El organismo, con sede en Miami, Florida, recordó que Ramírez había denunciado amenazas y «estuvo cubierto por un mecanismo de protección«, pero a pesar de ello el periodista fue abatido, como confirmó el jueves la Fiscalía de Sinaloa, que informó del hallazgo del cuerpo sin vida del reportero y envuelto en plástico.

«Este noveno crimen del año en México rebasa la indignación de los periodistas de todo el mundo. Nuestros colegas mexicanos pasan por un período tenebroso y lamentable«, afirmó en un comunicado el presidente de la SIP, Jorge Canahuati Larach.

La institución lamentó además que el asesinato se cometa poco después de conmemorarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado el pasado 3 de mayo, fecha que motivó un evento en Uruguay del que la SIP fue parte.

En ese evento, «el tema de los asesinatos, la violencia y las agresiones contra periodistas fue enfocado como una de las principales amenazas de la viabilidad y sostenibilidad de los medios de comunicación«, recalcó el organismo.

Canahuati demandó que el gobierno de México implemente «acciones concretas e inmediatas para proteger la vida de los periodistas en su territorio«.

A su turno, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, recordó que la entidad «viene pidiendo al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador la revisión y el mejoramiento de los mecanismos de protección (federal y estatales) para periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, que son ineficientes hasta ahora».

Agregó que «urge también terminar con la impunidad que sigue siendo la norma en ese país», según recoge el comunicado.

El organismo recordó que Ramírez, columnista del diario El Debate y con una trayectoria de décadas durante la cual escribió en importantes medios de México, había expresado varias veces temor por su vida.

En una resolución adoptada durante su reunión de medio año, la SIP exhortó a los gobiernos de México, Haití, Guatemala y Honduras «a cumplir con su responsabilidad de identificar a todos los responsables de los asesinatos y las desapariciones y aplicar las sanciones correspondientes, a fin de que no queden en la impunidad».

Según la contabilidad de este organismo, el caso de Luis Enrique Ramírez se suma en lo que va de este año a los asesinatos de los periodistas Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, Heber López Cruz, Juan Carlos Muñiz, Jorge Camero Zazueta, Roberto Toledo, José Luis Gamboa y Armando Linares.

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En estos seis últimos meses la situación de la libertad de prensa en la región «no ha hecho más que agravarse», con una serie de rasgos dominantes en recientes años como son la «violencia contra los medios y el asesinato y encarcelamiento de periodistas», denunció Trotti.

En estos tres primeros meses del año han sido asesinados 13 periodistas en Latinoamérica, 8 de ellos en México, una cifra alarmante que revela la «deficiencia» de los sistemas de protección y seguridad para estos profesionales, un asunto que se abordará en la Reunión de Medio Año, que será en formato virtual.

Trotti, exeditor jefe del diario El Liberal, de Argentina, reconoció sentir «frustración e impotencia» al comprobar cómo los rápidos retrocesos en el ámbito de la libertad de prensa y de expresión echan por tierra los costosos avances realizados.

Escalada de represión y violencia

Muy especialmente destacó la «agudización de la represión contra el periodismo ya sea a través de condenas, encarcelamiento o violencia física» en la región, particularmente en Nicaragua, además de Venezuela y Cuba.

Apuntó que los más recientes informes país por país que se presentarán en la reunión de la SIP reflejan que «no hablamos de simples manotazos contra la libertad de prensa, sino de ataques sistemáticos».

Así, en Nicaragua, país que será eje de la reunión, se encuentran tres periodistas del diario La Prensa encarcelados con penas de hasta 13 años de cárcel y el diario «sigue ocupado por la Policía», resaltó.

Durante el encuentro podrán escucharse los testimonios de los familiares de los periodistas encarcelados y perseguidos por el Gobierno de Daniel Ortega, y se aprobará una declaración con «varios puntos de acción para responder a las agresiones al periodismo y a los derechos humanos» en el país centroamericano, señaló la SIP.

Trotti se refirió, en ese contexto, a la «estigmatización continua de los medios y los periodistas» que se constata en países como El Salvador o México, y las «crecientes leyes que perjudican el libre flujo informativo en la cobertura de los periodistas».

