Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa American Thought Leaders, conducido por Jan Jekielek. Carter subrayó que las acciones incluyen la confiscación de fondos y el señalamiento directo a funcionarios que, según dijo, han facilitado la operación de los cárteles en México.

En este contexto, recordó que en abril pasado fueron acusados el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con nueve funcionarios, por presuntamente brindar protección a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. La funcionaria destacó que estas investigaciones forman parte de un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos y México.

Carter reconoció la cooperación del gobierno mexicano en operativos recientes, como el que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco. Según explicó, la operación se realizó con inteligencia estadounidense y la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional Mexicana.

La zar antidrogas afirmó que este nivel de colaboración no se había visto antes y lo atribuyó a la presión ejercida por las advertencias del presidente Donald Trump, quien habría insistido en que los gobiernos cooperen o enfrenten consecuencias. Carter señaló que, además de la presión política, los gobiernos reconocen que la cooperación en materia de seguridad también les beneficia.

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Mamani juró como nuevo viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas ante el ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Eduardo del Castillo, en un acto en La Paz.

«Yo vengo de los movimientos sociales del Trópico de Cochabamba», sostuvo el nuevo viceministro, quien también aseguró que su «compromiso» radica en las «múltiples luchas y resistencias» de esa zona productora de hojas de coca contra el «avasallamiento» de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

La DEA y los militares estadounidenses, «usando como pretexto la lucha contra las drogas, intentaban controlarnos, manipularnos y, al mismo tiempo, hostigarnos como sucedió en los años 90», agregó.

Situado en el centro de Bolivia, el Trópico de Cochabamba es una de las principales zonas cocaleras de Bolivia donde Evo Morales forjó su liderazgo sindical y político.

Morales, que desde hace décadas se mantiene como máximo dirigente de los cocaleros de esa zona, expulsó de Bolivia a la DEA en 2008, en un contexto de acusaciones a Estados Unidos de conspiración contra su Gobierno que Washington siempre ha negado.

Durante los casi catorce años de Gobierno de Morales, el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas estuvo en manos de un cocalero de esa zona, Felipe Cáceres.

Cáceres pidió asilo en Nicaragua y salió del país junto a su familia hace un año con salvoconductos entregados por el Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez tras la crisis social y política de 2019.

LOS PLANES

El viceministro Mamani aseguró que en su gestión dará continuidad a la política de «nacionalización de la lucha contra el narcotráfico» puesta en marcha durante la Administración de Evo Morales porque «ha tenido grandes resultados» y ha sido destacada por organismos internacionales.

Aquella estrategia consiste en la «racionalización y control social» de la producción de hojas de coca para disminuir las superficies netas destinadas al cultivo de la planta, explicó por su parte el ministro Del Castillo.

Un plan que se basa en la «concertación con los propios productores», mediante «acuerdos de reducción voluntaria y pacífica» y sin «violencia estatal» en el Trópico de Cochabamba y los Yungas, otra zona cocalera, indicó.

«Vamos a retomar esta lucha y las cosas que haya que mejorar las vamos a hacer al lado de nuestra Policía Boliviana y nuestro flamante viceministro», concluyó Del Castillo.

La hoja de coca está consagrada en la Constitución de Bolivia por sus usos tradicionales, medicinales y culturales, pero una parte de la producción es desviada al narcotráfico para fabricar cocaína.

La Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito señaló en su informe anual que los cultivos de coca en Bolivia aumentaron un 10 % en 2019 con relación al año anterior, al pasar de 23.100 a 25.500 hectáreas.

En 2017, el entonces Gobierno de Morales amplió la superficie de los cultivos legales de la planta de 12.000 a 22.000 hectáreas.

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Lo anterior en el juicio que se lleva a cabo a El Chapo en Nueva York contra el presunto líder del cártel de Sinaloa.

Durante el tercer día de testimonios, Zambada destacó que el intento de asesinato sucedió en 2005 debido a que Santiago Vasconcelos, subprocurador de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), no aceptaba sobornos.

Según Zambada, su misión era localizar a Santiago Vasconcelos, pero luego de hacerlo decidió no participar en la operación debido a que implicaría matar también a muchos civiles y personas inocentes.

“No me parecía correcto”, dijo.

Zambada, hermano del otro supuesto líder máximo del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, expresó que Juan José Esparragoza El Azul, otro alto cargo dentro de la organización delictiva, le permitió salir de la operación.

Más tarde, Zambada se enteró que Nacho Coronel, también directivo del cártel, había enviado sicarios a la Ciudad de México para matar a Santiago Vasconcelos, pero refirió que estos asesinos fueron detenidos.

Según Zambada, Santiago Vasconcelos sobrevivió el plan para asesinarlo. Este funcionario murió sin embargo en un accidente de avión en 2008.

Otra operación asesina que sí fue llevada a cabo fue la de José Nemesio Lugo Félix, quien fungía como coordinador general de Información contra la Delincuencia del Centro Nacional de Análisis, Planeación e Información de la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con Zambada, Lugo Félix laboraba para el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, una vez que éste entró en conflicto con el cártel de Sinaloa. Lugo Félix fue ultimado en 2007 en la Ciudad de México.

Lugo Félix fue asesinado porque alardeaba de querer asesinar o arrestar tanto al Chapo Guzmán como a El Mayo Zambada, según el testigo Jesús Zambada.

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Trump anunció en Twitter el martes que Marino “me ha informado que va a retirar su nombre”.

El republicano elogió a Marino, al que consideró “un buen hombre y un gran congresista”.

El lunes, Trump había mencionado la posibilidad de retirar la nominación de Marino tras reportes en The Washington Post y el programa 60 Minutes de la cadena CBS.

El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que confirmar a Marino como zar antidrogas de la nación sería como “poner al lobo a cargo del gallinero”.

“El pueblo estadounidense merece a alguien dedicado completamente a combatir la crisis de opioides, no alguien que trabajó a favor de la industria de drogas”, dijo.

El senador Joe Manchin, cuyo estado de Virginia Occidental ha estado entre los más azotados por la epidemia de opioides, dijo que se sintió horrorizado al leer sobre la ley del 2016 y el papel que tuvo Marino en ella.

El Post reportó el domingo que Marino y otros congresistas, además de los mayores distribuidores de medicamentos en el país, prevalecieron ante la Agencia Federal Antidrogas (DEA) y el Departamento de Justicia para que aceptasen una ley favorable a la industria que minó los esfuerzos para restringir el flujo de píldoras que han causado decenas de miles de muertes. El presidente Barack Obama firmó la ley en abril del 2016.

La industria trabajó tras bambalinas con cabilderos y congresistas, incluyendo Marino, al dedicar más de 1 millón de dólares a sus campañas electorales, señaló el periódico.

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