Aun cuando en Tlaxcala existe marco normativo para prevenir y atender la trata de personas, el estudio realizado por el Grupo de Trabajo para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), reveló que la justicia es omisa y deficiente al perseguir la trata de personas.
El informe entregado desde el pasado cuatro de noviembre al gobierno del estado, analizó las 57 denuncias por el delito de trata de personas registradas de 2011 a 2016, de las cuales el 42 por ciento quedaron en acta circunstanciada y solamente 20 casos fueron consignados.
El informe del grupo de trabajo que integró el año pasado, observó que es mínima la protección de las víctimas, al igual que la reparación del daño.
También se encontraron omisiones en la obligación de investigar de los agentes auxiliares de los ministerios públicos de algunos municipios, en donde la trata de personas se confunde con otros delitos conexos e incluso aun cuando es identificado, realizan procesos de conciliación.
Ante la desaparición de niñas y adolescentes, se observó desconocimiento de los procedimientos para activar la Alerta Amber, el caso más conocido fue el de Karla Romero, en donde las autoridades tardaron 21 días en activarla.
De los 24 procesos penales por el delito de trata de personas reportados por el Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala entre 2009 y 2016, únicamente en el 37 por ciento de los casos se llegó a una sentencia condenatoria y seis de los procesos presentaron vicios que no permitieron su sentencia condenatoria.
Reconocen deficiencias
El pasado nueve de junio el estado de Tlaxcala fue sede de la Quinta Reunión de Enlace de Género de los Tribunales Superiores de Justicia que reunió a los representantes de las 32 entidades federativas.
En esa congregación se reconoció la existencia de deficiencias en los tribunales, pues la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, señaló que, derivado de un análisis, se detectó que 43 por ciento del personal en los órganos impartidores de justicia dijo desconocer los instrumentos legales que protegen los derechos de las mexicanas y el 67 por ciento de magistrados y jueces estatales ignoran instrumentos jurídicos que garantizan sus derechos a nivel internacional.
Uno de los objetivos de esa reunión fue recabar información para presentar el noveno informe que permita sustentar la recomendación general número 33 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), que implica la igualdad entre mujeres y hombres en la impartición de justicia en el marco de derechos humanos con perspectiva de género, que se deberá presentar en julio de 2018 en Ginebra, Suiza.
Organizaciones civiles perciben lento avance e inconsistencias
Yenny Charrez Carlos, fundadora del movimiento Mujeres con Poder y vocera del Frente Nacional para la Sororidad, refirió que se han detectado varias inconsistencias desde que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) aceptó la solicitud para la Alerta de Género, que derivó en nueve recomendaciones.
En principio, indicó que la convocatoria para integrar el Grupo de Trabajo para atender la solicitud se hizo el diez de agosto, pero fue hasta el 30 del mismo mes que la Conavim emitió el acuerdo de admisibilidad de la solicitud de AVGM.
Refirió que aunque ha percibido aparente voluntad por parte del gobierno del estado para cumplir las recomendaciones, consideró que existen vacíos importantes en las políticas de gobierno.
Puso énfasis en que el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017-2021, no plasma las metas en datos medibles para evaluar los avances reales y cómo se tratarán los problemas desde diferentes ámbitos como salud o educación, ya que las instituciones muestran la idea de trabajo “los discursos distan de la realidad”.
Al momento, expresó que se desconocen las acciones reales y solamente se ha visto el lanzamiento de un spot para difundir el número telefónico para atender denuncias, pero no se sabe con certeza el tipo de seguridad que tendrá la víctima o los refugios disponibles para ellas.
Charrez Carlos, consideró que el Instituto Estatal de la Mujer (IEM) es una instancia inaccesible para las féminas, pues en una investigación realizada hace un par de semanas evidenció que en dos casos de violencia la instancia no contaba con personal para atender a las víctimas “porque estaban en capacitación”.
De acuerdo con un concentrado del Observatorio de Violencia de Género y Trata de Personas de Tlaxcala, en el estado se han contabilizado de 2008 al 2016 87 casos de los cuales únicamente 52 de ellos ocurrieron cuando el feminicidio ya estaba tipificado.
En el periodo de 2010-2016 se iniciaron 22 averiguaciones previas por homicidios dolosos de mujeres, ninguna de ellas fue por la vía penal, pero las cifras únicamente dan cuenta de 20 homicidios: cuatro de las involucradas tenían entre 15 y 17 años de edad; ocho más entre los 18 y 29 años y ocho más entre los 30 y 49 años.