Así, recientemente, la Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó una serie de reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas, que, de hecho, «prohíbe prácticamente a los medios publicar sobre temas de violencia callejera o de pandillas».

Gran parte de los informes que se leerán en la reunión de la SIP abundan en el «grave problema de acceso a la información pública» y, en paralelo, «la falta de transparencia» de los Estados para «informar o brindar acceso a la información a los periodistas» sobre asuntos relativos a la corrupción o salud pública (la pandemia de coronavirus).

México, el país más peligroso

En cuanto a México, Trotti no dudó en asegurar que se trata del país de la región «más peligroso» hoy en día para ejercer el periodismo, con «un alto índice de impunidad» en los crímenes y un sistema de protección para los periodistas que «no está funcionando adecuadamente», debido a que «no hay justicia ni protección».

Recordó que la SIP «ha recriminado» en varias ocasiones al presidente Andrés López su retórica de estigmatización de los medios de comunicación y periodistas.

Un tipo de discurso estigmatizante (de López Obrador) contra la prensa que «coadyuva a que haya más violencia contra los periodistas en el país», afirmó.

Se trata de un tipo de ataques verbales a los medios al que también recurren el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el de Brasil, Jair Bolsonaro, añadió.

Otro asunto relevante que se abordará en el encuentro será el de las elevadas condenas de cárcel en Cuba por las protestas populares de 2021.

El día 20 se debatirá sobre la sostenibilidad de los medios de comunicación, «la crisis provocada por los cambios de modelo de negocio e internet».

Entre los participantes previstos para esta reunión semestral figuran el relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, el representante de la Unesco Guilherme Canela y el ministro de Patrimonio de Canadá, Pablo Rodríguez.

Rodríguez hablará sobre la propuesta de ley para que compañías como Google o Facebook paguen en Canadá a los medios de comunicación por el uso de su contenido en sus plataformas digitales.

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La SIP lamentó esta nueva «tragedia» e instó al Estado de México a atender con «responsabilidad y seriedad» los reclamos para que no siga creciendo la lista de periodistas asesinados por realizar su función.

Linares, director de Monitor Michoacán, fue asesinado este martes a balazos en el municipio de Zitácuaro, en su casa y frente a sus hijos.

A finales de enero, Linares, quien había denunciado de manera pública que el medio fue amenazado y temía por su vida, había dado en redes la triste noticia del asesinato de Roberto Toledo, colaborador en el mismo medio.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que en México los periodistas viven «atrapados» y enfrentan desde hace años ataques violentos, «sin siquiera recibir la atención debida de su propio Gobierno».

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, añadió que «ya es hora de que el presidente de México tome cartas en este asunto y atienda los múltiples reclamos a nivel nacional e internacional para que cree estrategias adicionales para la seguridad de periodistas».

Por contra, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó este miércoles el asesinato de Linares en Michoacán y aseguró que no habrá impunidad en el caso y que están «aplicados en proteger a los ciudadanos, proteger a los defensores de derechos humanos, proteger a los periodistas».

La SIP cifra en ocho los periodistas mexicanos asesinados aunque, según la ONG Artículo 19, el número sería de siete, pues no contabiliza la muerte de Jorge Camero Zazueta, en Empalme, en el estado de Sonora, como sí hace la entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, con sede en Miami.

Según Artículo 19, en todo el año pasado fueron asesinados siete periodistas por ejercer su trabajo, misma cifra que en 2020, lejos todavía de los 12 de 2017, para un total de 152 desde el año 2000.

«Si no se adoptan medidas para contener la violencia y esta sigue al ritmo de estas primeras semanas, la cifra llegaría a 40, lo que refleja la gravedad del momento y la urgencia de que las autoridades asuman el tema con la responsabilidad que se requiere», denunció la SIP.

México descendió al lugar 16 de 22 países de las Américas evaluados en el Índice Chapultepec, barómetro de medición de la libertad de prensa de la SIP y que indicó en su más reciente estudio que en este país «la violencia contra los periodistas recrudeció» y hay un clima «poco favorable» para el ejercicio de la libertad de expresión.

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El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, condenó «la actitud estigmatizante, de descrédito y descalificaciones de parte del presidente López Obrador contra periodistas y medios«.

Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, agregó que «es sumamente peligrosa esta práctica abusiva desde el Poder Ejecutivo, que pone en riesgo la seguridad de quienes ejercen un periodismo investigativo y crítico que puede incomodarlo«.

El caso que se encuentra en el foco de atención actualmente es la revelación, por parte de López, de los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, quien ha sido un crítico de su administración.

La revelación se produjo después de que Loret de Mola publicara un reportaje, a finales de enero, sobre la costosa vivienda en la que residió durante un tiempo un hijo del presidente en Houston, Texas.

La residencia era en ese entonces propiedad de un ejecutivo de la compañía de servicios petroleros Baker Hughes, que tiene contratos millonarios con Petróleos Mexicanos (Pemex).

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que «el caso de Loret Mola es un ejemplo de la postura vengativa del mandatario, quien usó información confidencial de datos fiscales para atacar al periodista«.

Jornet, director periodístico de La Voz del interior, de Argentina, consideró que «la escalada de ataques personales a medios y periodistas que cuestionan su gestión en el gobierno y difunden información que considera negativa para su administración supone una invitación a ejercer más violencia y es contraria a la tolerancia que debe prevalecer en una democracia«.

Tanto Canahuati  como Jornet reiteraron al presidente López la exhortación a que «suspenda de inmediato esta práctica dañina, precisamente en un país en el que la violencia sigue siendo la mayor amenaza contra la libertad de prensa«.

En una carta enviada al presidente de México el 4 de febrero, Canahuati y Jornet consignaron que «denigrar a la prensa desde la cima del poder no es un juego dialéctico… menos aún en horas oscuras como las que vive México por esta ola de violencia«.

La SIP recordó que sólo en las primeras semanas de 2022, han sido asesinados cinco periodistas en México.

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La organización regional indicó en un comunicado que la muerte a tiros de los comunicadores Wilguens Louissaint y Amady John Wesley pone en marcha la «cuenta macabra» de periodistas asesinados en las Américas en 2022.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati Larach, lamentó el suceso y condenó el asesinato al decir que «iniciamos el año con un hecho horrendo que enluta al periodismo, el que confirma que el caos y la violencia imperan en Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moise en julio del año pasado«.

Los periodistas Louissaint y Wesley fueron tiroteados este jueves cuando cubrían un enfrentamiento entre pandillas en la capital haitiana.

La radioemisora Écoute FM, en la que trabajaba Wesley, aseguró que el reportero fue asesinado «salvajemente«, indica la SIP.

La estación tiene su sede central en Montreal, Canadá, y suspendió su cobertura en el país caribeño a raíz de este crimen.

Por su parte, Louissaint era colaborador en distintos medios digitales de Puerto Príncipe. Otro reportero, Wilmann Vil, logró escapar ileso del tiroteo, detalla el comunicado.

«Todo indica que se trató de un ataque deliberado contra periodistas«, dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet.

El también director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, de Córdoba, añadió que «la única forma de parar la violencia y la impunidad que rodea a los crímenes contra periodistas es a través investigaciones eficientes y administración de justicia«.

Con Louissant y Wesley son tres los periodistas asesinados en Haití en un lapso de siete meses.

De acuerdo con datos de la SIP, el reportero Diego Charles fue asesinado en junio pasado, junto con un activista político de la oposición y otras personas.

Las autoridades todavía no han identificado a los responsables, puntualiza la organización.

En el caso del asesinato de Louissaint y Wesley, la SIP demandó a las autoridades haitianas una rápida investigación y la «inmediata captura y el enjuiciamiento» de los responsables.

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La SIP, con sede en Miami (Florida), instó a las autoridades a indagar de forma expedita el atentado y a llevar ante la justicia a los responsables de un hecho tan grave.

Según informó el diario Clarín en su web, un grupo de al menos nueve personas encapuchadas arrojaron la noche del lunes entre siete y ocho bombas molotov contra una de las entradas del edificio que es sede del diario y del Grupo Clarín en Buenos Aires.

La fachada quedó afectada por el combustible y el fuego de los artefactos, pero no se registraron heridos ni daños materiales, según comunicó el medio. El ataque fue registrado por cámaras de seguridad.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, condenaron en términos de enorme gravedad «el atentado violento que busca amedrentar y constituye una grave violación a la libertad de prensa«.

