La diferencia se definió con el voto de la diputada Luz Itzel Mendo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien expresó su desacuerdo con normalizar el aborto como política pública y sostuvo que en Guanajuato “no hay mujeres en prisión por abortar”.

Guanajuato se mantiene entre los estados que penalizan el aborto

Con esta decisión, Guanajuato permanece entre las nueve entidades del país que aún no han armonizado su legislación con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordena garantizar los derechos reproductivos de las mujeres a nivel local.

Organismos como la Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva (UNFPA) habían solicitado al Congreso estatal avanzar hacia un marco legal que promueva la igualdad y respete los derechos humanos de las mujeres.

Contexto social y datos clave en la entidad

La discusión legislativa había sido aplazada desde el 29 de mayo, cuando el dictamen se estancó con un empate de 18 votos. Las reformas proponían modificar el Código Penal estatal para despenalizar el aborto voluntario.

Guanajuato enfrenta desafíos importantes en salud sexual y reproductiva. Registra la tasa más alta de embarazos adolescentes del país (31 por ciento) y, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, 466 menores de 1 a 17 años fueron atendidas por violencia sexual en hospitales; el 90.8 por ciento de los casos correspondieron a niñas y adolescentes.

Panorama nacional de la despenalización del aborto

Desde que la Ciudad de México despenalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación en 2007, otros 22 estados han seguido el mismo camino, incluyendo Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Puebla y recientemente Yucatán y Tabasco.

Algunos congresos estatales han ido más allá, discutiendo la eliminación de plazos para garantizar un acceso más amplio a la interrupción legal del embarazo, argumentando que las restricciones afectan principalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad.

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El Informe sobre las consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en México, presentado este jueves en una conferencia en línea, atestigua la problemática de los embarazos tempranos en México y sus alarmantes consecuencias en materia económica.

De cada 100 niñas de 15 años actualmente, más de 30 tendrán un hijo vivo antes de los 20 años, detalló el representante de UNFPA en México, Arie Hoekman, durante la presentación de este documento.

Cada día en México más de mil niñas y adolescentes dan a luz.

El experto inició destacando que los jóvenes son el futuro de cualquier sociedad y que en la medida que obtengan desarrollo, el futuro será prospero para sociedad.

Es por esto que las cifras de embarazos en adolescentes son relevantes, pues, explicó, se ha comprobado que las consecuencias para las mujeres que se quedan encintas a temprana edad tendrán rezagos en sus logros educativos, por lo que accederán a trabajos más precarios y no aportarán a las arcas del estado lo mismo que una mujer que da a luz a una edad más avanzada.

De acuerdo con el informe, de las mujeres que tuvieron un hijo entre los 15 y los 20 años, 6.7 por ciento tiene educación terciaria (de nivel superior), mientras que el porcentaje asciende a 22.18% en mujeres que dieron a luz después de los 20.

Maria Antonieta Alcalde, de la asociación Ipas México, habló de la importancia de la educación sexual y el acceso de los jóvenes a la salud sexual y reproductiva.

También recordó el alarmante debate del pin parental, una herramienta que permitiría a las familias decidir si su hijos reciben educación en materias sensibles como la sexualidad y la igualdad, que desata polémica en México y ya se aprobó en los estados de Puebla y Aguascalientes.

Por su parte, la titular de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, Gabriela Rodríguez, habló de la Estrategia Nacional de la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), que se encuentra en una segunda fase después de haber arrancado hace cinco años.

También destacó que los servicios de salud sexual y reproductiva son considerados prioritarios y siguen abiertos y adaptándose a las circunstancias de la pandemia.

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Esta práctica es la mas común de las analizadas en el informe, titulado «Contra mi voluntad. Desafiar las prácticas que perjudican a las mujeres y niñas e impiden la igualdad», que también ofrece datos sobre mutilación femenina y la preferencia de los niños barones.

El representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, Arie Hoekman, advirtió en la presentación telemática del documento de que esa tasa del 4,45 % es anual, por lo que «más del 25 %» de las mujeres mexicanas habrá entrado en matrimonio infantil o unión temprana desde los 12 a los 17 años.

«México está entre los países de América Latina con la mayor prevalencia de mujeres entre 20 y 24 años que se casaron o formaron una unión antes de los 18 años», señaló.

Hoekman refirió que durante el 2018 hubo en méxico «556 matrimonios en los que al menos uno de los contrayentes eran menores de edad», la mayoría de ellos (66 %) en el occidental estado de Sonora.

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, reafirmó el compromiso institucional para perseguir una práctica prohibida desde el año pasado, así como sus diversas formas, que suponen «en sí mismas una violación de los derechos humanos y de género».

«Estaremos del lado de esas niñas para defender sus derechos. Para eso tenemos la voluntad, la decisión y las políticas publicas de nuestro lado», enfatizó.

Según los datos aportados por Hoekman, la pandemia de COVID-19 traerá consecuencias negativas para las mujeres y niñas alrededor del mundo.

En lo referido al matrimonio infantil, el confinamiento y la crisis derivada del mismo alumbrarán 13 millones de matrimonios infantiles a lo largo del próximo decenio que se podrían haber evitado.

El fin del matrimonio infantil a nivel global se podría conseguir con «una inversión relativamente pequeña», dijo el representante de la ONU, que cifró los costes en 35.000 millones de dólares.

Asimismo, en todo el mundo se producirán 7 millones nuevos de embarazos no deseados y 15 millones de nuevos casos de violencia de género.

En 2019, el Senado mexicano aprobó por unanimidad la reforma de diversas disposiciones del Código Civil para establecer los 18 años como edad mínima para el matrimonio.

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En un comunicado emitido este martes, el UNFPA lamentó la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de negar cualquier financiamiento futuro para un trabajo que “salva vidas en todo el mundo”.

De acuerdo con organismos civiles, el financiamiento estadunidense para el UNFPA logró prevenir en 2016 unos 320 mil embarazos no deseados en el mundo y evitó 100 mil abortos inseguros al garantizar que unas 800 mil personas tuvieran acceso a métodos de anticoncepción.

Registros públicos señalan que el UNFPA recibió en 2015 contribuciones de Estados Unidos por encima de los 75 millones de dólares, con lo que este país se ubicó como el cuarto donante más importante para esta institución.

La Coalición Internacional para la Salud de la Mujer, un grupo con sede en Nueva York, señaló en un comunicado que la decisión de la administración Trump fue “un duro golpe para la agencia más importante del mundo para la salud reproductiva”.

Por su parte, el UNFPA explicó que la decisión de Estados Unidos se basó en información errónea de que este organismo “apoya o participa en la gestión de un programa de aborto coercitivo o esterilización involuntaria” en China.

El UNFPA rechazó esta afirmación, y destacó que “todo su trabajo promueve los derechos humanos de las personas y las parejas para tomar sus propias decisiones, libres de coerción o discriminación”.

El organismo recordó que Estados Unidos, como uno de sus miembros fundadores, ha protegido y promovido la salud reproductiva y los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo, lo que “ha salvado a decenas de miles de muertes de madres y evitado enfermedades prevenibles”.

Asimismo el organismo combate la violencia de género y contribuye a reducir las muertes de madres en los lugares más vulnerables, así como en zonas de conflicto y desastres naturales, como Irak, Nepal, Sudán, Siria, Filipinas, Ucrania y Yemen.

“Siempre hemos valorado a Estados Unidos como un socio de confianza y líder en ayudar a asegurar que cada embarazo se desee, cada parto sea seguro y el potencial de cada joven se cumpla”, asentó el organismo.

En ese sentido, expresó la esperanza de poder continuar con su trabajo con Estados Unidos para abordar estas preocupaciones globales y restablecer su asociación para salvar vidas de mujeres y niñas en el mundo, en el marco de los objetivos globales de desarrollo.

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