El operativo se realizó en México, específicamente en Michoacán, donde elementos navales inspeccionaron contenedores del buque. Durante la revisión, un binomio canino especializado en detección de narcóticos identificó irregularidades en una carga comercial, lo que permitió localizar cinco bultos con 139 ladrillos de la droga.

La carga tenía un peso aproximado de 137 kg de presunta cocaína. Como resultado del operativo, fueron detenidas cinco personas de nacionalidad ecuatoriana, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones.

La Marina destacó que este aseguramiento representa una afectación económica de 29 millones 711 mil pesos a la delincuencia organizada, al impedir la comercialización de aproximadamente 274 mil dosis de la droga.

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El recurso fue presentado ante el juez Alejandro Latorre Lozano, quien resolvió que la demanda era improcedente, al considerar que la orden de extradición ya fue cumplimentada y que los argumentos de peligro y expulsión “fast-track” eran subjetivos.

El juzgador explicó que Flores Silva ya se encuentra sujeto a un procedimiento de extradición internacional, por lo que cualquier mandamiento en su contra fue ejecutado de manera irreparable. En consecuencia, no puede ser restituido al estado anterior de la supuesta violación de derechos fundamentales.

Cabe recordar que en abril una jueza había concedido al michoacano una suspensión que mantiene congelado, por el momento, el proceso de extradición.

Audias Flores Silva fue detenido por la Marina Armada de México en Nayarit y es requerido por una Corte de Distrito de Columbia, Estados Unidos, para enfrentar cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Originario de la región de la Tierra Caliente de Michoacán, Flores Silva fue considerado uno de los sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y operaba como jefe regional del CJNG en Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán.

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El operativo se llevó a cabo tras una investigación por presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y a la Ley General de Salud. En el lugar se localizaron cartuchos, posible metanfetamina, marihuana, celulares y documentos, lo que llevó a las autoridades a considerar que el inmueble funcionaba como centro de almacenamiento y logística para el tráfico de armas, explosivos y drogas.

De acuerdo con las indagatorias, el túnel probablemente conecta con una calle en San Diego, California, lo que refuerza las líneas de investigación sobre rutas de traslado y esquemas logísticos utilizados por organizaciones delictivas.

La FGR señaló que este hallazgo representa un golpe directo a las operaciones de tráfico de drogas y fortalece las capacidades institucionales para combatir este tipo de actividades ilícitas. Los indicios y el inmueble quedaron bajo resguardo y fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) en Baja California.

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El anuncio ocurre después de que Rocha Moya acudiera a la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa para cumplir con su primer citatorio en calidad de testigo, dentro del proceso de extradición solicitado por el gobierno de Estados Unidos, que le imputa delitos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero.

La SSPC, encabezada por Omar García Harfuch, puntualizó que “no existe ninguna notificación en su contra”, descartando que el gobernador con licencia esté sujeto a una orden internacional de captura.

El gobernador con licencia enfrenta un proceso en el que Estados Unidos busca su extradición. Aunque compareció como testigo, la solicitud de las autoridades estadounidenses ha generado atención pública y especulación sobre su situación legal.

Hasta el momento, las consultas oficiales y las verificaciones en bases internacionales descartan la existencia de una orden de captura internacional en su contra.

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De acuerdo con un comunicado oficial, en la intervención participaron la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales de Colima.

Durante la inspección de un tractocamión acoplado a una caja refrigerada, un ejemplar canino de la Sedena marcó una alerta en la estructura del vehículo. Tras una revisión exhaustiva, los efectivos localizaron un compartimento oculto en el panel lateral derecho de la caja, donde se encontraron 65 paquetes rectangulares, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo de cocaína.

Los cuatro detenidos recibieron lectura de sus derechos constitucionales y, junto con la droga, el tractocamión y un vehículo adicional involucrado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, encargado de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica de los implicados.

Las autoridades señalaron que este aseguramiento forma parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, cuyo objetivo es combatir el tráfico de drogas y fortalecer el Estado de derecho en beneficio de la ciudadanía.

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De acuerdo con la dependencia, el detenido es investigado por su probable participación en un caso de privación ilegal de la libertad ocurrido en 2020, además de estar vinculado con actividades de tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, así como con hechos de homicidio contra grupos antagónicos.

La acción fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), tras labores de investigación de gabinete y campo. La FGJE destacó que el operativo se realizó en coordinación con fuerzas federales, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los acuerdos de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad.

El 18 de octubre de 2025, personal de AMIC, con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), cumplimentó una orden de aprehensión contra Francisco Ernesto ‘N’, alias “El Neto”, también vinculado con la misma causa penal. Ambos casos forman parte de las investigaciones que buscan desarticular estructuras criminales en la región fronteriza.

Tras su captura, Marco Antonio ‘N’ fue presentado ante el juez correspondiente e imputado en audiencia inicial. Se espera que en los próximos días se reanude la audiencia para determinar su vinculación a proceso.