«Deploramos el ataque y esperamos que a la mayor brevedad las autoridades cumplan con su deber de investigar, señalar y llevar ante los tribunales a los instigadores«, expresaron Canahuati y Jornet.

En el momento del ataque el edificio se encontraba cerrado.

Los artefactos explosivos impactaron sobre la vereda y en la puerta del vestíbulo de acceso al edificio de Clarín, lo que provocó un principio de incendio, según reportó el medio.

La dotación de bomberos que llegó al lugar no alcanzó a intervenir porque los focos de fuego se extinguieron solos.

Los directivos recordaron en la condena del atentado el punto 4 de la Declaración de Chapultepec, en el que se señala que «la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa«.

A su vez, el punto 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte que la «intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión«.

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Durante el panel «Los Papeles de Pandora, quintaesencia del periodismo de calidad«, que se celebró hoy dentro de la 77 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la moderadora, María Llorente, destacó que «la cooperación es clave para luchar contra la censura, los ataques y hasta los asesinatos de periodistas«.

«El periodismo de calidad es cada vez más importante que nunca», reiteró la directora para América Latina de la agencia AFP, para luego poner como ejemplo los alcances de la investigación de los llamados Pandora Papers, que implicó la participación de 600 hombres de prensa de 117 países.

«Fue un tsunami de datos (informáticos)», reconoció Emilia Díaz-Struk, coordinadora para América Latina del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que el pasado 3 de octubre publicó este trabajo en el que hubo entre manos 2,9 terabytes de data, casi 12 millones de documentos.

En su caso, Díaz-Struck tuvo que coordinar al más del centenar de periodistas de 19 países de América Latina que fueron parte de este trabajo que demandó dos años de investigación.

«Hay una gran responsabilidad de cuidarnos a todos», señaló, tras recordar que algunos de los que participaron del proyecto trabajan en países donde la situación de la libertad de prensa «es complicada», y por ello hay un acuerdo de confidencialidad para no poner en riesgo a ninguno de ellos.

En comparación a los llamados Papeles de Panamá, otra de las investigaciones de ICIJ, Díaz-Struck manifestó que la última publicación, que es la «colaboración periodística más grande» que han hecho hasta la fecha en el consorcio, implica a más de 300 líderes políticos y jefes de estado, que es casi el doble de lo dado a conocer con los Papeles de Panamá.

Entre los que han escondido fortunas para evadir impuestos figuran 14 líderes mundiales en activo, entre ellos tres latinoamericanos: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, según revelan los Pandora Papers.

Precisamente, este viernes medios ecuatorianos dieron a conocer que la Fiscalía de ese país abrió el pasado 18 de octubre una indagación previa contra el presidente Lasso por supuesta defraudación tributaria, tras el escándalo suscitado por la investigación periodística.

Lasso, quien además ha dicho que no comparecerá ante una comisión de la Asamblea Nacional (Parlamento) de su país al considerar que no tiene competencia para investigarlo, se ha expresado en duros términos contra el diario El Universo, de Ecuador, que publicó la investigación, y contra la periodista de ese medio Mónica Almeida.

«Cuando pasa esto en contextos de polarización, a los periodistas que publicamos estas cosas nos consideran que servimos a tal o cual interés», dijo la periodista, quien fue parte del panel.

Recordó que en el caso de los Papeles de Panamá, durante el Gobierno del presidente Rafael Correa, se publicaron los nombres, fotos y cuentas de Twitter de los periodistas ecuatorianos que fueron parte de la investigación, y algunos se manifestaron delante de la sede del diario reclamando «los papeles».

«Fue intimidante, sacaron a todos los ‘trolls'», reconoció.

A su turno, Hugo Alconada Mon, del diario argentino La Nación, explicó la gran labor que supusieron las búsquedas manuales o electrónicas de las casi 12 millones de carpetas, «algunas de las cuales podían tener decenas de documentos y archivos en PDF», y que en su caso fue clave tener un ingeniero de datos que no es periodista.

