En la avenida Hilario Medina se localizaron los cuerpos de dos jóvenes con rastros de sangre, mientras que en las inmediaciones del campo El Diez se encontró a otra persona asesinada a balazos. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y levantaron los cadáveres.

En un hospital de la ciudad falleció Eduardo “N”, de 25 años, quien había sido reportado herido de bala en un motel ubicado sobre la avenida Jesús Kumate, cerca de la Feria Ganadera. Las autoridades aún no han precisado las circunstancias de este ataque.

El hecho más grave ocurrió dentro del centro penitenciario de Culiacán, donde una riña colectiva con armas punzocortantes dejó siete internos muertos y uno más herido. Tras el incidente, fuerzas federales reforzaron la seguridad externa y se realizó una revisión interna del penal.

Los internos fallecidos fueron identificados preliminarmente como Alejandro “N” (21 años), Alfonso “N”, José Antonio “N” (48 años), José Luis “N”, Jesús Alexis (26 años), Leonel Agustín “N” (31 años) y Kevin Alexis (24 años).

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En el lugar se encontraban únicamente trabajadores, quienes fueron evacuados tras escucharse la explosión. Más de 30 personas lograron salir del sitio, aunque una empleada, identificada como Ana “N”, de 33 años, perdió la vida debido a la inhalación de humo. Otras dos personas resultaron lesionadas: una por intoxicación y otra más por quemaduras.

La emergencia fue atendida por Protección Civil municipal y estatal, Bomberos de Culiacán, Cruz Roja, policías estatales y municipales, además de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes controlaron el incendio y aseguraron la zona.

Este ataque ocurre en un contexto de violencia en Sinaloa, que se ha intensificado desde septiembre de 2024 por la disputa entre las organizaciones criminales Los Mayos y Los Chapitos, tras las detenciones en Estados Unidos de Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en julio del mismo año.

La situación refleja la complejidad de la seguridad en la región y la vulnerabilidad de espacios públicos frente a hechos violentos.

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De acuerdo con la dependencia, los cuerpos fueron encontrados en colonias como Los Laureles, Chapultepec, Infonavit Humaya y Loma de Rodriguera, así como en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato. La Fiscalía no detalló las condiciones en que fueron halladas las víctimas.

En el puerto turístico, restos óseos sin identificar fueron abandonados en la zona rural de El Moral. El hallazgo se da en un contexto de protestas de madres buscadoras, quienes pidieron a la población no asistir al Carnaval como muestra de rechazo ante la ola de desapariciones.

Durante la semana del Carnaval Internacional, las autoridades registraron cinco asesinatos en la entidad, tres de ellos en Mazatlán. Además, el grupo musical Codificado fue detenido tras interpretar un narcocorrido alusivo a Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias “El Chino Ántrax”, pese a las restricciones por apología del delito.

La violencia en Sinaloa continúa en aumento. Tan solo en lo que va de febrero se han contabilizado 40 asesinatos, un promedio de más de tres por día. La inseguridad y las desapariciones mantienen en alerta a la población y a colectivos que exigen mayor acción de las autoridades.

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De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, adscritas al Servicio Médico Forense de Mazatlán, tras las pruebas forenses de rigor, entre ellas las de ADN, se confirmó la identidad de los cuatro trabajadores.

Los mineros fueron privados de la libertad por una célula delincuencial cuando salían del campamento donde vivían para dirigirse a su trabajo en los yacimientos concesionados a la minera canadiense Vizsla Silver Corp.. La empresa, desde Vancouver, emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la pérdida de sus trabajadores y expresó sus condolencias a las familias, amigos y compañeros, asegurando que su prioridad sigue siendo la recuperación segura de quienes permanecen desaparecidos.

Aunque se presume que en la fosa clandestina de El Verde fueron localizados los cadáveres de los diez mineros raptados, las autoridades no han confirmado el número exacto de cuerpos hallados. Madres buscadoras que acudieron al sitio señalaron que integrantes de la Guardia Nacional les dijeron que había “muchos cuerpos”, lo que ha alimentado la especulación de que se trata de un “cementerio clandestino”.

La desaparición y asesinato de los trabajadores ha generado gran preocupación en la región, donde colectivos de búsqueda y familiares han exigido transparencia y justicia, denunciando el hermetismo y la lentitud de las autoridades en el caso.

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Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el enfrentamiento directo con las organizaciones criminales ya fue aplicado en el pasado y generó mayores niveles de violencia. Afirmó que la prioridad de su administración es la detención de los grupos delincuenciales dentro del marco de la ley, así como la atención a las causas sociales para evitar que los jóvenes se incorporen a estas organizaciones.

Sheinbaum reconoció que la violencia en Sinaloa está relacionada con una pugna interna entre facciones de un grupo criminal, aunque señaló que los homicidios han mostrado una disminución. Indicó que su Gobierno busca evitar afectaciones a la población civil y confirmó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se encuentra en la entidad para revisar y reforzar la estrategia.

Asimismo, destacó avances como el desmantelamiento de laboratorios clandestinos, lo que ha reducido la producción de drogas. La presidenta insistió en la necesidad de que Estados Unidos frene el tráfico ilegal de armas hacia México, al señalar que una alta proporción de las armas de alto poder incautadas provienen de ese país.

