Con dicha resolución concluyó la audiencia de este miércoles , en la que se notificó a Duarte de los motivos de su captura el pasado sábado.

El presidente del Tribunal Quinto de Instancia Penal, Adan García, ordenó que el detenido fuera enviado a prisión, mientras se tramita su posible extradición a México.

El juez guatemalteco explicó que, cuando reciba la documentación, determinará la fecha de la próxima audiencia.

En su corta declaración ante los juzgadores y el fiscal guatemalteco que lo acusa, Duarte aseveró que estudiará su situación legal.

Señaló que acordará con su defensa si acepta «allanarse» al proceso de extracción. «En este momento no puedo allanarme (admitir) a la extradición», afirmó Duarte.

El abogado defensor guatemalteco Oscar Yovani Patzán dijo a Notimex que habrá que esperar al pedido legal del gobierno para decidir el procedimiento más conveniente para Duate.

Rechazó especular sobre el curso del trámite e insistió en que se deberá esperar el pedido formal para decidir.

En medio de tumultos a su llegada al tribunal, Duarte fue conducido bajo fuerte vigilancia de agentes del Sistema Penitenciario.

Del piso 11 de la Torre de Tribunales fue trasladado al cuartel Matamoros, una instalación militar habilitada como prisión de máxima seguridad, en el centro de la capital.

En ese lugar guarda prisión provosional desde la madrugada del domingo, horas después de que fue capturado en un lujoso hotel del destino turístico de Panajachel, departamento de Sololá, 150 kilómetros al oeste de la capital.

Duarte estuvo callado y no contestó preguntas de los numerosos periodistas llegados desde México.

En la audiencia, que se prolongó por casi tres horas, escuchó en aparente calma las acusaciones que motivaron su arresto la noche del sábado en Panajachel.

La parte acusadora, representada por José Antonio Galdámez, fiscal de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de Guatemala, pidIó que permanezca en prisión, «bajo la responsabilidad del Sistema Penitenciario», hasta que se resuelva su extradición.

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Ciudad de México. Los Grupos Parlamentarios del PAN, PRD, el Partido Encuentro Social (PES) y Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados,  exigieron que se castigue con todo el peso de la Ley al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y que el caso no se utilice con fines electorales.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en voz de su coordinador Marko Cortés Mendoza, demandó que Duarte de Ochoa, sea castigado con todo el peso de la ley y se esclarezcan todos y cada uno de los cargos imputados en su contra, tanto en el ámbito local como federal.

«Vigilaremos que el procedimiento se lleve con total transparencia y con el más alto grado de profesionalismo por parte de la fiscalía, para que se conozcan entre otras cosas, los desvíos del anterior gobierno de Veracruz a las campañas del PRI y de Morena», advirtió.

Señaló que para el PAN un tema fundamental, es la recuperación de los activos que se deriven del proceso judicial, para que en la medida de lo posible se pueda resarcir el enorme daño ocasionado a los veracruzanos.

Puntualizó que casos como el de Javier Duarte, el del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington y el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, son razones suficientes para que la sociedad le dé la espalda al PRI en las elecciones de junio próximo.

Por su parte, el coordinador de los diputados federales del PRD, Francisco Martínez Neri celebró la captura del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ya que “su detención es el primer paso para hacer justicia a los veracruzanos”.

Apuntó que los delitos cometidos por Duarte no tuvieron límites: desaparición de personas, sistemática violación de derechos humanos, delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita, y el desvío de al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público.

Confió que la investigación en torno al caso se lleve a cabo con la máxima transparencia y con un profesionalismo absoluto por parte de la fiscalía, misma que debe recuperar activos y con ello se pueda comenzar a resarcir el daño a los veracruzanos.

Por otro parte, consideró que esta detención “sin duda genera suspicacias, estamos en medio de  procesos electorales de gran importancia en el país, sobre todo en el Estado de México, en donde el PRI no quiere perder y noticias como esta parecen una típica estrategia del priismo por levantar una cortina de humo para verse beneficiados”.

Para Movimiento Ciudadano “era de esperarse que en el marco de las elecciones del Estado de México, que pueden definir la elección presidencial en 2018, el gobierno federal anunciaría con bombo y platillo la detención de Javier Duarte”, aseguró su líder de bancada Clemente Castañeda Hoeflich.

«Los mexicanos debemos exigir es una investigación efectiva a la generación de gobernantes más corrupta de la historia: Cesar y Javier Duarte, Borge y Medina; tenemos que conocer los mecanismos que les permitieron beneficiarse de los recursos públicos, qué campañas financiaron, cómo se benefició el PRI y el papel que jugó el gobierno federal en esta negra y penosa historia»

Puntualizó que la impunidad en esta administración no debería alcanzar para hacer de esta detención parte del circo pre electoral. El PRI y el gobierno federal deben asumir la responsabilidad de haber apoyado y llevado al gobierno a personajes corruptos como Duarte y gran parte de los gobernadores surgidos del PRI.

En tanto, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Alejandro González Murillo, demandó una investigación sin sesgo ni dilación en el caso de Javier Duarte.

Manifestó que las investigaciones deben esclarecer, con toda precisión, cuántos son los bienes y recursos económicos que presuntamente fueron obtenidos de manera ilícita por el ex mandatario estatal, no sólo para ser recuperados, sino también para ser restituidos totalmente a los veracruzanos, quienes son los principales agraviados.

Subrayó que se debe hacer todo lo necesario para lograr su extradición conforme a Derecho y que enfrente la justicia en territorio mexicano.

Señaló que la sociedad mexicana ya está harta que prevalezcan actos de impunidad, por lo que es necesario poner límites, porque no puede ser que los gobernadores se sigan excediendo e incurran en malos manejos de los recursos públicos.

También se pronunció en contra de que la detención de los ex gobernadores se contamine por la coyuntura electoral, cuando lo que debe prevalecer es el Estado de Derecho para castigar la corrupción.

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Se desempeñó como secretario de finanzas del ex gobernador #Duarte; el delito es Coalición. (2/2)

— AEI Puebla (@AEI_Puebla) 29 de marzo de 2017

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