El diputado local, Enrique Padilla Sánchez presentó ante el Pleno la iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y los Particulares, en la que entre otras cosas propuso la inhabilitación de algún cargo público a funcionarios corruptos.
Asimismo, propuso la disolución de las empresas o sociedades que incurran en tráfico de influencias o conductas para hacerse de beneficios públicos y que los funcionarios públicos estarán obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses, mismas que serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar su vida privada.
El legislador priista, precisó en la sesión ordinaria de este jueves, que su iniciativa forma parte de las leyes secundarias que se tienen pendientes para la consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción.
Detalló, que ante los actos ilegales cometidos por los funcionarios públicos, se les podrá interponer sanciones como amonestaciones, suspensiones e inhabilitación para el cargo.
En lo que corresponde la inhabilitación, esta será por infringir en conductas graves como cohecho, desvió de recursos y peculado, por lo que la sanción podría ser de uno hasta a diez años si el montó de la afectación administrativa no excede de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y de diez a 20 años si dicho monto excede el anterior límite.
Por otro lado, se plasma que un servidor público incurrirá en cohecho cuando “exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, entre otros y demás beneficios indebidos”.
En este tenor, cometerá peculado todo aquel que “autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para sus familiares, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables”.
Esta iniciativa, presentada a título personal por el diputado Padilla Sánchez, fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de Información Pública y Protección de Datos Personales, para su análisis y dictamen correspondiente.
