El vocero de la FGR, Ulises Lara López, explicó que los colectivos participaron como observadores en áreas previamente procesadas, sin realizar actividades de prospección. El sitio es investigado desde marzo de 2025 por su presunta operación como campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el lugar se han localizado cientos de prendas y objetos personales que podrían estar vinculados a personas desaparecidas. Estos indicios son analizados por el Centro Federal Pericial Forense (CFPF), mientras peritos trabajan de forma continua desde el inicio de las investigaciones.

El colectivo Guerreros Buscadores denunció en marzo que, a un año del hallazgo, aún se localizan restos humanos y prendas en las inmediaciones. El 8 de marzo de 2025 reportaron más de mil 800 indicios —entre ropa y objetos personales—, lo que llevó a señalar el sitio como un presunto “campo de exterminio”.

La situación también atrajo la atención internacional: el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) llevó el tema ante la Asamblea General, señalando posibles prácticas sistemáticas de desaparición forzada. El Gobierno mexicano rechazó la postura del organismo, calificándola de “sesgada”.

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La CNDH emitió la recomendación 11/2026 dirigida a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), señalando omisiones en el procesamiento de evidencias y fallas en la cadena de custodia. Estas irregularidades derivaron en violaciones a los derechos humanos de las víctimas, particularmente en materia de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia.

Pablo Lemus reconoció que las anomalías no ocurrieron durante su administración, pero aseguró que asumirá la responsabilidad institucional. El mandatario estatal expresó su disposición para ofrecer personalmente las disculpas públicas ordenadas por la CNDH y fortalecer el diálogo con las madres buscadoras. Además, el gobierno estatal deberá actualizar protocolos de actuación e implementar capacitaciones para su personal.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará un informe detallado sobre los avances del caso. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que hasta el momento hay 47 detenidos y que el rancho funcionaba como un “centro de adiestramiento”. La FGR reportó un avance del 64.44 % en el procesamiento integral del sitio y confirmó que aún existen órdenes de aprehensión pendientes.

Las investigaciones revelan que en el lugar se realizaban prácticas de tiro, acondicionamiento físico y entrenamientos tácticos. También se documentó el reclutamiento forzado de personas, a quienes se despojaba de sus pertenencias y se obligaba a portar otra vestimenta.

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El proyecto fue desarrollado por los medios independientes ZonaDocs, Animal Político, A dónde van los desaparecidos, y la organización Tejer Red. Esta herramienta busca responder a las necesidades urgentes de cientos de familias que buscan a sus seres queridos.

¿Cómo funciona la plataforma?

La iniciativa, llamada “Las prendas hablan”, permite buscar ropa por tipo, color y otras características. Esto agiliza el proceso de reconocimiento. Además, incluye un formulario donde las familias pueden señalar si identifican algún artículo. Esa información se cruza con bases de datos de personas desaparecidas.

Según el periodista e investigador Darwin Franco, el sistema fue diseñado para facilitar la búsqueda de prendas. La carpeta digital que compartió inicialmente la Fiscalía de Jalisco no tenía organización ni filtros.

Hallazgo en Teuchitlán

El 8 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que el rancho Izaguirre era un «campo de exterminio». Según el Gobierno federal, el lugar fue usado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de reclutamiento y adiestramiento.

El proyecto también busca contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido. Para ello, vincula las prendas con posibles víctimas de desaparición dentro de los llamados “circuitos de desaparición” en México.

Participación de familias buscadoras

Uno de los pilares de la plataforma es la colaboración directa con las familias buscadoras. Ellas han denunciado públicamente que algunas de las prendas halladas coinciden con las que llevaban sus familiares el día que desaparecieron.

Este trabajo colaborativo no solo mejora la identificación de prendas. También busca contribuir a la verdad histórica sobre lo ocurrido en el rancho Izaguirre y en otras regiones del país.

¿Dónde consultar la plataforma?

La plataforma está disponible en el sitio web oficial: lasprendashablan.tejer.red, así como en los portales de los medios que participan en la iniciativa. Se invita a las familias y sociedad civil a consultar, participar y difundir esta herramienta.

México y la crisis de desapariciones

México registra más de 130 mil personas desaparecidas desde la década de 1950. En particular, Jalisco encabeza la lista con 15,414 casos, de acuerdo con datos recientes de la Comisión Nacional de Búsqueda.

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Los ilícitos por los que se le investiga están relacionados con actividades realizadas en el predio conocido como “Rancho Izaguirre”; donde, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR); un grupo del crimen organizado operaba un centro clandestino de reclutamiento y adiestramiento. La información revelada por las autoridades apunta a que en dicho sitio también se llevaron a cabo desapariciones forzadas.

La jueza Ana Beatriz Aguilar Jiménez fue la encargada de llevar el procedimiento legal y determinó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de las investigaciones complementarias. Durante este periodo, el alcalde deberá permanecer en prisión preventiva, como medida cautelar impuesta por la gravedad de los cargos.

