pueden resultar en camino sin retorno», aseveró.

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