Falta inclusión de la sociedad civil
Las asociaciones Mujeres con Poder y Nosotrxs consideraron que es insuficiente la colaboración que actualmente existe en el tema, por lo que es necesario que el gobierno llame a las organizaciones para ventilar estadísticas que cada una de ellas tiene.
Eréndira Jiménez Montiel, representante de Nosotrxs en Tlaxcala, indicó que hasta el momento las asociaciones no han sido convocadas para participar, aunque refirió que en algún momento se hizo, pero no de manera permanente.
Yenni Charrez, mencionó que aun cuando se realizaron los foros de consulta ciudadana con varias organizaciones, hay propuestas que no se consideraron en el PED, como el caso de la violencia sexual cibernética, la creación de un centro de atención a víctimas de trata de personas que cuente con un refugio, campañas y otras.
También consideró la necesidad de un presupuesto suficiente, toda vez que al momento se desconoce el que será asignado al IEM y el monto para erradicar la violencia, “no solo para cursos de repostería”.
Denuncias mal tratadas
Ambas organizaciones civiles consideraron que muchas de las denuncias atendidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no son bien tratadas, pues en algunos casos son catalogadas como violencia doméstica o crímenes pasionales, cuando esas mujeres podrían ser víctimas de trata de personas.
Alertaron que uno de los temas de actualidad y que hasta el momento no ha sido considerado es la violencia sexual cibernética, pues con los avances tecnológicos, una víctima de este problema no solamente se puede encontrar en un corredor, también se puede ofertar por medio de las redes sociales.
Necesario decretar Alerta de Género
Con lo anteriormente expuesto, ambas organizaciones consideraron necesario decretar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y que no se vea como una amenaza, sino como la oportunidad de colaboración de otras instancias para dar certeza de espacios públicos seguros.
Eréndira Jiménez, informó que el año pasado cuando fue legisladora registró más de diez casos de desaparición de niñas menores de 17 años de edad, por lo que solicitó decretar parte de la carretera Vía Corta como zona de riesgo.
Destacó que aunque el procedimiento de solicitud de Alerta de Género se hizo para trece municipios, indicó que existen datos de que el problema de trata de personas existe en cerca de 40 comunas, pero hasta el momento se ha percibido falta de reconocimiento por parte de las instituciones.
Agregó que este año suman por lo menos 14 feminicidios, además de casos de desapariciones de niñas que son desconocidos para la PGJE, por lo que no hay procedimiento de investigación.
Incluso mencionó que el caso de Karla Romero comenzó con un acta circunstanciada por casi un año, hasta que mediante amparo lograron que se abriera una averiguación previa el 21 de marzo, “cuando la procuradora compareció ante el Congreso dijo que no había delito qué perseguir”.
Lo anterior dio paso a que se perdieran evidencias del caso y la Alerta Amber se activara 21 días después de su desaparición.
No existe articulación con órdenes de gobierno: Coral Ávila
La presidenta de la asociación Mujeres en Consenso, Coral Ávila Casco, manifestó que en Tlaxcala, el tema de la violencia hacia el género femenino había sido tomado de manera cosmética, pues no habían cambios estructurales en las instituciones de gobierno, no solo en la cuestión de trata de personas, pues existen otros problemas como: feminicidios, acoso y otros.
Manifestó que debido a que el problema de la trata de personas llegó a ser “insostenible”, el gobierno optó por aceptar la solicitud, “ya no hay cabida para seguir diciendo que en Tlaxcala la problemática no existía, cuando es una de las más grandes expresiones de violencia”.
En este sentido, reconoció que existe una “ventana” de oportunidad porque el gobierno aceptó la solicitud de Alerta de Género, por lo que es necesario tomar acciones articuladas de vinculación que permitan comunicación con los tres poderes, municipios y comunidades para erradicar la violencia contra las mujeres.
Asimismo, refirió que es necesario que los diferentes sectores de la sociedad, como asociaciones civiles, empresas y demás se sumen a la tarea, pero consideró que al gobierno le toca impulsar políticas públicas que tiendan a la igualdad, cero impunidad y simulación.
En omisión el IEM, marco jurídico es obsoleto
Ante este panorama, Ávila Casco consideró que el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) ha caído en omisión, pues opera mediante un decreto que habla del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 1999-2005, por lo que se encuentra obsoleto el marco jurídico.
También criticó la falta de visión de las últimas seis titulares de dicha instancia, mismas que consideró, no tuvieron la capacidad ni compromiso para generar la articulación que se requiere con los diferentes órdenes de gobierno.