La 77 Asamblea General de la SIP, que este año fue nuevamente en formato virtual, celebra hoy la última de sus cuatro jornadas con la aprobación de sus informes sobre la libertad de prensa en los países de la región, conclusiones y resoluciones.

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El periodismo es «una de las profesiones más peligrosas del mundo» y la que genera más impunidad, resaltó este jueves el magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) Ricardo Pérez Manrique.

El uruguayo Pérez Manrique intervino en un panel por el Día Mundial Contra la Impunidad, que se celebrará el próximo 2 de noviembre, junto a Estephanía Muñoz, de la Fiscalía Especial de la Unidad de Protección a Periodistas de México.

Ese país fue el escenario de seis de los asesinatos de periodistas registrados en el continente americano en el último semestre, uno de los motivos por los que el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo el martes, día de la inauguración de esta reunión virtual, que ese periodo había sido desastroso para la libertad de prensa.

Pérez Manrique expresó su preocupación por las altas tasas de impunidad en la región en el caso de asesinatos y otros actos de violencia contra los hombres de prensa y alertó por el aumento de ataques en línea a periodistas mujeres.

«Hay que considerar hoy día las agresiones en los medios electrónicos y la utilización del discurso de odio» que se ven en toda la región, recalcó el magistrado, quien añadió que algunos de esos casos culminan con «el desplazamiento de la persona y su voz silenciada en el lugar donde ejerce su función».

Mujeres al poder en los medios

El siguiente panel de hoy, titulado «Mujeres al mando», reunió a directivas de las agencias internacionales Efe y AP y de los periódicos USA Today, de Estados Unidos, y Diario Libre, de República Dominicana.

Las panelistas defendieron que la mujer es fundamental para aportar diversidad e inclusión y «hacer la diferencia» en los medios y en la información.

También destacaron que la inclusión de la mujer en puestos de dirección en los medios se nota en el «producto final», porque su perspectiva se refleja en los temas elegidos o en las personas a las que se consulta para analizar los hechos u opiniones y ayuda a crear «masa crítica» en torno a asuntos como la violencia de género.

Participaron Gabriela Cañas, presidenta de la Agencia Efe, Ivett Chiccas, directora del mercado nacional y latinoamericano de Associated Press, Inés Aizpún, directora del Diario Libre, y Maribel Pérez Wadsworth, presidenta de USA Today, del grupo Gannett, y moderó Susana Mitchell, directora ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación (CLAEP) de Argentina.

Durante la conversación quedó en evidencia que todavía son pocas las mujeres que llegan a la cima de las empresas periodísticas, aunque ellas cuatro son la prueba de que algo está cambiando y que es muy importante que las que tienen éxito sirvan de modelo a otras mujeres.

Primera mujer en la Presidencia de una empresa fundada en 1939 y que hoy es la primera agencia de noticias en español, Cañas subrayó que en un territorio tradicionalmente dominado por los hombres, la inclusión de más mujeres en los medios de comunicación es «fundamental», porque aportan «una mirada mucho más diversa» y son el «canal para empezar a cambiar las cosas».

Piden más diversidad y freno al espionaje

Cañas mencionó un estudio de Reuters Institute en el que se indica que solo un 22 % de los puestos directivos en empresas periodísticas en el mundo están ocupados por mujeres.

Para la periodista española, las mujeres con puestos directivos en los medios aportan «un ejercicio del poder más inclusivo», porque valoran más e incorporan «con una mayor naturalidad» el talento de otras mujeres.

También se distinguen en apoyarse más en los equipos y en ser «más abiertas a escuchar opiniones ajenas».

Sus opiniones fueron compartidas por las otras panelistas, como Maribel Pérez Wadsworth, quien no solo es la primera mujer sino la primera mujer latina en llegar tan alto en el grupo Gannett y subrayó que como directiva trata de no olvidarse nunca de donde viene y de hacer valer su «sensibilidad» hacia los que han sido «pasados por alto».

Ivett Chiccas mencionó que en AP la inclusión de la mujer en puestos directivos es una realidad desde hace años y mencionó que la próxima presidenta, que asumirá en enero próximo, es una mujer y de «color» e hizo hincapié en que el periodismo es diversidad, es lo más importante, da perspectiva en todo sentido».

