El juez determinó que el juicio de amparo es improcedente frente a reformas constitucionales, conforme al artículo 61 de la Ley de Amparo. La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Morena, entró en vigor el pasado 11 de abril y establece límites a las jubilaciones y pensiones de dependencias públicas.

En el caso de Jorge Martín Tinoco Martínez, uno de los promoventes, el juzgador señaló que la Constitución no puede ser evaluada por jueces de Distrito a través de esta vía legal. Aunque reconoció que el decreto reclamado podría implicar afectaciones a derechos fundamentales, la normativa vigente impide revisar la constitucionalidad de disposiciones de la propia Carta Magna.

A pesar del fallo, los jubilados aún tienen la posibilidad de impugnar la resolución ante un Tribunal Colegiado en materia administrativa. Dicho órgano será el encargado de decidir si confirma o revoca la improcedencia dictada por el juez Rivera González.

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Los magistrados determinaron que la UIF, dirigida por Pablo Gómez Álvarez, vulneró el principio de seguridad jurídica al imponer la medida sin la debida fundamentación. Asimismo, declararon infundado el recurso de revisión interpuesto por la dependencia, confirmando la eliminación de la pareja de la Lista de Personas Bloqueadas.

Falta de fundamentación en el bloqueo

El Tribunal consideró que el bloqueo de cuentas fue ejecutado sin un compromiso internacional que lo justificara; lo que lo convierte en una acción sin sustento legal. Según su resolución, la medida precautoria no estaba vinculada a ningún procedimiento jurisdiccional o administrativo; lo que derivó en una violación a la seguridad jurídica de los afectados.

Además, indicaron que la inclusión de Gómez Mont y Álvarez Puga en la Lista de Personas Bloqueadas carecía de una motivación adecuada; lo que generó la declaración de inconstitucionalidad de la medida.

Situación legal de Gómez Mont y su esposo

A pesar del desbloqueo de sus cuentas; Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga siguen siendo considerados prófugos de la justicia. La Fiscalía General de la República (FGR) los busca por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; relacionados con un fraude de 2 mil 950 millones de pesos.

El fallo a favor de la pareja abre un nuevo capítulo en su proceso legal; aunque su estatus judicial sigue vigente. Ahora, queda por verse cuáles serán los siguientes pasos de la FGR y cómo evolucionará el caso. ¿Podría este amparo influir en futuras decisiones judiciales sobre su situación penal?

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Tres magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado determinaron “que la terminación de contrato que hizo MVS en marzo de 2015 es ilegal, que violó la ley, que violó el contrato y que no había razón para retirarte del aire (a la periodista)”, señaló el abogado de la comunicadora, Xavier Cortina.

Respecto a la resolución, a través de su programa, Aristegui dijo sentirse plenamente convencida de que dicha acción se trató de un golpe de censura promovido desde “el ámbito del poder”

Además, añadió que no había ninguna razón para terminar un contrato vigente que le permitía desarrollar un trabajo profesional.

Para la periodista, la decisión es ejemplo de “ el tipo de cosas que pueden pasar y que han pasado a periodistas por haber investigado, por haber hecho nuestro trabajo, por hacer investigaciones como la Casa Blanca de Peña Nieto y otras”.

Xavier Cortina explicó que el tribunal determinó que el contrato entre Carmen Aristegui y MVS continúa vigente, por lo que por ley, ella podría exigir a la empresa que la restituyan.

Cabe recordar que, el 13 de marzo de 2015 el programa de Aristegui en la radiodifusora fue abruptamente terminado sin notificación previa o motivo.

Hasta el momento, la radiodifusora no se ha pronunciado sobre la resolución del tribunal.

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