En conferencia de prensa, la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja aseguró que el sistema se mantiene fuerte, bien capitalizado y regulado, y subrayó que no se observó ningún impacto sistémico tras los señalamientos.

Sistema financiero mexicano sigue fuerte

Rodríguez Ceja explicó que las instituciones involucradas tienen una participación baja en el sistema, por lo que su situación no representa una amenaza generalizada. Además, destacó que Banxico trabaja de forma coordinada con otras autoridades para supervisar las medidas de mitigación.

Entre ellas, se encuentra la intervención temporal de las entidades señaladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como la venta de sus negocios fiduciarios.

Regulación robusta y vigilancia activa

La subgobernadora Galia Borja afirmó que México cuenta con una regulación sólida en prevención de lavado de dinero. Añadió que los bancos están actuando con extrema precaución en el cumplimiento de los lineamientos de conocimiento del cliente y supervisión interna.

Gabriel Cuadra, también subgobernador, destacó que el sistema es resiliente, tiene niveles adecuados de liquidez y su marco legal está alineado con estándares internacionales.

Coordinación entre autoridades

Omar Mejía, integrante de la Junta de Gobierno, indicó que la rápida reacción y colaboración entre instituciones ayudó a contener cualquier posible afectación. Reiteró que Banxico continuará supervisando la transición y la protección de los recursos de los clientes.

Por su parte, Banxico enfatizó que el marco regulatorio mexicano está alineado con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y seguirá cooperando con organismos nacionales e internacionales.

Fitch advierte sobre riesgos latentes

Aunque Banxico minimizó el impacto, Fitch Ratings señaló que el lavado de dinero sigue siendo un riesgo permanente para el sistema financiero mexicano. La calificadora indicó que, aunque el riesgo de contagio se ha reducido, es necesaria una vigilancia continua.

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La demanda, de 37 páginas, sostiene que la medida equivale a una “pena de muerte institucional”, ya que prohíbe cualquier transferencia con bancos de EE.UU. sin previo aviso ni oportunidad de defensa. La firma argumenta que se violaron sus derechos conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos y la Constitución estadounidense.

Acusan violación al debido proceso

En el documento legal, CIBanco afirma que las sanciones impuestas por FinCEN carecen de fundamentos específicos y son tan generales que imposibilitan su defensa. “Se enfrenta a una sentencia de muerte institucional sobre acusaciones tan carentes de especificidad que resultan inexistentes”, señala la institución financiera.

El banco advirtió que la orden pone en riesgo más de 40 mil millones de dólares en activos fiduciarios de interés estadounidense que administra, incluyendo fondos de pensiones, inversiones y bienes de ciudadanos y empresas del país vecino.

Pérdidas millonarias e impacto en usuarios

Tras la publicación de la orden, CIBanco perdió todos sus corresponsales en Estados Unidos, paralizando operaciones de cambio y transferencias internacionales, que representaban más del 50 por ciento de sus ingresos.

Además, Visa canceló su contrato con la institución, dejando inoperativas aproximadamente 220 mil tarjetas de débito y prepago emitidas por el banco.

Sin pruebas claras, según CIBanco

En su defensa, CIBanco asegura que las acusaciones se basan en supuestas transacciones con empresas en México y China, sin aportar nombres, fechas o evidencia concreta. “Es como buscar agujas en campos de heno”, afirma el texto de la demanda.

La institución considera que la sanción representa una amenaza directa de liquidación y pérdida de más de tres mil empleos. También advierte que el traslado forzado de su unidad fiduciaria, valuada en 400 millones de dólares, afectaría a clientes tanto de México como de Estados Unidos.

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Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum aclaró que el Gobierno de México no ha recibido pruebas formales que respalden los señalamientos. Aseguró que, sin evidencia, no se puede proceder legalmente.

Exige evidencia, no declaraciones

Sheinbaum enfatizó que, hasta ahora, las acusaciones de Estados Unidos no se sustentan con documentos verificables. «No hay pruebas, son dichos», declaró la mandataria. Reiteró que México actuará si se presentan evidencias sólidas, pero no lo hará con base en especulaciones.

Recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, quien fue acusado por EE. UU. de tener vínculos con el narcotráfico, pero que finalmente fue exonerado por falta de pruebas. “Ni lo negamos ni lo aceptamos, simplemente no hay pruebas”, puntualizó.

México, soberano y cooperativo

La presidenta reafirmó la posición de su Gobierno: no habrá impunidad, pero tampoco subordinación. Destacó que México mantiene colaboración con Estados Unidos, aunque con una relación de respeto y trato igualitario.

«México no se subordina a nadie», sostuvo. Rechazó que el país sea tratado como “piñata” por ninguna nación. Enfatizó que se continuará exigiendo la entrega de pruebas para proceder conforme a derecho.

EE. UU. impone sanciones a bancos mexicanos

Un día antes, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a tres bancos mexicanos, acusándolos de facilitar operaciones financieras al servicio de cárteles mexicanos. La medida se tomó bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, aprobadas recientemente para frenar el flujo de dinero vinculado al tráfico de opioides.

Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, estas instituciones “permiten el envenenamiento de innumerables estadounidenses” al movilizar fondos en nombre de organizaciones criminales.

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Según el comunicado oficial, esta es la primera acción bajo la nueva Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley FEND Off. Estas leyes permiten actuar con mayor firmeza contra entidades vinculadas al lavado de dinero por tráfico de opioides ilícitos.

¿Qué implica la sanción?

De acuerdo con el Tesoro, las entidades sancionadas estarían involucradas en actividades financieras ilícitas. Estas operaciones habrían beneficiado a carteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y los Beltrán Leyva. Las operaciones presuntamente incluyen pagos a empresas chinas proveedoras de precursores químicos utilizados para la producción de drogas sintéticas.

En el caso de CIBanco, se identificó un patrón prolongado de servicios financieros a grupos criminales, incluyendo la creación de cuentas para presunto lavado de dinero y transferencias millonarias a compañías asiáticas.

Actividades observadas por FinCEN

Intercam fue señalado por haber tenido reuniones con presuntos miembros del CJNG para acordar esquemas de lavado de dinero. Entre 2021 y 2024, facilitó transferencias por más de 1.5 millones de dólares. Los fondos fueron enviados a una firma china vinculada con la importación de precursores químicos.

En cuanto a Vector, la entidad habría sido utilizada por una red del Cártel de Sinaloa para mover más de 2 millones de dólares hacia México. Además, facilitó pagos superiores al millón de dólares para la compra de insumos químicos ilegales.

Postura de las instituciones financieras

Las tres instituciones emitieron comunicados negando categóricamente los señalamientos.

Vector Casa de Bolsa rechazó cualquier imputación que comprometa su integridad institucional, destacando su historial de más de cinco décadas y su cumplimiento normativo ante las autoridades financieras mexicanas.

Intercam Banco negó de manera tajante su participación en actividades ilícitas, subrayando su adhesión a estándares nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

CIBanco también se deslindó de cualquier relación con actividades ilegales y aseguró estar regulado y supervisado por entidades como la SHCP, la CNBV y el Banco de México.

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