Aizpún, española de origen pero desde hace 30 en República Dominicana y desde hace un año directora del diario Libre, subrayó los cambios hacia la igualdad y en contra del machismo que se han experimentado en las redacciones periodísticas en ese tiempo.

Otro panel del día estuvo dedicado a Pegasus, un software de espionaje desarrollado por una empresa israelí, NSO Group, que accede a la gran mayoría de celulares y puede rastrear mensajes, llamadas, contactos, etc…

Jorge Carrasco, director del semanario mexicano Proceso, dijo que se trata de «una nueva manera de impedir el libre desarrollo del periodismo», mientras Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional Américas, subrayó que urgen marcos legislativos frente a estas tecnologías que cada día van a ser más sofisticadas.

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En el segundo día de la 77 Asamblea General del organismo se aludió a esos países, pero también a una tendencia hacia el autoritarismo que se observa en Gobiernos de otros países, «de un color u otro», como lo expuso el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, del diario argentino La voz del interior.

«Dictadores y autócratas, y dirigentes con barniz demócrata, encuentran las formas de ejercer la censura y los abusos contra los ciudadanos que alzan su voz», alertó Jornet antes del debate en torno a los informes sobre libertad de prensa en los países de América que centran la jornada de hoy de esta reunión de cuatro días en formato virtual.

La discusión sobre cómo afrontar los diversos grados de dificultad para el ejercicio de un periodismo libre en el hemisferio estuvo precedida por una charla entre Jornet y la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la chilena Antonia Urrejola Noguera, quien expresó su preocupación por la «fase crítica» en la que se encuentra Nicaragua.

En Nicaragua, la represión va a continuar

Urrejola señaló que en el país centroamericano el Gobierno del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha instaurado «un estado de excepción de facto, un estado policial», en el que las instituciones democráticas se han ido debilitando de forma progresiva a partir de las protestas de abril de 2018.

Como arma para combatir ese escenario la titular de la CIDH abogó por una presión y una respuesta coordinada de la comunidad internacional, «para dar visibilidad a lo que pasa adentro».

Tras las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre, «la represión va a continuar y para la sociedad nicaragüense es importante saber que no están solos», manifestó la chilena.

La presidenta de la CIDH aludió a la resolución aprobada hoy en la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que se pide a Nicaragua la liberación «inmediata» de los aspirantes a la Presidencia en las elecciones de noviembre próximo que están detenidos y la de los «presos políticos».

Urrejola destacó que en los últimos meses no solo se han detenido a candidatos a la Presidencia sino también a periodistas y defensores de los derechos humanos, «todos con distintas historias políticas e incluso exsandinistas». «Cualquier voz disidente está siendo criminalizada y perseguida», alertó.

La actual crisis sociopolítica estalló en 2018, cuando hubo masivas protestas contra Ortega, en el poder desde 2007 y quien buscará en los comicios generales del próximo noviembre una nueva reelección.

Tendencia hacia el autoritarismo

Ante lo que calificó como «una preocupante tendencia hacia el autoritarismo» en el hemisferio la presidenta de la CIDH pidió proteger el «espacio público para garantizar la pluralidad, que es la base de una sociedad democrática», a la vez que alertó que «el autoritarismo parte de a pocos, el estado de derecho se va deteriorando de forma paulatina».

«Nos preocupan las restricciones a la libertad de prensa que hemos visto en países como Guatemala, El Salvador y Honduras», resaltó.

Urrejola saludó el periodismo independiente que «muestra la verdad» y que en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua es «peligroso» ejercerlo.

Precisamente, el aumento de la escalada represiva con atropellos a la libertad de prensa y agresiones físicas a reporteros de medios independientes en Cuba, Venezuela y, en menor medida, Perú, también acaparó la atención y alarma en la jornada de hoy de la asamblea.

En el caso peruano, Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), indicó que en su país no se alcanzan todavía los niveles de Nicaragua, pero que se trata de «la peor situación para la libertad de expresión y prensa desde la caída de (Alberto) Fujimori (1990-2000)».

Criticó las limitaciones al acceso de los medios de comunicación a la información pública, la negativa del presidente y sus ministros a dar entrevistas y que no haya permitido el acceso de medios privados a actos y ceremonias públicas.