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El reporte señala que los grupos criminales pasaron de drones comerciales a dispositivos modificados, capaces de transportar cargas más pesadas y programar rutas específicas. Esta evolución tecnológica ha permitido el traslado de drogas sintéticas como metanfetaminas y fentanilo, cuyo bajo peso facilita el uso de aparatos de menor tamaño.

Entre 2012 y 2014, autoridades estadounidenses detectaron drones provenientes de México cruzando la frontera. En ese periodo eran equipos comerciales, con limitaciones de autonomía y carga. Posteriormente, los cárteles comenzaron a emplear drones hechos a medida, con mayor capacidad y sistemas de navegación avanzados.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), entre 2019 y 2025 se decomisaron 134 drones vinculados con actividades ilícitas. El año 2025 destacó por un aumento significativo, con 85 aseguramientos, lo que refleja un crecimiento en la detección de estos dispositivos.

El uso de drones por parte de cárteles mexicanos también ha tenido repercusiones fuera del país. El 11 de febrero de 2026, la Administración Federal de Aviación (FAA) cerró temporalmente el espacio aéreo alrededor del aeropuerto de El Paso, Texas, debido a la presencia de drones presuntamente relacionados con grupos criminales. Aunque la medida se levantó horas después, evidenció la expansión del problema.

La JIFE subraya que esta modalidad no es exclusiva de México. Casos similares se han documentado en Estados Unidos, Colombia, Europa y Asia, principalmente en cruces fronterizos y para el traslado de drogas sintéticas.

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El pontífice subrayó que estas prácticas no son hechos aislados, sino síntomas de una cultura que ha olvidado el valor del amor y la dignidad humana. En su discurso, renovó la llamada urgente de la Iglesia para enfrentar y poner fin a este crimen que calificó como “grave atentado contra la humanidad”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alertado sobre el aumento de la esclavitud moderna vinculada a centros de ciberestafas, especialmente en el Sudeste Asiático. Según expertos, cientos de miles de personas son obligadas a cometer fraudes en línea, lo que ha sido catalogado como una “crisis de derechos humanos” a gran escala.

El papa León XIV señaló que la lógica de dominio y desprecio por la vida humana alimenta el flagelo de la trata. A su vez, Robert Prevost destacó que la inestabilidad geopolítica y los conflictos armados generan condiciones propicias para que los traficantes exploten a los más vulnerables, como migrantes y refugiados. Mujeres y niños son los principales afectados por este comercio ilícito.

El pontífice concluyó que la sensibilización es clave para identificar los mecanismos ocultos de explotación, tanto en comunidades locales como en espacios digitales. Con ello, reiteró la importancia de la cooperación internacional y la acción conjunta para erradicar estas formas de esclavitud moderna.

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Los detenidos están relacionados con delitos de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas, según las autoridades. Entre ellos se encuentra Lesli Valeri “N”, señalada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local.

También fue capturado Bryan “N”, identificado como operador financiero de la organización. De acuerdo con García Harfuch, este sujeto facilitaba inmuebles para el resguardo de víctimas y alojamiento de integrantes del grupo criminal. Además, contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.

El secretario de Seguridad destacó que las detenciones fueron posibles gracias a los trabajos de inteligencia y a la coordinación entre distintas instituciones de seguridad. El operativo forma parte de las acciones para combatir la presencia del “Tren de Aragua” en territorio nacional.

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El estudio, difundido internacionalmente, analiza quiénes participan en los mercados ilícitos, dónde se desarrollan, cuándo se consolidaron y por qué representan un desafío para los Estados. En el caso del país mexicano, la investigación concluye que los cárteles operan como corporaciones transnacionales, con economías ilícitas diversificadas y una resiliencia institucional insuficiente para contenerlos.

El informe señala que México lidera en delitos como tráfico de personas, contrabando de migrantes, extorsión, tráfico de armas, comercio de bienes falsificados, crímenes ambientales, delitos financieros y cibernéticos, además del tráfico de drogas. El mercado de cocaína obtuvo una puntuación cercana al máximo (9.00), reflejando el papel estratégico del país como corredor continental.

La producción y exportación de drogas sintéticas, especialmente metanfetamina y fentanilo, se consolidan como actividades de mayor crecimiento para los grupos criminales.

La GI-TOC identifica a los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los principales actores del crimen organizado en México. Estos grupos mantienen una vasta fuerza laboral, controlan territorios mediante extorsión y violencia, tienen presencia en prisiones y operan redes internacionales para tráfico de drogas, armas y personas.

El informe advierte que estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los más afectados por la trata de personas y explotación laboral. Las víctimas más frecuentes son mujeres, menores de edad y comunidades indígenas, quienes enfrentan riesgos elevados por pobreza estructural y flujo migratorio constante.

México obtuvo una calificación de 4.50 en resiliencia institucional, ubicándose en el puesto 111 de 193 países. El documento señala que, pese a la postura pública contra los cárteles, persisten problemas como impunidad, corrupción y militarización de la seguridad pública. Además, la reforma judicial y la elección de jueces han generado alertas sobre posibles influencias del crimen organizado en procesos institucionales.

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