En respuesta a los hechos recientes, el Gobierno federal desplegó cerca de 2,800 elementos de seguridad y fuerzas armadas en Sinaloa para reforzar la protección de la población.

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El ataque, atribuido a una célula de Los Chapitos, dejó a Montoya con lesiones graves en el rostro y la pérdida de un ojo, mientras que Torres Félix continúa en terapia intensiva tras recibir varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. El conductor de la camioneta salió ileso.

Tras el ataque, el Gobierno de Sinaloa desplegó un operativo de búsqueda y captura de los responsables, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) envió a 1,600 agentes para reforzar la seguridad en la región. El caso es atendido directamente por el Gabinete de Seguridad federal, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La mañana de este 3 de febrero, García Harfuch informó en redes sociales la detención de Jesús Emir ‘N’, conocido como «Radio 13» o «Compa Güero», implicado en el ataque contra los diputados. El detenido era responsable del control de radios de comunicación, instalación de cámaras para monitorear a las autoridades y adquisición de drones para la célula criminal.

El ataque se enmarca en una crisis de violencia que vive Sinaloa desde septiembre de 2024, derivada de la pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, tras la detención en julio de ese año de los narcotraficantes Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en un aeropuerto de Nuevo México, Estados Unidos. Esta disputa ha intensificado los enfrentamientos y la inseguridad en la región.

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Entre los desaparecidos se encuentran Saúl Alberto Ochoa Pérez y José Antonio Jiménez Nevárez, cuyas fichas de búsqueda ya fueron difundidas. Ambos fueron vistos por última vez en Concordia el mismo día de la privación.

La AIMMGM informó que se acercó al Gobierno de Sinaloa para denunciar la desaparición y pidió que las instancias competentes realicen las acciones necesarias para garantizar el regreso con vida de los trabajadores. La organización subrayó que los ingenieros desempeñaban su labor de manera honesta dentro de la industria minera.

La desaparición ocurre en un estado marcado por la violencia. A poco más de un año de la guerra interna del cártel, Sinaloa enfrenta pérdidas económicas millonarias, cosechas menos productivas y un comercio que se repliega temprano por miedo. Según la Unión de Comerciantes de Culiacán, más de 20 mil micro, pequeñas y medianas empresas han sido afectadas por la inseguridad; de ellas, hasta 15 mil han cerrado de forma definitiva o temporal en municipios como Navolato, Elota, Eldorado y Mazatlán.

De acuerdo con un estudio de México Evalúa, desde 2011 la mayoría de los secretarios de seguridad pública de Sinaloa han sido militares, sin lograr frenar la violencia. Entre ellos destacan el Comandante Francisco Manuel Córdova (2011-2013), el General Genaro Robles Casillas (2017-2018) y el General Inocente Fermín Hernández Montealegre, quien duró menos de un año en el cargo antes de integrarse a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

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El hecho ocurrió en el carril que va de norte a sur y generó una fuerte movilización de fuerzas federales y estatales, quienes acordonaron la zona para permitir el trabajo de peritos. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar las necropsias correspondientes.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre personas detenidas en relación con estos cinco asesinatos ni se han dado a conocer las identidades de las víctimas.

Un crimen más se suma a la ola de violencia que atraviesa Sinaloa desde septiembre de 2024, derivada de la pugna entre las organizaciones criminales conocidas como Los Chapitos y Los Mayos. La disputa se intensificó tras la detención en Estados Unidos de Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, ocurrida el 25 de julio del año pasado en un aeropuerto de Nuevo México.

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El funcionario detalló que L-12 tenía tres órdenes de aprehensión por homicidio y estaba vinculado a hechos de violencia en Tijuana, Baja California. En el primer operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), SSPC y la Fiscalía Estatal de Baja California.

En una segunda acción, realizada en Navolato, también en Sinaloa, fuerzas federales capturaron a 14 personas y aseguraron trece armas largas y una ametralladora. Según García Harfuch, con ello se evitó que fueran utilizadas contra la población o las autoridades.

En este operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y la Fiscalía General de la República (FGR).

Desde septiembre de 2024, Sinaloa enfrenta una ola de violencia derivada de pugnas entre las facciones criminales conocidas como Los Mayos y Los Chapitos. Estas disputas se intensificaron tras la detención en Estados Unidos de los narcotraficantes Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, ocurrida el 25 de julio del año pasado en un aeropuerto de Nuevo México.

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El rescate se llevó a cabo en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal Preventiva. Las personas liberadas, todas mayores de edad, fueron trasladadas para revisión médica y posteriormente presentadas ante las autoridades competentes.

Dentro del inmueble se decomisó un arma larga tipo AR-15, un rifle de postas, ocho cargadores y 90 cartuchos. También se halló un inhibidor de señales con 12 antenas, dos chalecos tácticos con placas balísticas, 18 teléfonos celulares, 21 cigarros de presunta marihuana, 23 dólares americanos, un vehículo Hyundai Tucson con reporte de robo y 12 ponchallantas.

El operativo ocurre en un estado marcado por altos índices de violencia. Un año después de la crisis registrada en Culiacán por pugnas internas del Cártel de Sinaloa, las cifras oficiales reportan 1,828 homicidios dolosos y 2,390 desapariciones, reflejando la complejidad de la situación de seguridad en la región.

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