Sin embargo, pese a la «retórica agresiva contra los medios y periodistas» y la «tensión constante», no se ha producido un «empeoramiento desde el lado del Ejecutivo» de Castillo, reconoció.

Represión en Cuba y Venezuela se agudiza

Cuba es hoy, tras la protestas ciudadanas del pasado 11 de julio, un país de «muy alto riesgo para los comunicadores», destacó en un panel el cubano Henry Constantín Ferreiro, periodista de La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

A juicio de Constantín, que estuvo detenido en una unidad policial por cubrir las protestas, el «aumento de rebeldía de los cubanos» entraña un riesgo extra para los periodistas que quieren informar de las manifestaciones pacíficas que tienen lugar en la isla por el desabastecimiento y las largas colas, y que suscitaron detenciones arbitrarias y procesos sumarios.

El periodista independiente señaló que la «represión se ha agudizado» ante la convocatoria de un grupo de activistas para realizar una nueva protesta el próximo 15 de noviembre.

Miguel Henrique Otero, director del diario venezolano El Nacional, que fue expropiado y sus instalaciones tomadas por el Ejército, explicó que el periodismo independiente ha tenido que emigrar a internet, pese a que sus páginas sufren intermitentes «bloqueos» por parte del Gobierno.

Denunció una nueva práctica de intimidación del régimen venezolano que consiste en «actuar contra las familias de los periodistas» en el punto de mira del Gobierno. Es un «nivel de represión brutal» que hace «peligrosísimo el ejercicio de la profesión», sentenció.

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En el informe sobre México, ante la reunión virtual la SIP que se inicia este martes, el organismo advirtió de las «amenazas cada vez más burdas» de los grupos criminales, en particular del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

«El 9 de agosto se registró una amenaza descarada del crimen organizado hacia comunicadores de Televisa, Milenio y El Universal. Mediante un video, un grupo criminal (el CJNG) criticó la cobertura que hacían de los conflictos en el estado de Michoacán», recordó el reporte.

El análisis se presenta en la Asamblea General número 77 de la SIP, que abordará del 19 al 22 de octubre el estado de la libertad de prensa en las Américas y la sostenibilidad de los medios. El informe es preliminar y debe ser aprobado por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea.

La agrupación, con sede en Miami, resaltó que México acapara la mayoría de los nueve asesinatos de periodistas registrados en el último semestre en América, con seis, mientras que Brasil, Colombia y Haití reportan uno cada uno.

Los homicidios han ocurrido en los estados de Sinaloa, Oaxaca, Coahuila, Sonora, Michoacán y Veracruz, en su mayoría contra reporteros locales.

«La Segob (Secretaría de Gobernación) reconoció que entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021 se registraron 47 homicidios a periodistas y que existe un 99 % de impunidad. Solo hubo sentencia en cinco casos», enunció la SIP.

La asociación también citó que la Segob ha admitido que en la Presidencia de López Obrador, desde diciembre de 2018, ha subido en 88 % el número de personas incorporadas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, «lo que evidencia un incremento de la violencia».

El 54 % los periodistas protegidos están en solo seis estados: Ciudad de México, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo, Sonora y Veracruz.

En este contexto, la SIP manifestó que López Obrador «no cesa en sus críticas y descalificaciones contra la prensa».

La agrupación cuestionó que el presidente haya inaugurado el 30 de junio la sección de «Quién es quién en las noticias», en la que el Gobierno exhibe a medios que, según su criterio, publican información falsa.

«Más que aclarar lo que considera noticias falsas, es usado para criticar a medios y periodista, según él en represalia por haberle quitado sus privilegios publicitarios y responder a los intereses de los empresarios ricos que no quieren su política social», sostuvo.

Pese a las críticas de López Obrador contra los medios, la SIP recordó la investigación de Artículo 19 que encontró que el 52 % del gasto en publicidad del Gobierno se concentra en 10 medios de una lista de 457.

Además, denunció que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) inició una investigación contra Daniel Blancas, reportero del diario La Crónica, «tras un desencuentro con comunicadores o ‘youtubers’ incondicionales al presidente López Obrador».

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