«Tiene que entrar en vigor pronto y tenemos que tener resultados antes del 15 de septiembre. Están trabajando en ello«, expresó López en su conferencia de hoy.

Andrés anunció el pasado jueves su intención de llevar a cabo esta excarcelación, puesto que, según dijo, el 43 por ciento de los 220 mil reos del país están en prisión preventiva sin sentencia.

López dijo que este martes pidió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que «preparara el decreto«.

El mandatario recordó que se buscará excarcelar a cuatro tipo de reos: los que lleven más de 10 años sin sentencia, los que tengan más de 75 años, los que tengan más de 65 años y sufran enfermedades crónicas degenerativas, y los que «fueron víctima de tortura«.

Los beneficiarios de la excarcelación no podrán ser presuntos responsables de «delitos de sangre graves«, aclaró el mandatario.

El gobierno no tiene un cálculo definido del número de presos que beneficiaría esta medida.

«Va a haber un procedimiento pero hay que esperar a cómo se va a elaborar el decreto y si necesitamos contar con el apoyo del Poder Judicial«, expresó.

Esta es una medida adicional a la Ley de Amnistía que promulgó el gobierno en abril de 2020 con el objetivo de liberar a 6 mil personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas, con el objetivo de despresurizar las cárceles.

El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) reportó en marzo pasado una sobrepoblación en 172 centros penitenciarios federales, de un total de 288, es decir, 60 por ciento del total.

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