Se esclarecen los hechos 

El caso ha generado una fuerte reacción en la opinión pública; al tratarse de un funcionario en funciones presuntamente vinculado con organizaciones criminales. La FGR continúa con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar el grado de responsabilidad del edil en las actividades ilegales registradas en el predio mencionado.

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La detención también vuelve a colocar en el centro del debate al partido Movimiento Ciudadano (MC), que ha enfrentado otras acusaciones similares contra diversos miembros que han ocupado cargos públicos en diferentes entidades del país.

Funcionarios de MC en la mira por presuntos vínculos con el crimen

Murguía no es el primer alcalde de MC señalado por presuntas relaciones con organizaciones criminales. En años recientes, otros funcionarios emecistas han sido implicados en casos similares que involucran al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos delictivos.

Reportes periodísticos apuntan a que algunos gobiernos municipales emecistas otorgaron contratos millonarios a empresas relacionadas con estructuras del crimen organizado.

Casos destacados: de Morelos a Guerrero

Uno de los antecedentes más notorios es el de Cutberto Aguirre, exaspirante a la presidencia municipal de Tetecala de la Reforma, Morelos. En 2021, fue fotografiado junto a “La Jefa”, presunta líder de Guerreros Unidos, y con Luz Dary Quevedo, diputada local de MC y esposa del exaspirante. Actualmente, Aguirre promueve un amparo ante una posible orden de aprehensión.

También destaca el caso de Mario Yuriel Jáuregui Muñoz, quien fue alcalde de Apulco, Zacatecas. En 2023 fue desaforado tras denuncias que lo ligaban con “El Geras”, supuesto líder del CJNG. Un expolicía municipal que lo acusó fue asesinado posteriormente.

En Guerrero, el exalcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, enfrentó cuestionamientos por su gestión en medio de un conflicto violento entre grupos criminales. Tras dejar el cargo, su hijo fue detenido por desaparición forzada en complicidad con un miembro de La Familia Michoacana.

El caso Coalcomán: narco-cultura y juicio político

En Michoacán, la alcaldesa de Coalcomán, Anabel Ávila Castrejón,; generó polémica al permitir un evento con música en honor a “El Mencho” y discursos que agradecían sus supuestos regalos. Aunque MC negó vínculos entre la funcionaria y el líder del CJNG, se habla de un posible juicio político.

Contratos a empresas vinculadas al CJNG

Una investigación del periodista Baruc Mayen reveló que municipios gobernados por MC otorgaron contratos a Banlu Comercializadora SA de CV,; una empresa ligada al CJNG y sancionada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. Entre los municipios involucrados se encuentran Tlaquepaque y Guadalajara, entonces bajo el mando de María Elena Limón e Ismael del Toro Castro.

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Este sitio fue señalado por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas como un presunto “campo de exterminio”, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado que se trata de un centro de reclutamiento y adiestramiento del grupo delictivo.

Rancho Izaguirre: campo de entrenamiento del CJNG

El rancho Izaguirre cobró notoriedad tras la denuncia del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que el pasado 8 de marzo reportó el hallazgo de al menos 400 pares de zapatos y otros objetos, lo que generó sospechas sobre su uso como crematorio clandestino. Sin embargo, el fiscal Alejandro Gertz Manero descartó esta versión en una conferencia reciente.

Según Gertz, no existen evidencias científicas que prueben el uso del lugar como crematorio. La FGR realizó análisis de materiales del sitio, como tierra, piedras y restos de construcción, concluyendo que no se encontraron niveles de calor superiores a los 200 grados, necesarios para una cremación.

Líneas de investigación abiertas

La FGR confirmó que el rancho funcionaba como centro de operaciones del CJNG,; donde se realizaban actividades de reclutamiento y adiestramiento. El fiscal también indicó que se investigará si existen otros sitios similares en la región, relacionados con este grupo criminal.

Asimismo, se someterán a análisis genéticos las prendas y objetos encontrados en el lugar para determinar si pertenecen a personas desaparecidas. Este proceso busca proporcionar información que permita identificar a posibles víctimas y avanzar en la búsqueda de justicia.

Presión creciente por crisis de desapariciones

El caso ha generado una nueva ola de presión social hacia el Gobierno federal,; encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum,; para atender la crisis de desapariciones en México. Desde la década de 1960, se han registrado más de 120,000 personas no localizadas en el país.

La detención del alcalde José Asunción Murguía Santiago, militante del partido Movimiento Ciudadano,; refuerza las sospechas de nexos entre autoridades locales y organizaciones delictivas,; un tema que continúa siendo prioritario en la agenda nacional.

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El colectivo, que denunció el caso el pasado 8 de marzo tras hallar 400 pares de zapatos en la zona, insistió en que sí existen evidencias de restos humanos calcinados. Según indicaron, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses resguarda 17 lotes con fragmentos óseos que contradicen la versión oficial.

Pruebas contradictorias sobre restos humanos

Guerreros Buscadores detalló que los restos están catalogados en el sistema SIAVA del instituto forense. Los fragmentos incluyen partes como cráneos, fémures, falanges y piezas dentales. “No se trata de una vasija aislada”, aseguraron en su comunicado, haciendo referencia directa a lo dicho por el fiscal Gertz Manero.