Pese a que existen leyes en la materia, “el instituto no lo ha tomado tan en serio, las acciones han sido tenues, deficientes, sin visión a largo plazo, muy cosméticas, insuficientes y muchas veces negligentes”.
De tal modo, señaló la urgencia de crear una Ley que le otorgue sustento a ese instituto, toda vez que existe una propuesta que se hizo desde organizaciones sociales, presentada al Congreso del estado en voz del exdiputado Bladimir Zainos y que es necesario retomar.
Expresó que dado que las autoridades son de reciente ingreso, el desafío es construir los cimientos para que independientemente de los cambios de gobierno, la articulación continúe con una dinámica legitimada que siga alentándose.
Incluso, consideró que en los últimos meses se han percibido visos de disposición y voluntad política para hacer las cosas como la firma de convenio con los municipios considerados en el tema de Alerta de Género, además de capacitaciones a funcionarios, el paquete de armonización enviado al Congreso por el gobernador, “demuestran que hay intención de articular”.
También expresó que hay ánimo de involucrar a las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el tema de la trata de personas, pero es importante que se sumen para aportar no solo con el “dedo” de la crítica.
Sin embargo, también señaló que hace falta presupuesto con perspectiva de género, lo cual prevé la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
De igual manera, manifestó que la PGJE, ha tenido equivocaciones “terribles” con el tema de violencia contra niñas y el caso más señalado es el de Karla Romero, en donde se requiere cero impunidad.
“Este caso no puede quedar impune y seguramente todavía labora gente que debe ser castigada, también debe haber profesionalización de excelencia para quienes están en la procuraduría y atienden temas de trata de personas”.
Alerta de género no es indispensable
Ávila Casco, sostuvo que el tema de la Alerta de Género tiene que ver con la voluntad política y compromiso real, toda vez que existen estados en los que se ha emitido y no pasa nada a diferencia de otros en los que no se decretó, pero existe trabajo.
Sostuvo que lo importante no es el tema de que se emita o no, sino que las acciones y nueve recomendaciones sean cumplidas.
“Con alerta o sin ella, las autoridades tienen obligación de dar cumplimiento a los marcos jurídicos”.
Alerta de género contempla 13 municipios
El ocho de agosto de 2016, la organización Todos para Todos, presentó ante el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres una solicitud de AVGM para 13 municipios, el cual fue remitido a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), por lo que ésta emitió el acuerdo de admisibilidad el 30 de agosto de 2016 y lo devolvió a la primera, misma que el dos de septiembre lo hizo de conocimiento a Yesica Martínez Taracena, en su calidad de representante de la organización.
Ese mismo día, la Secretaría Ejecutiva informó al gobernador del estado de Tlaxcala, así como al Sistema Nacional, sobre la admisión de la misma.
El 30 de agosto de 2016, la Conavim solicitó al gobierno del estado de Tlaxcala y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) información específica relativa a la solicitud de AVGM, de acuerdo con los criterios señalados en el capítulo de este informe.
El diez de agosto de 2016 fueron publicadas las convocatorias públicas, nacional y para el estado de Tlaxcala, con la finalidad de seleccionar a las y los expertos nacionales y locales para conformar el Grupo de Trabajo para analizar el caso
El seis de septiembre de 2016, se llevó a cabo la primera sesión del grupo de trabajo y el cinco de octubre de 2016, la representante de la Secretaría Ejecutiva, en su calidad de coordinadora, entregó el informe a la Secretaría de Gobernación para su análisis, el cual fue remitido el cuatro de noviembre por la Conavim a la solicitante y al gobernador del estado de Tlaxcala.
Mujeres y niñas representan el 98 % de las víctimas de trata
De acuerdo con el informe del Grupo de Trabajo para atender la AVGM, la trata de personas con fines de explotación sexual, es uno de los delitos más lesivos que existen, porque en él se integran y derivan otras conductas delictivas como: la violencia física, psicológica y emocional; la violación; el abuso sexual; la tortura; el feminicidio, entre otros.
La modalidad de explotación sexual representa el 80 por ciento de los casos de trata a nivel mundial, toda vez que es uno de los negocios más lucrativos del crimen organizado, tan sólo por debajo del tráfico de armas y estupefacientes, en donde se estima que las mujeres y las niñas representan el 98 por ciento de las víctimas de ese delito.
La solicitante de la Alerta refirió que Tlaxcala es una de las cuatro entidades federativas con mayor incidencia delictiva en materia de trata de personas y que las investigaciones federales han identificado la operación de redes consolidadas de tratantes nacionales y transnacionales, a la par que se calcula que de ahí provienen el 80 por ciento de los explotadores sexuales.
