A los 144 sujetos obligados en materia de transparencia del estado de Tlaxcala, les restan 105 días para que puedan subir y actualizar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia y en sus respectivos portales electrónicos.
Aunque el plazo fatal primigenio para cumplir con esa obligación era el pasado cuatro de mayo, el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia aprobó un nuevo plazo para que a más tardar el último día de este año, los sujetos obligados pudieran atender las disposiciones legales.
Sin embargo, la mayoría de los sujetos obligados en Tlaxcala registran serios retrasos para dar cumplimiento a las 48 obligaciones comunes que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para los entes del estado.
Los 144 sujetos obligados en materia de transparencia se distribuyen de la siguiente manera: 74 corresponden al Ejecutivo, de los cuales, 17 de ellos son organismos centralizados, 14 desconcentrados, 23 descentralizados y dos aparecen en el rubro de otros organismos; dos sujetos más son competencia del poder Legislativo; seis de ellos son organismos autónomos; dos del Poder Judicial; 60 ayuntamientos; cuatro de comisiones de agua potable; once partidos políticos; y tres fideicomisos o fondos públicos.
Las obligaciones en materia de transparencia
Las obligaciones comunes que tienen los sujetos obligados federales, estatales y municipales son: marco normativo aplicable al sujeto obligado; estructura orgánica completa; facultades de cada área; metas y objetivos de las áreas; los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social; indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados y; directorio de todos los servidores públicos.
Además las remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos; gastos de representación y viáticos; y número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes.
Los entes públicos obligados también pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, las contrataciones de servicios profesionales por honorarios; información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos; información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos; las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos; la información financiera sobre el presupuesto asignado; información relativa a la deuda pública; montos destinados a gastos de comunicación social y publicidad, por mencionar algunas de las más representativas.
De todos los sujetos obligados, los que más retrasos presentan para dar cumplimiento a sus obligaciones son los partidos políticos, sin embargo, los ayuntamientos del estado también presentan dificultades para cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia.
Partidos Políticos y su resistencia a la transparencia
Históricamente en el estado de Tlaxcala, los partidos políticos han presentado una serie de inconsistencias al momento de transparentar y hacer pública la información respecto al uso de recursos públicos.
Tan solo durante la segunda evaluación semestral de 2016 practicada por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales hacia el cumplimiento de los partidos políticos en materia de transparencia, ninguno de ellos obtuvo calificación aprobatoria, mientras que en los primeros seis meses del año pasado, únicamente dos obtuvieron un puntaje superior al 60 por ciento de los 100 posibles.
Para este año el panorama en materia de transparencia para los partidos políticos no ha cambiado mucho con relación a las últimas evaluaciones que se practicaron en 2016, pues ninguno de ellos cumple con todas las obligaciones al 100 por ciento y algunos de ellos se han olvidado por completo de dar cumplimiento a las disposiciones legales.
Por ejemplo, a pesar de que la estructura orgánica de los institutos políticos que tienen representación en el estado es una información básica y hasta sencilla de cumplir, existen cuatro partidos que no han cumplido con subir esa información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT): Morena, Encuentro social, Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo.
Sin embargo, en algunos otros requerimientos como la remuneración bruta y neta de los trabajadores de los institutos políticos la lista de incumplimiento se incrementa a seis partidos que no cumplen con esa disposición: Morena, Encuentro social, Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Alianza Ciudadana (PAC).
Mientras que la información financiera únicamente ha cumplido el Partido Socialista, en inventario, además del PS, Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional y Nueva Alianza (Panal) son los que han cumplido con esa disposición.
No transparentan aportaciones
A pesar de que el artículo 69, fracción VIII obliga a los partidos a publicar y transparentar las cuotas ordinarias y extraordinarias que aportan los militantes, ninguno de los once institutos políticos ha subido a la plataforma del PNT dicha información; mientras que las aportaciones recibidas en precampañas y campañas del 2016, únicamente cumplieron tres partidos: PS, PAN y Movimiento Ciudadano.
Esos son únicamente algunas de las obligaciones que no son atendidas al 100 por ciento por los partidos políticos y que, de continuar en esa misma dinámica de incumplimiento, podrían hacerse acreedores a medidas de apremio como amonestación pública, o hasta multas económicas que van desde los 12 mil y hasta los 120 mil pesos.
En esa misma situación se encuentran los ayuntamientos del estado que no han cumplido con la totalidad de los requerimientos que demanda la legislación y las disposiciones de la PNT, es más, existen algunos que a más de nueve meses de haber asumido el cargo, no cuentan con una plataforma electrónica para publicar la información pública.
A decir de la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Tlaxcala (IAIP), Marlene Alonso Meneses, las instituciones en el estado han trabajado de manera coordinada para que, en los nuevos plazos establecidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, se cumplan con dichas disposiciones.
Mencionó que la norma en materia de transparencia ya no permite las evaluaciones semestrales como se hacía con antelación, pero sí existen mecanismos de verificación y evaluación del cumplimiento de la norma.
“Culminamos la evaluación diagnóstico que nos señaló el Sistema Nacional de Transparencia y esa evaluación nos permitirá conocer el área de oportunidad en donde nosotros podamos hacer observaciones y recomendaciones a los sujetos obligados, así lo señaló un acuerdo emitido por el Sistema Nacional de Transparencia”.
Mencionó que con la evaluación diagnóstico que levantaron y que servirá para observar las deficiencias que tendrán que ser subsanadas por los sujetos obligados, permitirán tener entidades fortalecidas en materia de transparencia.
“Al hablar que estamos frente a una verificación diagnóstico es una parte de ir en acompañamiento con los sujetos obligados para que podamos cumplir. Esto viene para que en el próximo año podamos iniciar en todo el país, bajo los mismo estándares la información que por ley tenemos que subir todos los sujetos obligados a nuestras páginas y a las plataformas”.
Deficiencias en Ayuntamientos
Alonso Meneses reconoció que a ocho meses de haber iniciado las administraciones, existen deficiencias en algunos ayuntamientos, así como en la difusión de información por parte de los representantes de los partidos políticos.
La consolidación del sistema de transparencia en el estado no es nada sencillo, máxime si durante la última evaluación semestral que se practicó en el estado, únicamente nueve sujetos obligados fueron los que obtuvieron una calificación aprobatoria.
La caída de los índices de cumplimiento de los sujetos obligados durante el 2016 fue drástica y, en ese entonces, el presidente de la IAIP, Edgar González Romano, atribuyó la variación de resultados entre la primera y segunda evaluación semestral, al cambio de administraciones que estaba por concretarse.
La disminución general de cumplimiento fue de 24 puntos porcentuales, pues mientras que el primer semestre se obtuvieron 56.06 puntos de los 100 posibles, en la segunda mitad del año pasado únicamente se consiguieron 30.25 puntos.
En aquella evaluación ningún ayuntamiento obtuvo calificación aprobatoria, 40 dependencias del Ejecutivo fueron reprobadas, así como tres organismos autónomos de siete existentes.