Por su parte, la FGR sostiene que no existen indicios claros de cremaciones en el rancho. En la conferencia de prensa, Gertz explicó que se realizaron estudios periciales a materiales del lugar. Las muestras fueron enviadas a laboratorios especializados, los cuales concluyeron que no se alcanzaron temperaturas superiores a 200 grados Celsius, lejos de los 800 necesarios para una cremación.

El rancho, identificado como centro de adiestramiento

El fiscal confirmó que el rancho Izaguirre funcionaba como centro de reclutamiento y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su afirmación se basa en pruebas documentales y testimoniales. Estas fueron recabadas desde 2021, cuando ya existían reportes de actividades delictivas en la zona.

Hasta el momento, Gertz Manero informó que no se han encontrado más cadáveres ni osamentas completas en el lugar. Solo se localizó un cuerpo el día que la Guardia Nacional ingresó al rancho.

Continúan las investigaciones

La FGR indicó que continuará con las investigaciones. Una línea en curso busca determinar si existen otros inmuebles similares utilizados por el crimen organizado. Además, se realizarán análisis genéticos y de sangre a las prendas encontradas en el rancho, para saber si pertenecen a personas desaparecidas.

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Gertz Manero explicó que el inmueble está vinculado con actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Funcionaba como un centro de reclutamiento y operación. Según el fiscal, esta información ha sido respaldada desde 2021 con pruebas testimoniales, documentales y periciales. También se cuenta con reportes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Análisis pericial descarta incineraciones

Para esclarecer los rumores sobre cremaciones, la FGR ordenó estudios periciales en el terreno. Se enviaron muestras de tierra, piedras y materiales de construcción a laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Los resultados confirmaron que no se alcanzaron temperaturas superiores a los 200 grados Celsius, mientras que para realizar una cremación se requieren al menos 800 grados.

Durante los análisis se identificaron zanjas y restos de fogatas, además de una pequeña vasija con fragmentos óseos antiguos. Sin embargo, las pruebas no respaldan la versión de que el rancho haya sido un campo de exterminio.

Presión social por crisis de desapariciones

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco señaló públicamente este sitio el pasado 8 de marzo. El hallazgo de al menos 400 pares de zapatos encendió las alarmas. Aunque el Gobierno mexicano lo identifica como un centro de adiestramiento, las familias de personas desaparecidas exigen acciones claras ante la crisis humanitaria.

En México hay más de 120 mil personas no localizadas desde la década de 1960. Esta situación ha aumentado la presión sobre las autoridades, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum.

Nuevas líneas de investigación

El fiscal Gertz Manero aseguró que se mantiene activa una línea de investigación para identificar otros inmuebles posiblemente vinculados al crimen organizado. El rancho Izaguirre continúa bajo revisión por peritos, policías y ministerios públicos de la FGR.

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Gertz Manero aclaró que este proceso es parte de las investigaciones en curso sobre el caso. También mencionó que la FGR compartirá los avances en los próximos días, junto con la documentación que respalda el estado actual de la investigación.

Avances en la investigación

El fiscal informó que, a finales de abril, las prendas estarán disponibles en la FGR para los grupos de búsqueda. Esto permitirá su identificación. La acción se realizará después de un proceso de clasificación e inventario. Gertz Manero señaló que las prendas fueron entregadas de manera «irregular» por la Fiscalía de Jalisco.

El protocolo de trabajo será meticuloso, buscando garantizar que se sigan los procedimientos adecuados en todo momento. Gertz Manero enfatizó que se trabaja con los colectivos de manera conjunta, garantizando que cada paso se lleve a cabo de forma cuidadosa y exhaustiva.

Proceso judicial y próximos pasos

Hasta la fecha, 14 personas han sido judicializadas por su participación en el caso Teuchitlán. Gertz Manero también anunció que el próximo martes 28 de abril, la FGR convocará a los medios de comunicación en su sede de Reforma Norte, Ciudad de México, para presentar los avances más recientes sobre la investigación.

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Investigación inicial y pruebas de terreno

Gertz Manero explicó que, al analizar el terreno y los materiales de construcción, no hallaron indicios que indicaran una actividad de cremación. “Se mandaron hacer pruebas en la tierra y los materiales pétreos, pero no encontramos huellas suficientes para confirmar una acción de cremación”, afirmó. El análisis inicial se completó, pero las autoridades decidieron solicitar el apoyo de la UNAM para confirmar los hallazgos.

Apoyo de la UNAM y detenciones relacionadas

La FGR decidió que los laboratorios de la UNAM ratifiquen o corrijan los resultados obtenidos. “Lo que se analizó no es suficiente, necesitamos más pruebas. Queremos que los laboratorios de la UNAM ratifiquen esta información”, agregó Gertz Manero. Además, el titular de la FGR destacó que, hasta la fecha, se han realizado 15 detenciones vinculadas a este caso. Las personas detenidas están vinculadas con la delincuencia organizada. Se sospecha que el rancho Izaguirre se usaba como centro de reclutamiento y operaciones de un grupo criminal.

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